Sala Segunda. Sentencia 1672/2026
EXP. N.º 02565-2025-PA/TC
TACNA
PODER JUDICIAL

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 11 días del mes de septiembre de 2026, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Ochoa Cardich, Gutiérrez Ticse y Pacheco Zerga, ha emitido la presente sentencia. Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con lo votado.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por el procurador público adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial contra la resolución de fecha 16 de abril de 20251, expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, que, confirmando la apelada, declaró infundada la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Mediante escrito presentado el 15 de diciembre de 20222, el recurrente promovió el presente amparo contra los jueces del Juzgado de Paz Letrado Laboral de Tacna y del Tercer Juzgado de Trabajo Permanente de la Corte Superior de Justicia de Tacna, así como contra don Wílder Édgar Montero Zúñiga, en calidad de litisconsorte necesario pasivo. Pretende la nulidad de las siguientes resoluciones judiciales: (i) Resolución 3, de fecha 28 de junio de 20223, que declaró fundada la demanda incoada en su contra por don Wílder Édgar Montero Zúñiga y se le ordenó el pago de bono por función jurisdiccional por concepto de gratificaciones y compensación por tiempo de servicios, más intereses legales y costos del proceso; (ii) Resolución 10, de fecha 24 de noviembre de 20224, que confirmó la apelada. Denuncia la vulneración de su derecho fundamental al debido proceso, en su manifestación del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales.

En líneas generales, alega que las resoluciones materias de amparo han incurrido en motivación aparente al inobservar el criterio uniforme del Tribunal Constitucional sobre el carácter no remunerativo ni pensionable del bono por función jurisdiccional y las asignaciones excepcionales, así como sobre la constitucionalidad de las delimitaciones prescritas en la normativa que lo regularon.

Mediante Resolución 1, de fecha 21 de diciembre de 20225, corregida mediante Resolución 2, de fecha 9 de enero de 20236, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna admitió a trámite la demanda.

Mediante escrito de fecha 6 de febrero de 20237, don Wílder Édgar Montero Zúñiga, en su condición de litisconsorte necesario pasivo se apersonó al proceso.

Por Resolución del Procurador General del Estado D000144-2023-JUS/PGE-PG, de fecha 27 de febrero de 20238, se resolvió sustituir al procurador público del Poder Judicial por el procurador público del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la cual se tuvo presente mediante Resolución 5, de fecha 6 de marzo de 20239.

El procurador público del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo contestó la demanda10 y solicitó que sea desestimada. Alega que, si bien es cierto que el Tribunal Constitucional ha dejado establecido en diversas sentencias que el bono jurisdiccional no tiene carácter remunerativo ni pensionario, también lo es que no poseen la calidad de precedente vinculante que obligue a los demás organismos jurisdiccionales a asumir dicha posición.

Mediante Resolución 8, de fecha 13 de junio de 2023, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna declaró infundada la demanda, al señalar que las resoluciones cuestionadas explican las razones por las cuales se aparta de las sentencias expedidas por el Tribunal Constitucional, sustentando su decisión en la aplicación de la Ley 27735, la Resolución Administrativa 305-2011-P/PJ, el II Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral y la Casación Laboral 10277-2016-ICA.

A su turno, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de la Justicia de la República, mediante resolución de fecha 16 de abril de 202511, confirmó la apelada, por estimar que, si bien el Tribunal Constitucional ha dejado establecido que el bono jurisdiccional no tiene carácter remunerativo ni pensionario, los jueces ordinarios tienen la potestad de optimizar la tutela de los derechos fundamentales.

FUNDAMENTOS

§1. Petitorio y determinación del asunto controvertido

  1. El objeto del presente proceso es que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones judiciales: (i) Resolución 3, de fecha 28 de junio de 2022, que declaró fundada la demanda incoada en su contra por don Wílder Édgar Montero Zúñiga y se le ordenó el pago de bono por función jurisdiccional por concepto de gratificaciones y compensación por tiempo de servicios, más intereses legales y costos del proceso; (ii) Resolución 10, de fecha 24 de noviembre de 2022, que confirmó la apelada. Denuncia la vulneración de su derecho fundamental al debido proceso, en su manifestación del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales.

§2. Sobre el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales

  1. Este Tribunal ha establecido que la exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas garantiza que los jueces, cualquiera que sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el proceso mental que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley; pero también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables (Cfr. Expediente 1230-2002- HC/TC, fundamento 11 de la sentencia). De este modo, la motivación de las resoluciones judiciales se revela tanto como un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional cuanto como un derecho constitucional que asiste a todos los justiciables (Cfr. sentencia recaída en el Expediente 8125-2005-HC/TC, fundamento 10).

