Sala Segunda. Sentencia 1722/2026
EXP. N.° 03262-2025-PA/TC
LIMA
PODER JUDICIAL

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 24 días del mes de agosto de 2026, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Ochoa Cardich, Gutiérrez Ticse y Pacheco Zerga, ha emitido la presente sentencia. Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con lo votado.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por el procurador público del Poder Judicial contra la resolución de fecha 30 de mayo de 20251, expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, que confirmó la improcedencia de la demanda de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 5 de septiembre de 20222, el procurador público del Poder Judicial promovió el presente amparo en contra de los jueces del Séptimo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la Octava Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, y de la Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, así como en contra de don Giancarlo Maccha Soto, en calidad de litisconsorte necesario, a fin de que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones judiciales: (i) Resolución de fecha 26 de octubre de 20183, que declaró fundada la demanda incoada en su contra por don Giancarlo Maccha Soto y le ordenó al Poder Judicial el pago de S/ 81,263.00 soles por concepto de pago y reintegro de bono por función jurisdiccional, vacaciones, gratificaciones y escolaridad más intereses legales, asimismo, ordenó que el Poder Judicial cumpla con depositar al demandante la suma de S/ 41,836.32 soles por concepto de Compensación por Tiempo de Servicios, más intereses financieros; (ii) Resolución de fecha 11 de marzo de 20204, que confirmó la apelada en la que se resolvió declarar fundada la demanda, y ordenaron que la demandada considere que la relación laboral habida entre las partes corresponde a un contrato laboral de duración indeterminada, desde el 12 de febrero de 1997 hasta el 31 de julio de 2006; y modificaron el monto, ordenando que la demandada pague al actor la suma de S/116,498.00 soles por concepto de pago y reintegro de bono por función jurisdiccional, vacaciones, gratificaciones y escolaridad, más intereses legales. Asimismo, se ordenó que la parte demandada asuma la condición de depositaria de la Compensación por Tiempo de Servicios de la parte demandante, calculado en el importe de S/39,295.79 soles por el período comprendido entre el 12 de febrero de 1997 hasta octubre del 2015. En cuanto, al importe de S/5,201.00 soles que comprende el periodo desde noviembre de 2015 hasta el 30 de abril de 2017 cumpla la demandada con depositar dicha suma al demandante según lo establecido en la Segunda Disposición Complementaria y Modificatoria de la Ley N° 30057, con los intereses financieros o bancarios que se devenguen y, (iii) sentencia casatoria de fecha 22 de junio de 20225 notificado el 27 de julio de 2022-, que declaró infundado su recurso de casación.

En líneas generales, alega que las decisiones cuestionadas han incurrido en motivación aparente al no haberse observado el criterio uniforme del Tribunal Constitucional sobre el carácter no remunerativo ni pensionable del bono jurisdiccional, y sin haberse emitido un pronunciamiento sobre las delimitaciones prescritas en la normativa que regula el pago de dicho bono y cada asignación especial. En este sentido, denuncia la violación de sus derechos fundamentales al debido proceso, en su manifestación del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales.

El procurador público del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos contestó la demanda6 y solicitó que sea desestimada. Alega que, si bien es cierto que el Tribunal Constitucional ha dejado establecido que el bono jurisdiccional no tiene carácter remunerativo ni pensionario, también es cierto que los jueces ordinarios tienen la potestad de optimizar la tutela de los derechos fundamentales. Así, según su decir, sí es posible que los jueces del Poder Judicial se aparten de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional cuando el objeto es una mayor tutela de los derechos fundamentales.

Mediante escrito de fecha 25 de noviembre de 20227, Giancarlo Maccha Soto contesta la demanda, manifestando que no se han vulnerado los derechos al debido proceso, así como la motivación de las resoluciones judiciales, así mismo que debería considerarse el bono por función jurisdiccional, con carácter remunerativo y pensionable, para efectos del pago de los reintegros dejados de percibir y de su Compensación por Tiempo de Servicios.

Mediante Resolución 6, de fecha 13 de diciembre de 20228, la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró improcedente la demanda, tras establecer que la disconformidad con la interpretación jurídica y la decisión no constituye una infracción al debido proceso y demás derechos fundamentales.

A su turno, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, mediante sentencia de vista de fecha 30 de mayo de 20259, confirmó la apelada por similares fundamentos.

