SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 11 días del mes de setiembre de 2026, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados, Ochoa Cardich, Gutiérrez Ticse y Pacheco Zerga, ha emitido la presente sentencia. Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con lo votado.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto don Luis Enrique Gutiérrez Oliva abogado de don Diego Omar Ortiz Calderón, contra la Resolución 10, de fecha 2 de julio de 2025¹, expedida por la Sala Penal de Apelación de la Corte Superior de Justicia de Tacna, que declaró improcedente la demanda de habeas corpus de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 25 de abril de 2024, don Luis Enrique Gutiérrez Oliva abogado de don Diego Omar Ortiz Calderón interpone demanda de habeas corpus², y la dirige contra los magistrados Franco Apaza, Flores Alanoca y Ayca Gallegos, integrantes de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Tacna. Denuncia la vulneración a los derechos al debido proceso, a la tutela procesal efectiva, a la debida motivación de las resoluciones judiciales, a la libertad personal y del principio de congruencia procesal.

Solicita que se declare la nulidad parcial de la Sentencia de vista, Resolución 26, de fecha 2 de junio de 2021³, en el extremo que revocó la Sentencia, Resolución 12, de fecha 28 de febrero de 2019⁴, que condenó a don Diego Omar Ortiz Calderón a ocho años de pena privativa de la libertad, como autor del delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado doloso agravado por apropiación, la reformó y lo condenó a cinco años de pena privativa de la libertad, como autor del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso por apropiación⁵; y que, en consecuencia, se realice una nueva audiencia de apelación y se emita nueva sentencia de vista.

El recurrente sostiene que los magistrados demandados al expedir la sentencia de vista consideraron que la agravante contenida en el segundo párrafo del artículo 387 del Código Penal no se encontraba debidamente acreditada, condenó al favorecido por el tipo base del delito de peculado doloso por apropiación y se le redujo la pena privativa de la libertad a cinco años.

Refiere que, en la sentencia de vista, el extremo relacionado con la individualización de la pena concreta, carece de motivación, ya que, si bien la Sala superior valora la carencia de antecedentes penales, conforme al artículo 46 del Código Penal, y sitúa el análisis de la pena dentro del tercio inferior, sin embargo, no determina qué extremo o límite en específico se le atribuye, teniendo en cuenta que el tercio inferior comienza desde los cuatro años hasta los cinco años y cuatro meses. De igual manera, al momento de valorar la aceptación de cargos del acusado, tampoco se determina cuánto es que se le va reducir conforme a este beneficio premial, concluyendo de manera arbitraria que la pena concreta a imponerse por la disminución de dos circunstancias atenuantes es de cinco años

Afirma que existen varios pronunciamientos jurisprudenciales en los que se ha establecido que la carencia de antecedentes penales es una atenuante genérica que ubica la disminución de punibilidad en el límite inferior, y que este está comprendido por extremos, que, en este caso en particular, comprende desde la pena de cuatro años hasta la de cinco años y cuatro meses, por lo que se debió motivar el extremo inferior que se le atribuye al caso en concreto. En el Recurso de Nulidad 2149-2018, Lima, fundamento séptimo, se ha establecido que “inclusive permite aplicar la sanción en el extremo inferior de la pena básica”.

Recuerda que en el Recurso de Nulidad 2793-2017- San Martín y el Recurso de Nulidad 1947-2014- Lima, entre otros pronunciamientos, se ha establecido que la proporción en que se realiza la aminoración de pena por conformidad procesal no puede sobrepasar el séptimo de la referida pena. La pena en concreto determinada por la carencia de antecedentes penales puede reducirse hasta un séptimo de la misma, pero el órgano jurisdiccional debe motivar el quantum punitivo en atención a las circunstancias del hecho, el nivel y el alcance de su actitud procesal, entre otros criterios. Empero, la Sala superior no ha motivado cuánto es que se le va disminuir en la punibilidad y no ha dado cuenta de las razones mínimas que sustentan su decisión.

Afirma que si no se ha determinado dentro del tercio inferior el límite (debido a la disminución por circunstancia genérica de carencia de antecedentes penales), no se podría determinar en base a qué límite se le va disminuir la punibilidad por conformidad procesal. Por ende, concluye, que no existe motivación alguna en la sentencia de vista.

Por otro lado, considera que se ha vulnerado el principio de congruencia procesal al motivar en forma contradictoria el extremo de la reparación civil, ya que la sala demandada concluye que, del informe pericial contable, no es posible determinar el perjuicio económico ocasionado al Estado. Sin embargo, el órgano judicial emplazado sustentó el monto de la reparación civil en un tipo de daño que no había sido alegado en ningún estadio procesal por el actor civil. A este efecto, recuerda que el actor civil solicitó el aumento de la reparación civil en función al daño patrimonial al Estado, que se sustentaba en la pericia contable. Sin embargo, la sala demandada no advirtió valor probatorio en la pericia contable, pero sorpresivamente justificó la reparación civil en la existencia de un daño no patrimonial, que consistiría en el “daño a la imagen de la institución pública”.

