SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 21 días del mes de agosto de 2026, la Sala Primera del
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Domínguez Haro
‒convocado para dirimir la discordia suscitada por el voto singular del
magistrado Hernández Chávez no resuelta con el voto del magistrado Ochoa
Cardich‒, Morales Saravia y Monteagudo Valdez, emite la presente
sentencia. Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal
de conformidad con lo votado.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Camilo Dueñas
Travezaño contra la resolución de foja 354, de fecha 12 de mayo de 2025,
expedida por la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de
Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de amparo de
autos.
ANTECEDENTES
El recurrente, con fecha 27 de enero de 2020,
interpuso demanda de amparo contra la aseguradora Pacífico Vida Compañía
de Seguros y Reaseguros SA (Pacífico, en adelante), con el fin de que se
le otorgue pensión de invalidez de conformidad con la Ley 26790 y el
Decreto Supremo 003-98-AA, con el pago de las pensiones devengadas, los
intereses legales correspondientes y los costos y costas del proceso.
Alegó que, como consecuencia de sus actividades laborales, padece de
neumoconiosis, enfermedad pulmonar intersticial y bronquiectasia.
Pacífico dedujo las excepciones de falta de agotamiento de la vía
administrativa e incompetencia. Asimismo, contestó la
demanda y solicitó que sea declarada improcedente o infundada. Sostuvo que, de acuerdo con los
medios probatorios con los que cuenta, el accionante no padece de
enfermedad alguna que le genere el grado de incapacidad alegado, y que
el certificado médico que presenta el actor no constituye un medio
probatorio idóneo para demostrar su enfermedad, pues carece de valor
probatorio de acuerdo a lo establecido en la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional. Además, el centro médico que lo expidió no está
autorizado para emitirlo.
El Segundo Juzgado Constitucional de Lima, mediante resolución de
fecha 22 de junio de 2021, declaró infundadas las excepciones
planteadas y, mediante resolución de fecha 19 de diciembre de 2024, declaró improcedente la demanda,
por considerar que el demandante no ha logrado acreditar el padecimiento
de las enfermedades alegadas, pues no cumplió el requerimiento de
someterse a una nueva evaluación médica ordenada por el juzgado, de
acuerdo con lo establecido en la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional.
La Sala Superior competente confirmó la apelada por similar
fundamento.
FUNDAMENTOS
Delimitación del petitorio
El objeto de la demanda es que se otorgue al actor una pensión de
invalidez por enfermedad profesional de conformidad con la Ley 26790 y
su reglamento el Decreto Supremo 003-98-SA, con el pago de las pensiones
devengadas, los intereses legales y los costos y costas
procesales.
Conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal
Constitucional, son susceptibles de protección mediante el amparo los
supuestos en que se deniegue una pensión de invalidez por enfermedad
profesional, a pesar de cumplirse con los requisitos legales. Por ello,
corresponde analizar si el demandante cumple con los presupuestos
legales que permitirán determinar si tiene derecho a percibir la pensión
que reclama, pues, de ser así, se verificaría la arbitrariedad en el
accionar de la entidad demandada.
Análisis de la controversia
El Régimen de Protección de Riesgos Profesionales (accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales) fue inicialmente regulado por el
Decreto Ley 18846 y luego sustituido por la Ley 26790, del 17 de mayo de
1997, que estableció en su Tercera Disposición Complementaria que las
reservas y obligaciones por prestaciones económicas del Seguro de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (Satep) serían
transferidas al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)
administrado por la ONP.
Posteriormente, mediante el Decreto Supremo 003-98-SA, vigente
desde el 14 de abril de 1998, se aprobaron las Normas Técnicas del
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, estableciéndose las
prestaciones asistenciales y pecuniarias que se otorgan al titular o a
los beneficiarios como consecuencia de un accidente de trabajo o una
enfermedad profesional.
En los artículos 18.2.1 y 18.2.2 del Decreto Supremo 003-98-SA,
que aprueba las Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgo (SCTR), se señala que se pagará como mínimo una pensión vitalicia
mensual equivalente al 50 % de la remuneración mensual al asegurado que,
como consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad
profesional, quedara disminuido en su capacidad para el trabajo en forma
permanente en una proporción igual o superior al 50 %, pero inferior a
los dos tercios (66.66 %); y una pensión vitalicia mensual equivalente
al 70 % de su remuneración mensual al asegurado que quedara disminuido
en su capacidad para el trabajo en forma permanente en una proporción
igual o superior a los dos tercios (66.66 %).
El Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el
Expediente 02513-2007-PA/TC, publicada el 8 de enero de 2009 en el
portal web institucional, que constituye precedente, ha precisado los
criterios respecto a las situaciones relacionadas con la aplicación del
Régimen de Protección de Riesgos Profesionales (accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales). En el fundamento 14 de dicha sentencia se
establece que “en los procesos de amparo referidos al otorgamiento de
una pensión vitalicia conforme al Decreto Ley 18846 o pensión de
invalidez conforme a la Ley 26790 la enfermedad profesional únicamente
podrá ser acreditada con un examen o dictamen médico emitido por una
Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades del Ministerio de Salud, de
EsSalud o de una EPS, conforme lo señala el artículo 26 del Decreto Ley
19990”.