FUNDAMENTOS

§1. Petitorio y determinación del asunto controvertido

  1. El objeto del presente proceso es que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones judiciales: (i) Resolución de fecha 26 de octubre de 2018, que declaró fundada la demanda incoada en su contra por don Giancarlo Maccha Soto y le ordenó al Poder Judicial el pago de S/ 81,263.00 soles por concepto de pago y reintegro de bono por función jurisdiccional, vacaciones, gratificaciones y escolaridad más intereses legales, asimismo, ordenó que el Poder Judicial cumpla con depositar al demandante la suma de S/ 41,836.32 soles por concepto de Compensación por Tiempo de Servicios, más intereses financieros; (ii) Resolución de fecha 11 de marzo de 2020, que confirmó la apelada en la que se resolvió declarar fundada la demanda, y ordenaron que la demandada considere que la relación laboral habida entre las partes corresponde a un contrato laboral de duración indeterminada, desde el 12 de febrero de 1997 hasta el 31 de julio de 2006; y modificaron el monto, ordenando que la demandada pague al actor la suma de S/116,498.00 soles por concepto de pago y reintegro de bono por función jurisdiccional, vacaciones, gratificaciones y escolaridad, más intereses legales. Asimismo, se ordenó que la parte demandada asuma la condición de depositaria de la Compensación por Tiempo de Servicios de la parte demandante, calculado en el importe de S/39,295.79 soles por el período comprendido entre el 12 de febrero de 1997 hasta octubre del 2015. En cuanto, al importe de S/5,201.00 soles que comprende el periodo desde noviembre de 2015 hasta el 30 de abril de 2017 cumpla la demandada con depositar dicha suma al demandante según lo establecido en la Segunda Disposición Complementaria y Modificatoria de la Ley N° 30057, con los intereses financieros o bancarios que se devenguen y, (iii) sentencia casatoria de fecha 22 de junio de 202210, que declaró infundado su recurso de casación. En este sentido, denuncia la violación de sus derechos fundamentales al debido proceso, en su manifestación del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales.

§2. Derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales

  1. Este Tribunal ha establecido que la exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas garantiza que los jueces, cualquiera que sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el proceso mental que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley; pero también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables (Cfr. Expediente 1230-2002-HC/TC, fundamento 11 de la sentencia). De este modo, la motivación de las resoluciones judiciales se revela tanto como un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional cuanto como un derecho constitucional que asiste a todos los justiciables (Cfr. sentencia recaída en el Expediente 8125-2005-HC/TC, fundamento 10).

  2. La motivación debida de una resolución judicial, como ha sostenido este Tribunal en su jurisprudencia, supone la presencia de ciertos elementos mínimos en la presentación que el juez hace de las razones que permiten sustentar la decisión adoptada. En primer lugar, la coherencia interna, como un elemento que permite verificar si aquello que se decide se deriva de las premisas establecidas por el propio juez en su fundamentación. En segundo lugar, la justificación de las premisas externas, como un elemento que permite apreciar si las afirmaciones sobre hechos y sobre el derecho hechas por el juez se encuentran debidamente sustentadas en el material normativo y en las pruebas presentadas por el juez en su resolución. En tercer lugar, la suficiencia, como un elemento que permite apreciar si el juez ha brindado las razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados por el juez y necesarios para la solución del caso. En cuarto lugar, la congruencia, como un elemento que permite observar si las razones expuestas responden a los argumentos planteados por las partes. Finalmente, la cualificación especial, como un elemento que permite apreciar si las razones especiales que se requieren para la adopción de determinada decisión se encuentran expuestas en la resolución judicial en cuestión (Cfr. sentencia recaída en el Expediente 0728-2008-PHC, fundamento 7). De este modo, la motivación de las resoluciones judiciales se revela tanto como un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional cuanto como un derecho constitucional que asiste a todos los justiciables (Cfr. sentencia recaída en el Expediente 8125-2005-HC/TC, fundamento 10).

