SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 11 días del mes de septiembre de 2026, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Ochoa Cardich, Gutiérrez Ticse y Pacheco Zerga, ha emitido la presente sentencia. Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con lo votado.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pedro Diego Saavedra Romo, abogado de don Jhon Moisés Huamán Ávalos, contra la resolución de 25 de abril de 2025¹, expedida por la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de habeas corpus de autos.

ANTECEDENTES

Demanda

El 8 de enero de 2025, don Pedro Diego Saavedra Romo abogado de don Jhon Moisés Huamán Ávalos interpuso demanda de habeas corpus², contra doña Margarita Salcedo Guevara, jueza del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada y contra los jueces superiores señores Condori Fernández, Carcausto Calla y Javiel Valverde integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional Penal Especializada. Denunció la vulneración de los derechos a la libertad personal, a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso, en sus manifestaciones a la debida motivación de resoluciones judiciales y a la obtención de una resolución fundada en derecho; así como del principio de imputación necesaria.

Solicitó que se declaren nulas: (i) la Resolución 4, de 26 de agosto de 2024³, en el extremo que declaró fundado en parte el requerimiento de prisión preventiva contra el favorecido por el plazo de treinta meses en el proceso que se le sigue por el delito de organización criminal; y, (ii) la Resolución 13, de 20 de noviembre de 2024⁴, que confirmó la precitada Resolución 5⁵. En consecuencia, se ordene su inmediata libertad; y ante un eventual requerimiento de prisión preventiva, este sea evaluado por jueces distintos y que se deje a salvo su derecho de solicitar ante la autoridad competente la represión de actos lesivos homogéneos.

Sostuvo que, el representante del Ministerio Público en su requerimiento de prisión preventiva postuló tres hechos que son materia de investigación tales como: (1) en agravio de doña Paola Pérez Melgar por presuntamente haber realizado el pago de cupos extorsivos a favor de la organización criminal; (2) la violencia/amenaza contra don Hernán Pineda Torres para el pago de cupos extorsivos en favor de la organización criminal; y, (3) el homicidio de don Junior Rodrigo Maceto Sandoval.

Afirmó que, en el citado requerimiento de prisión preventiva, y en la Resolución 4, de 26 de agosto de 2024, se consideraron respecto a cada uno de los tres hechos que los presuntos participantes que intervinieron en cada hecho, para lo cual se mencionaron disímiles nombres y alias. Sin embargo, en el caso del favorecido, se verifica que no participó en alguno de los tres hechos presentados. No obstante, se determinó los elementos de la organización criminal en sentido genérico, pero respecto al favorecido no se precisó sobre la supuesta función que tuvo.

Aseveró que, no obstante, el juzgado demandado declaró fundado en parte el citado requerimiento.

Añadió que, en la Resolución 4, se incumplió el primer presupuesto de la prisión preventiva como fue el de la falta de tipicidad. Además, la citada resolución resultó ser inmotivada puesto que se fundamentó en términos genéricos, como se advierte de los argumentos y/o motivación que se desarrollaron para el dictado de la cuestionada medida restrictiva, pese a que no lo ameritaba la imputación presentada por la fiscalía.

Arguyó que, a pesar de que el favorecido contaba con los arraigos domiciliario, familiar y laboral, el juzgado consideró que había peligro de obstaculización a la justicia. En tal sentido, se consideró el hecho de que, al ser un efectivo policial, su comportamiento ocasionaría la obstaculización a la actividad probatoria; es decir, que podría influir en los coimputados o en los testigos. No obstante, ello constituye un criterio discriminador sin justificación objetiva alguna, puesto que, si se le imputa a un efectivo policial pertenecer a una organización criminal, existiría la posibilidad de que obstaculice la justicia, con lo cual se caería en una inseguridad absoluta. Por ello, esta premisa errada devendría en una conclusión errada.

Adujo que, cuando las premisas de las que parte el juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica, los elementos de convicción presentados no se corroboran más allá de un oficio de parte por la policía. Asimismo, en unos audios se mencionan al favorecido, pero no lo vinculan, y que se omitió corroborar el testimonio según las reglas de valoración del Acuerdo Plenario 2-2005/CJ-116.

Refirió que el Ministerio Público no contaba con los elementos de convicción que alcancen el estándar requerido para el dictado de la prisión preventiva.

