SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 11 días del mes de septiembre de 2026, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Ochoa Cardich, Gutiérrez Ticse y Pacheco Zerga, ha emitido la presente sentencia. Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con lo votado.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Manuel Raymundo Ibáñez contra la resolución de fecha 19 de marzo de 2025¹, expedida por la Tercera Sala Penal Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, que declaró improcedente la demanda de habeas corpus de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 12 de febrero de 2025, don Luis Manuel Raymundo Ibáñez interpone demanda de habeas corpus² contra doña María Rubio Cisneros Haro, jueza a cargo del Sexto Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo; doña Liliana Janet Rodríguez Villanueva de Sosa, don Jorge Humberto Colmenares Cavero y doña Silvia Mercedes Sánchez Haro, jueces superiores de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad; doña Janet Tello Gilardi, presidenta del Poder Judicial, y el procurador público del Poder Judicial. Se denuncia la amenaza de vulneración de los derechos a la libertad y seguridad personales, porque no hay prisión por deudas, y la vulneración de los derechos a la tutela procesal efectiva y a la debida motivación de resoluciones judiciales.

El actor solicita que se declaren nulas (i) la sentencia, Resolución 11, de fecha 9 de enero de 2024³, en el extremo que le ordenó la devolución de la suma de S/. 25,000.00 al agraviado (proceso penal), correspondiente al exceso cobrado por concepto de honorarios profesionales bajo apercibimiento de ser denunciado penalmente por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, en el proceso en el que fue absuelto por el delito de apropiación ilícita: (ii) la sentencia de vista, Resolución 24, de fecha 29 de agosto de 2024⁴, que confirmó el mencionado extremo, la cual fue corregida mediante la Resolución 31, de fecha 17 de marzo de 2025, en el extremo de la disposición del plazo no mayor de sesenta días de consentida o ejecutoriada dicha sentencia para el cumplimiento de la citada obligación de devolución de dinero; y (iii) la Resolución 26, de fecha 14 de octubre de 2024⁵, que ordenó: “cúmplase lo ejecutoriado, anulese los antecedentes generados y remítase al juzgado de ejecución respecto al extremo de la reparación civil impuesta”⁶.

Sostiene que el agraviado (proceso penal) don Ángel David Santamaría Flores fue su cliente y patrocinado en mérito a un contrato civil escrito de locación de servicios profesionales de fecha 10 de agosto de 2017, el cual fue ratificado dos veces, y suscrito a fin de que el recurrente interpusiera una demanda laboral por daños y perjuicios por accidente de trabajo contra su exempleadora la empresa SECURITAS SAC, el que, por su complejidad, se pactó como pago de los honorarios profesionales el treinta por ciento de la cuota litis que resulte de la suma que se obtenga como monto indemnizatorio. Precisa que dicho contrato no fue materia de resolución o rescisión, por lo que resulta válido hasta la fecha.

Agrega que en virtud de la demanda laboral instaurada de manera exitosa se emitió la sentencia de primera instancia que la declaró fundada debido a su exitosa labor profesional y se fijó inicialmente la suma de S/. 66,00.00 como monto indemnizatorio. Sin embargo, se interpuso en su contra recurso de apelación para que se aumente la mencionada suma a S/. 407,339.76.

Afirma que el agraviado de manera inconsulta, sin su conocimiento y a fin de afectar el pago de sus honorarios profesionales, con fecha 1 de julio de 2018, se reunió con los directivos de su exempleadora para cobrar la suma indemnizatoria. Ante ello, con fecha 2 de julio de 2018, él cursó una carta notarial a la empresa exempleadora, por la que le requirió que sus honorarios sean cautelados y que, si ambas partes arribaban a acuerdos conciliatorios extrajudiciales sin su participación, iniciaría las acciones legales correspondientes. No obstante, don Ángel David Santamaría Flores y su empleadora no arribaron a acuerdo alguno y, más bien, el proceso laboral⁷ bajo su defensa seguía su curso, pues se interpuso recurso de casación contra la cuestionada sentencia de vista.

Aduce que don Ángel David Santamaría Flores arribó a un acuerdo con su exempleadora luego de poco más de ocho meses de negociaciones y que esta le giró un cheque de gerencia de forma personal y, luego de cobrarlo, acudió a la Corte Suprema de Justicia de la República, a fin de solicitar el archivamiento del proceso laboral mediante el desistimiento de la pretensión convencional.

Arguye que recibió el pago de sus honorarios de forma directa por parte de la empresa SECURITAS SAC a través de la figura denominada pago por terceros, para lo cual se le giró un cheque bancario que contenía la suma de dinero que correspondió al porcentaje contractual señalado en la carta notarial que anteriormente había cursado a la empresa.

Añade que la empresa le informó a su excliente, don Ángel David Santamaría Flores, sobre el pago de los honorarios que recibió; además, la empresa no le requirió devolución del dinero que le pagó por sus servicios profesionales. Sin embargo, el agraviado lo denunció por el delito de apropiación ilícita, el cual, luego de un largo proceso penal que incluyó la realización de un juicio oral y las respectivas apelaciones, concluyó con la absolución en su favor mediante las cuestionadas sentencias, puesto que lo denunciado no constituía delito. Empero, se le conminó para que devolviera la suma de dinero cobrada como honorarios, bajo apercibimiento de ser denunciado penalmente por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, por lo que el referido extremo de las sentencias condenatorias amenaza su derecho a la libertad personal.