  2. La motivación debida de una resolución judicial, como ha sostenido este Tribunal en su jurisprudencia, supone la presencia de ciertos elementos mínimos en la presentación que el juez hace de las razones que permiten sustentar la decisión adoptada. En primer lugar, la coherencia interna, como un elemento que permite verificar si aquello que se decide se deriva de las premisas establecidas por el propio juez en su fundamentación. En segundo lugar, la justificación de las premisas externas, como un elemento que permite apreciar si las afirmaciones sobre hechos y sobre el derecho efectuadas por el juez se encuentran debidamente sustentadas en el material normativo y en las pruebas presentadas por el juez en su resolución. En tercer lugar, la suficiencia, como un elemento que permite apreciar si el juez ha brindado las razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados por el juez y necesarios para la solución del caso. En cuarto lugar, la congruencia, como un elemento que permite observar si las razones expuestas responden a los argumentos planteados por las partes. Finalmente, la cualificación especial, como un elemento que permite apreciar si las razones especiales que se requieren para la adopción de determinada decisión se encuentran expuestas en la resolución judicial en cuestión (Cfr. sentencia recaída en el Expediente 0728-2008-PHC, fundamento 7).

§3. Análisis del caso concreto

  1. Como se indicó previamente, el objeto del presente proceso es que se declare la nulidad de la Resolución 3, de fecha 28 de junio de 2022, que declaró fundada la demanda interpuesta en su contra por don Wílder Édgar Montero Zúñiga y ordenó el pago del bono por función jurisdiccional por concepto de gratificaciones y compensación por tiempo de servicios, más intereses legales y costos del proceso; así como de la Resolución 10, de fecha 24 de noviembre de 2022, que confirmó la apelada. Al respecto, se denuncia la vulneración de su derecho fundamental al debido proceso, en su manifestación del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales.

  2. Antes de realizar la revisión de la resolución cuestionada, resulta necesario delimitar el marco normativo aplicable al bono por función jurisdiccional, en tanto este fue incluido en la Ley 26553, Ley de presupuesto del sector público para 1996, de fecha 14 de diciembre de 1995, cuya Décima Primera Disposición Transitoria y Final rezaba lo siguiente:

Exceptúese al Poder Judicial de lo dispuesto en el Artículo 24 de la presente Ley, la percepción por tasas, aranceles y multas judiciales a que se contraen las Resoluciones Administrativas Nos. 002-92-CE/PJ y 015-95-CE/PJ, las establecidas en los Artículos 26 y 51 del Decreto Supremo No. 003-80-TR y toda otra multa creada por Ley que ingrese al Tesoro Público por concepto de actuación judicial. Tienen la misma condición los productos de remate de los denominados Cuerpos del Delito, el valor de los Depósitos Judiciales no retirados conforme a lo establecido en el Código Procesal Civil, el monto de las cauciones no sujetas a devolución, el arancel por legalización de Libros de Contabilidad y los demás que las leyes y otras normas le asignen. La distribución de los Ingresos arriba mencionados, se hará de la siguiente manera: Hasta 70% Como bonificaciones por función jurisdiccional, para Magistrados activos hasta el nivel de Vocal Superior, Auxiliares Jurisdiccionales activos y Personal Administrativo activo. No tiene carácter pensionable. No menos 20% Para gastos de funcionamiento (Bienes y servicios). No menos 10% Para gastos de infraestructura

  1. En este sentido, tanto la Resolución Administrativa del Titular del Pliego del Poder Judicial 193-1999 SE-TP-CME-PJ, de fecha 9 de mayo de 1999, la cual aprobó el primer Reglamento de la Bonificación por Función Jurisdiccional, como la Resolución Administrativa de la Presidencia del Poder Judicial 305-2011-P/PJ, de fecha 31 de agosto de 2011, vigente a la fecha, que aprobó el Nuevo Reglamento para el Otorgamiento de la Bonificación por Función Jurisdiccional para el personal del Poder Judicial, determinaron expresamente en sus artículos segundo y noveno, respectivamente, que la referida bonificación no tiene carácter remunerativo ni pensionable, por lo que no puede ser base de cálculo para ningún tipo de beneficio. En este contexto, debe indicarse que mediante Decreto de Urgencia 114-2001, de fecha 28 de setiembre de 2001, se aprobó el otorgamiento de los gastos operativos y se estableció implícitamente la equivalencia, dada su misma naturaleza, entre el bono por función fiscal y el bono por función jurisdiccional para los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público.

