SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 11 días del mes de septiembre de 2026, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Ochoa Cardich, Gutiérrez Ticse y Pacheco Zerga, ha emitido la presente sentencia. Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con lo votado.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por el procurador público de la Municipalidad Distrital de San Isidro contra la sentencia de vista de fecha 10 de octubre de 20241, expedida por la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirmó la improcedencia de la demanda de amparo de autos.
ANTECEDENTES
Mediante escrito presentado el 12 de noviembre de 20202, el procurador público de la Municipalidad Distrital de San Isidro promovió el presente amparo contra los fiscales del Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima y de la Primera Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima. Pretende la nulidad de las siguientes disposiciones fiscales: (i) Providencia 27, de fecha 28 de setiembre de 20203, que concedió su requerimiento de elevación de actuados formulado contra la Disposición 2, de fecha 30 de agosto de 20204, que dispuso no formalizar ni continuar la investigación preparatoria contra don Carlos Miguel Puga Pomareda y otros, por la presunta comisión del delito de corrupción de funcionarios, en la modalidad de colusión; así como tampoco contra don Manuel Fernando Jorge Carlos Velarde Dellepiane y doña Karina Natividad Vargas Terrones, por la presunta comisión del delito de corrupción de funcionarios, en la modalidad de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, ambos en agravio del Estado; (ii) Disposición 1, de fecha 16 de octubre de 20205, que declaró nula la Providencia 27 y, reformándola, declaró inadmisible su recurso de elevación. Asimismo, solicita que se declaré nulo el acto de notificación de la Disposición Fiscal 2, realizado con fecha 11 de setiembre de 2020, y, reponiendo las cosas a su estado anterior, se designe a otro órgano fiscal a efectos de que provea el requerimiento de elevación de actuados. Denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la motivación de las disposiciones fiscales y a la pluralidad de instancias.
En líneas generales, cuestiona que en la investigación contra don Manuel Fernando Jorge Carlos Velarde Dellepiane, en su condición de ex alcalde de la Municipalidad de la citada municipalidad, y doña Karina Natividad Vargas Terrones, en calidad de ex gerente del referido ente edil, se haya declarado nula la providencia que le concede el requerimiento de elevación de actuados contra la Disposición 2, tras concluir que su recurso había sido planteado fuera del plazo legal establecido en el Nuevo Código Procesal Penal. Agrega que, de forma indebida, se consideró como válida la notificación remitida al ente edil, al amparo de la Ordenanza 444-MSI y el Decreto de Alcaldía 010-2017-ALC/MSI. Sin embargo, no se advirtió que tal regulación es aplicable únicamente para la plataforma de servicio en línea, por lo que no podía aplicarse a la mesa de partes virtual.
El Décimo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Resolución 1, de fecha 16 de diciembre de 2020, declaró improcedente la demanda de amparo, al considerar que las disposiciones fiscales objeto de control constitucional, se encuentran debidamente motivadas, porque la entidad demandante no ha cumplido con presentar el recurso de elevación de actuados dentro de los cinco días. En efecto, de las instrumentales adjuntadas, se advierte que la Disposición 2, de fecha 30 de agosto de 2020, fue notificada vía correo electrónico: mesadepartesvirtual@munisanisidro.gob.pe, el 11 de setiembre de 2020, razón por la que correspondía que se tenga dicha fecha como válida para la notificación del acto procesal a la entidad de la administración, pues este acto surte efecto desde su recepción. Por el contrario, se evidencia que la demandante persigue una nueva revisión de lo resuelto en sede fiscal, como si la judicatura constitucional fuera una instancia adicional a la judicatura ordinaria.
La Segunda Sala Constitucional Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Auto de fecha 1 de diciembre de 20226, confirmó la sentencia apelada, por similares fundamentos.
Interpuesto el recurso de agravo constitucional por parte del ente edil, el Tribunal Constitucional mediante Auto de fecha 11 de setiembre de 20237, declaró la nulidad de las decisiones judiciales cuestionadas, y dispuso la admisión a trámite de la demanda de amparo8.
El Décimo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Resolución 10, de fecha 27 de octubre de 20239, admitió a trámite la demanda de amparo.
