SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 24 días del mes de agosto de 2026, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Ochoa Cardich, Gutiérrez Ticse y Pacheco Zerga, ha emitido la presente sentencia. Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con lo votado.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Fortunata Tomas Minaya¹ contra la Resolución 15, de fecha 20 de mayo de 2025, expedida por la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque que, revocó la apelada y declaró improcedente la demanda de amparo.

ANTECEDENTES

Con fecha 19 de marzo de 2021², doña Fortunata Tomas Minaya interpuso demanda de amparo contra Comunidad Campesina de Huachus. Solicitó que se haga efectiva en forma total el Acta de Asamblea General, de fecha 30 de diciembre del 2019, y se le ratifique a la demandante su condición de comunera pasiva, así como se le incorpore su nombre en el padrón de la Comunidad de Huachus, y, por ende, se le restituya todos sus derechos como comunera y sus beneficios, estipulados en el artículo 21 del Estatuto de la referida comunidad, más los costos procesales. Alegó la vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, propiedad y de asociación.

Refirió que, pese al fallecimiento de su cónyuge en año 1984, quién fue comunero activo de la comunidad, la recurrente participó activamente en la comunidad demandada, siendo reconocida y aceptada como comunera, desarrollando labores agrícolas y ganaderas en el terreno de aproximadamente diez hectáreas del cual era poseedora. No obstante, en el año 2003, debido a una afección de salud, se trasladó a Lima para recibir atención médica. Posteriormente, encargó el usufructo de las referidas tierras, primero a su hija y, con posterioridad, a su sobrina. A solicitud suya, su hijo permitió que un tercero se encargará del cuidado del terreno, otorgando la Comunidad Campesina un contrato de arrendamiento en favor de dicho tercero en el año 2012. Indicó que, en el año 2019, tomó conocimiento de que su nombre ya no figuraba en el padrón comunal, sin haber sido notificada de procedimiento alguno de expulsión o separación, ni haber realizado actos de renuncia o abandono de la condición de comunera.

El primer juzgado constitucional, mediante Resolución 1, de fecha 19 de abril de 2021, declaró improcedente liminarmente la demanda³. A su turno, la Sala Superior competente, mediante Resolución 5, de fecha 30 de noviembre, confirmó la apelada, por similares argumentos⁴. Finalmente, el Tribunal Constitucional, mediante Auto del 20 de noviembre de 2023, ordenó la admisión a trámite de la demanda⁵.

El Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Resolución 8, de fecha 9 de mayo de 2024⁶, admitió a trámite la demanda.

Con fecha 18 de junio de 2024⁷, la demandada formuló excepción de falta de agotamiento de la vía previa y contestó la demanda a efecto que sea declarada improcedente o infundada. Sostuvo que la demandante tomó conocimiento de la presunta afectación de sus derechos el 30 de diciembre de 2020, mediante el acta de asamblea ordinaria de la Comunidad Campesina de Huachus que le denegó la reivindicación de su condición de comunera pasiva, por lo que la demanda fue presentada fuera de plazo. Señaló que la actora perdió su condición de comunera al haberse ausentado permanentemente de la comunidad por un periodo superior a tres meses, causal prevista en el estatuto, no figurando en el padrón desde el año 2000. Agregó que, si bien mediante acta del 30 de diciembre de 2019 se le reconoció como comunera pasiva, esta no ejercía ni derechos ni obligaciones comunales, por lo que en la práctica no mantenía vínculo efectivo con la comunidad.

El Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Lima, mediante Resolución 11, de fecha 26 de noviembre de 2025⁸, declaró improcedente la excepción de falta de agotamiento de la vía previa, considerando la especial situación de la demandante, de 89 años, cuya afectación podría resultar irreparable. Por otro lado, el juzgado declaró fundada la demanda interpuesta en consideración a que la exclusión y negación de derechos fue ilegítima principalmente por la falta de un debido proceso, el incumplimiento del acuerdo de la Asamblea General por parte de la Junta Directiva y el hecho de que la demandante, por su edad, estaba legalmente exonerada de las obligaciones comunales cuyo incumplimiento se le imputaban.

La Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Resolución 15, de fecha 20 de mayo de 2025⁹, revocó la sentencia de primera instancia y, la reformó, declarando improcedente la demanda en todos sus extremos, entendiendo que el acto lesivo se configuró cuando la recurrente tomó conocimiento de su exclusión del Padrón Comunal, aproximadamente en febrero de 2019; no obstante, la demanda fue interpuesta el 19 de marzo de 2021, habiéndose excedido el plazo previsto en el artículo 45 del Nuevo Código Procesal Constitucional.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. La demandante solicita que se ordene al emplazado que: i) haga efectivo de forma total el Acta de Asamblea general de fecha 30 de diciembre de 2019; y, ii) se incorpore su nombre en el Padrón Comunal de la Comunidad Campesina de Huachus.

Alegó la vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, propiedad y de asociación.

Procedencia de la demanda

Sobre el acto lesivo y el plazo para la interposición de la demanda

2. De autos se advierte que el acto lesivo sobre el cual se solicita intervención de la justicia constitucional consiste en la omisión de la Comunidad Campesina de Huachus de incorporar a doña Fortunata Tomas Minaya en el Padrón Comunal pese a ser ratificada como comunera pasiva mediante Acta de Asamblea General de fecha 30 de diciembre de 2019¹⁰.

3. Asimismo, se tiene que la demandante, mediante escrito de fecha 30 de diciembre de 2020, solicitó directamente al presidente de la Comunidad Campesina de Huachus el restablecimiento de sus derechos como comunera pasiva, pedido sobre el cual no se ha probado que haya un pronunciamiento o comunicación en respuesta. Por tanto, al persistir la omisión de una respuesta, el plazo no puede contabilizarse, conforme al artículo 45, numeral 5, del Nuevo Código Procesal Constitucional.

Sobre la protección reforzada de las personas adultas mayores y la idoneidad del proceso de amparo

4. El artículo 4 de la Constitución Política preceptúa que “La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono”.

5. Dicha disposición constitucional consagra la tutela reforzada que ostenta las personas adultas mayores. De allí que este Tribunal haya puesto de relieve que “los ancianos se convierten, dentro de la política estatal de salvaguardia a los más desprotegidos en uno de los grupos de titulares super reforzados de derechos fundamentales o como también puede llamárseles, titulares con una calidad especial”¹¹.

6. Asimismo, se ha hecho hincapié en que las personas adultas mayores se caracterizan por vivir, en general, en un contexto de vulnerabilidad, es decir, en una exposición constante a riesgos de difícil enfrentamiento, que son producidos, en la mayoría de los casos, por diversos obstáculos que la sociedad les impone¹².

7. En esa línea, este Colegiado estima que, dada la situación de vulnerabilidad de las personas adultas mayores, sus derechos fundamentales y el respeto de su dignidad constituyen un imperativo exigible al Estado y a la sociedad en general. En consecuencia, siendo la recurrente una persona de más de 90 años, se impone la necesidad de tutela urgente por parte de la justicia constitucional; además de existir el material probatorio suficiente para emitir una decisión de fondo.

Análisis del caso concreto

8. En el presente caso, tal como fue señalado supra, acto lesivo sobre el cual se solicita intervención de la justicia constitucional consiste en la omisión de la Comunidad Campesina de Huachus de incorporar a doña Fortunata Tomas Minaya en el Padrón Comunal pese a ser ratificada como comunera pasiva mediante Acta de Asamblea General de fecha 30 de diciembre de 2019¹³.

9. En ese momento, se encontraba vigente el Estatuto de la Comunidad Campesina de Huachus del 2018, donde en el artículo 16 se señala que son comuneros pasivos:

a) Los comuneros exceptuados por límite de edad varones mayores de 65 años y mujeres de 60;

b) los comuneros que tengan limitaciones físicas y psíquicas previa certificación.

En ambos casos no pierden su condición de calificado para sus derechos.