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Tacna, mediante Resolución 1, de fecha 26 de abril de 2024⁶, admite a trámite la demanda de habeas corpus.

El procurador público adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial contesta la demanda de habeas corpus⁷, y solicita que sea declarada improcedente, al estimar que en realidad pretende un reexamen de los medios probatorios actuados en juicio, de tal manera que se ha desvirtuado la presunción de inocencia del favorecido, y se ha determinado ocho años de pena privativa de la libertad, por lo que se advierte disconformidad, y persigue la revaloración de la motivación emitida por los jueces ordinarios.

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Tacna, mediante sentencia, Resolución 5, de fecha 5 de mayo de 2025⁸, declara improcedente la demanda de habeas corpus, al estimar que no se puede pronunciar sobre aspectos propios de la judicatura ordinaria, pues la judicatura constitucional no es tercera instancia. Además, se verifica que en el caso no se han transgredido ni vulnerado el deber de motivación de las resoluciones judiciales.

La Sala Penal de Apelación de la Corte Superior de Justicia de Tacna confirma la sentencia apelada, por similares fundamentos.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. El objeto de la presente demanda es que se declare la nulidad parcial de la Sentencia de vista, Resolución 26, de fecha 2 de junio de 2021, en el extremo que revocó la Sentencia, Resolución 12, de fecha 28 de febrero de 2019, que condenó don Diego Omar Ortiz Calderón a ocho años de pena privativa de la libertad, como autor del delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado doloso agravado por apropiación, la reformó y lo condenó a cinco años de pena privativa de la libertad, como autor del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso por apropiación⁹; y que, en consecuencia, se realice una nueva audiencia de apelación y se emita nueva sentencia de vista.

2. Se alega la vulneración a los derechos al debido proceso, a la tutela procesal efectiva, a la debida motivación de las resoluciones judiciales, a la libertad personal y del principio de congruencia procesal.

Análisis del caso

3. La Constitución establece expresamente en su artículo 200, inciso 1, que el habeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos a ella. No obstante, no cualquier reclamo que alegue la presunta afectación del derecho a la libertad personal o sus derechos conexos puede dar lugar al análisis del fondo de la materia cuestionada mediante el habeas corpus, pues para ello debe examinarse previamente si los hechos cuya inconstitucionalidad se denuncia revisten relevancia constitucional y, luego, si agravian el contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la libertad personal.

4. Todo ello implica que para que proceda el habeas corpus el hecho denunciado debe necesariamente redundar en una afectación negativa, directa y concreta en el derecho a la libertad personal o, dicho de otro modo, la afectación a los derechos constitucionales conexos debe incidir de manera negativa en el derecho a la libertad personal.

5. Dicho de otra manera, respecto a la procedencia del habeas corpus, si bien el juez constitucional puede pronunciarse sobre la eventual violación o amenaza de violación a los derechos constitucionales conexos, como los de defensa, a la prueba, etc., ello ha de ser posible siempre que exista conexión entre el derecho invocado y el derecho a la libertad personal, de modo que la amenaza o violación al derecho constitucional conexo tenga incidencia negativa, directa, concreta y carezca de justificación al intervenir en el ámbito constitucionalmente protegido del derecho a la libertad personal¹⁰.

6. En el caso de autos, este Tribunal aprecia que, entre otros, el demandante cuestiona la Sentencia de vista, Resolución 26, de fecha 2 de junio de 2021, respecto a la imposición de la reparación civil, en la medida que la Sala superior justificó la reparación civil en la existencia de un daño no patrimonial. Sin embargo, el Tribunal Constitucional hace notar que la determinación del monto de la reparación civil no tiene incidencia negativa, directa y concreta en el derecho a la libertad personal del favorecido.

7. Por consiguiente, en este extremo, la reclamación del recurrente no está referida al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el habeas corpus, por lo que resulta de aplicación el artículo 7, inciso 1, del Nuevo Código Procesal Constitucional.

8. Por otro lado, este Tribunal ha señalado que la necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas es un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y, al mismo tiempo, un derecho constitucional de los justiciables. Mediante ella, por un lado, se garantiza que la administración de justicia se lleve a cabo de conformidad con la Constitución y las leyes (artículos 45 y 138 de la Constitución Política del Perú), y, por otro, que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa. Justamente, con relación al derecho a la debida motivación de las resoluciones, este Tribunal ha precisado que “la Constitución no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación jurídica congruente entre lo pedido y lo resuelto, y que, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa o se presenta el supuesto de motivación por remisión [...]”¹¹.

9. Del mismo modo, el Tribunal Constitucional ha recordado que el principio de congruencia recursal forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las decisiones judiciales, y que garantiza que el juzgador resuelva cada caso concreto sin omitir, alterar o exceder las pretensiones formuladas por las partes¹².

