SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 11 días del mes de septiembre de 2026, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Ochoa Cardich, Gutiérrez Ticse y Pacheco Zerga, ha emitido la presente sentencia. Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con lo votado.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Daysy Dyanyra Estrada Zambrano contra la sentencia de vista, de 20 de marzo de 2025¹, expedida por la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, que confirmó la improcedencia de la demanda de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Demanda

El 21 de noviembre de 2022², doña Daysy Dyanyra Estrada Zambrano interpuso demanda de amparo contra los jueces del Primer Juzgado Civil y la Primera Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de Tacna. Solicitó la nulidad de las siguientes resoluciones: (i) Resolución 24, de 2 de agosto de 2021³, que declaró improcedente el pedido de interrupción formulado por doña Daysy Dyanyra Estrada Zambrano; y (ii) Resolución 37, de 22 de setiembre de 2022⁴, que confirmó la Resolución 24. Asimismo, solicitó se ordene la emisión de nuevas resoluciones conforme a ley. Denunció la vulneración de sus derechos fundamentales a la tutela procesal efectiva y al debido proceso, en sus manifestaciones del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales y a la defensa.

La demandante sostuvo que, en las resoluciones impugnadas, se incurrió en vicios de motivación al no expresar razones suficientes que sustenten la desestimación de su pedido de interrupción del proceso civil subyacente sobre indemnización por daños y perjuicios⁵. Al respecto, señaló que su abogado privado abandonó su caso y que no le notificó la sentencia expedida en el proceso ordinario, vulnerándose así su derecho a la defensa. Finalmente, refirió que los jueces no han tomado en cuenta que esta decisión la coloca en un estado de indefensión, a pesar de que era responsabilidad de la defensa técnica ser diligente con las resoluciones que a él se le notificaron.

Auto admisorio

La demanda fue admitida a trámite mediante auto de 12 de diciembre de 2022⁶, incluyéndose al Gobierno Regional de Tacna, demandante en el proceso subyacente, como litisconsorte necesario pasivo.

Contestaciones de la demanda

El 28 de diciembre de 2022⁷, el procurador público del Poder Judicial contestó la demanda y solicitó que sea desestimada. Sostuvo que la demandante no expuso argumentos que incidan en la vulneración al contenido constitucionalmente protegido de los derechos alegados. Adicionalmente, señaló que las resoluciones cuestionadas se encuentran debidamente fundamentadas. Finalmente, alegó que la demandante pretende el reexamen de lo resuelto por los jueces ordinarios, lo cual escapa a las competencias del juez constitucional.

El 29 de diciembre de 2022⁸, la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Tacna contestó la demanda, solicitando que sea declarada improcedente y/o infundada. Alegó que el hecho que la actora no se haya comunicado con su abogado no configura un hecho imprevisto y que las resoluciones cuestionadas están debidamente motivadas.

Sentencia de primera instancia

Mediante la Resolución 05-SMV, de 6 de febrero de 2023⁹, la Sala Mixta de Vacaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa declaró improcedente la demanda, al considerar que, tratándose de un abogado privado, es responsabilidad de la actora ser diligente con los procesos judiciales en los cuales está inmersa, especialmente cuando durante el contexto de la pandemia del COVID-19 se crearon diversos canales virtuales para la consulta de expedientes judiciales. Arguyó que, conforme a la contestación de la demanda, la actora tenía un segundo abogado defensor, don Juan Fernando Mendoza Banda. Por último, argumentó que la verdadera pretensión de la demandante es revaluar el criterio adoptado por los jueces ordinarios respecto de una decisión que le desfavorece.

Sentencia de segunda instancia

A través de la sentencia de vista de 20 de marzo de 2025, la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, confirmó la apelada por similares fundamentos.

FUNDAMENTOS

Petitorio y determinación del asunto controvertido

1. La demanda tiene por objeto que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones: (i) Resolución 24, de 2 de agosto de 2021¹⁰, que declaró improcedente el pedido de interrupción formulado por doña Daysy Dyanyra Estrada Zambrano; y (ii) Resolución 37, de 22 de setiembre de 2022¹¹, que confirmó la Resolución 24. La amparista alegó la vulneración de sus derechos fundamentales a la tutela procesal efectiva y al debido proceso, en sus manifestaciones del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales y a la defensa.

Cuestión procesal previa

2. Conforme se aprecia en la cédula de notificación de la citada Resolución 37, ésta llegó a la casilla electrónica de la recurrente, el 5 de octubre de 2022. Siendo así, a la fecha de presentación de la demanda, aún no se vencía el plazo de 30 días hábiles indicado en el artículo 45 del Nuevo Codigo Procesal Constitucional (NCPCo).

Sobre el derecho al debido proceso

3. El artículo 139, inciso 3, de la Constitución, establece como derecho de todo justiciable y principio de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso. Este derecho, como ha sido establecido por reiterada jurisprudencia, es considerado por este Tribunal como un derecho continente que abarca diversas garantías y reglas (las cuales a su vez son derechos parte de un gran derecho con una estructura compuesta o compleja), entre los cuales se encuentran el derecho al procedimiento preestablecido, el derecho de defensa, el derecho a la pluralidad de instancias, el derecho a la motivación de las resoluciones, el derecho a los medios de prueba, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, etc.