Indicó que, si bien es cierto el Acuerdo Plenario 7-2023 se centra en el sobreseimiento propiamente, también desarrolla aspectos sobre los elementos de convicción. Además, la suficiencia probatoria debió estar acreditada por el fiscal. Por ello, según dicho acuerdo plenario los elementos de convicción deben ser cuantitativos y cualitativos para la investigación; es decir, no basta con tener un número elevado de elementos de convicción, pues de lo contrario estaríamos frente a un sistema de valoración tasado proscrito por el ordenamiento jurídico. En ese sentido, los elementos de convicción no se valoran solo en cuanto a cantidad, sino también a la calidad; vale decir, que tienen que tener trascendencia para la investigación y para la pretensión.

Alegó que, en el fundamento veintidós del citado acuerdo plenario se menciona que "Los estándares de prueba responden a la pregunta de cuándo se ha alcanzado la prueba de un hecho". Solo a través del estándar alcanzado se podrá justificar la medida impuesta. En ese razonamiento los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público respecto al favorecido tuvieron que ser corroborados con los demás elementos. También se debió de alcanzar el estándar de sospecha fuerte o grave -como lo exige el Acuerdo Plenario 1-2019/CJ-116. En esos términos adujo que el Ministerio Público no alcanzó el estándar requerido para la prisión preventiva. Sin embargo, el juzgado sin una motivación adecuada estimó dicho requerimiento, pese a carecer del primer presupuesto para la prisión preventiva. Además, no hubo alguna actuación para que los elementos de convicción alcancen el referido estándar.

Afirmó que el juzgado analizó como medios de convicción la declaración del testigo con código de reserva TIR.E3.28-2021-12, de 8 de abril de 2022; el Parte 34-06-2023-DIRNIC-PNP/DIVIACDEPONESP3, de 3 de marzo de 2022; el Acta de Apertura Deslacrado, Visualización y Descripción de Especies Incautados al investigado e Incorporación, de 11 de agosto de 2024; el Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones, de 17 de marzo de 2023, Registro de Comunicación 14 de 19 de marzo de 2022, hora: 20:37:54; el Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones, de 17 de marzo de 2023; el Registro de la Comunicación de 20 de marzo de 2022, hora 02:02:03, y el Acta de Recolección y Control de las Comunicaciones, de 17 de marzo de 2023, el Registro de la Comunicación 46, de 30 de marzo 2022, hora 17:33:09.

Adujo que, en relación a los elementos de convicción presentados, se puede decir que, con la declaración de un testigo, no alcanza el grado de sospecha de fuerte o grave, y que más bien correspondería a una sospecha simple.

Arguyó que, la Sala demandada confirmó el auto de prisión preventiva, para lo cual consideró: "a la fecha no se ha realizado ninguna pericia fonética, para verificar la certeza y veracidad de los audios; debernos señalar que esta circunstancia no enerva en modo alguno los fundados y graves elementos de convicción”. Precisó que, este es un criterio errado, puesto que, para alcanzarse el estándar de sospecha fuerte o grave, no bastan los audios; es decir, para que trasciendan o aumenten el nivel de sospecha tienen que ser corroborados. De lo contrario, se estaría frente a un elemento de convicción que no ha sido confrontado o verificado su veracidad.

Indicó que no hay conducta típica de la actuación del favorecido, pues no presenta los elementos de la tipicidad (objetiva y subjetiva), porque no se desarrolló en algún acápite o numeral los verbos rectores, siendo la tipicidad un elemento trascendente para comenzar a verificar el cumplimiento de los presupuestos de prisión preventiva regulados del nuevo Código Procesal Penal. Al respecto, se ha pronunciado la Casación 435-2024/ICA. Por ello, no se ha desarrollado la tipicidad en la Resolución 4, puesto que se le imputó al favorecido que cometió el delito de organización criminal, pero en ninguno de los hechos postulados por la fiscalía se encuentra comprometido el favorecido, ya sea como partícipe o como colaborador.

Agregó que tampoco se advierte de la citada resolución el elemento temporal ni teleológico, aunque si el funcional “a medias” (sic). Por el contrario, el Ministerio Público logró determinar las acciones, y el grado de participación de los demás procesados. Sin embargo, no se obtuvo el mismo resultado con el favorecido, pese a que se pretendió vincularlo con el hecho delictivo.

