SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 25 días del mes de septiembre de 2026, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Ochoa Cardich, Gutiérrez Ticse y Pacheco Zerga, ha emitido la presente sentencia, con el fundamento de voto del magistrado Ochoa Cardich. Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con lo votado.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Arturo Vizcardo Cárdenas, representante de la Asociación El Porvenir, contra la Resolución 8, de fecha 26 de mayo de 2025¹, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que declaró improcedente la demanda.

ANTECEDENTES

Con escrito de fecha 13 de diciembre de 2024², subsanado el 17 de enero de 2025³, don Carlos Arturo Vizcardo Cárdenas, en representación de la Asociación El Porvenir, interpone demanda de amparo contra la Gerencia Regional de Agricultura de Arequipa. La empresa recurrente invoca la vulneración de sus derechos fundamentales a la propiedad y a la igualdad ante la ley, por lo que solicita que se dejen sin efecto las actuaciones administrativas que derivaron en la inscripción a favor del Estado del predio rural de 137.12.61 hectáreas ubicado en el distrito de Acarí, provincia de Caravelí. Asimismo, pretende que se ordene a la entidad emplazada proceder a la adjudicación y transferencia directa de dicho inmueble en su beneficio, en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución Suprema 005-2006-AG. Finalmente, solicita que se ordenen las medidas cautelares correspondientes para la protección inmediata de los derechos invocados.

Sostiene que su representada ha cumplido estrictamente con todos los requisitos legales y etapas del procedimiento de saneamiento físico-legal de tierras eriazas con aptitud agropecuaria, incluyendo la presentación de un plan de desarrollo agrícola sostenible y la obtención de informes técnicos favorables del Proyecto Especial de Titulación de Tierras (PETT). Precisa que el predio cuenta con una valorización oficial realizada por la Comisión Nacional de Tasaciones (CONATA), aprobada mediante Resolución Ministerial 173, la cual ya fue cancelada. Alega que, pese a que el proceso concluyó favorablemente y no se presentó oposición alguna durante las publicaciones pertinentes, la Administración se niega injustificadamente a otorgar la resolución que transfiere formalmente la titularidad.

Finalmente, argumenta que el actuar de la Gerencia Regional de Agricultura constituye un acto arbitrario que contraviene normativa de carácter vinculante y vulnera el principio de legalidad. Subraya que el predio fue inscrito a nombre del Estado únicamente como un paso previo necesario dentro del proceso de adjudicación a favor de terceros, por lo que mantener dicha inscripción sin concluir la transferencia afecta directamente la estabilidad jurídica de la asociación demandante. Por tales consideraciones, sostiene que el amparo resulta procedente para proteger sus derechos constitucionales frente a una omisión administrativa que le impide consolidar su propiedad agraria.

El Primer Juzgado Constitucional, mediante Resolución 2, de fecha 23 de enero de 2025⁴, admitió a trámite la demanda.

Con fecha 12 de febrero de 2025⁵, la procuradora pública adjunta del Gobierno Regional de Arequipa se apersona al proceso y contesta la demanda solicitando que sea declarada improcedente; asimismo, deduce las excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa y de caducidad. Respecto a la primera excepción, sostiene que el procedimiento administrativo iniciado por la asociación demandante aún se encuentra en etapa de evaluación y absolución de consultas, por lo que no existe un acto administrativo firme que cause estado. Sobre la excepción de caducidad, argumenta que el demandante pretende cuestionar una resolución suprema del año 2006, habiendo transcurrido más de 18 años, lo que excede largamente el plazo de 60 días hábiles para interponer el amparo.

Alega que la pretensión es improcedente por no referirse al contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados, tratándose de una controversia de índole administrativa que debe ventilarse en la vía contencioso-administrativa. Sostiene que el amparo tiene una naturaleza residual y extraordinaria, y que en este caso no se ha acreditado una afectación directa o una amenaza cierta e inminente, debido a que el trámite de adjudicación sigue su curso legal dentro de la Administración. Precisa que la sola existencia de un expediente en trámite no faculta al administrado a recurrir a la judicatura constitucional para forzar un pronunciamiento favorable.

Finalmente, argumenta que existe una controversia sobre la competencia para la adjudicación de los predios, señalando que, al tratarse de terrenos de más de 20 hectáreas, la normativa vigente (D.S. 020-2008-AG) podría asignar dicha facultad a PROINVERSIÓN o al MIDAGRI mediante subasta pública y no por adjudicación directa. Subraya que el demandante no ha probado la titularidad de un derecho subjetivo concreto, sino que pretende una intervención del juez constitucional en procedimientos técnicos que aún no han sido resueltos por la autoridad competente.

El juzgado de primera instancia, mediante Resolución 3, de fecha 14 de marzo de 2025⁶, declaró fundadas las excepciones de falta de agotamiento de la vía previa y caducidad. Consideró que el procedimiento administrativo aún no ha concluido y que la Resolución Suprema 005-2006-AG, cuya ineficacia pretende, es de fecha 19 de enero de 2006; por tanto, el plazo de 60 días hábiles para la interposición del amparo ha excedido. Asimismo, declaró improcedente la demanda.

