SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 17 días del mes de diciembre de 2025, la Sala Primera
del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Hernández
Chávez, Morales Saravia y Monteagudo Valdez pronuncia la presente
sentencia. Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal
de conformidad con lo votado.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Guillermo
Sinche García contra la resolución de foja 504, de fecha 4 de noviembre
de 2024, expedida por la Sala Civil Permanente de Huancayo de la Corte
Superior de Justicia de Junín, que declaró improcedente la demanda de
amparo de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 29 de setiembre de 2023, el actor interpuso demanda de
amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Solicitó que se declare nula la
Resolución 1130-2021-ONP/DPR.GD/DL 18846 y, en consecuencia, se expida
nueva resolución administrativa a través de la cual se reajuste el monto
que viene percibiendo como renta vitalicia por enfermedad profesional y
se efectúe un nuevo cálculo, teniendo en consideración sus 12 últimas
remuneraciones mensuales antes de la fecha de cese y aplicando lo
establecido en el artículo 18.2.2 del Decreto Supremo 003-98-SA,
reglamento de la Ley 26790. Sostuvo que se ha incrementado el grado de
su incapacidad de 60 % a 67 %, es decir, de incapacidad permanente
parcial a incapacidad permanente total. Asimismo, solicitó el pago de
los devengados desde el 18 de julio de 2008, los intereses legales y los
costos procesales.
La emplazada dedujo la excepción de cosa juzgada, contestó la
demanda y alegó que la renta vitalicia que
viene percibiendo el demandante ha sido otorgada en virtud de un mandato
judicial y de conformidad con lo establecido por el Decreto Ley 18846.
Asimismo, adujo que el certificado médico presentado por el actor carece
de valor probatorio para acreditar el incremento de incapacidad generado
por la enfermedad que padece.
El Juzgado Constitucional Permanente de Huancayo, mediante Resolución
5, de fecha 10 de julio de 2024, declaró infundada la
excepción de cosa juzgada y fundada la demanda, por considerar que se ha
logrado demostrar que el grado de incapacidad que padece el demandante
se ha incrementado.
La Sala Superior revisora revocó la apelada y declaró improcedente la
demanda, por estimar que no se ha acreditado en la vía del amparo que la
incapacidad que padece el actor se haya incrementado, por cuanto la
historia clínica que respaldaría el certificado médico presentado por el
actor no contiene todos los documentos médicos pertinentes de acuerdo a
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
FUNDAMENTOS
Delimitación del petitorio
En el presente caso, el demandante goza de una renta vitalicia
otorgada bajo los alcances del Decreto Ley 18846 y su reglamento, el
Decreto Supremo 002-72-TR, por padecer de incapacidad permanente parcial
con 60
% de
menoscabo; y solicitó que, al haberse incrementado el grado de su
incapacidad, se reajuste el monto que percibe aplicando al nuevo cálculo
lo establecido en el artículo 18.2.2 del Decreto Supremo 003-98-SA,
reglamento de la Ley 26790. Asimismo, solicitó el pago de los
devengados, los intereses legales y los costos procesales.
En reiterada jurisprudencia, este Tribunal ha hecho notar que,
aun cuando la demanda cuestione la suma específica de la pensión que
percibe el demandante, procede efectuar su verificación por las
especiales circunstancias del caso (grave estado de salud del
demandante), con el fin de evitar consecuencias irreparables.
Consideraciones del Tribunal Constitucional
El régimen de protección de riesgos profesionales (accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales) fue regulado inicialmente por el
Decreto Ley 18846 y luego sustituido por la Ley 26790, publicada el 17
de mayo de 1997, que estableció que las reservas y obligaciones por
prestaciones económicas del Seguro de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales (Satep) serían transferidas al Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) administrado por la
ONP.
El Decreto Supremo 002-72-TR, reglamento del Decreto Ley 18846,
en su artículo 40 prescribe que se entiende por incapacidad permanente
parcial la producida por alteraciones orgánicas o funcionales
incurables, cuando el grado de la incapacidad sea menor o igual a 65 %,
y en su artículo 42 establece que se considerará incapacidad permanente
total cuando esta exceda el límite determinado para la incapacidad
permanente parcial.
En el fundamento 28 de la sentencia emitida con carácter de
precedente en el Expediente 02513-2007-PA/TC, el Tribunal
Constitucional ha señalado que es doctrina reiterada de este Tribunal
que en caso se incremente el grado de incapacidad o invalidez provocado
por el accidente de trabajo o la enfermedad profesional procede el
reajuste del monto de la pensión vitalicia o la pensión de invalidez, y
en el fundamento 29 de la referida sentencia ha establecido que procede
el reajuste del monto de la renta vitalicia del Decreto Ley 18846 cuando
se incremente el grado de incapacidad, de incapacidad permanente parcial
a incapacidad permanente total.