Mencionó que, como elemento estructural de la supuesta organización criminal “Los Chukys de Manchay", se determinó que el favorecido perteneció a una estructura criminal, con rol de integrante, con la función de proveer armas de fuego en favor de la organización criminal para sus actividades ilícitas y de ser su conductor conforme a los medios probatorios antes citados. Por ello, se consideró dicho elemento estructural para imponerle la cuestionada medida. No obstante, en base a un argumento inconsistente no debió imponérsele una medida tan gravosa en contravención con los principios de proporcionalidad y de razonabilidad.

Señaló que en relación a la referida imputación no se mencionó en algún extremo de qué forma, cuando, en qué mes y día cometió el delito imputado.

Aseveró que la Sala demandada consideró que el rol del favorecido de transportar a los integrantes de la organización criminal y distribuir las armas de fuego por el año 2022, era suficiente para que se le privara de su libertad.

De otro lado se consideró que fue el conductor de los integrantes de la organización criminal, en el mismo sentido que la anterior imputación; e incluso fue más genérica. En ese sentido, se entiende que en una investigación rige el principio de progresividad, que la imputación se detalla con mayor precisión según avance de la etapa procesal, ergo van cumpliéndose con el estándar de sospecha que se exige. No obstante, el estándar de sospecha de la prisión preventiva es de fuerte o grave; esto es, hay un estándar más elevado que lo que se exige en una formalización de la investigación; e, incluso mayor a la sospecha suficiente. Por lo tanto, la imputación en la prisión preventiva no sólo debe consistir en meras afirmaciones sin corroboraciones, para lo cual se exige imputación concreta. Asimismo, de ella deriva la tipicidad que es un aspecto que se analiza en una audiencia de prisión preventiva.

Auto admisorio

El Quinto Juzgado Constitucional de Lima mediante Resolución 1, de 8 de enero de 2025⁶, admitió a trámite la demanda.

Contestación de la demanda

El procurador público adjunto del Poder Judicial solicitó que la demanda sea declarada improcedente⁷. Sostuvo que del análisis de las resoluciones judiciales cuestionadas, no se aprecia la vulneración a los derechos invocados en la demanda, pues por el contrario, la resolución judicial que motivó la privación de la libertad personal del favorecido se emitió respetándose los derechos al debido proceso y a la tutela procesal efectiva, puesto que se le permitió ejercer el derecho a la pluralidad de instancias en la vía ordinaria, la cual fue desestimada por no haberse acreditado la vulneración a los agravios invocados en el recurso de apelación. Tan es así, que, de los fundamentos de la resolución de vista, que se confirmó la resolución de primera instancia en observancia a los agravios expuestos en el recurso de apelación en la vía ordinaria y en base a la existencia de graves y fundados elementos de convicción presentados por el Ministerio Público que lo vincularon con los delitos atribuidos en la investigación penal; es decir, que dictó la citada medida en consideración a la existencia de la sospecha fuerte o de los indicios reveladores de que habría cometido los delitos atribuidos en la investigación fiscal.

Agregó que, en relación a la gravedad de la pena se advirtió la concurrencia del segundo presupuesto de la prisión preventiva, puesto que se determinó que la pena a imponerse sería superior cinco años según el artículo 268 del nuevo Código Procesal Penal, puesto que se le atribuye la comisión del delito de organización criminal previsto artículo 317 del Código Penal.

Finalmente adujo que, con relación a la concurrencia del peligro procesal en el auto de vista, se aprecia que existe motivación cualificada respecto de la concurrencia del peligro procesal: peligro de fuga y obstaculización; esto es, si bien es cierto que se advirtió que el beneficiario tiene arraigos, estos no eran de calidad. Además, existe riesgo de sustracción de la justicia. Siendo esto así, existió motivación cualificada que determinó que existe peligro procesal-peligro de fuga en la conducta del favorecido, porque podría sustraerse de la justicia penal. Además, no sólo está siendo investigado por el delito de organización criminal, sino también por otros delitos, como el de estafa.

