SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 18 días del mes de agosto de 2026, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Hernández Chávez, Morales Saravia y Monteagudo Valdez, emite la presente sentencia. Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con lo votado.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Luis Ticona Alave contra la resolución de foja 1165, de fecha 13 de abril de 2023, expedida por la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de amparo de autos.

ANTECEDENTES

El recurrente, con fecha 10 de julio de 2017, interpuso una demanda de amparo¹ contra Pacífico Vida Compañía de Seguros y Reaseguros SA y solicitó que se le otorgue una pensión de invalidez por enfermedad profesional con arreglo a la Ley 26790 y el Decreto Supremo 003-98-SA, así como el pago de las pensiones devengadas, los intereses legales y los costos procesales correspondientes.

La emplazada contestó la demanda² y solicitó que se la declare improcedente o infundada, debido a que manifestó que el certificado médico presentado por el actor no es idóneo para acreditar la enfermedad alegada y, asimismo, que no ha cumplido con demostrar que las labores realizadas le hayan ocasionado la enfermedad de hipoacusia que manifiesta padecer.

El Segundo Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 21 de marzo de 2022³, declaró improcedente la demanda, por considerar que, al haberse rehusado el demandante a someterse a una nueva evaluación médica, no fue posible determinar que realmente padezca la enfermedad de hipoacusia.

La Sala Superior competente confirmó la apelada por similar argumento.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. El recurrente interpuso una demanda de amparo con el objeto de que se le otorgue una pensión de invalidez por enfermedad profesional, conforme a la Ley 26790 y su reglamento, que incluyen el pago de los devengados, los intereses legales y los costos procesales.

2. En reiterada jurisprudencia, este Tribunal ha señalado que forman parte del contenido constitucionalmente protegido por el derecho fundamental a la pensión, aquellas disposiciones legales que establecen los requisitos para su obtención. Por ello, corresponde analizar si el demandante cumple con los presupuestos legales que permitan determinar si tiene derecho a percibir la pensión que reclama; pues, de ser así, se verificaría la arbitrariedad en el accionar de la entidad demandada.

Análisis de la controversia

3. El régimen de protección de riesgos profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales) fue regulado inicialmente por el Decreto Ley 18846 y luego sustituido por la Ley 26790, publicada el 17 de mayo de 1997.

4. Posteriormente, mediante el Decreto Supremo 003-98-SA, vigente desde el 14 de abril de 1998, se aprobaron las Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, que establecieron las prestaciones asistenciales y pecuniarias que se otorgan al titular o los beneficiarios a consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional.

5. En los artículos 18.2.1 y 18.2.2 del Decreto Supremo 003-98-SA, que aprueba el reglamento de la Ley 26790, se señala que se pagará, como mínimo, una pensión vitalicia mensual equivalente al 50 % de la remuneración mensual al asegurado que, como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, quedara disminuido en su capacidad de trabajo de forma permanente en una proporción igual o superior al 50 %, pero inferior a los dos tercios (66.66 %); y se otorgará una pensión vitalicia mensual equivalente al 70 % de su remuneración mensual al asegurado que quedara disminuido en su capacidad para el trabajo de forma permanente en una proporción igual o superior a los dos tercios (66.66 %).

6. En la sentencia emitida en el Expediente 02513-2007-PA/TC, publicada el 5 de febrero de 2009, el Tribunal Constitucional precisó los criterios respecto de las situaciones relacionadas con la aplicación del Régimen de Protección de Riesgos Profesionales. En esta sentencia, ha quedado establecido que, en los procesos de amparo relacionados con el otorgamiento de una pensión vitalicia conforme al Decreto Ley 18846 o de una pensión de invalidez conforme a la Ley 26790, la enfermedad profesional únicamente podrá ser acreditada con un examen o dictamen médico emitido por una Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades del Ministerio de Salud, de EsSalud o de una EPS, conforme lo señala el artículo 26 del Decreto Ley 19990.