10. Pues bien, un extremo de la demanda, está orientado a cuestionar la ausencia de motivación en la sentencia de vista; específicamente, al individualizarse la pena concreta, pues si bien se valoró la carencia de antecedentes penales y se situó el análisis de la pena dentro del tercio inferior, sin embargo, no se determinó qué extremo o límite en específico se le atribuye al favorecido. De igual manera, se reprocha que no se haya determinado cuánto es la reducción que le corresponde conforme al derecho premial, y sin embargo se ha concluido, de manera arbitraria, que la pena concreta por la disminución de dos circunstancias atenuantes es de cinco años.

11. Revisada la sentencia de vista, Resolución 26, de fecha 2 de junio de 2021, el Tribunal Constitucional aprecia lo siguiente:

3.2. Respecto al recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del procesado Diego Omar Ortiz Calderón. ¹³

3.2.1. La defensa técnica del procesado Diego Omar Ortiz Calderón, conforme al recurso de apelación y lo expuesto en los alegatos orales de la audiencia de apelación, solicitó que se anule la resolución apelada por ausencia de motivación absoluta o se revoque la misma; basándose esencialmente en los siguientes argumentos: (…) (vi) El considerando 4.2. de la recurrida no exhibe la configuración de la agravante, ello debido a que no se compulsó debidamente la declaración de la perito, máxime si esta no verificó, contó, contrastó ni pesó absolutamente ningún bien que se encontraba en los almacenes de la Municipalidad, pues solo presumió que los bienes del Acta 19 eran los que estaban allí, (vii) El acusado aceptó los cargos de peculado doloso por apropiación; sin embargo, la acusación le imputó cargos únicamente por las agravantes del segundo y tercer párrafo del artículo 387° del Código Penal; consecuentemente, la exégesis del A quo es equivocada; asimismo, no se precisó que medios de prueba actuados en juicio corroboran esa aceptación de cargos, (viii) Se concluyó que el acusado afirmó haberse llevado todos los bienes a su domicilio; sin embargo, desde la intervención policial, este solo afirmó haberse llevado parte de los bienes, no todos (…)

(…)

SEXTO Análisis y reexamen de los temas controvertidos.¹⁴

(…)

6.2. Respecto al recurso de apelación en contra del extremo condenatorio de la recurrida, interpuesto por la defensa técnica del procesado Diego Omar Ortiz Calderón.

(…)

6.2.2. Análisis respecto el pedido de revocatoria.

(…)

c) Sobre la determinación judicial de la pena.

6.2.2.8. Al verificarse que la agravante contenida en el segundo párrafo del artículo 387° del Código Penal no se encuentra debidamente acreditada, corresponde condenar al acusado como autor del delito de peculado doloso por apropiación (tipo base).

6.2.2.9. Ahora bien, conforme al artículo 45-A del Código Penal, la determinación judicial de la pena se estructura y se desarrolla en las siguientes etapas: (i) la identificación del espacio punitivo de determinación a partir de la pena prevista en la Ley para el delito y la divide en tres partes; y (ii) la individualización de la pena concreta aplicable al autor del delito.

Dentro de ese orden de ideas, en el caso en concreto se tiene lo siguiente:

(i) La identificación del espacio punitivo: El delito acreditado es el de peculado doloso por apropiación, el cual se halla sancionado con una pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años. En tal sentido, la determinación, conforme al sistema de tercios, será de la siguiente manera:

TERCIO INFERIOR TERCIO INTERMEDIO TERCIO SUPERIOR

4 años 5 años y 4 meses 6 años y 8 meses 8 años

(ii) La individualización de la pena concreta: Este Tribunal considera que, ante la presencia de una circunstancia atenuante regulada en el artículo 46° del Código Penal, esto es la carencia de antecedentes penales, debe determinarse la pena dentro del tercio inferior. Ahora bien, estando ante la aceptación de cargos del acusado, corresponde efectuar una reducción prudencial de la pena. Por consiguiente, atendiendo a lo expuesto precedentemente, corresponde imponer una pena concreta de 05 años.”

12. Así las cosas, este Tribunal considera que la resolución judicial cuestionada se encuentra debidamente justificada en el extremo de la determinación de la pena, pues ha considerado los antecedentes penales, situando la sanción penal dentro los parámetros establecidos por ley. En efecto, la decisión judicial cuestionada brinda respuesta a los agravios planteados por el favorecido en el recurso de apelación, y cumple con analizar las condiciones personales y procesales del beneficiario, y los parámetros punitivos respecto del delito, que son las razones por las que concluyó con la reducción de la pena a cinco años de pena privativa de la libertad.

13. Por ello, este Tribunal Constitucional considera que la demanda de habeas corpus, debe ser desestimada, al no haberse acreditado la vulneración al derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de habeas corpus, conforme a lo señalado en el fundamento 6 y 7, supra.

2. Declarar INFUNDADA la demanda de habeas corpus, al no haberse acreditado la vulneración al derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales.

Publíquese y notifíquese.

SS.

OCHOA CARDICH

GUTIÉRREZ TICSE

PACHECO ZERGA

PONENTE OCHOA CARDICH