Sentencia de primera instancia

El Quinto Juzgado Constitucional de Lima mediante sentencia, Resolución 4, de 17 de marzo de 2025⁸, declaró improcedente la demanda al considerar que se pretende que la judicatura constitucional realice un reexamen de las cuestionadas resoluciones; empero, no es la instancia en la que pueda dictarse pronunciamiento tendiente a determinar si corresponde o no dictarse una prisión preventiva porque ello es labor exclusiva de la judicatura penal ordinaria, puesto que del análisis de la valoración y la suficiencia probatoria que sustentan la imposición de la prisión preventiva son asuntos que no corresponden resolverse en la vía constitucional, puesto que no puede ser considerada como una supra instancia. Además, para la emisión de las cuestionadas resoluciones se expusieron de forma suficiente los motivos por los cuales se dictó el mandato de prisión preventiva contra el favorecido, para lo cual se realizó un análisis de cada uno de los presupuestos que concurrieron para su dictado. En tal sentido, se ha pronunciado respecto a los elementos que lo vincularon con delito imputado, tales como la prognosis de pena, el peligro procesal tanto de fuga como de obstaculización; además del test de proporcionalidad.

Sentencia de segunda instancia

La Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la apelada por similares fundamentos.

Delimitación del petitorio

1. La demanda tiene por objeto que se declaren nulas: (i) la Resolución 4, de 26 de agosto de 2024, en el extremo que declaró fundado en parte el requerimiento de prisión preventiva contra don Jhon Moisés Huamán Ávalos por el plazo de treinta meses en el proceso que se le sigue por el delito de organización criminal; y, (ii) la Resolución 13, de 20 de noviembre de 2024, que confirmó la precitada Resolución 5⁹. En consecuencia, se ordene su inmediata libertad; y ante un eventual requerimiento de prisión preventiva, este sea evaluado por jueces distintos y que se deje a salvo su derecho de solicitar ante la autoridad competente la represión de actos lesivos homogéneos.

2. Se denunció la vulneración de los derechos a la libertad personal, a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso, en su manifestación a la debida motivación de resoluciones judiciales; así como del principio de imputación necesaria.

Análisis de la controversia

3. La Constitución establece en el artículo 200, inciso 1, que a través del habeas corpus se protege tanto la libertad personal como los derechos conexos a ella. No obstante, debe tenerse presente que no cualquier reclamo que alegue a priori la afectación del derecho a la libertad personal o derechos conexos puede reputarse efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si los actos denunciados afectan el contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados.

4. Este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado que el análisis de la valoración y la suficiencia probatoria que sustentan la imposición de la medida de prisión preventiva, así como la aplicación de un acuerdo plenario y de una casación son asuntos que no corresponde resolver en la vía constitucional.

5. En el presente caso, esta Sala del Tribunal aprecia que en un extremo de la demanda se cuestionan elementos que corresponden ser determinados por la judicatura ordinaria como la revaloración de los elementos de convicción y su suficiencia, los alegatos de falta de responsabilidad penal; así como la aplicación de un acuerdo plenario y de una casación al caso concreto. En efecto, se alega que en el requerimiento de prisión preventiva postuló tres hechos que son materia de investigación.

6. La parte demandante afirmó que, en el requerimiento de prisión preventiva, y en la Resolución 4, se consideraron respecto a cada uno de los tres hechos que los presuntos participantes que intervinieron en cada hecho, para lo cual se mencionaron disímiles nombres y alias. Sin embargo, en el caso del favorecido, se verificó que no participó en alguno de los tres hechos presentados. No obstante, se determinó los elementos de la organización criminal en sentido genérico, pero respecto al favorecido no se precisó sobre la supuesta función que tuvo. Aseveró que, pese a ello, se declaró fundado en parte el requerimiento. Añadió que, en la Resolución 4, se incumplió el primer presupuesto de la prisión preventiva como fue el de la falta de tipicidad. Además, resultó ser inmotivada puesto que se fundamentó en términos genéricos, como se advierte de los argumentos y/o motivación que se desarrollaron para el dictado de la cuestionada medida restrictiva, pese a que no lo ameritaba la imputación presentada por la fiscalía.

7. Adujo que, cuando las premisas de las que parte el juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica, los elementos de convicción presentados no se corroboran más allá de un oficio de parte por la policía. Asimismo, en unos audios se menciona al favorecido, pero no lo vinculan, y que se omitió corroborar el testimonio según las reglas de valoración del Acuerdo Plenario 2-2005/CJ-116. Refirió que, el Ministerio Público no contaba con los elementos de convicción que alcancen el estándar requerido para el dictado de la prisión preventiva. Indicó que, si bien el Acuerdo Plenario 7-2023 se centra en el sobreseimiento propiamente, también desarrolla aspectos sobre los elementos de convicción. Además, la suficiencia probatoria debió estar acreditada por el fiscal. Por ello, según el acuerdo plenario los elementos de convicción deben ser cuantitativos y cualitativos para la investigación; es decir, no basta con tener un número elevado de elementos de convicción, pues de lo contrario estaríamos frente a un sistema de valoración tasado proscrito por el ordenamiento jurídico. Por ello, los elementos de convicción no se valoran soló en cuanto a cantidad, sino también a la calidad; vale decir, que tienen que tener trascendencia para la investigación y para la pretensión.

