SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 11 días del mes de septiembre de 2026, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Ochoa Cardich, Gutiérrez Ticse y Pacheco Zerga, ha emitido la presente sentencia. Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con lo votado.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Linares Roncal, contra la Resolución 6, de fecha 31 de julio 2023¹, expedida por la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, que declaró improcedente la demanda de habeas corpus de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 3 de mayo de 2023, don Juan Linares Roncal interpone demanda de habeas corpus² contra don Juan Palacios Mantilla, juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Virú, y contra los magistrados Alarcón Montoya, Carranza Rodríguez y Colmenares Cavero, integrantes de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Denuncia la vulneración de los derechos a la libertad personal, al debido proceso, a la tutela procesal efectiva, y a la debida motivación de las resoluciones judiciales.

Don Juan Linares Roncal solicita que se declare la nulidad de (i) la Resolución 2, de fecha 21 de octubre de 2022³, que declaró fundado el requerimiento de revocatoria de la condicionalidad de la pena planteada por el Ministerio Público, y revocó la condicionalidad de la pena. En consecuencia, dispuso que la sentencia tenga el carácter de efectiva por el plazo de un año de pena privativa de la libertad; y, (ii) la Resolución 6, de fecha 24 de abril de 2023⁴, que confirmó la Resolución 2⁵. Por consiguiente, solicita que se le otorgue un plazo razonable para el pago de las pensiones alimenticias devengadas ordenadas como regla de conducta en el proceso penal en el que fue condenado por el delito de omisión a la asistencia familiar.

El recurrente refiere que mediante sentencia Resolución 11 de fecha 22 de octubre de 2021⁶, se aprobó la conclusión anticipada y fue declarado responsable y condenado por delito de omisión a la asistencia familiar a un año de pena privativa de la libertad, suspendida en su ejecución por el mismo plazo, bajo el cumplimiento de reglas de conducta⁷.

Posteriormente, el representante del Ministerio Público con fecha 18 de octubre de 2022, formuló pedido de revocatoria de la condicionalidad de la pena, por incumplimiento de las reglas de conducta, específicamente, por la falta de pago de las pensiones alimenticias devengadas.

Alega que, el juez demandado declaró fundado el requerimiento fiscal, sin tener en cuenta que cumplió con el pago de la cuota de S/ 5,000.00, más un monto de S/ 2,900.00, pero por la pandemia del Covid-19, ya no estuvo en posibilidad de continuar con los pagos establecidos en la sentencia condenatoria; lo que constituye una causa de fuerza mayor. De igual manera, la Sala superior demandada confirmó la revocatoria de la condicionalidad de la pena, sin considerar que había sido despedido, por lo que no tenía posibilidad de cumplir con los pagos, ni consideró la documentación que se presentó para acreditar sus alegatos. En tal sentido, sostiene que no se ha justificado por qué su situación personal en el contexto de la pandemia no era suficiente para concederle la ampliación del plazo solicitado.

Finalmente, añade que para desestimar la concesión de la prórroga del plazo no se tomó en cuenta que no era funcionario público y la pena es de un año. Además, el juez no motivó por qué no le impuso la sanción de amonestación prevista en el artículo 59 del Código Penal en lugar de revocatoria.

El Juzgado Especializado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Arequipa mediante Resolución 1, de fecha 5 de mayo de 2023⁸, declara la incompetencia del juzgado por razón de territorio, y dispone remitir el expediente al Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo.

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo mediante Resolución 1, de fecha 17 de mayo de 2023⁹, admite a trámite la demanda.

El procurador público a cargo de los Asuntos Judiciales del Poder Judicial contesta la demanda¹⁰, y solicita que sea declarada improcedente. Afirma que, no se han acreditado los actos lesivos invocados en la demanda de habeas corpus, puesto que no se ha presentado las resoluciones judiciales cuya nulidad se solicita.