Con escrito de fecha 6 de noviembre de 2023, doña Zoila Marianela Sueno Chirinos, en su condición de fiscal titular de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, contestó la demanda10 y solicitó que sea declarada improcedente, al estimar que los hechos y el petitorio no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegidos de los derechos invocados.
Mediante escrito de fecha 16 de noviembre de 2023, don Oscar Hérnan Miranda Orrillo, en su condición de fiscal superior de la Primera Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, contestó la demanda11 y solicitó sea declarada improcedente, por considerar que la disposición fiscal cuestionada se encontraba debidamente motivada.
El procurador público del Ministerio Público contestó la demanda de amparo12, formuló la excepción de litispendencia y solicitó que sea declarada infundada. Al respecto, manifestó que la disposición fiscal cuestionada se encuentra debidamente motivada y que en realidad la demandante pretende beneficiarse de la negligencia de haber presentado su recurso fuera del plazo legal establecido.
El Décimo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Resolución 17, de fecha 5 de marzo de 202413, declaró improcedente la demanda, al estimar que los fundamentos que respaldan la decisión del Ministerio Público se encuentran debidamente expuestos en la disposición fiscal cuestionada, por lo que no se acredita que los hechos denunciados tengan incidencia en el contenido constitucionalmente de los derechos invocados.
A su turno, la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 10 de octubre de 2024, confirmó la apelada por similares fundamentos.
FUNDAMENTOS
§1. Delimitación del petitorio
El objeto del presente proceso es que se declare la nulidad de: (i) Providencia 27, de fecha 28 de setiembre de 2020, que concedió su requerimiento de elevación de actuados formulado contra la Disposición Fiscal 2, de fecha 30 de agosto de 2020, que dispuso no proceder a formalizar ni continuar la investigación preparatoria contra don Carlos Miguel Puga Pomareda y otros, por la presunta comisión del delito de corrupción de funcionarios, en la modalidad de colusión; y contra don Manuel Fernando Jorge Carlos Velarde Dellepiane y doña Karina Natividad Vargas Terrones, por la presunta comisión del delito de corrupción de funcionarios, en la modalidad de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, ambos en agravio del Estado; (ii) Disposición 1, de fecha 16 de octubre de 2020, que declaró nula la Providencia 27 y, reformándola, declaró inadmisible su recurso de elevación. Asimismo, solicita que se declaré nulo el acto de notificación de la Disposición Fiscal 2, realizado con fecha 11 de setiembre de 2020, y, reponiendo las cosas a su estado anterior, se designe a otro órgano fiscal a efectos de que provea el requerimiento de elevación de actuados.
Al respecto, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la motivación de las disposiciones fiscales y a la pluralidad de instancias.
§2. Sobre el derecho a la debida motivación de las resoluciones fiscales
El artículo 159 de la Constitución prescribe que corresponde al Ministerio Público conducir desde su inicio la investigación del delito, así como ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte. Este mandato constitucional, como es evidente, ha de ser cumplido con la debida diligencia y responsabilidad, a fin de que las conductas ilícitas no queden impunes y se satisfaga y concretice el principio del interés general en la investigación y persecución del delito. A partir de lo señalado, este Tribunal ha advertido en diversa jurisprudencia que el proceso de amparo es la vía idónea para analizar si las actuaciones o decisiones fiscales observan o no los derechos fundamentales o si, en su caso, superan o no el nivel de proporcionalidad y razonabilidad que toda decisión debe suponer.
En cuanto al derecho a la debida motivación de las decisiones fiscales, este Tribunal tiene también establecido que la motivación debida de las decisiones de las entidades públicas -sean o no de carácter jurisdiccional- comporta que el órgano decisor y, en su caso, los fiscales, al resolver las causas, describan o expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esta exigencia incluye también que exista congruencia entre lo pedido y lo resuelto, y que, por sí misma, la decisión exprese una suficiente justificación de su adopción. Esas razones, por lo demás, deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino, y sobre todo, de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite de la investigación o del proceso del que se deriva la decisión cuestionada14.