El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo, mediante Resolución 1, de fecha 12 de febrero de 2025⁸, admitió a trámite la demanda.

El procurador público adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial solicita que la demanda sea declarada improcedente⁹. Al respecto, sostiene que se cuestionan resoluciones y actuaciones judiciales que no vulneran el derecho a la libertad personal del recurrente, porque no limitan o restringen el mencionado derecho, puesto que fue absuelto por el delito de apropiación ilícita y solo se le requirió la devolución de una suma de dinero por concepto de una locación de servicios. Además, no le corresponde a la judicatura constitucional suspender las diligencias programadas en los procesos ordinarios ni declararlas nulas por el hecho de haber sido cuestionadas por las partes, sino que para que ingrese a controlarlas constitucionalmente, se requiere verificar la vulneración de los derechos constitucionales tutelados por el habeas corpus.

El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo, mediante Resolución 3, de fecha 20 de febrero de 2025¹⁰, declaró improcedente la demanda, al considerar que debido a que en la parte resolutiva de las sentencias penales cuestionadas se haya consignado el apercibimiento de que el actor sería denunciado por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad en caso de incumplir la devolución de la suma de S/. 25,000.00 al agraviado (proceso penal), correspondiente al exceso cobrado por concepto de honorarios profesionales, no se relaciona de forma directa con el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad personal ni de sus derechos conexos. Además, el referido mandato no se encuentra dentro de los presupuestos establecidos por el Nuevo Código Procesal Constitucional para la interposición de la demanda, puesto que no se puede acudir ante la judicatura constitucional para solucionar un conflicto de naturaleza eminentemente jurisdiccional.

La Tercera Sala Penal Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad confirmó la apelada por similares fundamentos.

FUNDAMENTOS

Petitorio

1. El objeto de la demanda es que se declaren nulas (i) la sentencia, Resolución 11, de fecha 9 de enero de 2024, en el extremo que le ordenó a don Luis Manuel Raymundo Ibáñez la devolución de la suma de S/. 25,000.00 al agraviado (proceso penal) correspondiente al exceso cobrado por concepto de honorarios profesionales bajo apercibimiento de ser denunciado penalmente por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, en el proceso en el que fue absuelto por el delito de apropiación ilícita: (ii) la sentencia de vista, Resolución 24, de fecha 29 de agosto de 2024, que confirmó el mencionado extremo, la cual fue corregida mediante la Resolución 31, de fecha 17 de marzo de 2025, en el extremo de la disposición del plazo no mayor de sesenta días de consentida o ejecutoriada dicha sentencia para el cumplimiento de la citada obligación de devolución de dinero; y (iii) la Resolución 26, de fecha 14 de octubre de 2024, que ordenó: “cúmplase lo ejecutoriado, anulese los antecedentes generados y remítase al juzgado de ejecución respecto al extremo de la reparación civil impuesta”¹¹.

2. Se denuncia la amenaza de vulneración de los derechos a la libertad y seguridad personales, porque no hay prisión por deudas, y la vulneración de los derechos a la tutela procesal efectiva y a la debida motivación de resoluciones judiciales.

Análisis del caso concreto

3. La Constitución establece en el artículo 200, inciso 1, que a través del habeas corpus se protege tanto la libertad personal como los derechos conexos a ella. No obstante, debe tenerse presente que no cualquier reclamo que alegue a priori la afectación del derecho a la libertad personal o de los derechos conexos puede reputarse efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si los actos denunciados afectan el contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados.

4. El Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha sostenido que cuando se invoque la amenaza de violación de un derecho constitucional, esta debe ser cierta y de inminente realización. En ese sentido, ha señalado que para determinar si la amenaza de un derecho es inminente hay que establecer, en primer lugar, la diferencia entre actos futuros remotos y actos futuros inminentes. Los primeros son aquellos actos inciertos que pueden o no suceder, mientras que los segundos son los que están próximos a realizarse, es decir, que su comisión es casi segura y en un tiempo breve (sentencia emitida en el Expediente 02484- 2006-PHC/TC)¹².

5. Dicha exigencia no se cumple en el presente caso, por cuanto, si bien consta de autos que mediante la Disposición Fiscal 1, Inicio de Investigación Preliminar -Ley 32130, Disposición 01-2025-2 FPPC, de fecha 18 de agosto de 2025, emitida por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, Sexto Equipo de Investigación¹³, se ordenó el inicio de las diligencias preliminares en sede policial contra el actor por el plazo de treinta días como presunto autor del delito de resistencia y desobediencia a la autoridad, por lo que se recabará su declaración y la declaración del citado agraviado, entre otras diligencias, los citados apercibimientos, la Resolución 26, de fecha 14 de octubre de 2024, la disposición fiscal y las otras actuaciones fiscales que se realicen para el esclarecimiento de los hechos denunciados no determinan restricción o amenaza cierta e inminente alguna al derecho a la libertad personal del actor.

6. En todo caso, de restringirse de forma efectiva su derecho a la libertad personal a través de alguna resolución o actuación fiscal o judicial en mérito del aludido apercibimiento, tiene expedito su derecho de cuestionarlos vía una nueva demanda de habeas corpus.

7. En consecuencia, la demanda debe ser declarada improcedente de conformidad con el artículo 7, inciso 1, del Nuevo Código Procesal Constitucional.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

OCHOA CARDICH

GUTIÉRREZ TICSE

PACHECO ZERGA

PONENTE GUTIÉRREZ TICSE