SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 11 días del mes de septiembre de 2026, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Ochoa Cardich, Gutiérrez Ticse y Pacheco Zerga, ha emitido la presente sentencia. Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con lo votado.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional promovido por doña Eduviges Maria Moron Legua contra la sentencia de vista de fecha 23 de abril de 2025¹, expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de amparo.

ANTECEDENTES

Con fecha 12 de enero de 2024², doña Eduviges Maria Moron Legua promovió el presente amparo contra los jueces integrantes de la Sala Laboral Permanente de Ica de la Corte Superior de Justicia de Ica. Pretende la nulidad de la Resolución 9, de fecha 21 de diciembre de 2023³, mediante la cual se revocó la sentencia de primera instancia⁴ y, reformándola, se declaró fundada en parte la excepción de cosa juzgada; en consecuencia, se declaró la nulidad de todo lo actuado y la conclusión del proceso en el extremo referido a la ejecución del laudo arbitral de fecha 6 de junio de 2019, correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 9 de diciembre de 2021, seguido contra la Municipalidad Provincial de Ica sobre pago de beneficios convencionales⁵. Denuncia la vulneración de sus derechos fundamentales a la tutela jurisdiccional efectiva, al debido proceso, a obtener una resolución fundada en derecho y a la debida motivación de las resoluciones judiciales.

En términos generales, sostiene que la resolución judicial cuestionada aplicó indebidamente la excepción de cosa juzgada al extender a su caso los efectos de la sentencia recaída en el Expediente 1452-2021, promovido por el Sindicato de Obreros Municipales de Ica, pese a que dicho proceso no podía afectar su pretensión individual, por cuanto el sindicato carecía de legitimación para reclamar derechos económicos individuales en su representación y ella no le otorgó facultades para tal efecto. Refiere que, como consecuencia de ello, se restringieron indebidamente los efectos del laudo arbitral de 6 de junio de 2019, confirmado judicialmente, limitándose el reconocimiento de los beneficios convencionales correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 9 de diciembre de 2021. En ese contexto, sostiene que la Sala emplazada incurrió en una indebida aplicación de las normas procesales sobre cosa juzgada, legitimación y representación sindical, así como en una motivación incongruente con el objeto del proceso, lo que, a su juicio, ocasionó la vulneración de sus derechos fundamentales.

Con Resolución 1, de fecha 17 de enero de 2024⁶, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica admitió a trámite la demanda y dispuso el emplazamiento del procurador público del Poder Judicial.

El procurador público del Poder Judicial, con fecha 1 de febrero de 2024⁷, contestó la demanda solicitando que sea declarada improcedente y/o infundada. Señala que la resolución judicial cuestionada no vulnera los derechos invocados por la demandante, sino que expresa una decisión debidamente motivada, congruente y emitida en el ejercicio regular de la función jurisdiccional, sustentada en la existencia de cosa juzgada respecto de los beneficios convencionales derivados del laudo arbitral de 6 de junio de 2019 correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 9 de diciembre de 2021. Asimismo, afirma que los argumentos de la demanda están dirigidos a cuestionar el criterio adoptado por los jueces emplazados y a obtener un nuevo pronunciamiento sobre aspectos ya resueltos en la jurisdicción ordinaria, lo que resulta ajeno a la finalidad del proceso de amparo, al no evidenciarse una afectación manifiesta de derechos fundamentales susceptible de control en sede constitucional, siendo de aplicación la causal prevista en el artículo 7, inciso 1, del Nuevo Código Procesal Constitucional.