Sobre el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales

4. Este derecho se encuentra recogido en el numeral 5, del artículo 139 de la Constitución Política, conforme al cual, constituye un principio y un derecho de la función jurisdiccional “La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y los fundamentos de hecho en que se sustentan”. En otras palabras, toda resolución emitida por el órgano jurisdiccional tiene el deber de estar debida y suficientemente motivada en hechos y derechos.

5. En la sentencia emitida en el Expediente 04302-2012-PA/TC, este Tribunal Constitucional dejó claro que

[…] este derecho implica que cualquier decisión judicial cuente con un razonamiento (elementos y razones de juicio) que no sea aparente, defectuoso o irrazonable, sino que exponga de manera clara, lógica y jurídica los fundamentos de hecho y de derecho que la justifican (STC 06712-2005-PHC/TC, fundamento 10). De este modo, el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales encuentra su fundamento en la necesidad de que las partes conozcan el proceso lógico-jurídico (ratio decidendi) que conduce a la decisión, y de controlar la aplicación del derecho realizada por los órganos judiciales, pues ésta no puede ser arbitraria, defectuosa, irrazonada o inexistente.

6. Tal como lo ha precisado este Tribunal en diversa jurisprudencia, el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido constitucional se respeta prima facie a) siempre que exista fundamentación jurídica, que no implica la sola mención de las normas a aplicar al caso, sino la explicación de por qué tal caso se encuentra o no dentro de los supuestos que contemplan tales normas; b) siempre que exista congruencia entre lo pedido y lo resuelto, que implica la manifestación de los argumentos que expresarán la conformidad entre los pronunciamientos del fallo y las pretensiones formuladas por las partes; y c) siempre que por sí misma exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión.¹²

7. Adicionalmente, cabe precisar que la judicatura constitucional no puede avocarse a conocer cualesquiera problemas o cuestionamientos relacionados con la justificación de decisiones judiciales, en la medida en que “la competencia de la justicia constitucional está referida a asuntos de relevancia constitucional”¹³. En este sentido, en sede constitucional no cabe revisar asuntos propios de la judicatura ordinaria, salvo que al impartir justicia se hubiera vulnerado el contenido constitucionalmente protegido de algún derecho fundamental o bien de rango constitucional. Asimismo, Colegiado debe enfatizar que la sola disconformidad con lo resuelto por la judicatura ordinaria no constituye un supuesto de manifiesto agravio de los derechos que pueden tutelarse a través del amparo contra resoluciones judiciales.

Análisis del caso concreto

8. Como se indicó previamente, el objeto del presente proceso es que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones: (i) Resolución 24, de 2 de agosto de 2021, que declaró improcedente el pedido de interrupción formulado por doña Daysy Dyanyra Estrada Zambrano; y (ii) Resolución 37, de 22 de setiembre de 2022, que confirmó la Resolución 24.

9. Ahora bien, de la revisión de la Resolución 24 —sentencia de primera instancia— se advierte que el juez especializado declaró improcedente el pedido de interrupción formulado por la amparista, al considerar que el hecho de no haberse comunicado con su abogado privado no constituye un hecho imprevisto en los términos del artículo 317 del Código Procesal Civil, especialmente cuando la propia parte indica que ha tratado de comunicarse con su defensa técnica luego de ocho meses de haberse dictado sentencia¹⁴.

10. Por otra parte, de la Resolución 37 —auto de vista— se desprende que los jueces superiores confirmaron la decisión de primer grado, al sostener que el derecho a la defensa queda afectado cuando cualquiera de las partes queda en estado de indefensión, al verse impedidas de ejercer los medios legales suficientes para su defensa, siempre y cuando se genere una indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga en el seno de un proceso judicial¹⁵. Asimismo, señalaron que la interrupción alegada por la recurrente se debió a la falta de comunicación con su abogado y que, por lo tanto, no correspondía la aplicación de lo previsto en el artículo 317 del Código Civil¹⁶. Finalmente, argumentaron que la sentencia cuestionada fue trasladada no solo mediante Notificación Electrónica 40223-2020, sino que, además, el juzgado de origen dispuso que se le notifique en su domicilio procesal¹⁷.

11. Así pues, del examen externo de la resolución judicial cuestionada, este Tribunal Constitucional advierte que cuenta con argumentos fácticos y jurídicos que justifican suficientemente la decisión adoptada. En suma, la sola disconformidad del demandante con la valoración del órgano jurisdiccional no equivale a una vulneración del derecho a la debida motivación. Por el contrario, de los fundamentos que respaldan la demanda se puede colegir que en realidad lo que busca la amparista es cuestionar el criterio asumido por los jueces emplazados al rechazar su pedido de interrupción del proceso civil subyacente.

12. Por otro lado, este Tribunal ya ha precisado que el reexamen de estrategias, la valoración de su aptitud al interior del proceso y la apreciación de la calidad de defensa de un abogado de libre elección, como se pretende en el caso de autos, se encuentran fuera del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la defensa¹⁸.

13. Atendiendo a lo expuesto, no habiéndose afectado el contenido constitucionalmente protegido de los derechos alegados, se debe desestimar la demanda.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo.

Publíquese y notifíquese.

SS.

OCHOA CARDICH

GUTIÉRREZ TICSE

PACHECO ZERGA

PONENTE PACHECO ZERGA