  2. Dicha disposición, establecida en la mencionada normativa, fue asumida en la sentencia recaída en el Expediente 03903-2007-PC/TC, así como en reiterada jurisprudencia emitida por este Tribunal, en tanto se determinó que el bono por función jurisdiccional no tiene carácter pensionable ni remunerativo, toda vez que

4. En la sentencia recaída en el Exp. 0022-2004-AI/TC (fundamentos 22 y 26) este colegiado señaló que el artículo 158 de la Constitución reconoce la equivalencia funcional entre los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público cuando establece que ambos grupos de magistrados tienen los mismos derechos y prerrogativas y están sujetos a las mismas obligaciones. Por ello es que en la sentencia del Exp. 1676-2004-AC/TC (fundamento 6), reconocimos que el Bono por Función Fiscal no tenía carácter pensionable y que los actos administrativos que lo incorporaban a la pensión carecían de la virtualidad suficiente para ser exigidos en la vía de cumplimiento.

5. Mediante Decreto de Urgencia N° 114-2001, del 28 de setiembre de 2001, se aprueba otorgar el Bono por Función Jurisdiccional y gastos operativos a los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público. De una lectura integral de la mencionada norma se concluye que tales rubros no tienen naturaleza remuneratoria ni son computables para efectos pensionarios. Consecuentemente, solo son otorgados a los magistrados activos.

  1. Por lo tanto, conforme a la normativa expuesta, este Tribunal Constitucional ha venido resolviendo la naturaleza del bono por función jurisdiccional teniendo en cuenta que no posee carácter remunerativo ni pensionable y que se financia a través de los recursos ordinarios del Poder Judicial (Expedientes 0410-2006-PC/TC, 6790-2006-PC/TC, 05771- 2006-PC/TC, 00847-2012-PC/TC, entre otros), tratamiento similar al que se dispensa al bono por función fiscal.

  2. Ahora bien, este Tribunal Constitucional recuerda que en la sentencia recaída en el Expediente 00047-2004-AI/TC ha sostenido que la jurisprudencia es la interpretación judicial del derecho efectuada por los más altos tribunales en relación con los asuntos que a ellos les corresponden en un determinado contexto histórico. Esa interpretación tiene la virtualidad de vincular al tribunal que los efectuó (efecto horizontal), a los jerárquicamente inferiores (efecto vertical) y a otras entidades (efecto interinstitucional), cuando se discutan casos fáctica y jurídicamente análogos, siempre que tal interpretación sea jurídicamente correcta. Consecuentemente, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia también es fuente de derecho para la solución de los casos concretos, obviamente dentro del marco de la Constitución y de la normativa vigente. Es pues inherente a la función jurisdiccional la creación de derecho a través de la jurisprudencia.

  3. Siendo ello así, desde que entró en vigencia el Código Procesal Constitucional y se le confirió formalmente al Tribunal Constitucional la competencia para dictar precedentes (potestad que se mantiene en el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional vigente) se ha precisado que el carácter vinculante de una sentencia constitucional no se circunscribe a estos últimos, ya que también comprende la jurisprudencia constitucional en general (artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional vigente). En efecto, como se precisó en el fundamento 42 de la sentencia emitida en el Expediente 03741-2004-PA/TC:

Las sentencias del Tribunal Constitucional, dado que constituyen la interpretación de la Constitución del máximo tribunal jurisdiccional del país, se estatuyen como fuente de derecho y vinculan a todos los poderes del Estado. Asimismo, conforme lo establecen el artículo VI del Código Procesal Constitucional y la Primera Disposición General de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, 28301, los jueces y tribunales interpretan y aplican las leyes y reglamentos conforme a las disposiciones de la Constitución y a la interpretación que de ellas realiza el Tribunal Constitucional a través de su jurisprudencia en todo tipo de procesos. La jurisprudencia constituye, por tanto, la doctrina que desarrolla el Tribunal en los distintos ámbitos del derecho, a consecuencia de su labor frente a cada caso que va resolviendo.

  1. Así, la manera en que este Tribunal Constitucional interpreta el derecho a través de su jurisprudencia —independientemente de que tales interpretaciones revistan carácter precedente o no— constituye fuente de derecho y de primerísimo orden, por cuanto al fijar de manera imperativa y definitiva los significados normativos de la Constitución, dicho producto interpretativo resulta obligatorio para todos los operadores jurídicos. En otras palabras, al interpretar el texto constitucional, esto es, al darle contenido a las disposiciones iusfundamentales, el Tribunal Constitucional crea derecho vinculante.