Con Resolución 3, de fecha 21 de marzo de 2024⁸, el juzgado de primera instancia declaró improcedente la demanda, por considerar que los cuestionamientos formulados por la demandante no evidenciaban una afectación al contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados, sino que estaban dirigidos a controvertir el criterio jurisdiccional adoptado en la sentencia de vista emitida en el proceso laboral, mediante la cual se declaró fundada en parte la excepción de cosa juzgada respecto de los beneficios convencionales derivados del laudo arbitral de 6 de junio de 2019 correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 9 de diciembre de 2021. En ese sentido, sostuvo que la resolución cuestionada se encontraba debidamente motivada, al exponer las razones jurídicas que sustentaban la decisión adoptada, por lo que no se advertía vulneración de los derechos invocados. Asimismo, precisó que el proceso de amparo no constituye una vía para reexaminar decisiones adoptadas en la jurisdicción ordinaria ni para obtener un nuevo pronunciamiento sobre controversias ya resueltas en un proceso regular, siendo de aplicación el artículo 7, inciso 1, del Nuevo Código Procesal Constitucional.

La Sala Suprema revisora, con sentencia de vista de fecha 23 de abril de 2025⁹, confirmó la apelada y declaró improcedente la demanda, por estimar que la resolución judicial cuestionada no vulneró los derechos invocados por la demandante, pues la declaración fundada en parte de la excepción de cosa juzgada se sustentó en un proceso previo cuya decisión le resultaba vinculante en su condición de afiliada al Sindicato de Obreros Municipales de Ica. Asimismo, señaló que, conforme al artículo 8 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, el sindicato estaba legitimado para representar a sus afiliados sin necesidad de poder especial, por lo que los efectos de la sentencia recaída en el Expediente 1452-2021 le eran oponibles y no podían ser revisados mediante un proceso de amparo. En consecuencia, concluyó que la decisión impugnada se encontraba debidamente motivada, resultando de aplicación el artículo 7 del Nuevo Código Procesal Constitucional.

FUNDAMENTOS

1. Delimitación del petitorio

1. Conforme aparece del petitorio de la demanda, el objeto del proceso constitucional es que se declare la nulidad de la Resolución 9, de fecha 21 de diciembre de 2023¹⁰, mediante la cual se revocó la sentencia de primera instancia¹¹ y, reformándola, se declaró fundada en parte la excepción de cosa juzgada; en consecuencia, se declaró la nulidad de todo lo actuado y la conclusión del proceso en el extremo referido a la ejecución del laudo arbitral de fecha 6 de junio de 2019, correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 9 de diciembre de 2021, seguido contra la Municipalidad Provincial de Ica sobre pago de beneficios convencionales¹². Denuncia la vulneración de sus derechos fundamentales a la tutela jurisdiccional efectiva, al debido proceso, a obtener una resolución fundada en derecho y a la debida motivación de las resoluciones judiciales.

2. Sobre el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva

2. La tutela jurisdiccional efectiva es un derecho constitucional de naturaleza procesal en virtud del cual toda persona o sujeto justiciable puede acceder a los órganos jurisdiccionales, independientemente del tipo de pretensión formulada y de la eventual legitimidad que pueda o no acompañarle a su petitorio. En un sentido extensivo, la tutela judicial efectiva permite también que lo que ha sido decidido judicialmente mediante una sentencia resulte eficazmente cumplido. En otras palabras, con la tutela judicial efectiva no solo se persigue asegurar la participación o el acceso del justiciable a los diversos mecanismos (procesos) que habilita el ordenamiento dentro de los supuestos establecidos para cada tipo de pretensión, sino que se busca garantizar que, tras el resultado obtenido, pueda verse este último materializado con una mínima y sensata dosis de eficacia¹³.

3. Sobre el derecho al debido proceso

3. El artículo 139, inciso 3, de la Constitución establece como derecho de todo justiciable y principio de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso. Tal derecho, a tenor de lo que establece nuestra jurisprudencia, ha sido considerado por este Tribunal como un derecho continente que abarca diversas garantías y reglas (las cuales, a su vez, son derechos parte de un gran derecho con una estructura compuesta o compleja), entre los que se encuentran el derecho al procedimiento preestablecido, el derecho de defensa, el derecho a la pluralidad de instancias, el derecho a la motivación de las resoluciones, el derecho a los medios de prueba, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, etc.