10. A su turno, el artículo 33 del Estatuto del 2018, señala que se pierde la condición de comunero calificado por:

1. Renuncia voluntaria expresa e irrevocable.

2. Actuar contra los intereses de la Comunidad.

3. Incumplir en forma reiterada con sus obligaciones como comunero.

4. Por fijar residencia estable en otro lugar y no realizar actividad comunal

11. Asimismo, el artículo 34 señala que se dispensará a los comuneros pasivos de sus obligaciones.

12. Conforme se advierte del Acta de Asamblea General de fecha 30 de diciembre de 2019¹⁴, la recurrente ha sido aceptada como comunera pasiva, sin precisar por cuál causal es aceptada. Desde esa perspectiva, la recurrente al ser comunera pasiva, se encuentra liberada del cumplimiento de sus obligaciones ante la comunidad, conforme al artículo 34 del Estatuto. Por tanto, la recurrente no ha perdido la condición de comunera pasiva, pues no se ha acreditado que haya incurrido en alguna de las causales del artículo 33.

13. En este contexto, es pertinente recordar que este Tribunal en el expediente 01314-2024-PA señaló lo siguiente:

“11. Por ello, en la lógica comunal, [la] Comunidad Campesina Ango Raju ostenta, en el plano jurídico y fáctico, una posición de garante respecto de la satisfacción de las necesidades básicas de los comuneros que residen dentro de la comunidad, por lo que tiene el irrenunciable deber de velar por el bienestar de ellos -sin más distingos que los que resulten razonables y proporcionales en cada circunstancia en particular, a fin de no menoscabarles su derecho fundamental a la igualdad-, por cuanto no solo tienen un pasado común compartiendo costumbres y una misma cosmovisión ancestral; sino, también se reconocen, identificar y se definen como descendientes directos de pueblos originarios que ocuparon ancestralmente esos territorios, de los que surgen, además, derechos de carácter colectivo en el marco del Convenio OIT 169.

12. En razón de ello, la Comunidad Campesina Ango Raju cede parte de sus territorios a sus propios comuneros para su aprovechamiento particular —esto es, para su uso y disfrute—, así como emprende una serie de actividades comunales que, al fin y al cabo, en favor de ellos mismos, conforme a lo contemplado en la Ley 24656, Ley General de Comunidades Campesinas; consecuentemente, la relación entre la referida comunidad y sus comuneros es, en cierta medida, simbiótica, porque la satisfacción de las necesidades básicas de los comuneros depende, en gran medida, de la riqueza que colectivamente genere aquella comunidad, la que se obtiene de la sumatoria del esfuerzo, de la cooperación y de la solidaridad entre los propios comuneros, pero también de la explotación y de la disposición de los territorios que históricamente han sido de propiedad comunal.”

14. En el mismo expediente, sobre el requisito de estar inscrito en el Padrón Comunal para ser reputado comunero calificado, este Tribunal ha señalado que es meramente declarativo, ya que una lectura constitucionalmente válida del artículo 5 de la Ley 24656, Ley General de Comunidades Campesinas, debe descartar que esa inscripción tenga naturaleza constitutiva. En ese sentido, el hecho de que la recurrente no se encuentre inscrita en el Padrón Comunal de la demandada, no disminuye su calidad de comunera pasiva. Esa conclusión fluye además como exigencia del principio pro pueblo indígena, que tiene calidad de doctrina jurisprudencial vinculante (STC 00367-2016-PHC, FJ 44, caso Ríos Silvano), que impone el deber de “aplicar la norma que más favorezca los derechos de los miembros de las comunidades indígenas (campesinas o nativas)”. En consecuencia, la demanda debe ser estimada.

15. Finalmente, se debe condenar a la demandada al pago de costos y costas del proceso, en aplicación del artículo 28 del Nuevo Código Procesal Constitucional.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA la demanda. En consecuencia, ORDENAR a la Comunidad Campesina de Huachus a restituir los derechos de doña Fortunata Tomás Minaya como comunera pasiva, debiendo incorporarla en el Padrón Comunal de la demandada.

2. CONDENAR a la Comunidad Campesina de Huachus al pago de costas y costos procesales.

Publíquese y notifíquese.

SS.

OCHOA CARDICH

GUTIÉRREZ TICSE

PACHECO ZERGA