SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 6 días del mes de octubre de 2026, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Domínguez Haro y Ochoa Cardich, con la participación del magistrado Monteagudo Valdez, convocado para dirimir la discordia suscitada en autos, ha emitido la presente sentencia. El magistrado Gutiérrez Ticse emitió voto singular, el cual se agrega. Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con lo votado.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Francisco Santiago Delgado Paredes, contra la Resolución 27, de fecha 16 de diciembre de 2024¹, expedida por la Segunda Sala Penal Superior de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, que declaró improcedente la demanda de habeas corpus de autos.

ANTECEDENTES

Demanda

Con fecha 31 de mayo de 2023 don Francisco Santiago Delgado Paredes interpone demanda de habeas corpus² a su favor, y la dirige contra César Lazarte Huaco, magistrado del Tercer Tribunal Correccional de la Corte Superior de Justicia de La Libertad; contra la Rectora de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo; y contra los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura.

Alega la vulneración de los derechos al debido proceso, a la tutela jurisdiccional efectiva, a la debida motivación de las resoluciones judiciales, al juez natural, a la libertad personal, a la dignidad, a la integridad moral, a la igualdad, y el derecho al trabajo; así como de los principios de legalidad, irretroactividad y resocialización. Solicita lo siguiente:

Como pretensión principal

1. se declare la nulidad de la sentencia, de fecha 31 de agosto de 1978³, que lo condenó por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes a dos años de pena privativa de libertad; y

Como pretensiones principales reconvertibles, solicita:

2. se ordene la cancelación definitiva de sus antecedentes judiciales y penales, generados por la citada sentencia condenatoria, que obran en los registros de la Policía Nacional del Perú - PNP, el Instituto Nacional Penitenciario - INPE, el Ministerio de Educación - MINEDU, la Superintendencia Nacional de Educación - SUNEDU, así como en el Registro Nacional Judicial - RENAJU, el Registro de Sentenciados por Tráfico Ilícito de Drogas, o cualquier otro;

3. se declare la nulidad de la sentencia interlocutoria del Tribunal Constitucional⁴, de fecha 24 de enero de 2017⁵, en consecuencia, se le restituya a su puesto de trabajo como Juez Especializado de Utcubamba; y

4. se declare la nulidad de la Resolución 293-2021-CU, de fecha 30 de julio del 2021⁶, emitida por la Rectora de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, o la inaplicabilidad a su caso de los efectos de la Ley 29988, en consecuencia, se le restituya en su puesto de trabajo como docente universitario.

Al respecto, manifiesta, con relación a la primera pretensión, que fue sentenciado por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes por cosechar dos plantas de marihuana en 1977, a la edad de 20 años. Y que se le aplicó el Decreto Ley 11005, pese a que desde el 22 de agosto de 1972 estaba vigente el Decreto Ley 19505, que incluye disposiciones - como los artículos 6 y 7 - que beneficiaban a los agentes primarios y a los que tenían entre 18 a 21 años, investigados por el delito de tráfico de estupefacientes. A su criterio la aplicación del Decreto Ley 19505 a su caso lo hubiera exonerado de responsabilidad penal. Por lo cual, estima que en el análisis jurisdiccional no se motivó la razón de la aplicación ultractiva de la norma en cuestión; con lo que vulneraron sus derechos a la debida motivación, al principio de irretroactividad y al principio de legalidad. Añade que la imputación penal no cumplió con los elementos del delito, como son la conducta, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad, pues a la fecha de los hechos no tenía la mayoría de edad; que, en dicha época eran 21 años, por lo que, afirma, era inimputable.

Agrega que, a consecuencia de la ejecución de la sentencia, cumplió la pena privativa de la libertad por dos años. Y que pese a dicho cumplimiento es víctima de los efectos de la mencionada sentencia pues sigue vigente el antecedente judicial, penal y policial, así como en registros de otros órganos administrativos; pese además a que pagó su reparación civil y se emitió a su favor el auto de rehabilitación en 1985. Indica también que entre 1985 a 1988 realizó múltiples trámites para borrar el antecedente judicial y penal, sin éxito. Por tanto, refiere que la continuidad del antecedente penal ha afectado su derecho al trabajo como magistrado y docente universitario; así como ha generado una estigmatización perpetua en vulneración de su dignidad, integridad moral e igualdad, así como del principio de resocialización.

En ese sentido, sustenta su segunda pretensión - anular todo antecedente de la sentencia condenatoria almacenado en un registro público -, en las razones descritas. Y en que, si bien el artículo 69 del Código Penal dispone la rehabilitación automática, señala que han transcurrido 46 años y todavía persiste dicho antecedente, ahora inclusive diseminado por varias instituciones administrativas.