4. Sobre el derecho a la obtención de una resolución fundada en derecho

4. En relación con el contenido del derecho a una resolución fundada en derecho, el Tribunal Constitucional ha precisado que:

5.3.1. El derecho constitucional a obtener una resolución fundada en derecho, establecido en el artículo 4° del Código Procesal Constitucional, es un componente del derecho al debido proceso (sustantivo), reconocido en el artículo 139° inciso 5 de la Constitución. El derecho a una resolución fundada en derecho garantiza el derecho que tienen las partes en cualquier clase de proceso o procedimiento a que la resolución se sustente en la interpretación y aplicación adecuada de las normas vigentes, válidas y pertinentes del orden jurídico para la solución razonable del caso, de modo que la decisión en ella contenida sea una conclusión coherente y razonable de tales normas.

5.3.2. Ello implica que los órganos judiciales ordinarios deben fundar sus decisiones interpretando, aplicando o sin dejar de aplicar el conjunto de normas pertinentes del orden jurídico para la solución razonable del caso, y desechar las normas derogadas, las incompatibles con la Constitución o las impertinentes para dilucidar el asunto. Ahora bien, como es evidente, no todo ni cualquier acto de interpretación, aplicación o inaplicación del derecho por el órgano judicial supone automáticamente una afectación del derecho a obtener una resolución fundada en derecho. Para ello es necesario que exista o se constate un agravio que en forma directa y manifiesta comprometa seriamente este derecho, de modo tal que lo convierta en una decisión judicial inconstitucional.

5.3.3. Por otro lado, si bien existe una estrecha vinculación entre el derecho a la debida motivación de las decisiones judiciales y el derecho a una resolución fundada en derecho, pues para analizar la fundabilidad de la decisión se requiere en línea de principio que la decisión esté lo suficientemente motivada; tales derechos no pueden ser equiparados en virtud de su contenido diferente. En efecto, el primero de ellos, que es de naturaleza formal o procesal, está referido al derecho que tienen las partes a que la decisión judicial precise o exprese mínimamente los motivos o las razones que le permitan conocer los criterios jurídicos que sustentan la decisión judicial, mientras que el segundo de ellos, que es naturaleza material o sustancial, se refiere al derecho que les asiste a las partes a que la resolución se funde en la interpretación y aplicación adecuada de las normas vigentes, válidas y pertinentes, del orden jurídico para la solución razonable del caso concreto.¹⁴

5. Sobre a la debida motivación de las resoluciones judiciales

5. El derecho a la motivación de las resoluciones judiciales se encuentra recogido en el numeral 5 del artículo 139 de la Constitución Política, conforme al cual constituye un principio y un derecho de la función jurisdiccional “La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y los fundamentos de hecho en que se sustentan”.

6. En la sentencia emitida en el Expediente 04302-2012-PA/TC, el Tribunal Constitucional dejó claro lo siguiente:

5. […] este derecho implica que cualquier decisión judicial cuente con un razonamiento (elementos y razones de juicio) que no sea aparente, defectuoso o irrazonable, sino que exponga de manera clara, lógica y jurídica los fundamentos de hecho y de derecho que la justifican (STC 06712-2005- PHC/TC, fundamento 10). De este modo, el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales encuentra su fundamento en la necesidad de que las partes conozcan el proceso lógico-jurídico (ratio decidendi) que conduce a la decisión, y de controlar la aplicación del derecho realizada por los órganos judiciales, pues ésta no puede ser arbitraria, defectuosa, irrazonada o inexistente.

7. En ese sentido, tal como lo ha precisado este Alto Tribunal en diversa jurisprudencia, el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido constitucional se respeta prima facie: a) siempre que exista fundamentación jurídica, que no implica la sola mención de las normas a aplicar al caso, sino la explicación de por qué tal caso se encuentra o no dentro de los supuestos que contemplan tales normas; b) siempre que exista congruencia entre lo pedido y lo resuelto, que implica la manifestación de los argumentos que expresarán la conformidad entre los pronunciamientos del fallo y las pretensiones formuladas por las partes; y c) siempre que por sí misma exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa o se presenta el supuesto de motivación por remisión¹⁵.