§3. Análisis del caso concreto

  1. Como se indicó previamente, el objeto del presente proceso es que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones judiciales: (i) Resolución de fecha 26 de octubre de 2018, que declaró fundada la demanda incoada en su contra por don Giancarlo Maccha Soto y le ordenó al Poder Judicial el pago de S/ 81,263.00 soles por concepto de pago y reintegro de bono por función jurisdiccional, vacaciones, gratificaciones y escolaridad más intereses legales, asimismo, ordenó que el Poder Judicial cumpla con depositar al demandante la suma de S/ 41,836.32 soles por concepto de Compensación por Tiempo de Servicios, más intereses financieros; (ii) Resolución de fecha 11 de marzo de 2020, que confirmó la apelada en la que se resolvió declarar fundada la demanda, y ordenaron que la demandada considere que la relación laboral habida entre las partes corresponde a un contrato laboral de duración indeterminada, desde el 12 de febrero de 1997 hasta el 31 de julio de 2006; y modificaron el monto, ordenando que la demandada pague al actor la suma de S/116,498.00 soles por concepto de pago y reintegro de bono por función jurisdiccional, vacaciones, gratificaciones y escolaridad, más intereses legales. Asimismo, se ordenó que la parte demandada asuma la condición de depositaria de la Compensación por Tiempo de Servicios de la parte demandante, calculado en el importe de S/39,295.79 soles por el período comprendido entre el 12 de febrero de 1997 hasta octubre del 2015. En cuanto, al importe de S/5,201.00 soles que comprende el periodo desde noviembre de 2015 hasta el 30 de abril de 2017 cumpla la demandada con depositar dicha suma al demandante según lo establecido en la Segunda Disposición Complementaria y Modificatoria de la Ley N° 30057, con los intereses financieros o bancarios que se devenguen y, (iii) sentencia casatoria de fecha 22 de junio de 202211, que declaró infundado su recurso de casación. En este sentido, denuncia la violación de sus derechos fundamentales al debido proceso, en su manifestación del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales.

  2. Antes de realizar la revisión de las resoluciones cuestionadas, resulta necesario delimitar el marco normativo aplicable al bono por función jurisdiccional, en tanto el mismo fue incluido en la Ley 26553 - Ley de Presupuesto del Sector Público para 1996, de fecha 14 de diciembre de 1995, cuya Décimo Primera Disposición Transitoria y Final señalaba lo siguiente:

“Exceptúese al Poder Judicial de lo dispuesto en el Artículo 24 de la presente Ley, la percepción por tasas, aranceles y multas judiciales a que se contraen las Resoluciones Administrativas Nos. 002-92-CE/PJ y 015-95-CE/PJ, las establecidas en los Artículos 26 y 51 del Decreto Supremo No. 003-80-TR y toda otra multa creada por Ley que ingrese al Tesoro Público por concepto de actuación judicial. Tienen la misma condición los productos de remate de los denominados Cuerpos del Delito, el valor de los Depósitos Judiciales no retirados conforme a lo establecido en el Código Procesal Civil, el monto de las cauciones no sujetas a devolución, el arancel por legalización de Libros de Contabilidad y los demás que las leyes y otras normas le asignen. La distribución de los Ingresos arriba mencionados, se hará de la siguiente manera: Hasta 70% Como bonificaciones por función jurisdiccional, para Magistrados activos hasta el nivel de Vocal Superior, Auxiliares Jurisdiccionales activos y Personal Administrativo activo. No tiene carácter pensionable. No menos 20% Para gastos de funcionamiento (Bienes y servicios). No menos 10% Para gastos de infraestructura.”

  1. En este sentido, tanto la Resolución Administrativa del Titular del Pliego del Poder Judicial 193-1999 SE-TP-CME-PJ, de fecha 9 de mayo de 1999, la cual aprobó el primer Reglamento de la Bonificación por Función Jurisdiccional, como la Resolución Administrativa de la Presidencia del Poder Judicial 305-2011-P/PJ, de fecha 31 de agosto de 2011, vigente a la fecha, que aprobó el Nuevo Reglamento para el Otorgamiento de la Bonificación por Función Jurisdiccional para el personal del Poder Judicial, determinaron expresamente en su artículo segundo y noveno, respectivamente, que la referida bonificación no tiene carácter remunerativo ni pensionable, por lo que no puede ser base de cálculo para ningún tipo de beneficio. En este contexto, debe indicarse que mediante Decreto de Urgencia 114-2001, de fecha 28 de setiembre de 2001, se aprobó el otorgamiento de los gastos operativos y se estableció implícitamente la equivalencia, dada su misma naturaleza, entre el bono por función fiscal y el bono por función jurisdiccional para los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público.

  2. Dicha disposición establecida en la mencionada normativa fue asumida en la sentencia recaída en el Expediente 03903-2007-PA/TC, así como en reiterada jurisprudencia emitida por este Tribunal, en tanto se determinó que el bono por función jurisdiccional no tiene carácter pensionable ni remunerativo, toda vez que:

4. En la sentencia recaída en el Exp. 0022-2004-AI/TC (fundamentos 22 y 26) este colegiado señaló que el artículo 158 de la Constitución reconoce la equivalencia funcional entre los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público cuando establece que ambos grupos de magistrados tienen los mismos derechos y prerrogativas y están sujetos a las mismas obligaciones. Por ello es que en la sentencia del Exp. 1676-2004-AC/TC (fundamento 6), reconocimos que el Bono por Función Fiscal no tenía carácter pensionable y que los actos administrativos que lo incorporaban a la pensión carecían de la virtualidad suficiente para ser exigidos en la vía de cumplimiento.