Por otro lado, fundamenta su tercera pretensión - declarar la nulidad de la sentencia interlocutoria del Tribunal Constitucional, de fecha 24 de enero de 2017, en el hecho de que el Tribunal Constitucional no se pronunció sobre el fondo, lo que vulneró su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.

Por último, exige que se le reincorpore como docente universitario, en atención a que, pese a haber sido docente nombrado desde 1994, el 30 de julio de 2021 se lo destituye sobre la base de lo dispuesto en la Ley 29988, Ley que establece medidas extraordinarias para el personal docente y administrativo de instituciones educativas públicas y privadas, implicados en delitos de terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y delitos de tráfico ilícito de drogas, publicada el 17 de enero de 2013. En consecuencia, sostiene que fue incluido en el Registro de Condenados por Tráfico Ilícito de Drogas, creado en el 2013, por la arbitraria sentencia penal de 1978. Y, añade, que con tal registro se vulnera el principio de ne bis in idem, pues pese a que cumplió con la sentencia condenatoria arbitraria, que incluyó una pena de inhabilitación de 5 años, ahora nuevamente es castigado con una inhabilitación perpetua, a través de la Ley 29988. Situación que afecta también su derecho al trabajo, al impedirle participar en concursos para puestos laborales en la Administración Pública.

Contestaciones de la demanda

El procurador público adjunto del Poder Judicial se apersonó al proceso y contestó la demanda⁷. Solicita que ésta sea declarada improcedente, en razón a que los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos al contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados. En ese sentido, refiere que las pretensiones en cuestión, como la anulación de sus antecedentes policiales y judiciales en los registros, y los efectos del registro en su derecho al trabajo, no contienen alguna medida que afecte el derecho a la libertad personal del favorecido.

Pablo Rogelio Talavera Elguera, integrante del Consejo Nacional de la Magistratura se apersonó al proceso, contestó a demanda⁸, y solicita que ésta sea declarada improcedente. Señala que la decisión de no ratificación del favorecido como magistrado se sustentó en la falta de veracidad mostrada por este, así como en el incumplimiento de otros indicadores de conducta e idoneidad que exigía la Ley de Carrera Judicial y el Reglamento de ratificaciones. Además, agrega que sobre tales hechos existe cosa juzgada constitucional, dado que el Tribunal Constitucional se pronunció en el Expediente 02614-2015-PA, declarando improcedente su recurso de agravio constitucional.

El apoderado legal de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo se apersonó al proceso y contestó la demanda⁹. Solicita que esta sea declarada infundada, en atención a que el accionante inició previamente un proceso de amparo por los mismos hechos, que fue declarado improcedente por el Tribunal Constitucional, en el Expediente 03568-2022-PA¹⁰.

Resolución de primer y segundo grado o instancia

El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de La Libertad, mediante Resolución 20, de fecha 27 de agosto de 2024¹¹, declaró improcedente la demanda, por estimar. En primer lugar, que los cuestionamientos relacionados con la sentencia condenatoria no se encuentran relacionados con el derecho al debido proceso, sino que el favorecido pretende que en sede constitucional se realice un reexamen de los fundamentos y se determine su responsabilidad penal, lo cual no es función del juez constitucional. En segundo lugar, respecto a la actuación del Consejo Nacional de la Magistratura, determinó que lo alegado no se encuentra vinculado con el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad personal. En tercer lugar, precisó que las pretensiones del recurrente relacionadas con su reincorporación como magistrado o docente universitario, ya han sido resueltas por el Tribunal Constitucional en los correspondientes procesos de amparo, y tampoco guardan relación con la libertad personal. Y, por último, dictaminó que la solicitud de eliminar sus antecedentes policiales, judiciales, penales y otros almacenados en registros públicos, no es de recibo a través de la vía del habeas corpus orientada a la salvaguarda de la libertad personal y derechos conexos.