8. De esta manera, si bien no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente una violación al contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, cierto es también que el deber de motivar constituye una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso.

6. Análisis de la controversia

9. Conforme se ha expuesto precedentemente, el objeto del presente proceso constitucional consiste en determinar si la Resolución 9, de fecha 21 de diciembre de 2023, expedida por la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ica, vulneró los derechos fundamentales invocados por la demandante al revocar parcialmente la sentencia de primera instancia y declarar fundada, en parte, la excepción de cosa juzgada respecto del período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 9 de diciembre de 2021, restringiendo el reconocimiento de los beneficios convencionales derivados del Laudo Arbitral de fecha 6 de junio de 2019. Al respecto, la demandante sostiene que dicha decisión se sustenta en una interpretación incompatible con las normas que regulan la legitimación y representación procesal de las organizaciones sindicales previstas en los artículos 8 y 9 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, al atribuirle efectos de cosa juzgada derivados del proceso recaído en el Expediente 1452-2021, pese a no haber conferido representación al sindicato para la defensa de sus derechos individuales. Asimismo, sostiene que la resolución cuestionada prescindió de valorar adecuadamente el alcance de la eficacia del laudo arbitral confirmado judicialmente y de los pronunciamientos judiciales invocados como sustento de su pretensión, lo que habría afectado su derecho a la tutela procesal efectiva y al debido proceso, particularmente en su manifestación del derecho a obtener una resolución debidamente motivada.

10. De la revisión de la Resolución 9, este Tribunal advierte que la controversia sometida a conocimiento de la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ica se circunscribió a determinar si la excepción de cosa juzgada propuesta por la Municipalidad Provincial de Ica resultaba oponible a la pretensión formulada por la ahora demandante respecto del pago de beneficios convencionales derivados del laudo arbitral de fecha 6 de junio de 2019. En ese contexto, la Sala debía establecer si la sentencia recaída en el Expediente 1452-2021, promovido por el Sindicato de Obreros Municipales de Ica, producía efectos respecto de la demandante y, por ende, impedía un nuevo pronunciamiento sobre los beneficios reclamados por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 9 de diciembre de 2021.

11. Precisamente, la demandante sostiene en el presente proceso constitucional que la resolución cuestionada aplicó indebidamente la institución de la cosa juzgada, pues, a su juicio, el proceso tramitado bajo el Expediente 1452-2021 no podía desplegar efectos respecto de su pretensión individual al no haber conferido representación al Sindicato de Obreros Municipales de Ica para reclamar sus derechos económicos. Asimismo, afirma que la Sala emplazada prescindió de las reglas que regulan la legitimación y representación sindical previstas en la Nueva Ley Procesal del Trabajo, lo que habría determinado que se restringiera indebidamente el reconocimiento de los beneficios convencionales derivados del referido laudo arbitral.

12. Del examen de la resolución judicial cuestionada se aprecia que dicho planteamiento constituyó precisamente el aspecto central analizado por la Sala Laboral al emitir pronunciamiento. En efecto, el órgano jurisdiccional examinó los efectos de la sentencia recaída en el Expediente 1452-2021 y desarrolló las razones por las cuales consideró que esta resultaba vinculante para la demandante, atendiendo a su condición de afiliada al Sindicato de Obreros Municipales de Ica. Para tal efecto, interpretó el artículo 8 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo y concluyó que la representación ejercida por la organización sindical comprendía a sus afiliados en relación con la controversia sometida a conocimiento en dicho proceso, razón por la cual estimó configurada, parcialmente, la excepción de cosa juzgada.