5. Mediante Decreto de Urgencia N° 114-2001, del 28 de septiembre de 2001, se aprueba otorgar el Bono por Función Jurisdiccional y gastos operativos a los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público. De una lectura integral de la mencionada norma se concluye que tales rubros no tienen naturaleza remuneratoria ni son computables para efectos pensionarios. Consecuentemente, sólo son otorgados a los magistrados activos.

  1. Por lo tanto, conforme a la normativa expuesta, este Tribunal Constitucional ha venido resolviendo la naturaleza del bono por función jurisdiccional teniendo en cuenta que no tiene carácter remunerativo ni pensionable y se financia a través de los recursos ordinarios del Poder Judicial (Expedientes 0410-2006-PC/TC, 6790-2006-PC/TC, 05771-2006-PC/TC, 00847-2012-PC/TC, entre otros). Tratamiento similar al que se tiene con el bono por función fiscal.

  2. Ahora bien, este Tribunal Constitucional recuerda que en la sentencia recaída en el Expediente 00047-2004-AI/TC, ha sostenido que la jurisprudencia es la interpretación judicial del Derecho efectuada por los más altos tribunales en relación con los asuntos que a ellos corresponde, en un determinado contexto histórico. Esa interpretación tiene la virtualidad de vincular al tribunal que los efectuó (efecto horizontal), a los jerárquicamente inferiores (efecto vertical), y a otras entidades (efecto interinstitucional), cuando se discutan casos fáctica y jurídicamente análogos, siempre que tal interpretación sea jurídicamente correcta. Consecuentemente, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia también es fuente de Derecho para la solución de los casos concretos, obviamente dentro del marco de la Constitución y de la normatividad vigente. Es pues inherente a la función jurisdiccional la creación de Derecho a través de la jurisprudencia.

  3. Siendo ello así, desde que entró en vigencia el Código Procesal Constitucional y se le confirió formalmente al Tribunal Constitucional la competencia para dictar precedentes (potestad que se mantiene en el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional vigente), se ha precisado que el carácter vinculante de una sentencia constitucional no se circunscribe a estos últimos, ya que también comprende la jurisprudencia constitucional en general (artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional vigente). En efecto, como se precisó en el fundamento 42 de la sentencia emitida en el Expediente 03741-2004-PA/TC:

Las sentencias del Tribunal Constitucional, dado que constituyen la interpretación de la Constitución del máximo tribunal jurisdiccional del país, se estatuyen como fuente de derecho y vinculan a todos los poderes del Estado. Asimismo, conforme lo establece el artículo VI del Código Procesal Constitucional y la Primera Disposición General de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, 28301, los jueces y tribunales interpretan y aplican las leyes y reglamentos conforme a las disposiciones de la Constitución y a la interpretación que de ellas realice el Tribunal Constitucional a través de su jurisprudencia en todo tipo de procesos. La jurisprudencia constituye, por tanto, la doctrina que desarrolla el Tribunal en los distintos ámbitos del derecho, a consecuencia de su labor frente a cada caso que va resolviendo.

  1. Así, la manera en que este Tribunal Constitucional interpreta el Derecho a través de su jurisprudencia —independientemente de que tales interpretaciones se revistan del carácter de precedente o no— constituye fuente de Derecho y de primerísimo orden, ello, por cuanto al fijar de manera imperativa y definitiva los significados normativos de la Constitución, dicho producto interpretativo resulta obligatorio para todos los operadores jurídicos. En otras palabras, al interpretar el texto constitucional, esto es, al darle contenido a las disposiciones iusfundamentales, el Tribunal Constitucional crea Derecho vinculante.

  2. Por lo expuesto, la postura asumida por el Tribunal Constitucional respecto a que el bono de función jurisdiccional no tiene carácter remunerativo ni pensionable conforme a lo expuesto en el fundamento 8 supra, constituye un criterio reiterado y uniforme en la jurisprudencia del Tribunal que debe ser de observancia obligatoria para los órganos jurisdiccionales. En consecuencia, corresponde verificar si lo resuelto en las resoluciones cuestionadas tiene observancia a lo expuesto como criterio constitucional.