En atención a lo señalado, el Tribunal Constitucional tiene precisado que el derecho a la debida motivación de las decisiones fiscales también se ve vulnerado cuando la motivación es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas de hecho o de derecho que sustentan la decisión fiscal, o porque se intenta dar solo un cumplimiento formal a la exigencia de la motivación. Así, toda decisión fiscal que carezca de una motivación adecuada, suficiente y congruente será arbitraria y, en consecuencia, inconstitucional15.
Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una decisión fiscal constituye automáticamente una violación del derecho a la debida motivación de las decisiones fiscales. Esta situación se produce únicamente en aquellos casos en los que dicha facultad se ejerce de manera arbitraria, es decir, cuando la decisión fiscal es fruto del voluntarismo y no de la aplicación razonable del derecho y de los hechos en su conjunto.
§3. Sobre el derecho a la pluralidad de instancia
El Tribunal Constitucional, respecto al contenido del derecho a la pluralidad de la instancia, señaló que:
(…) tiene por objeto garantizar que las personas, naturales o jurídicas, que participen en un proceso judicial tengan la oportunidad de que lo resulto por un órgano jurisdiccional sea revisado por un órgano superior de la misma naturaleza, siempre que se haya hecho uso de los medios impugnatorios pertinente formulados dentro del plazo legal16.
Por lo expuesto, el derecho a la pluralidad de la instancia guarda también conexión estrecha con el derecho fundamental a la defensa, que se encuentra reconocido en el artículo 139, inciso 14, de la Constitución. Este derecho garantiza que los justiciables, en la protección de sus derechos y obligaciones, cualquiera que sea su naturaleza (civil, mercantil, penal, laboral, etc.), no queden en estado de indefensión. El contenido esencial del derecho de defensa queda afectado cuando, en el seno de un proceso judicial, a cualquiera de las partes se le impide, por concretos actos de los órganos judiciales, ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces para defender sus derechos e intereses legítimos. Sin embargo, no cualquier imposibilidad de ejercer tales medios produce un estado de indefensión que atenta contra el contenido constitucionalmente protegido de dicho derecho, sino que es constitucionalmente relevante cuando se genera una indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al individuo17.
El Tribunal Constitucional ha declarado que la notificación es un acto procesal cuyo cuestionamiento o anomalía no genera, per se, violación del derecho al debido proceso o del derecho a la tutela procesal efectiva; para que esa situación se produzca, resulta indispensable la constatación de que con la falta de la notificación se ha afectado, de modo real y concreto, el derecho de defensa u otro derecho constitucional directamente implicado. Lo expuesto se entiende desde la perspectiva de que los procesos constitucionales, ni son una instancia a la que pueden extenderse las nulidades o impugnaciones del proceso judicial ordinario, ni pueden convertirse en un medio para la articulación de estrategias de defensa, luego de que una de las partes haya sido vencida en un proceso judicial18.
§4. Sobre el derecho al debido proceso
El artículo 139, inciso 3), de la Constitución establece como derecho de todo justiciable y principio de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso. Dicho derecho ha sido considerado por este Tribunal como un derecho continente que abarca diversas garantías y reglas (las cuales, a su vez, son derechos parte de un gran derecho con una estructura compuesta o compleja), entre los cuales se encuentran el derecho al procedimiento preestablecido, el derecho de defensa, el derecho a la pluralidad de instancias, el derecho a la motivación de las resoluciones, el derecho a los medios de prueba, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, etc.
§5. Análisis del caso
En el presente caso, la entidad demandante cuestiona la Providencia 27, de fecha 28 de setiembre de 202019, que concedió el requerimiento de elevación de actuados formulado contra la Disposición Fiscal 2, de fecha 30 de agosto de 202020, que declaró que no procede formalizar ni continuar la investigación preparatoria contra don Carlos Miguel Puga Pomareda y otros, por la presunta comisión de los delitos de colusión, y contra don Manuel Fernando Jorge Carlos Velarde Dellepiane y doña Karina Natividad Vargas Terrones, por la presunta comisión de los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo; y de la Disposición 1, de fecha 16 de octubre de 202021, que declaró nula la Providencia 27 y, reformándola, declaró inadmisible el recurso de elevación de actuados, por haberse presentado en forma extemporánea.