13. Asimismo, este Tribunal advierte que la Sala no sustentó su decisión exclusivamente en la existencia del proceso judicial anterior. Antes bien, examinó los argumentos vinculados con la eficacia del laudo arbitral de fecha 6 de junio de 2019, reconoció que los beneficios convencionales derivados de dicho instrumento conservaban plena exigibilidad y recordó que su validez había sido confirmada en el proceso de impugnación promovido por la propia Municipalidad Provincial de Ica. No obstante, precisó que tales consideraciones no desvirtuaban los efectos de la sentencia recaída en el Expediente 1452-2021 respecto del período ya comprendido por la cosa juzgada, razón por la cual delimitó el reconocimiento de los beneficios convencionales únicamente al período posterior al 9 de diciembre de 2021.

14. Desde esta perspectiva, este Tribunal considera que la Resolución 9 contiene una fundamentación suficiente respecto de los aspectos que resultaban determinantes para resolver la controversia. En efecto, la Sala identificó el problema jurídico sometido a su conocimiento y desarrolló las razones por las cuales consideró que la sentencia recaída en el Expediente 1452-2021 producía efectos respecto de la demandante, justificando así la estimación parcial de la excepción de cosa juzgada. En consecuencia, la resolución permite conocer los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la decisión adoptada, descartándose la existencia de una motivación inexistente, aparente o incongruente.

15. En realidad, los cuestionamientos formulados por la demandante se encuentran dirigidos a sostener que la Sala debió atribuir un alcance distinto a las normas que regulan la representación sindical y, a partir de ello, concluir que la sentencia recaída en el Expediente 1452-2021 no podía producir efectos respecto de su pretensión individual. Corresponde, por tanto, a este Tribunal verificar si dicha interpretación afectó el contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados. Sobre el particular, se advierte que la resolución cuestionada expone las razones jurídicas que sustentan la interpretación asumida, sin que el solo desacuerdo de la demandante con dichas conclusiones permita afirmar, por sí mismo, la existencia de una vulneración constitucional.

16. En tales condiciones, este Tribunal no advierte la vulneración del derecho a obtener una resolución fundada en derecho. La Sala Laboral sustentó su decisión en la interpretación de las disposiciones legales que estimó aplicables para resolver la controversia, particularmente aquellas referidas a la representación sindical y a los efectos de la cosa juzgada, explicando por qué consideró que la sentencia recaída en el Expediente 1452-2021 resultaba oponible a la demandante respecto del período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 9 de diciembre de 2021. La circunstancia de que la demandante considere que dichas normas admitían una interpretación distinta constituye una discrepancia con el criterio jurídico adoptado por el órgano jurisdiccional, mas no evidencia, por sí sola, que la decisión carezca de sustento jurídico o resulte incompatible con el contenido constitucionalmente protegido de este derecho.

17. Tampoco se aprecia la vulneración del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales. La resolución cuestionada dio respuesta a los argumentos centrales formulados por la demandante, particularmente aquellos referidos a la representación sindical y a los efectos de la cosa juzgada, exponiendo las razones por las cuales consideró que la sentencia recaída en el Expediente 1452-2021 resultaba oponible respecto del período reclamado. En consecuencia, la controversia planteada por la demandante se dirige contra la interpretación jurídica adoptada por la Sala y no contra la ausencia de motivación de la decisión, circunstancia que no configura, por sí sola, una lesión al derecho invocado.

18. De igual manera, no se advierte la vulneración del derecho al debido proceso ni del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. De autos se verifica que la demandante accedió a la jurisdicción, ejerció plenamente su derecho de defensa durante el proceso laboral, obtuvo un pronunciamiento en ambas instancias y contó con la posibilidad de cuestionar la decisión que estimó lesiva mediante los mecanismos procesales previstos por el ordenamiento jurídico. En consecuencia, no se aprecia que el proceso laboral se haya desarrollado con prescindencia de las garantías esenciales que integran el contenido constitucionalmente protegido de tales derechos.

19. Al no haberse acreditado la vulneración del contenido constitucionalmente protegido de ninguno de los derechos invocados, la pretensión debe desestimarse.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

OCHOA CARDICH

GUTIÉRREZ TICSE

PACHECO ZERGA

PONENTE OCHOA CARDICH