  2. Por lo demás, tampoco cabe argumentar en casos como el presente que sustentándose en el fundamento 16 de la sentencia emitida en el Expediente 4853-2004-PA/TC, el Poder Judicial pueda asumir una posición interpretativa favorable a los derechos y contraria a la par a la del Tribunal Constitucional, pues dicha línea de razonamiento se refiere específicamente a los supuestos en los que tanto el Tribunal Constitucional como el Poder Judicial tienen una posición claramente garantista que habilita optar por aquella fórmula que resulte más beneficiosa al justiciable, supuesto que sin embargo no es el que se presenta en el caso de autos.

  3. Por lo expuesto, la postura asumida por el Tribunal Constitucional respecto a que el bono de función jurisdiccional no ostenta carácter remunerativo ni pensionable conforme a lo expuesto en el fundamento 8 supra constituye un criterio reiterado y uniforme en la jurisprudencia del Tribunal que debe ser de observancia obligatoria para los órganos jurisdiccionales. En consecuencia, corresponde verificar si lo resuelto en las resoluciones cuestionadas guarda observancia de lo expuesto como criterio constitucional.

  4. Siendo ello así, de la revisión de la Resolución 3 —sentencia de primera instancia— se advierte que se declaró fundada la demanda interpuesta en su contra por don Wílder Édgar Montero Zúñiga y se le ordenó el pago de sus beneficios sociales por incidencia remunerativa del bono por función jurisdiccional. En efecto, de la lectura de la objetada resolución se aprecia que, tras efectuar un análisis normativo, el a quo explicó que dicho bono tiene naturaleza remunerativa por la forma y las condiciones en las que se produce el abono, constituyendo un beneficio de libre disposición condicionado estrictamente al correspondiente pago de la remuneración del actor —se paga tal y conforme se percibe la remuneración mensual y en la misma oportunidad—. Asimismo, precisó que, si bien el Tribunal Constitucional ha señalado en su jurisprudencia que el bono jurisdiccional no tiene carácter remunerativo ni pensionario, dicho criterio no constituye precedente vinculante de observancia obligatoria, por lo que debe preferirse la interpretación que otorgue una mayor tutela a los derechos fundamentales.

  5. Por otro lado, en relación con la también cuestionada sentencia de vista, de su lectura se advierte que esta confirmó la resolución de primera instancia, al señalar que el II Pleno Jurisdiccional en Materia Laboral acordó por unanimidad que el bono jurisdiccional y el bono por función fiscal tienen naturaleza remunerativa, y precisó que, conforme a la sentencia recaída en el Expediente 192-2008, sobre acción popular, este pago debía realizarse aplicando de manera retroactiva la Resolución 305-2011-P/PJ, respecto a los nuevos cargos y escalas.

  6. Así pues, del examen externo de las resoluciones judiciales cuestionadas, este Alto Colegiado advierte que estas han incurrido en un vicio o déficit de motivación externa, al convalidar la inobservancia de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional sobre el carácter no pensionable ni remunerativo del bono por función jurisdiccional. En consecuencia, corresponde declarar la nulidad de las resoluciones impugnadas y ordenar al juez de primera instancia que emita una nueva resolución que guarde observancia del criterio jurisprudencial asumido por este Tribunal.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

  1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo.

  2. Declarar NULAS la sentencia de fecha 28 de junio de 2022, expedida por el Juzgado de Paz Letrado Laboral de Tacna, y la sentencia de vista de fecha 24 de noviembre de 2022, expedida por el Tercer Juzgado de Trabajo Permanente de la Corte Superior de Justicia de Tacna.

  3. ORDENAR la renovación del acto procesal nulificado conforme a los fundamentos de la presente sentencia.

Publíquese y notifíquese.

SS.

OCHOA CARDICH

GUTIÉRREZ TICSE

PACHECO ZERGA

PONENTE OCHOA CARDICH

  1. Fojas 122 del cuaderno de apelación.↩︎

  2. Fojas 193.↩︎

  3. Fojas 5.↩︎

  4. Fojas 19.↩︎

  5. Fojas 222.↩︎

  6. Fojas 226.↩︎

  7. Fojas 245.↩︎

  8. Fojas 249.↩︎

  9. Fojas 258.↩︎

  10. Fojas 290.↩︎

  11. Fojas 122 del cuadernillo de apelación.↩︎