Al respecto, de los actuados en la investigación de la que derivan las disposiciones fiscales objeto de control constitucional, se advierte lo siguiente:
Por Disposición 2, de fecha 20 de agosto de 202022, se declara que no procede formalizar ni continuar la investigación preparatoria contra Carlos Miguel Puga Pomareda y otros, por la comisión de los delitos de colusión y de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo y otorga el plazo de cinco días para la elevación de actuados.
Del cargo emitido por la mesa de partes virtual23, se advierte que con fecha 21 de septiembre de 2020 la Municipalidad Distrital de San Isidro presentó el escrito de elevación de actuados.
Por la providencia 27, de fecha 28 de setiembre de 202024, se concedió el requerimiento de elevación de actuados, formulado por la procuraduría pública de la Municipalidad de San Isidro, notificado con fecha 1 de octubre de 2020.
Por Disposición fiscal 1, de fecha 16 de octubre de 202025, se declaró nula la Providencia 27, de fecha 28 de setiembre de 2020, que concedió el requerimiento de elevación de actuados, y reformándola declara inadmisible el recurso. Para esto sostiene:
“II.2. De la Admisibilidad del Recurso de Elevación
4. La norma procesal citada (artículo 334 numeral 5) claramente establece un plazo perentorio de cinco días para hacer valer el derecho a la vía recursal, que empieza a correr desde el día siguiente a la notificación que a estar comprendida dentro de la norma adjetiva de orden público su observancia es de cumplimiento obligatorio por las partes en el proceso.
5. Conforme al estado actual que viene atravesando el país por la pandemia del Covid 19 se viene realizando las notificaciones del sistema de administración de justicia y de la propia fiscalia a través de los medios electrónicos, por lo cual éstas se pueden realizar a cualquier hora indistintamente a un esclusivo horario de oficina.
6. Es de advertirse de los actuados, que mediante correo electrónico se puso en conocimiento de la Procuraduría Pública de la Municipalidad de San Isidro la disposición de archivo de la cual se cuestiona la fecha de recepción por dicha entidad, esto es si habria sido el 11 o 14 de setiembre de 2020.
7. En efecto, según obra en autos -fs. 154 de la Carpeta Auxiliar -la Procuraduría Pública de la Municipalidad de San Isidro fue notificada de la Disposición N 2 del Cuarto Despacho de la Fiscalía Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, que declara el Archivo de la presente causa (…) a través de su correo electrónico: mesadepartesvirtual@munisanisidro.gob.pe el 11 de setiembre de 2020 a las 22:50 hrs, el mismo que fue contestado por dicha entidad el mismo dia a las 23:00 hrs e invocó al art. 20 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General para sostener que la notificación no se encontraba dentro de su horario hábil.
(…)
9. El acto de notificación de una notificación fiscal constituye precisamente una actuación procesal que para el caso se realizó de manera virtual al correo electrónico de la Procuraduría recurrente en horas de la noche de ese día 11 de setiembre último, sin que exista en todo caso una disposición legal expresa que límite las notificaciones virtuales a un horario determinado. Para el caso de autos se verifica que la recepción de la notificación en cuestión se produjo en esa fecha, dado que existe una respuesta ese mismo día 11 de setiembre de por el órgano receptor de la notificación que da cuenta haber tomado conocimiento de a llegada de la notificación en ese momento, sin que tenga mayor efecto la reserva que se hace de no darse por notificado aún por no encontrarse dentro de un horario hábil. (…)
14. Siendo así, se debe considerar que la mencionada entidad llegó a recepcionar la notificación cuestionada el viernes 11 de setiembre de 2020 en su defecto el sábado 12 de setiembre del presente año, pues el portal web de la propiedad entidad, (…) establece como horario de atención regular los días lunes a viernes desde las 10:00 am a 19:00 hrs, y los días sábados de 9:00 a 13:00 hrs en cuyo caso igualmente el cómputo del inicio del plazo para recurrir empezó a correr desde el lunes 14 de setiembre de 2020.