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo mediante sentencia Resolución 3, de fecha 26 de mayo de 2023¹¹, declara improcedente la demanda por estimar que la verdadera pretensión del accionante es que en la justicia constitucional admita como válido el argumento de que no se valoró la incidencia de la pandemia en sus posibilidades de pago de las pensiones devengadas, y, por lo mismo, concluir que le correspondía una ampliación del plazo para el pago. De ello, es posible concluir que para llegar a dicho análisis se debe partir de la valoración de elementos de convicción, ámbito que no forman parte de contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados, lo que solo corresponde definir al juez ordinario.

La Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad mediante Resolución 6, de fecha 31 de julio 2023¹², confirma la apelada por estimar que lo que se pretende es que se deje sin efecto una situación jurídica de responsabilidad penal ya declarada al recurrente, cuya condena se encuentra en ejecución, en el marco de un proceso penal ordinario por omisión de asistencia familiar, en el que se declaró fundada la solicitud de revocatoria de la condicionalidad de la pena, ante el incumplimiento de las reglas de conducta, incumplimiento que reconoce el recurrente y trata de justificar con la pandemia del Covid-19. Sin embargo, el proceso penal data del año 2019, y la liquidación es de una deuda anterior a dicha fecha (2019).

Interpuesto el recurso de agravio constitucional, el Tribunal Constitucional mediante Auto de fecha 20 de noviembre de 2023, declaró la nulidad del concesorio Resolución de fecha 15 de agosto de 2023¹³, pues la sentencia de vista contaba con solo dos de los votos (firma) de los tres magistrados que conformaron la Sala superior.

La Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad mediante Resolución 9 de fecha 15 de enero de 2024¹⁴, señala que por error o defecto del sistema no era posible apreciar las tres firmas de los magistrados que conformaron la sala y que sí firmaron la sentencia, de acuerdo a la razón del especialista judicial de sala; en consecuencia, concedieron el recurso de agravio constitucional.

FUNDAMENTOS

Petitorio

1. El objeto de la demanda es que se declare la nulidad de: (i) la Resolución 2, de fecha 21 de octubre de 2022, que declaró fundado el requerimiento de revocatoria de la condicionalidad de la pena planteada por el Ministerio Público, y revocó la condicionalidad de la pena que se le impuso a don Juan Linares Roncal. En consecuencia, dispuso que la sentencia tenga el carácter de efectiva por el plazo de un año de pena privativa de la libertad; y, (ii) la Resolución 6, de fecha 24 de abril de 2023, que confirmó la Resolución 2¹⁵. Por consiguiente, el recurrente solicita que se le otorgue un plazo razonable para el pago de las pensiones alimenticias devengadas ordenadas como regla de conducta en el proceso penal en el que fue condenado por el delito de omisión a la asistencia familiar.

2. Se alega la vulneración de los derechos a la libertad personal, al debido proceso, a la tutela procesal efectiva y a la debida motivación de las resoluciones judiciales.

Consideraciones preliminares

3. Este Tribunal aprecia que en autos no obra el texto íntegro de la Resolución 2, de fecha 21 de octubre de 2022, pero de la copia del acta de la audiencia de apelación de auto, en la que se expidió la Resolución 6, de fecha 24 de abril de 2023, sí se aprecian las consideraciones por las cuales se declaró infundada la apelación y se confirmó la Resolución 2. Por tanto, el análisis de este Tribunal se centrará en la Resolución 6.

