AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 7 días del mes de agosto de 2026, el Tribunal Constitucional, en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores magistrados Domínguez Haro, presidente; Pacheco Zerga, Monteagudo Valdez, Ochoa Cardich y Hernández Chávez, pronuncia el siguiente auto. Los magistrados Morales Saravia y Gutiérrez Ticse, con fecha posterior, votaron a favor del auto.
VISTA
La demanda de inconstitucionalidad interpuesta por don Diego Roberto Landeo Cárdenas, en representación de más 5000 mil ciudadanos, contra diversas disposiciones contenidas en la Ley 31557, "Ley que regula la explotación de los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia", y el Decreto Legislativo 1644; y,
ATENDIENDO A QUE
La calificación de la demanda de autos, interpuesta con fecha 15 de julio de 2026, debe basarse en los criterios de admisibilidad y procedibilidad establecidos en la Constitución, el Nuevo Código Procesal Constitucional (NCPCo) y en la doctrina jurisprudencial de este Tribunal.
El artículo 200, inciso 4, de la Constitución, y el artículo 76 del NCPCo, disponen que la demanda de inconstitucionalidad procede contra las normas que tienen rango de ley: leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la Constitución por la forma o por el fondo.
Mediante la presente demanda se cuestiona la constitucionalidad de:
La Disposición Complementaria Modificatoria Única de la Ley 31557, en cuanto incorpora en la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo:
El tercer párrafo en el artículo 52 de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo;
El numeral 4), del inciso a), del artículo 56; y,
El tercer párrafo, del artículo 59.
El artículo 3 del Decreto Legislativo 1644, en cuanto modifica las siguientes disposiciones de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo:
El inciso e), del artículo 53;
El literal A, del Nuevo Apéndice IV.
El artículo 4 del Decreto Legislativo 1644, en cuanto incorpora en la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo:
El segundo párrafo del inciso c) del artículo 50;
El cuarto párrafo del artículo 61; y,
El artículo 63-A.
Por consiguiente, se ha cumplido el requisito impuesto por el artículo 200, inciso 4, de la Constitución, y el artículo 76 del NCPCo.
En virtud del artículo 203, inciso 6 de la Constitución, y de los artículos 98 y 101, inciso 5, del NCPCo, están facultados para interponer acción de inconstitucionalidad cinco mil ciudadanos con firmas debidamente comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Asimismo, deben conferir su representación a uno de ellos, y actuar con el patrocinio de un letrado.
En el caso de autos, conforme a la Resolución 1273-2026-JNE, de fecha 28 de mayo de 2026, cinco mil cincuenta y ocho (5058) ciudadanos refrendaron válidamente la demanda de autos1, de modo que se ha cumplido el requisito antes indicado. Se constata también que han designado a su representante y que los demandantes cuentan con el patrocinio de abogado2.
Por otra parte, el artículo 99 del NCPCo prescribe que el plazo para interponer una demanda de inconstitucionalidad contra normas con rango legal es de seis años, contados a partir de su publicación. Al respecto, este Tribunal observa que la Ley 31557 fue publicada el 13 de agosto de 2022, y el Decreto Legislativo 1644 fue publicado el 13 de septiembre de 2024, ambos en el diario oficial El Peruano3. Por consiguiente, la demanda ha sido interpuesta dentro del plazo previsto en la norma antes citada.
Se ha cumplido también con los requisitos previstos en el artículo 100 del NCPCo, toda vez que en la demanda se identifica a los demandados precisando su domicilio, y se identifica las disposiciones impugnadas acompañando copia simple del diario oficial El Peruano correspondiente a la fecha en que las normas fueron publicadas.
En el presente caso, los ciudadanos recurrentes alegan que las normas impugnadas vulneran el principio de igualdad en materia tributaria "porque se ha establecido como único deudor tributario, a ciertos jugadores (no todos) de los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia desarrollados en plataformas tecnológicas explotadas por personas jurídicas constituidas en el exterior y no a los jugadores de las personas jurídicas constituidas en el Perú"4.
Por otro lado, aducen que se vulnera el principio de reserva de ley, porque el legislador ha "omitido señalar de forma expresa el hecho generador de la obligación tributaria. Es decir, no se ha incluido como operación gravada (elemento objetivo) de la obligación tributaria, a los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia"5.
Advierten, en concreto, que la configuración legal del impuesto atenta contra el principio de no confiscatoriedad y el de capacidad contributiva, "al establecer como base imponible la 'apuesta' aplicada en el juego sin que exista necesariamente una manifestación real y efectiva de riqueza"6. Finalmente, argumentan que se transgrede el principio de seguridad jurídica "porque se ha otorgado un reducido plazo para implementar las modificaciones en la plataforma tecnológica de los operadores, con el objeto de que puedan permitir que su software discrimine un porcentaje del monto apostado"7.
Habiéndose cumplido los requisitos exigidos por los artículos 97 y siguientes del NCPCo, se debe admitir a trámite la demanda. En tal sentido, y estando a lo dispuesto por el artículo 105, inciso 1, del NCPCo, corresponde emplazar al Congreso de la República y al Poder Ejecutivo para que se apersonen al proceso y contesten la demanda en el plazo de 30 días útiles siguientes a la notificación de la presente resolución.
Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,
RESUELVE
ADMITIR a trámite la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por más de 5000 mil ciudadanos contra los extremos indicados de la Disposición Complementaria Modificatoria Única de la Ley 31557, y el artículo 3 y el artículo 4 del Decreto Legislativo 1644; y correr traslado de la demanda al Congreso de la República y al Poder Ejecutivo para que se apersonen al proceso y la contesten dentro de los 30 días útiles siguientes a la notificación de la presente resolución.
Publíquese y notifíquese.
SS.
DOMÍNGUEZ HARO
MORALES SARAVIA
GUTIÉRREZ TICSE
PACHECO ZERGA
MONTEAGUDO VALDEZ
OCHOA CARDICH
HERNÁNDEZ CHÁVEZ