15. En consecuencia, el requerimiento de elevación de actuados, presentado el 21 de setiembre de 2020, (…) no ha sido interpuesto dentro del plazo legalmente establecido de cinco días hábiles de recepcionada la notificación (ya que venció el día 18 de septiembre de último) (…)”
Conforme al iter procesal y al contenido de la demanda de amparo, se aprecia que, efectivamente, la Disposición fiscal superior 1, de fecha 16 de octubre de 2020, rechaza el requerimiento de elevación de actuados, bajo el argumento de que el citado recurso fue presentado en forma extemporáneo. En efecto, no es objeto de discusión que la Disposición 2, de fecha 30 de agosto de 202026, fue notificada al correo mesadepartesvirtual@munisanisidro.gob.pe el 11 de setiembre de 2020 a las 22:50 hrs, y que el requerimiento de elevación de actuados fue presentado el 21 de setiembre de 2020, por lo que contabilizados los actuados desde el siguiente hábil de notificada la entidad, esto es desde el 14 de setiembre de 2020, se advierte que el plazo legal fue excedido por ley, razón por la que el rechazo del recurso de elevación de actuados se determinó conforme a ley y no implicó un obstáculo a efecto de que el superior jerárquico se pronuncie sobre el citado recurso.
En tal sentido, este Tribunal aprecia que la disposición fiscal cuestionada, rechazó el recurso de elevación de actuados en forma debida, al haber sido presentado fuera del plazo establecido en la Ley, por lo que no se ha obstaculizado o anulado el derecho del recurrente a que el órgano superior jerárquico se pronuncie sobre el recurso presentado, por tanto, no se verifica la denunciada vulneración al derecho a la pluralidad de instancia.
Asimismo, sobre el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, se advierte que los actos fiscales objetos de control constitucional han justificado en forma precisa y concreta la determinación de declarar inadmisible el recurso de elevación de actuados, en la medida que ha establecido la fechas de notificación de la disposición contra la que se presentó el recurso de elevación de actuados, y la fecha de presentación de este último, así como la normatividad aplicable al caso, e incluso ha hecho referencia a las disposiciones internas.
Es así, que, respecto de este extremo de la demanda, no se aprecia la afectación al derecho a la debida motivación de las disposiciones fiscales, pues la determinación arribada por las emplazadas se encuentra debidamente sustentada en los hechos del caso con una debida aplicación del derecho.
Sobre el denunciado derecho al debido proceso se aprecia que en la investigación fiscal del que derivan las disposiciones fiscales cuestionadas, se ha llevado con regularidad, y, por el contrario, se advierte que el fundamento de este extremo es el rechazo del recurso, sin esbozar argumento concreto que pueda ser analizado en sede constitucional.
Por lo expuesto, corresponde desestimar la demanda de amparo, al no haberse acreditado la vulneración de los derechos invocados como vulnerados.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
Declarar INFUNDADA la demanda de amparo, al no haberse acreditado la vulneración de los derechos a la pluralidad de instancia, a la debida motivación de las resoluciones judiciales y al debido proceso.
Publíquese y notifíquese.
SS.
OCHOA CARDICH
GUTIÉRREZ TICSE
PACHECO ZERGA
PONENTE PACHECO ZERGA
Fojas 587.↩︎
Fojas. 253.↩︎
Fojas 408.↩︎
Fojas 152.↩︎
Fojas 406.↩︎
F. 345↩︎
F. 362.↩︎
Expediente 01112-2023-PA/TC.↩︎
Fojas 379.↩︎
Fojas 415.↩︎
Fojas 477↩︎
Fojas 506.↩︎
Fojas 553.↩︎
Sentencia 4437-2012-PA/TC, fundamento 5.↩︎
Sentencia 4437-2012-PA/TC, fundamento 6.↩︎
Sentencia recaída en el Expediente 04235-2010-PHC/TC.↩︎
Sentencias recaídas en los expedientes 00582-2006-PA/TC; 05175-2007-PHC/TC.↩︎
Sentencia recaída en el Expediente 04303-2004-AA/TC.↩︎
F. 660.↩︎
F. 152.↩︎
F. 727.↩︎
F. 152.↩︎
F. 177↩︎
F. 199.↩︎
F. 212↩︎
F. 152.↩︎