8. Alegó que, en el acuerdo plenario se menciona que "Los estándares de prueba responden a la pregunta de cuándo se ha alcanzado la prueba de un hecho". Solo a través del estándar alcanzado se podrá justificar la medida impuesta. En ese razonamiento los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público respecto al favorecido tuvieron que ser corroborados con los demás elementos. También se debió de alcanzar el estándar de sospecha fuerte o grave -como lo exige el Acuerdo Plenario 1-2019/CJ-116. En esos términos adujo que el Ministerio Público no alcanzó el estándar requerido para la prisión preventiva. Sin embargo, el juzgado sin una motivación adecuada declaró estimó dicho requerimiento pese a carecer del primer presupuesto para la prisión preventiva. Además, no hubo alguna actuación para que los elementos de convicción alcancen el referido estándar.

9. Afirmó que, el juzgado analizó como medios de convicción la declaración del testigo con código de reserva y de las referidas actas. Adujo que, en relación a los elementos de convicción presentados, la declaración de un testigo, no se alcanza el grado de sospecha de fuerte o grave, y que más bien correspondería a una sospecha simple. Arguyó que, la Sala confirmó el auto de prisión preventiva, para lo cual consideró una circunstancia que no enerva en modo alguno los fundados y graves elementos de convicción. Precisó que, este es un criterio errado, puesto que, para alcanzarse el estándar de sospecha fuerte o grave, no basta los audios; es decir, para que trasciendan o aumenten el nivel de sospecha tienen que ser corroborados. De lo contrario, se estaría frente a un elemento de convicción que no ha sido confrontado o verificado su veracidad. Indicó que, no hay conducta típica de la actuación del favorecido, pues no presenta los elementos de la tipicidad (objetiva y subjetiva), dado que no se desarrolló en algún acápite o numeral los verbos rectores, siendo la tipicidad un elemento trascendente para comenzar a verificar el cumplimiento de los presupuestos de prisión preventiva regulados del nuevo Código Procesal Penal. Al respecto, se ha pronunciado la Casación 435-2024/ICA. Por ello, no se ha desarrollado la tipicidad en la Resolución 4, ya que se le imputó al favorecido la comisión del delito de organización criminal, pero en ninguno de los hechos postulados por la fiscalía se encuentra comprometido el favorecido, ya sea como participe o como colaborador. Tampoco se advierte de la resolución el elemento temporal ni teleológico, aunque si el funcional “a medias” (sic). Por el contrario, el Ministerio Público logró determinar las acciones, y el grado de participación de los demás procesados. Sin embargo, no se obtuvo el mismo resultado con el favorecido pese a que se pretendió vincularlo con el hecho delictivo.

10. Mencionó que, como elemento estructural de la supuesta organización criminal se determinó que el favorecido perteneció a una estructura criminal con el rol de integrante, con la función de proveer armas de fuego en favor de la organización criminal para sus actividades ilícitas y de ser su conductor conforme a dichos medios probatorios. Por ello, se consideró dicho elemento estructural para imponerle la cuestionada medida. No obstante, en base a un argumento inconsistente no debió imponérsele una medida tan gravosa en contravención con los principios de proporcionalidad y de razonabilidad; y, señaló que en relación a la referida imputación no se mencionó en algún extremo de qué forma, cuando, en qué mes y día cometió el delito imputado.

11. En consecuencia, respecto a lo señalado en los fundamentos 4 a 10 supra resulta de aplicación el artículo 7, inciso 1 del Nuevo Código Procesal Constitucional.

12. De otro lado, el artículo 139, inciso 3, de la Constitución establece los principios y derechos de la función jurisdiccional y la observancia del debido proceso y de la tutela jurisdiccional; en consecuencia, cuando el órgano jurisdiccional imparte justicia, está obligado a observar los principios, derechos y garantías que la norma fundamental establece como límites del ejercicio de las funciones asignadas.