Análisis del caso concreto

4. El Tribunal Constitucional, respecto al derecho a la motivación de las resoluciones judiciales ha indicado:

El derecho a la motivación de las resoluciones judiciales implica la exigencia de que el órgano jurisdiccional sustente, de manera lógica y adecuada, los fallos que emita en el marco de un proceso. Ello no supone, en absoluto, contar con una determinada extensión de la motivación, sino fundamentalmente que exista: a) fundamentación jurídica, lo que supone que se exprese no sólo la norma aplicable al caso, sino que también se explique y justifique por qué el hecho investigado se encuentra enmarcado en los supuestos que la norma prevé; b) congruencia entre lo pedido y lo resuelto; y, c) que por sí misma exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun cuando esta sea sucinta o se establezca el supuesto de motivación por remisión¹⁶

(…) el análisis de si en una determinada resolución judicial se ha violado o no el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales debe realizarse a partir de los propios fundamentos expuestos en la resolución cuestionada, de modo que las demás piezas procesales o medios probatorios del proceso en cuestión sólo pueden ser evaluados para contrastar las razones expuestas, mas no pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis. Esto, porque en este tipo de procesos al Juez constitucional no le incumbe el mérito de la causa, sino el análisis externo de la resolución, a efectos de constatar si ésta es el resultado de un juicio racional y objetivo donde el juez ha puesto en evidencia su independencia e imparcialidad en la solución de un determinado conflicto, sin caer ni en arbitrariedad en la interpretación y aplicación del derecho, ni en subjetividades o inconsistencias en valoración de los hechos¹⁷.

5. En el caso de autos, el demandante refiere que la revocatoria de la pena suspendida en su ejecución se sustenta en que el incumplimiento de la regla de conducta impuesta en la sentencia condenatoria, referida al pago de las pensiones alimenticias devengadas a favor de su hijo menor de edad. Aduce el recurrente que no contaba con ingresos económicos, pues estos se redujeron por la pandemia del Covid-19.

6. Sobre el particular, el artículo 59 del Código Penal, establece que, ante el incumplimiento de las reglas de conducta fijadas en la resolución que dispone la suspensión de la ejecución de la pena, el juez puede según los casos: 1) amonestar al infractor; 2) prorrogar el periodo de suspensión hasta la mitad del plazo inicialmente fijado; o 3) revocar la suspensión de la pena. Dicha norma no obliga al juez a aplicar tales alternativas en forma sucesiva, sino que, ante el incumplimiento de las reglas de conducta impuestas, la suspensión de la ejecución de la pena puede ser revocada sin necesidad de que previamente sean aplicadas las dos primeras alternativas.

7. Este Tribunal Constitucional considera que la demanda debe ser desestimada, puesto que, si bien el actor alega la afectación de sus derechos constitucionales, en puridad cuestiona el criterio utilizado y la decisión adoptada por los jueces emplazados para revocar la suspensión de la pena, no obstante que, los jueces explicaron las razones que sustentan la decisión adoptada. En efecto, la revocatoria de la suspensión de la ejecución de la pena fue discutida, analizada y explicada en su oportunidad por los jueces que integran los órganos jurisdiccionales demandados en el proceso penal, que desestimaron los alegatos del recurrente.

8. Sobre el particular, se observa que la Resolución 6, de fecha 24 de abril de 2023¹⁸, confirmó la Resolución 2, al considerar que:

1. Si bien el recurrente alega incapacidad material para cumplir con el pago de las pensiones, ocasionada por la pandemia originada por el Covid-19, y con ello su pérdida de empleo. Sin embargo, el plazo de la deuda no es coetáneo, pues el período liquidado es anterior a marzo del año 2020, en adelante.

2. Además, a la fecha de la determinación de la reparación civil, el recurrente tenía empleo.

3. Luego de la revocatoria de la pena suspendida, el recurrente no ha pagado algún monto de la deuda; es decir, se evidencia una intención de incumplir una sentencia con calidad de cosa juzgada.

9. Por tanto, este Tribunal aprecia que la Sala superior demandada expresó las razones por las cuales declaró infundada la apelación contra la revocatoria de la condicionalidad de la pena, por lo que la demanda debe ser desestimada.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la demanda de habeas corpus.

Publíquese y notifíquese.

SS.

OCHOA CARDICH

GUTIÉRREZ TICSE

PACHECO ZERGA

PONENTE OCHOA CARDICH