SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 29 días del mes de mayo de 2026, la Sala Primera del
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Hernández Chávez,
Morales Saravia y Monteagudo Valdez, emite la presente sentencia. Los
magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad
con lo votado.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Eva Ruiz
Yamo contra la resolución que obra a folio 87 de fecha 18 de marzo de
2025, expedida por la Sala de Emergencia de la Corte Superior de
Justicia de Sullana, que declaró improcedente la demanda de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 13 de julio de 2024, la recurrente interpuso demanda de
cumplimiento posteriormente subsanada contra la Dirección Sub
Regional de Salud Luciano Castillo Collona y la procuradora pública del
Gobierno Regional de Piura, con el fin de que se dé cumplimiento de la
Resolución Directoral 798-2023-GOB.REG.PIURA-DSRSLCCOEGDRH, de fecha 25
de mayo de 2023, y la Resolución Directoral
1300-2023-GOB.REG.PIURA-DRSP-DSRSLCCERH, de fecha 29 de agosto de 2023;
en consecuencia, se cumpla con cancelarle el monto total de S/ 10
000.00, por concepto de la canasta de julio y diciembre del año 2022 y
2023, más intereses y costos del proceso.
El Segundo Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Sullana,
mediante Resolución 1, de fecha 19 de julio de 2024, admitió a trámite
la demanda.
La Dirección Sub Regional de Salud Luciano Castillo Colonna,
debidamente representado por su director general, contestó la demanda y
solicitó que se declare infundada. Señaló que, si bien las resoluciones
directorales mencionadas establecen el reconocimiento y liquidación del
derecho en favor del actor, el pago está supeditado a la disponibilidad
presupuestal existente, razón por la que no se ha dado cumplimiento a
dicho acto administrativo.
La Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Piura contestó la
demanda y solicitó que se declare improcedente y/o infundada. Alegó que
las resoluciones materia de cumplimiento son resoluciones
manifiestamente ilegales, puesto que reconoce beneficios de canasta que
no tienen sustento legal, al provenir de la negociación colectiva.
Agregó que, para establecer bonificaciones mediante esta vía, es
requisito indispensable contar con un informe de viabilidad
presupuestaria que deben otorgar los entes rectores en la materia para
concretar un pacto colectivo, lo que no ha ocurrido en la presente
causa.
El a quo, mediante Resolución 4, de fecha 22 de octubre de
2024, declaró improcedente la demanda debido a que los hechos expuestos
corresponden ser ventilados en la vía del proceso
contencioso-administrativo, al ser la vía igualmente satisfactoria donde
corresponde que se analice la legalidad y validez de los actos
administrativos contenidos en las resoluciones administrativas objetos
de cumplimiento en el presente proceso.
La Sala Superior revisora confirmó la apelada por considerar que las
aludidas resoluciones directorales, cuyo cumplimiento pretende el
accionante en el presente proceso, contradice los supuestos de
procedencia establecidos en la Sentencia 00168-2005-PC/TC, por cuanto no
contiene un mandato incuestionable.
FUNDAMENTOS
Delimitación del petitorio
El objeto de la demanda es que se ordene a la entidad emplazada
cumplir con la Resolución Directoral
798-2023-GOB.REG.PIURA-DSRSLCCOEGDRH de fecha 25 de mayo de 2023 y la
Resolución Directoral 1300-2023-GOB.REG.PIURA.DRSP.DSRSLCCOEDRH, de
fecha 29 de agosto de 2023; que reconoce y liquida la deuda por concepto
de canasta correspondiente a los meses de julio y diciembre del año 2022
y 2023, en consecuencia, se cumpla con cancelar el monto total de S/ 10
000.00, más intereses y costos del proceso.
Requisito especial de la demanda
Con documento de fecha 4 de junio de 2024, se
acredita que la demandante cumplió el requisito especial de procedencia
previsto en el artículo 69 del Nuevo Código Procesal
Constitucional.
Análisis del caso concreto
El artículo 200, inciso 6 de la Constitución Política establece
que la acción de cumplimiento procede contra cualquier autoridad o
funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo.
Por su parte, el artículo 65, inciso 1 del Nuevo Código Procesal
Constitucional señala que el proceso de cumplimiento tiene por objeto
que el funcionario o autoridad renuente dé cumplimiento a una norma
legal o ejecute un acto administrativo firme.
Asimismo, el artículo 66 del Nuevo Código Procesal Constitucional
establece las reglas que deberá seguir el juez en los casos en que el
mandato se encuentre contenido en una norma legal o en un acto
administrativo.
En la sentencia emitida en el Expediente 04745-2022-PC/TC, este
Tribunal ha emitido precedente con el que esclarece la aplicación
conjunta de las reglas contenidas en el artículo 66 del Nuevo Código
Procesal Constitucional y en el precedente Maximiliano Villanueva
Valverde bajo los siguientes términos:
En primer lugar, debe tenerse en cuenta que en todo proceso de
cumplimiento se debe contar con un mandato vigente.
Como segunda regla sustancial establecida en el precedente
vinculante aludido en la Sentencia 00168-2005-PC/TC, se precisa que el
mandato debe ser cierto y claro. En caso de presentarse una disyuntiva
en aplicación de dicha regla, conforme al inciso 1 del artículo 66 del
NCPCo, el juez procederá de la siguiente forma:
Para realizar la interpretación de una norma legal, el juez
utiliza los métodos clásicos de interpretación jurídica; su resultado
deberá respetar lo que establecen las leyes de la materia y la propia
Constitución Política.