13. En este sentido, la necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas es un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y, al mismo tiempo, un derecho fundamental de los justiciables. Mediante la debida motivación, por un lado, se garantiza que la impartición de justicia se lleve a cabo de conformidad con la Constitución y las leyes (artículo 138 de la Constitución) y, por otro, que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa.

14. Respecto de la motivación, este Tribunal ha declarado en su jurisprudencia lo siguiente:

La Constitución no garantiza una determinada extensión de la motivación, lo que su contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión. Tampoco garantiza que, de manera pormenorizada, todas las alegaciones que las partes puedan formular dentro del proceso sean objeto de un pronunciamiento expreso y detallado.¹⁰

15. Esto es así en tanto hay grados de motivación, pues la motivación ausente resulta inconstitucional; sin embargo, la fundamentación jurídica que presente una suficiente justificación que sustente lo resuelto no resulta inconstitucional, lo que debe ser apreciado en el caso en particular¹¹. En la misma línea, este Tribunal también ha dicho:

El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y que garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.¹²

16. El artículo 268 del nuevo Código Procesal Penal (Decreto Legislativo 957, modificado por el artículo 3 de la Ley 30076), aplicable al caso penal de autos, establece que para el dictado de la medida cautelar de la prisión preventiva es necesaria la concurrencia de tres presupuestos: a) que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe de este; b) que la sanción a imponer sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad; y c) que los antecedentes del imputado y otras circunstancias del caso particular permitan colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización).

17. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha dejado claro, en la sentencia recaída en el Expediente 01091-2002-HC/TC, que la judicatura constitucional no es competente para determinar la configuración de cada presupuesto legal que legitima la adopción de la detención judicial preventiva, lo cual es tarea que le concierne a la judicatura penal ordinaria Sin embargo, sí es su atribución verificar si estos presupuestos concurren de manera simultánea y que su imposición sea acorde a los fines y el carácter subsidiario y proporcional de dicha institución, lo que debe estar motivado en la resolución judicial que la decreta.

18. El artículo 270 del nuevo Código Procesal Penal prevé que:

Artículo 270 Peligro de obstaculización. - Para calificar el peligro de obstaculización se tendrá en cuenta el riesgo razonable de que el imputado:

1. Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba.

2. Influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente.

3. Inducirá a otros a realizar tales comportamientos

19. En la sentencia emitida en los Expedientes 04780-2017-PHC/TC y 00502-2018-PHC/TC (Acumulados)¹³ se consideró:

59. (…) Es decir, la Sala considera que en el escenario cautelar no se requiere consolidación probatoria para dar por cumplido el primer requisito del artículo 268 del Código Procesal Penal para el dictado de una prisión preventiva, pues, no es necesario que en dicho espacio se valoren pruebas de descargo. ¿Esta argumentación resulta constitucional? A consideración de este Tribunal, la argumentación esbozada por la Sala emplazada para no valorar las pruebas de descargo, resulta patentemente inconstitucional, pues ha terminado afirmando que en el espacio del debate judicial acerca de si corresponde o no el dictado de una prisión provisional —medida cautelar limitativa de la libertad personal—, solo deben tenerse en cuenta los elementos de juicio que se hayan aportado con miras a justificar dictarla, pero no aquellos que se aporten con la pretensión de justificar su rechazo, lo cual a todas luces, resulta lesivo del derecho a probar, componente del debido proceso.

60. Es evidente que cuando se discute la pertinencia o no de la prisión preventiva ninguna prueba es analizada con fines de acreditación punitiva. De hecho, hacerlo, resultaría inconstitucional por violar la presunción de inocencia. Pero asunto muy distinto es considerar que las pruebas de descargo no merecen valoración en esta etapa. También en el espacio del debate sobre la justificación o no del dictado de una prisión preventiva, todos los elementos de juicio, tanto de cargo como de descargo, deben ser valorados en su justa dimensión, es decir, no con el objeto de formarse convicción acerca de la culpabilidad o de la inocencia, sino con la finalidad de determinar si existe verosimilitud o no en relación con la vinculación de los investigados con un hecho delictivo. Un razonamiento distinto es violatorio del derecho a probar, del derecho de contradicción, del derecho de defensa y de la presunción de inocencia.