7. De otro lado, cabe mencionar que la Regla Sustancial 2 contenida en el fundamento 35 de la sentencia emitida, con carácter de precedente, en el Expediente 05134-2022-PA/TC, señala que el contenido de los informes médicos emitidos por las comisiones médicas calificadoras de incapacidad del Ministerio de Salud y de EsSalud pierde valor probatorio, entre otros supuestos, si se demuestra, en el caso concreto, que, respecto de estos informes, la historia clínica no está debidamente sustentada en exámenes auxiliares. Asimismo, en la Regla Sustancial 3 del citado fundamento, se establece que, en caso de que se configure uno de los supuestos señalados en la Regla Sustancial 2 o ante la contradicción de los dictámenes médicos, el juez solicitará que el demandante se someta a una nueva evaluación médica ante el Instituto Nacional de Rehabilitación, con el fin de corroborar la enfermedad diagnosticada y el grado de incapacidad.

8. En el presente caso, con la finalidad de acceder a la pensión de invalidez por enfermedad profesional, el accionante adjunta el Certificado Médico 139, de fecha 10 de mayo de 2017, expedido por la Comisión Médica Calificadora de la Incapacidad del Hospital IV “Augusto Hernández Mendoza” – EsSalud Ica⁴, en el que se indica que adolece de hipoacusia neurosensorial bilateral moderada a severa y trauma acústico crónico, con 61 % de menoscabo global.

9. En atención a las reglas sustanciales mencionadas en el fundamento 7 supra, mediante decreto del Tribunal Constitucional, de fecha 27 de septiembre de 2024⁵, esta sala del Tribunal resolvió oficiar al Instituto Nacional de Rehabilitación "Adriana Rebaza Flores" Amistad Perú – Japón, a efectos de que se practique una nueva evaluación médica al demandante, con el fin de determinar si padece de la enfermedad de hipoacusia, así como el grado de menoscabo que le genera, cuyo costo asumirá la emplazada.

10. Mediante Oficio 2023-2025-DG-INR, presentado a este Tribunal con fecha 18 de setiembre de 2025⁶, la directora general del INR adjunta el Dictamen de Grado de Invalidez “Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo” 7427, de fecha 9 de mayo de 2025, en el que consta que el Comité Calificador de Grado de Invalidez Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – Seguro Obligatorio por Accidentes de Tránsito dictamina que el accionante presenta invalidez por menoscabo auditivo equivalente a 0.4 %, y concluye que no presenta grado de invalidez por enfermedad profesional de hipoacusia.

11. Sobre el particular, conviene mencionar que en la sentencia emitida en el Expediente 05134-2022-PA/TC (Caso Osores Dávila), se estableció como Regla Sustancial 5 lo siguiente:

De confirmarse el diagnóstico, en caso se reconozca el derecho a la pensión, se otorgará desde la fecha de emisión del primer certificado médico presentado por el demandante. Si no se confirma la enfermedad o el grado de incapacidad, queda a criterio de la demandada emprender las acciones legales que considere pertinentes. En este último supuesto, el juez comunicará al Ministerio Público, al Colegio de Abogados que corresponda y al Colegio Médico del Perú, a fin de que adopten las medidas correspondientes.

12. En consecuencia, habida cuenta de que el dictamen del INR no confirma la enfermedad de hipoacusia ni el grado de menoscabo alegado por el actor, corresponde desestimar la demanda de amparo y aplicar lo dispuesto en la última parte de la Regla Sustancial 5 del precedente Osores Dávila. Por consiguiente, deberá comunicarse esta situación al Ministerio Público, al Colegio de Abogados de Ica y al Colegio Médico del Perú, con la finalidad de que adopten las medidas correspondientes. Debe precisarse en la comunicación los nombres del demandante, de su abogado y de los médicos que emitieron el certificado médico presentado por el actor y de los que practicaron la evaluación médica, con indicación de los números de colegiatura respectivos.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

1. Declarar INFUNDADA la demanda.

2. Ofíciese al Ministerio Público, al Colegio de Abogados de Ica y al Colegio Médico del Perú para que adopten las medidas correspondientes, conforme a lo señalado en el fundamento 12 supra.

Publíquese y notifíquese.

SS.

HERNÁNDEZ CHÁVEZ

MORALES SARAVIA

MONTEAGUDO VALDEZ

PONENTE MORALES SARAVIA