La Segunda Sala Penal Superior de la Corte Superior de Justicia de La Libertad confirmó la resolución apelada, en líneas generales, por similares fundamentos.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. Mediante la demanda se pretende lo siguiente:

1. se declare la nulidad de la sentencia, de fecha 31 de agosto de 1978¹², que condenó al recurrente por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes a dos años de pena privativa de libertad;

2. se ordene la cancelación definitiva de sus antecedentes judiciales y penales, generados por la citada sentencia condenatoria, que obran en los registros de la Policía Nacional del Perú - PNP, el Instituto Nacional Penitenciario - INPE, el Ministerio de Educación - MINEDU, la Superintendencia Nacional de Educación - SUNEDU, así como en el Registro Nacional Judicial - RENAJU, el Registro de Sentenciados por Tráfico Ilícito de Drogas, o cualquier otro;

3. se declare la nulidad de la sentencia interlocutoria del Tribunal Constitucional¹³, de fecha 24 de enero de 2017¹⁴, en consecuencia, se le restituya a su puesto de trabajo como Juez Especializado de Utcubamba; y

4. se declare la nulidad de la Resolución 293-2021-CU, de fecha 30 de julio del 2021¹⁵, emitida por la Rectora de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, o la inaplicabilidad a su caso de los efectos de la Ley 29988, en consecuencia, se le restituya en su puesto de trabajo como docente universitario.

2. Se alega la vulneración de los derechos al debido proceso, a la tutela jurisdiccional efectiva, a la debida motivación de las resoluciones judiciales, al juez natural, a la libertad personal, a la dignidad, a la integridad moral, a la igualdad, y al trabajo; así como de los principios de legalidad, irretroactividad y resocialización.

Análisis del caso en concreto

3. La Constitución establece expresamente en su artículo 200, inciso 1, que el habeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o sus derechos constitucionales conexos. Ello implica que, para que proceda el habeas corpus, la conducta denunciada como inconstitucional necesariamente debe redundar en una afectación negativa, real, directa y concreta del citado atributo o atributos constitucionales conexos.

4. Asimismo, cabe precisar que, si bien los derechos al debido proceso, a la tutela jurisdiccional efectiva y a la debida motivación de las resoluciones judiciales, entre otros derechos constitucionales conexos, pueden ser objeto de tutela vía el habeas corpus, para que ello ocurra el agravio al derecho conexo debe ser manifiesto y necesariamente derivar de manera directa en un agravio concreto al derecho a la libertad personal materia de tutela del habeas corpus.

5. En relación al primer extremo de la demanda en el que solicita se declare la nulidad de la sentencia, de fecha 31 de agosto de 1978¹⁶, que condenó al recurrente por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes a dos años de pena privativa de libertad, se alega que dicha decisión resultaría arbitraria, en la medida en que se le aplicó el Decreto Ley 11005, pese a que desde 1972 se encontraba vigente el Decreto Ley 19505, que incorporó disposiciones —entre ellas, las contenidas en sus artículos 6 y 7— que excluían de responsabilidad penal a los agentes primarios y a quienes, teniendo entre 18 y 21 años, eran investigados por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes.

6. A entender del demandante, si el órgano jurisdiccional penal hubiera aplicado tales disposiciones a su caso concreto, se habría visto exento de responsabilidad penal, por cuanto era detenido primario y tenía veinte años al momento de los hechos. Al respecto cabe indicar que lo alegado por la defensa técnica del favorecido evidencia que la real pretensión es que en sede constitucional se realice un reexamen de lo resuelto por los jueces emplazados, por lo cual resulta de aplicación la causal de improcedencia prevista en el artículo 7 inciso 1 del Nuevo Código Procesal Constitucional.

7. En lo concerniente a que se ordene la cancelación definitiva de sus antecedentes judiciales y penales, generados por la precitada sentencia condenatoria, que obran en los registros de la Policía Nacional del Perú - PNP, el Instituto Nacional Penitenciario - INPE, el Ministerio de Educación - MINEDU, la Superintendencia Nacional de Educación - SUNEDU, así como en el Registro Nacional Judicial - RENAJU, el Registro de Sentenciados por Tráfico Ilícito de Drogas, o cualquier otro.

8. Al respecto, se tiene que don Francisco Santiago Delgado Paredes, como él mismo lo indica en su demanda, cumplió la sentencia condenatoria emitida en su contra, de fecha 31 de agosto de 1978, mediante la cual fue sentenciado a dos años de pena privativa de libertad, por incurrir en el delito de tráfico ilícito de drogas; siendo que, posteriormente, solicitó su rehabilitación en el año 1985. Por lo cual, no se aprecia acción u omisión alguna por parte del Estado en la eliminación de dicho antecedente; situación que nos compele a aplicar el artículo 7 inciso 1 del Nuevo Código Procesal Constitucional.

9. En relación a que se declare la nulidad de la sentencia interlocutoria del Tribunal Constitucional¹⁷, de fecha 24 de enero de 2017¹⁸, y, en consecuencia, se le restituya a su puesto de trabajo como Juez Especializado de Utcubamba, resulta de aplicación lo previsto en el artículo 121 del Nuevo Código Procesal Constitucional vigente, cuyo texto proscribe expresamente la procedencia de proceso constitucional alguno contra las resoluciones y sentencias del Tribunal Constitucional.