20. En el caso de autos, se cuestiona la motivación de las resoluciones a través de las cuales el órgano judicial emplazado decretó la medida de prisión preventiva del favorecido, solo respecto al peligro procesal: peligro de obstaculización. Al respecto, se aprecia del punto denominado Peligro de obstaculización a la actividad probatoria: y PELIGRO DE OBSTACULIZACIÓN¹⁴ del punto denominado Respecto a Jhon Moisés Huamán Ávalos: del Considerando NOVENO TERCER PRESUPUESTO-PELIGRO PROCESAL, respecto al peligro de obstaculización que se le impondría al favorecido se consideró:

NOVENO TERCER PRESUPUESTO-PELIGRO PROCESAL

(…)

Peligro de obstaculización a la actividad probatoria:

(…)

Respecto a Jhon Moisés Huamán Ávalos:

El Ministerio Público sostuvo que el investigado Jhon Moisés- Huamán Ávalos habría desplegado un comportamiento de obstaculización a la actividad probatoria, concretamente, a partir de ser integrante de una organización criminal, quien en su condición de miembro de la PNP, como tal podría influir en sus coimputados, en los testigos; más aún si de las comunicaciones como es la N° 16 de fecha 27.02.2022, se advierte que al parecer habría advertido a los miembros de la organización de los posibles seguimientos en la investigación, que además se estaría encargando de efectuar pagos a los policías de la Comisaría a fin de proteger a los miembros de la Organización criminal, en la cual se habría coordinado para corromper a las autoridades, máxime si se le atribuye al procesado el cargo concreto de proveer armas y de brindar seguridad a la organización criminal, por lo que este despacho concluye de que está claro la participación del investigado en actos concreto de obstaculización a la actividad probatoria.

En conclusión, de una evaluación conjunta, esta judicatura sostiene que se habría configurado el peligro procesal de este investigado, dado que, si bien es cierto cuenta con arraigo familiar, domiciliaria, familiar y laboral, luego en su contra abonan otros indicadores también igual de relevantes como la tríada: la gravedad de la pena, magnitud del daño causado y pertenencia a una organización criminal.

Corresponde anotar que se está aceptando el peligro de obstaculización a la actividad probatoria en contra este investigado, atendiendo a la información brindada con los elementos de convicción que es claro. Consecuentemente, configura el peligro procesal de este investigado.

21. En el subnumeral 5.55¹⁵ del punto denominado Fundamentos de la Sala Superior del literal B) RESPECTO AL IMPUTADO JHON MOISÉS HUAMÁN ÁVALOS del considerando V. ANÁLISIS DE CADA CASO EN CONCRETO de la Resolución 13, de 20 de noviembre de 2024, que se consideró:

V. ANÁLISIS DE CADA CASO EN CONCRETO

(…)

B) RESPECTO AL IMPUTADO JHON MOISÉS HUAMÁN ÁVALOS

(…)

5.55. En efecto, para el peligro de obstaculización se debe evaluar los antecedentes del imputado y otras circunstancias del caso en específico, así como datos objetivos y sólidos, no conjeturas. En el caso en particular, esta vertiente del peligro procesal también se ha verificado, pues conforme se señala en la recurrida, el imputado habría desplegado un comportamiento de obstaculización a la investigación, concretamente, del acta de recolección y control de las comunicaciones de fecha 17 de marzo de 2023 registro de la comunicación n° 46, se observa que habría mantenido comunicación con otro integrante de la organización, Felomín Paniura en donde se le estaría informando que los policías estaban investigando a la presunta organización criminal; este dato objetivo nos permite colegir que el peligro de obstaculización es visible respecto al imputado recurrente; por tanto, el agravio postulado en este extremo también debe desestimarse.

22. Este Tribunal advierte de las citadas resoluciones que, respecto al peligro procesal: peligro de obstaculización se consideró que, en su condición de miembro de la PNP podría influir en sus coimputados y en los testigos, puesto que habría advertido a los miembros de la organización criminal de la cual formaría parte sobre los seguimientos y actos de investigación; y que se habría encargado de realizar unos pagos a policías de una Comisaría a fin de proteger a los miembros de dicha organización criminal con lo cual se obstaculizaría la actividad probatoria necesaria para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda respecto a los fundamentos 4 al 11 supra.

2. Declarar INFUNDADA la demanda en lo que se refiere a la vulneración del derecho a la debida motivación de resoluciones judiciales respecto del peligro procesal: peligro de obstaculización.

Publíquese y notifíquese.

SS.

OCHOA CARDICH

GUTIÉRREZ TICSE

PACHECO ZERGA

PONENTE PACHECO ZERGA