Por su parte, la Regla Sustancial 2, contenida en el fundamento
35 de la sentencia emitida con carácter de precedente en el Expediente
05134-2022-PA/TC, señala que el contenido de los informes médicos
emitidos por las comisiones médicas calificadoras de incapacidad del
Ministerio de Salud y de EsSalud pierde valor probatorio, entre otros
supuestos, si se demuestra en el caso concreto que, respecto a estos
informes, la historia clínica no está debidamente sustentada en exámenes
auxiliares con sus respectivos resultados emitidos por especialistas.
Asimismo, en la Regla Sustancial 3 del citado fundamento 35 se establece
que, en caso de que se configure uno de los supuestos señalados en la
Regla Sustancial 2, el juez solicitará que el demandante se someta a una
nueva evaluación médica ante el Instituto Nacional de Rehabilitación, a
fin de corroborar la enfermedad diagnosticada y el grado de incapacidad.
A su vez, en la Regla Sustancial 4, se estableció lo siguiente: “En
caso de que el asegurado prefiera no someterse a un nuevo examen, se
declarará improcedente la demanda, dejando su derecho para accionar en
la vía ordinaria”.
En el presente caso, para acceder a la pensión de invalidez
solicitada, el actor adjuntó a la demanda el Certificado Médico
492-2019, expedido con fecha 27 de agosto de 2019, por la Comisión
Médica Calificadora de la Incapacidad del Hospital “Eleazar Guzmán
Barrón” – Nuevo Chimbote del Ministerio de Salud, en
el que se indica que adolece de neumoconiosis debida a otros polvos con
sílice, enfermedad pulmonar intersticial y bronquiectasia con 67
% de menoscabo
global.
Asimismo, con fecha 27 de enero de 2020, el recurrente ha
presentado la historia clínica que sustentaría el referido certificado
médico; no obstante, dicha historia clínica
no contiene todos los exámenes auxiliares pertinentes, pues no obran en
ella los exámenes auxiliares de “la caminata de los 6 minutos” y el de
radiología, ni el correspondiente informe radiológico. Es de señalar
que, mediante escrito de fecha 7 de mayo de 2025, el
actor ha adjuntado un informe radiológico de fecha 12 de marzo de 2019,
que no genera convicción respecto a su autenticidad, pues no se
encuentra anexado en la historia clínica que presentó inicialmente el 27
de enero de 2020, y fue adjuntado después de 5 años de interpuesta la
demanda; además de ello, el contenido de dicho informe no se condice con
lo diagnosticado en el certificado médico de fecha 27 de agosto de
2019.
De la revisión de autos se advierte que, luego de realizar una
valoración conjunta de las pruebas actuadas, el juez del Segundo Juzgado
Constitucional de Lima, ante la incertidumbre surgida respecto al
verdadero estado de salud del actor, mediante resolución de fecha 22 de
junio de 2021, le requirió que se someta a un
nuevo examen médico ante el INR; sin embargo, mediante escrito de fecha
25 de julio de 2021, expresó su negativa a someterse a
la evaluación médica ordenada por el juzgado.
Posteriormente, toda vez que el actor no se presentó a las
evaluaciones médicas programadas según lo informado por el INR, el juez
de primera instancia, mediante resoluciones de fechas 13 de junio de
2022 y 11 de mayo de 2023, dispuso nuevamente
que el actor se someta a dicho examen médico ante la citada institución;
sin embargo, el recurrente, con escritos de fechas 24 de julio y 25 de
setiembre de 2023, solicitó se prescinda de la nueva
evaluación ordenada señalando que con el informe médico que presentó se
ha acreditado las enfermedades que alega padecer tiene total eficacia
probatoria; asimismo, manifestó expresamente que “no se someterá a un
nuevo examen médico en el INR”.
Por tanto, y en atención a que el recurrente no cumplió con lo
ordenado en el mandato judicial respecto a someterse voluntariamente a
una nueva evaluación médica, corresponde declarar improcedente la
demanda, en aplicación de la Regla Sustancial 4 establecida en el
Expediente 05134-2022-PA/TC, que constituye precedente de observancia
obligatoria, y dejar a salvo su derecho para que haga valer su
pretensión en la vía ordinaria.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad
que le confiere la Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
Declarar IMPROCEDENTE la demanda.
Publíquese y notifíquese.
SS.
DOMÍNGUEZ HARO
MORALES SARAVIA
MONTEAGUDO VALDEZ
VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO HERNÁNDEZ CHÁVEZ
Con el debido respeto por la opinión de mis colegas, emito el
presente voto singular, el cual sustento en las siguientes
consideraciones:
En el presente caso, el demandante solicita es que se otorgue al
actor una pensión de invalidez por enfermedad profesional de conformidad
con la Ley 26790 y su reglamento el Decreto Supremo 003-98-SA, con el
pago de las pensiones devengadas, los intereses legales y los costos y
costas procesales.