La sala superior revisora, mediante Resolución 8, de fecha 26 de mayo de 2025⁷, confirmó la apelada señalando que la vía del proceso contencioso-administrativo resulta idónea, pues cuenta con etapa probatoria en la que se puede discutir la nulidad del procedimiento administrativo.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. En el caso de autos, la empresa recurrente invoca la vulneración de sus derechos fundamentales a la propiedad y a la igualdad ante la ley, por lo que solicita que se dejen sin efecto las actuaciones administrativas que derivaron en la inscripción a favor del Estado del predio rural de 137.12.61 hectáreas ubicado en el distrito de Acarí, provincia de Caravelí. Asimismo, pretende que se ordene a la entidad emplazada proceder con la adjudicación y transferencia directa de dicho inmueble en su beneficio, en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución Suprema 005-2006-AG. Finalmente, solicita que se ordenen las medidas cautelares correspondientes para la protección inmediata de los derechos invocados.

Análisis del caso

2. El Tribunal Constitucional recuerda que el artículo 7, inciso 4, del Nuevo Código Procesal Constitucional subordina la procedencia del amparo contra actuaciones administrativas al agotamiento de la vía administrativa —que, en los hechos, es la vía previa—, salvo que se advierta la presencia de alguna causal que exima al justiciable de agotarla, las cuales se encuentran tipificadas en el artículo 43 del Nuevo Código Procesal Constitucional.

3. Así, en amplia jurisprudencia se ha señalado que “[l]a exigencia de agotarse la vía administrativa antes de acudir al amparo constitucional se fundamenta en la necesidad de brindar a la Administración la posibilidad de revisar sus propios actos, a efectos de posibilitar que el administrado, antes de acudir a la sede jurisdiccional, pueda en esa vía solucionar, de ser el caso, la lesión de sus derechos e intereses legítimos”⁸. En tal sentido, la exigencia del agotamiento de la vía previa tiene por objeto preservar el carácter subsidiario del proceso de amparo al evitar que el acceso a la justicia constitucional se produzca sin dar oportunidad a la Administración pública de remediar la vulneración constitucional que ulteriormente se invoca en el proceso de amparo.

4. En el caso concreto, el recurrente ha ofrecido como medio probatorio el Informe Técnico 0284-2006-MAG-DRAA-PETT-CR/WZS, de fecha 30 de mayo de 2006⁹, donde se comunica que el procedimiento administrativo de adjudicación directa se encuentra en la Zona Registral XII para subsanación de observaciones. Lo mismo se puede concluir del Oficio 0699-2023-MIDAGRI-SG/OGA09, de fecha 9 de junio de 2023¹⁰, que da cuenta de la derivación del expediente relacionado con terreno eriazo ubicado en el distrito de Acarí, provincia de Caravelí y departamento de Arequipa; del Informe Legal 602-2023-GRA/GRAG-SGRN-AFTT-RBC, de fecha 31 de agosto de 2023¹¹; del Informe Legal 247-2024-GRA/GRAG-SGRN-AFTT-RBC, de fecha 17 de julio de 2024¹², y la solicitud de fecha 5 de agosto de 2024¹³, presentada por el recurrente, mediante la cual pide la adjudicación directa de los terrenos de la Asociación El Porvenir del distrito de Acarí, provincia de Caravelí, departamento de Arequipa, por lo que se puede concluir que aún no se ha emitido una resolución final.

5. Por todo lo expuesto, este Tribunal advierte que la asociación recurrente pretende que este Colegiado asuma competencias que no le han sido asignadas por la Constitución, puesto que no es posible ordenar la adjudicación y transferencia directa del inmueble objeto de controversia, que se encuentra en procedimientos que son de competencia de las entidades pertinentes.

6. En consecuencia, corresponde desestimar la demanda, en atención al artículo 7.4 del Nuevo Código Procesal Constitucional.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo.

Publíquese y notifíquese.

SS.

OCHOA CARDICH

GUTIÉRREZ TICSE

PACHECO ZERGA

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO

OCHOA CARDICH

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas, emito el presente fundamento de voto, pues si bien me encuentro de acuerdo con la decisión adoptada, que declara IMPROCEDENTE la demanda de amparo, sin embargo, considero que la razón que la sustenta es que el amparo es un proceso cuyo objeto y fin es restablecer en el ejercicio de los derechos fundamentales y no que, a través de este, se pueda adquirir su titularidad, como en el presente caso pretende la recurrente, al solicitar que se ordene la adjudicación y transferencia directa de un inmueble a su favor. Al no tratarse de un asunto que corresponda ratione materiae dilucidarse en el amparo, es inconducente declarar que desestimaremos la demanda por no haberse agotado la vía previa, como si agotada que fuera esta, el caso sí podría resolverse a través de este proceso. Por ello, considero que debiéramos desestimar la demanda de amparo aplicando el artículo 7.1 del Código Procesal Constitucional.

S.

OCHOA CARDICH