En aquellos casos en que la labor interpretativa sea respecto de
un acto administrativo firme, el juez constitucional deberá respetar los
principios generales del derecho administrativo, la jurisprudencia de
los órganos administrativos correspondientes, así como la del Tribunal
Constitucional.
En la aplicación de la regla sustancial de que el mandato esté
sujeto a controversia compleja o a interpretaciones dispares, conforme
al inciso 2 del artículo 66 del NCPCo, el juez constitucional, previo
esclarecimiento de la controversia, podrá entrar a resolver el fondo del
asunto, para lo cual, deberá observar las siguientes reglas:
Se aplicará una mínima actividad interpretativa para superar la
controversia, atendiendo a los métodos clásicos de interpretación
jurídica, y aplicando los criterios de especialidad, cronológico y
jerárquico.
Por otro lado, de ser necesario, el juez aplica una mínima
actividad probatoria que, sin comprometer la finalidad urgente y
perentoria del proceso de cumplimiento, permita confirmar la veracidad
del mandato. d) Otra regla sustancial exige que el mandato sea
obligatorio e incuestionable, para lo cual, conforme al inciso 3 del
artículo 66 del NCPCo, el juez constitucional podrá conocer el fondo del
asunto y esclarecer dicho aspecto.
Cuando el mandato, pese a cumplir con las reglas sustanciales
indicadas en el precedente vinculante Maximiliano Villanueva Valverde y
haber superado alguno de los supuestos establecidos en el NCPCo, sea
contrario a la ley o a la Constitución Política, el juez constitucional
debe así declararlo y, en consecuencia, desestimar la demanda, conforme
a lo indicado en el inciso 4 del artículo 66 del NCPCo.
En el presente caso, la accionante exige el cumplimiento de la
Resolución Directoral 798-2023-GOB-GOB.REG.PIURA-DSRSLCCOEGDRH, de fecha
25 de mayo de 2023, que señala lo siguiente:
Artículo Primero.- Dejar sin efecto en todos
sus extremos la Resolución Directoral N.°
745-2023-GOB.REG.PIURA-DRSP-DSRSLCC-OEGDRGH de fecha 17 de mayo del
2023, en la cual se reconoce la deuda de canasta de julio y diciembre
del 2033, por el monto de S/. 2,500 (dos mil quinientos y 00/100) del
mes de julio 2022y S/. 2,500.00 (dos mil quinientos 00/100 soles) del
mes de diciembre de 2022.
Artículo Segundo.- Reconocer la deuda de
canasta de julio y diciembre del 2022, por el monto de S/. 2,500.00 (dos
quinientos y 00/100 soles) del mes julio 2022 y S/. 2,500.00 (dos
quinientos y 00/100 soles) del mes de diciembre de 2022 respectivamente,
en virtud del convenio colectivo suscrito entre el Gobierno Regional
Piura y Trabajadores Administrativos representados por el Sindicato de
Trabajadores de administrativos de la Dirección Subregional de Salud
“Luciano Castillo Colonna” – Sullano de la Unidad Ejecutora 401 del
régimen laboral N.° 276 y Decreto Legislativo N.° 1057 según
detalle:
Por otro la Resolución Directoral N.°
1300-2023-GOB.REG.PIURA.-DRSP-DSRSLCC.DEGDRH de fecha 29 de agosto de
2023, en base a los mismos términos, reconoce la deuda de canasta de
julio y diciembre para el periodo 2023 del mes de julio y diciembre.
De la revisión de estas resoluciones, se advierte que ambas
consignan en su parte resolutiva (artículo segundo) que el
reconocimiento de la deuda por concepto de canasta de los meses de julio
y diciembre de los años 2022 y 2023 se efectúa en virtud de lo
establecido en convenios colectivos, los cuales fueron suscritos entre
el Gobierno Regional de Piura y los trabajadores administrativos
representados por el Sindicato de Trabajadores administrativos de la
Dirección Subregional de Salud Luciano Castillo Colonna – Sullana de la
Unidad Ejecutora 401 del Régimen Laboral 276 y Decreto Legislativo 1057.
Este hecho se corrobora con lo señalado por el propio abogado de la
actora en su recurso de apelación, donde reconoce que las
resoluciones administrativas cuya ejecución se pretende son producto de
un convenio colectivo.
En ese sentido, si bien la demanda busca, aparentemente, el
cumplimiento de actos administrativos, lo que en el fondo se persigue es
el cumplimiento de lo acordado mediante convenios colectivos, materia
que no se encuentra en consonancia con lo prescrito en el artículo 65
del Nuevo Código Procesal Constitucional, conforme al criterio ya
asumido por este Tribunal en diversos pronunciamientos.
En ese sentido, conforme a lo señalado supra,
corresponde declarar la improcedencia de la demanda.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad
que le confiere la Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
Declarar IMPROCEDENTE la demanda.
Publíquese y notifíquese.
SS.
HERNÁNDEZ CHÁVEZ
MORALES SARAVIA
MONTEAGUDO VALDEZ