A fin de acreditar las enfermedades que padece, el demandante
presentó el Certificado Médico 492-2019, expedido con fecha 27 de agosto
de 2019, por la Comisión Médica Calificadora de la Incapacidad del
Hospital “Eleazar Guzmán Barrón” – Nuevo Chimbote del Ministerio de
Salud (f. 12), en el que se indica que adolece de neumoconiosis debida a
otros polvos con sílice, enfermedad pulmonar intersticial y
bronquiectasia con 67% de menoscabo global.
Cabe indicar que uno de los presupuestos necesarios para el
otorgamiento de la pensión solicitada lo constituye la acreditación
de la enfermedad profesional, empero, tal como se observa de los
actuados, la historia clínica no genera certeza ni convicción pues no se
encuentra sustentada con el resultado de exámenes auxiliares que
permitan corroborar el grado de menoscabo que alega padecer el
accionante.
En ese orden de ideas, corresponde que este Tribunal disponga que
el demandante se realice una nueva evaluación médica conforme a las
Reglas Sustanciales 2 y 3 de la STC 05134-2022-PA/TC (caso Osores
Dávila).
Ahora bien, pese a que mediante resolución de fecha 22 de junio
de 2021 (f. 187) ―así como las resoluciones de fechas 13 de junio de
2022 y 11 de mayo de 2023 (fs. 237 y 247, respectivamente) ― el Segundo
Juzgado Constitucional de Lima, ante la incertidumbre surgida respecto
al verdadero estado de salud del actor, dispuso que el recurrente
expresara su conformidad o negativa respecto de una nueva evaluación
médica. Cabe precisar que dicha resolución judicial tomó como referencia
las reglas contenidas en la STC 00799-2014-PA/TC (caso Flores Callo)
las mismas que han sido dejadas sin efecto con la STC
05134-2022-PA/TC.
En ese sentido, es menester señalar que existe una diferencia
sustancial entre la regla sustancial 4 contenida en la STC
00799-2014-PA/TC (Flores Callo) y la regla 4 sustancial contenida en la
STC 05134-2022-PA/TC (Osores Dávila), conforme se detalla a
continuación:
STC 00799-2014-PA/TC (caso Flores Callo):
Regla sustancial 4:
De persistir, en un caso concreto, incertidumbre sobre el verdadero
estado de salud del actor, se le deberá dar a este la oportunidad de
someterse voluntariamente a un nuevo examen médico dentro de un plazo
razonable, previo pago del costo correspondiente; y en caso de no
hacerlo, se declarará improcedente la demanda, dejando a salvo su
derecho para que lo haga valer en la vía ordinaria.
STC 05134-2022-PA/TC (caso Osores Dávila):
Regla sustancial 4:
Los gastos que irrogue el nuevo examen deberán ser asumidos por
la entidad aseguradora demandada, incluyendo -de ser el caso- los gastos
de pasajes y viáticos. En caso de que el asegurado prefiera no
someterse a un nuevo examen, se declarará improcedente la demanda,
dejando su derecho para accionar en la vía ordinaria. [énfasis
agregado]
A partir del tenor de ambas sentencias, se advierte que la
diferencia que subyace entre ambas respecto a la nueva evaluación
médica estriba en que, mientras la regla establecida en la STC
00799-20214-PA/TC ―que fue dejada sin efecto― impone al recurrente la
obligación de asumir los costos de la nueva evaluación médica, la
regla contenida en la STC 05134-2022-PA/TC, por el contrario,
establece expresamente que los gastos de pasajes y viáticos deben ser
asumidos por la entidad aseguradora demandada, siendo menester
su cumplimiento previo por parte de la entidad emplazada para los
efectos de la realización del nuevo examen médico.
Por tanto, al haberse corroborado que en el presente caso el
demandante no cumple con acreditar la enfermedad profesional alegada,
corresponde que este Tribunal disponga la realización de una nueva
evaluación médica, de conformidad con las reglas sustanciales de la STC
05134-2022-PA/TC.
Sin perjuicio de lo expuesto, conviene indicar que de los
certificados de trabajo (fs. 6 a 10) que adjunta el demandante, se
aprecia que ha laborado como operador de mina, lo cual permitiría
acreditar el nexo de causalidad entre la enfermedad de neumoconiosis y
las labores realizadas.
Por las consideraciones expuestas, mi voto es porque: se
disponga la realización de una nueva evaluación médica al demandante
conforme a las reglas sustanciales establecidas en calidad de precedente
en la STC 05134-2022-PA/TC.
S.
HERNÁNDEZ CHÁVEZ
VOTO DEL MAGISTRADO OCHOA CARDICH
El magistrado que suscribe el presente voto ha sido llamado para
resolver la discordia surgida entre los magistrados de la Sala Primera
del Tribunal Constitucional. En ese sentido, me adhiero al voto suscrito
por el magistrado Hernández Chávez, por los considerandos allí expuestos
y con los cuales coincido que, para mejor resolver el presente caso, se
debería solicitar al demandante se someta a una nueva evaluación médica
en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).
S.
OCHOA CARDICH