Sala Segunda. Sentencia 1730/2026
EXP. N.° 02644-2025-PA/TC
AREQUIPA
CCQ S.A.C.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 11 días del mes de septiembre de 2026, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Ochoa Cardich, Gutiérrez Ticse y Pacheco Zerga, ha emitido la presente sentencia. Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con lo votado.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por CCQ S.A.C. contra la resolución de fecha 19 de marzo de 20251, expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 24 de enero de 20232, la recurrente interpone demanda de amparo contra los jueces integrantes de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, a fin de que se declare la nulidad de la Resolución 24-1SC, de fecha 2 de diciembre de 20223, notificada el 6 de diciembre de 20224, que declaró improcedente su pedido de nulidad del acto de notificación de la sentencia de fecha 2 de septiembre de 2022, que declaró fundado el recurso de anulación de laudo arbitral5. Según su decir, se habrían vulnerado sus derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y de defensa.

En líneas generales, alega no haber tomado conocimiento oportuno de la resolución final emitida por la emplazada, motivo por el cual solicitó la nulidad de la notificación judicial de la Resolución 22 (Sentencia 58-2022), sin embargo, este fue rechazado, pese a que quedó demostrado que había variado su casilla electrónica ante la sala suprema y que había sido notificada a una casilla distinta.

El procurador público del Poder Judicial contestó la demanda solicitando se la declare improcedente o infundada6. Manifiesta que el juez constitucional no puede realizar el reexamen de las decisiones ya resueltas, por cuanto el amparo no constituye un mecanismo de articulación procesal de las partes que tenga por objeto continuar con la revisión de una decisión judicial. Advierte que existió negligencia de parte de la demandante al no haber puesto en conocimiento de la sala emplazada el cambio de casilla electrónica y casilla física.

La Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, con fecha 23 de marzo de 20237, declaró improcedente la demanda tras advertir que la demandante fue notificada en su casilla judicial física, la cual no fue variada. Agrega que el amparo no constituye una instancia adicional que prolongue la controversia.

A su turno, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, con fecha 19 de marzo de 2025, confirmó la apelada por similares fundamentos.

FUNDAMENTOS

§1. Petitorio

  1. La demandante solicita la nulidad de la Resolución 24-1SC, de fecha 2 de diciembre de 2022, que declaró improcedente su pedido de nulidad del acto de notificación de la sentencia de fecha 2 de septiembre de 2022, que declaró fundado el recurso de anulación de laudo arbitral interpuesto en su contra por Wankas Textiles Finos S.A.C. Según su decir, se habrían vulnerado sus derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y de defensa.

§2. Sobre el derecho a la tutela judicial efectiva y sus alcances

  1. Como lo ha precisado este Tribunal Constitucional en diversas sentencias, la tutela judicial efectiva es un derecho constitucional de naturaleza procesal en virtud del cual toda persona o sujeto justiciable puede acceder a los órganos jurisdiccionales, independientemente del tipo de pretensión formulada y de la eventual legitimidad que pueda, o no, acompañarle a su petitorio. En un sentido extensivo, la tutela judicial efectiva permite también que lo que ha sido decidido judicialmente mediante una sentencia, resulte eficazmente cumplido. En otras palabras, con la tutela judicial efectiva no solo se persigue asegurar la participación o acceso del justiciable a los diversos mecanismos (procesos) que habilita el ordenamiento dentro de los supuestos establecidos para cada tipo de pretensión, sino que se busca garantizar que, tras el resultado obtenido, pueda verse este último materializado con una mínima y sensata dosis de eficacia8.

§3. Sobre el derecho de defensa

  1. Por su parte, el derecho de defensa se encuentra reconocido en el inciso 14 del artículo 139 de la Constitución. Este, en su sentido más básico y general, garantiza que los justiciables, en la protección de sus derechos y obligaciones, cualquiera que sea su naturaleza (civil, penal, tributaria, mercantil, laboral, etc.), no queden en estado de indefensión.