Asimismo, en dicha sentencia ha quedado establecido que en los
procesos de amparo referidos al otorgamiento de una pensión vitalicia
conforme al Decreto Ley 18846 o de una pensión de invalidez conforme a
la Ley 26790, la enfermedad profesional únicamente podrá ser acreditada
con un examen o dictamen médico emitido por una Comisión Médica
Evaluadora de Incapacidades del Ministerio de Salud, de EsSalud o de una
EPS, conforme lo señala el artículo 26 del Decreto Ley 19990.
Por su parte, en la Regla Sustancial 3, contenida en el
fundamento 35 de la sentencia emitida con carácter de precedente en el
Expediente 05134-2022-PA/TC, el Tribunal Constitucional estableció que
en los casos en los que, respecto a los informes médicos, la historia
clínica no está debidamente sustentada con exámenes auxiliares, el juez
solicitará que el demandante se someta a una nueva evaluación médica
ante el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), a fin de corroborar
la enfermedad diagnosticada y el grado de incapacidad.
De la Resolución 2673-2007-ONP/DC/DL 18846, de fecha 22 de mayo
de 2007, se advierte que la ONP otorgó al
actor renta vitalicia por enfermedad profesional bajo los alcances del
Decreto Ley 18846 y su reglamento, el Decreto Supremo 002-72-TR, a
partir del 23 de junio de 1998, en mérito al Informe de Evaluación
Médica de Incapacidad, de fecha 11 de setiembre de 2003, en el que se
dictaminó que padecía de neumoconiosis con un grado de incapacidad del
60% de
menoscabo.
El recurrente considera que al reajuste de su renta vitalicia se
le debe aplicar la Ley 26790 y no el Decreto Ley 18846. Sin embargo, se
advierte que el actor accedió al régimen de protección de riesgos
profesionales al amparo del Decreto Ley 18846; por ello, su renta por
enfermedad profesional se encuentra regulada por dicho decreto y su
reglamento, el Decreto Supremo 002-72-TR; por tanto, su renta vitalicia
debe ser analizada bajo el marco normativo del Decreto Ley 18846, y no
de la Ley 26790. Siendo así, al no haberse aplicado la Ley 26790 a la
pensión inicial, no sería posible aplicarla para efectuar el reajuste de
su pensión por incremento de menoscabo.
Ahora bien, a fin de demostrar el incremento de su incapacidad,
el actor ha adjuntado el certificado médico de fecha 18 de julio de
2008, expedido por la comisión médica del
Hospital IV Huancayo de EsSalud, en el que se señala que padece de
neumoconiosis por sílice con un menoscabo de 67 %.
No obstante, a foja 65 del expediente administrativo, obra el
Dictamen de Grado Invalidez, de fecha 11 de agosto de 2008 emitido por
el Instituto Nacional de Rehabilitación “Dra. Adriana Rebaza Flores”,
Amistad Perú-Japón - Ministerio de Salud (INR) –expedido un mes después
que el certificado médico presentado por el actor–, en el que, luego de
evaluar al demandante en lo que respecta a audición y aparato
respiratorio, se determinó que este presenta un menoscabo auditivo de
1.15 % y un menoscabo global de la persona y grado de invalidez de solo
1.15 %.
Es de señalar que, de la Resolución 40, de fecha 27 de mayo de 2020, emitida por el Primer Juzgado de
Trabajo Transitorio en Sub Especialidad en lo Previsional de la Corte
Superior de Justicia de Lima en el proceso contencioso-administrativo
seguido por el actor en el que solicitó el otorgamiento de una pensión
de invalidez al amparo de la Ley 26790 y en el que se declaró infundada
la demanda, se advierte que el juez de primera instancia dispuso que el
actor se someta a una nueva evaluación médica ante el INR, ante ello,
dicha institución manifestó que se ratifica en el Examen Médico
realizado al demandante el 11 de agosto de 2008, en el que se dictaminó
que presenta un menoscabo auditivo de 1.15 %. Por tanto, resultaría
inoficioso requerir al recurrente que se someta a una nueva evaluación
médica ante el INR.
De lo expuesto supra, no es posible acreditar
fehacientemente en la vía del amparo que se haya incrementado el grado
de incapacidad por la enfermedad de neumoconiosis que padece el actor,
pues el dictamen de fecha 11 de agosto de 2008, emitido por el INR, le
resta validez al informe médico de fecha 18 de julio de 2008, emitido un
mes anterior al presentado por el actor; lo que constituye un hecho
controvertido que no genera certeza respecto al real estado de salud del
actor.
Por tanto, corresponde desestimar la presente demanda y dejar a
salvo su derecho para que haga valer su pretensión en la vía
ordinaria.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad
que le confiere la Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
Declarar IMPROCEDENTE la demanda.
Publíquese y notifíquese.
SS.
HERNÁNDEZ CHÁVEZ
MORALES SARAVIA
MONTEAGUDO VALDEZ