10. Ahora bien, en relación al extremo de la demanda sobre pedido de nulidad de la Resolución 293-2021-CU, de fecha 30 de julio del 2021¹⁹, emitida por la Rectora de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, o la inaplicabilidad a su caso de los efectos de la Ley 29988, a fin de que se le restituya en su puesto de trabajo como docente universitario, cabe indicar que no corresponde ser discutido vía el presente proceso. Por consiguiente, este extremo de la demanda resulta improcedente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, inciso 1, del Nuevo Código Procesal Constitucional.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de habeas corpus.

Publíquese y notifíquese.

SS.

DOMÍNGUEZ HARO

OCHOA CARDICH

MONTEAGUDO VALDEZ

PONENTE OCHOA CARDICH

VOTO DEL MAGISTRADO MONTEAGUDO VALDEZ

He sido convocado para resolver la presente discordia. En ese sentido, y por las razones expuestas en la ponencia, considero que corresponde declarar como IMPROCEDENTE la demanda.

S.

MONTEAGUDO VALDEZ

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO GUTIÉRREZ TICSE

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas, emito el presente voto singular por los siguientes argumentos que paso a exponer:

El presente caso

1. El recurrente solicita que: (i) se declare la nulidad de la sentencia, de fecha 31 de agosto de 1978, que lo condenó por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes a dos años de pena privativa de libertad. Asimismo, que: (ii) se ordene la cancelación definitiva de sus antecedentes judiciales y penales, generados por la citada sentencia condenatoria, que obran en los registros de la Policía Nacional del Perú - PNP, el Instituto Nacional Penitenciario - INPE, el Ministerio de Educación - MINEDU, la Superintendencia Nacional de Educación - SUNEDU, así como en el Registro Nacional Judicial - RENAJU, el Registro de Sentenciados por Tráfico Ilícito de Drogas, o cualquier otro; (iii) se declare la nulidad de la sentencia interlocutoria del Tribunal Constitucional, de fecha 24 de enero de 2017, en consecuencia, se le restituya a su puesto de trabajo como Juez Especializado de Utcubamba; y (iv) se declare la nulidad de la Resolución 293-2021-CU, de fecha 30 de julio del 2021, emitida por la Rectora de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, o la inaplicabilidad a su caso de los efectos de la Ley 29988, en consecuencia, se le restituya en su puesto de trabajo como docente universitario. 

2. Por un lado, el demandante alega vulneración a su derecho a la debida motivación de resoluciones judiciales, el principio de irretroactividad y al principio de legalidad. Señala que a la fecha de la condena estaba vigente el Decreto Ley 19505, el cual, de haber sido aplicado en el proceso penal, lo hubiera exonerado de responsabilidad penal. Por otro lado, señala que pese haberse emitido a su favor auto de rehabilitación en 1985, persiste la existencia del antecedente penal lo que ha afectado su derecho al trabajo como magistrado y docente universitario, vulnerando así su dignidad, integridad moral y el principio de resocialización.

La presunta afectación al principio de resocialización

3. El Tribunal Constitucional ha señalado que dicho principio impone al Estado desarrollar una serie de actuaciones que permitan reincorporar a una persona condenada a la sociedad. En ese sentido, luego de cumplida su pena, pueda reinsertarse socialmente en la comunidad²⁰.

4. En tal sentido, el presente caso merece un pronunciamiento previa audiencia pública; de lo contrario, dejar sin posibilidad de informar oralmente a la defensa de la parte recurrente solo abona en el rechazo ciudadano al sistema legal y no pacificamos el ordenamiento jurídico. Es pertinente otorgar a los actores las condiciones que se requieran sobre todo en casos de relevancia social, complejidad, gravedad de la pena, entre otros criterios que emergen de los principios y valores constitucionales que el Colegiado debe tener presente.

Decisión

5. Lo expuesto es compatible con la interpretación efectuada por este Tribunal Constitucional en la STC N° 30-2021-PI/TC, en la cual se señala que la convocatoria de la causa en audiencia pública y el ejercicio de la defensa pueden hacerse de forma oral cuando corresponda expedir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto y en aquellos casos en los que se considere indispensable.

Por estas consideraciones, mi voto es porque EL CASO TENGA AUDIENCIA PÚBLICA ANTE LA SALA SEGUNDA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

S.

GUTIÉRREZ TICSE