  2. En relación con este derecho, el Tribunal Constitucional, ha tenido oportunidad de señalar lo siguiente9:

[…] el derecho a no quedar en estado de indefensión en el ámbito jurisdiccional es un derecho que se irradia transversalmente durante el desarrollo de todo el proceso judicial. Garantiza así que una persona que se encuentre comprendida en una investigación judicial donde estén en discusión derechos e intereses suyos, tenga la oportunidad dialéctica de alegar y justificar procesalmente el reconocimiento de tales derechos e intereses. Por tanto, se conculca cuando los titulares de derechos e intereses legítimos se ven impedidos de ejercer los medios legales suficientes para su defensa. Evidentemente no cualquier imposibilidad de ejercer esos medios produce un estado de indefensión reprochada por el contenido constitucionalmente protegido del derecho. Esta es constitucionalmente relevante cuando la indefensión se genera en una indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al individuo. Y se produce sólo en aquellos supuestos en que el justiciable se ve impedido, de modo injustificado, de argumentar a favor de sus derechos e intereses legítimos

 

§4. Análisis del caso concreto

  1. Mediante la cuestionada Resolución 24-1SC, de fecha 2 de diciembre de 202210, se declaró improcedente el pedido de nulidad del acto de notificación de la sentencia de fecha 2 de septiembre de 2022, estimando que dicha sentencia le había sido notificada a la demandante en su Casilla Electrónica 6770, la cual señaló en su escrito de apersonamiento; además, se advirtió que fue notificada en su Casilla Judicial Física 755 de la Central de Notificaciones del Poder Judicial; es decir, que la sentencia había sido notificada válidamente a la demandante en las direcciones que esta había señalado en autos.

  2. En cuanto a la alegación de la demandante de que había variado su casilla electrónica ante la sala suprema, se señaló que este hecho no había quedado registrado en el expediente, por lo que la sala superior no tenía conocimiento de dicha variación y que, en todo caso, debió poner en conocimiento de la sala superior tal variación; tanto más si lo actuado ante la Corte Suprema de Justicia de la República, a través de las salas supremas, únicamente se trataba de un cuadernillo de casación.

  3. De lo mencionado en los fundamentos precedentes, desde el punto de vista de los derechos a la tutela judicial efectiva y de defensa, no existe censura alguna que esta Sala del Tribunal Constitucional pueda realizar contra la cuestionada resolución, toda vez que no se evidencia que la demandante hubiese quedado en estado de indefensión, al ser notificada de la aludida sentencia no solo en su casilla electrónica, sino también en su casilla física, las cuales habían sido señaladas por esta en autos.

  4. Por otro lado, respecto de la afirmación de la demandante que la variación de su domicilio la realizó ante la Corte Suprema, cabe señalar que dicha variación quedó registrada para las actuaciones judiciales que se realizarán ante dicha corte (cuadernillo de casación), mas no para las realizadas en el expediente principal, lo cual se encuentra acreditado de la revisión del Sistema de Consulta de Expedientes Judiciales del Poder Judicial, en el que no se evidencia que la demandante hubiere presentado escrito alguno de variación de domicilio ante la Corte Superior.

  5. En consecuencia, al no haberse acreditado la vulneración de los derechos alegados, corresponde desestimar la presente demanda.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo.

Publíquese y notifíquese.

SS.

OCHOA CARDICH

GUTIÉRREZ TICSE

PACHECO ZERGA

PONENTE OCHOA CARDICH

  1. Fojas 59 del cuadernillo de apelación↩︎

  2. Fojas 63↩︎

  3. Fojas 58↩︎

  4. Fojas 57↩︎

  5. Expediente 00092-2017-0-0401-SP-CI-01↩︎

  6. Fojas 81↩︎

  7. Fojas 91↩︎

  8. Sentencia emitida en el Expediente 00763-2005-PA/TC, fundamento 6↩︎

  9. Sentencia emitida en el Expediente 00582-2006-PA/TC, fundamento 3.↩︎

  10. Fojas 58↩︎