  3. Siendo ello así, de la revisión de la Sentencia N.º 285-2018 —sentencia de primera instancia— se advierte que se declaró fundada la demanda interpuesta en su contra por don Giancarlo Maccha Soto y le ordenó al Poder Judicial el pago reintegro del bono por función jurisdiccional, vacaciones, gratificaciones y escolaridad, de igual forma por concepto de compensación por tiempo de servicios. En efecto, de la lectura de la resolución objetada se tiene que, tras efectuar un análisis normativo, el a quo señaló que el bono por función jurisdiccional tiene carácter remunerativo, por lo que resulta base de cálculo para la CTS y gratificaciones, criterio que establece la Casación Laboral N.° 10277-2016 Ica de fecha 8 de agosto de 2018.

  4. Por otro lado, en relación con la también cuestionada sentencia de vista, de su lectura se advierte que esta confirmó la resolución de primera instancia, al señalar que el pago y reintegro de la bonificación por función jurisdiccional se pagaba en forma mensual y en montos fijos y permanentes. Además, conforme al Décimo Tercer considerando de la sentencia recaída en el Expediente 192-2008 sobre acción popular, este pago debía realizarse aplicando de manera retroactiva la Resolución 305-2011-P/PJ, respecto a los nuevos cargos y escalas.

  5. Finalmente, respecto a la Casación 11764-2020 Lima, cuya nulidad también se pretende, se advierte que el análisis estuvo circunscrito a las siguientes causales: infracciones normativas de índole procesal (artículo 139, inciso 3 y 5 de la Constitución Política del Perú,) infracción normativa material de los artículos 6 del TUO del Decreto Legislativo 728; y artículo 19 del TUO de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios; Tercera Disposición Transitoria de la Ley 28411; y el artículo 19 de la Ley 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público; Infracción normativa procesal del primer párrafo del artículo 81 del Código Procesal Constitucional; Respecto a la infracción normativa de carácter procesal, estuvo referida a la debida motivación de las resoluciones judiciales.

  6. Así, luego de analizar el caso concreto a la luz de las infracciones invocadas previamente, los jueces supremos declararon infundado el recurso de casación contra la sentencia de vista, por considerar que, la misma se encontraba debidamente motivada, sin advertirse la existencia de vicio alguno durante el trámite del proceso que vaya contra los principios del debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva y la motivación de las resoluciones judiciales Asimismo, advirtieron que, si bien el Tribunal Constitucional mantiene una posición jurídica contraria a la naturaleza remunerativa del bono por función fiscal y jurisdiccional tal como se reconoce en la Sentencia N.° 10094- 2005-PC/TC (fundamentos 6 y 7), negando el carácter remunerativo, y por ende pensionable del bono fiscal y jurisdiccional; en la sentencia cuestionada consideran que el bono jurisdiccional es un concepto remunerativo, por lo que es percibido por el trabajador de manera periódica, sucesiva, regular y bajo libre disponibilidad, como contraprestación de la labor efectuada, razón por la cual inciden en el cálculo de los beneficios sociales, conforme lo establecido por el II Pleno Jurisdiccional Supremo y la Casación Laboral N° 10277-2016-ICA.

  7. Así pues, del examen externo de las resoluciones judiciales cuestionadas, este Alto Colegiado advierte que han incurrido en un vicio o déficit de motivación externa, al convalidar la inobservancia de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional sobre el carácter no pensionable ni remunerativo del bono por función jurisdiccional. Además, se observa que este mismo análisis fue utilizado para determinar la naturaleza remunerativa de las asignaciones excepcionales y su inclusión en la base de cálculo de los beneficios sociales. En consecuencia, corresponde declarar la nulidad de las resoluciones impugnadas y disponer que el juez de primera instancia emita una nueva resolución que tenga observancia en el criterio jurisprudencial asumido por este Tribunal.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

  1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo.

  2. Declarar NULA la sentencia de fecha 26 de octubre de 2018, expedida por el Séptimo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima; la sentencia de vista de fecha 11 de marzo de 2020, expedida por la Octava Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima; y, la sentencia casatoria de fecha 22 de junio de 2022, expedida por la Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República.

  3. ORDENAR la renovación de los actos procesales nulificados conforme a los fundamentos de la presente sentencia.

Publíquese y notifíquese.

SS.

OCHOA CARDICH

GUTIÉRREZ TICSE

PACHECO ZERGA

  1. Fojas 145 del cuadernillo de apelación.↩︎

  2. Fojas 123.↩︎

  3. Expediente 15639-2017-0-1801-JR-LA-07, fojas 4.↩︎

  4. Fojas 40.↩︎

  5. Casación 11764-2020 Lima, fojas 83.↩︎

  6. Fojas 201.↩︎

  7. Fojas 219.↩︎

  8. Fojas 240.↩︎

  9. Fojas 145 del cuadernillo de apelación.↩︎

  10. Casación 11764-2020 Lima, fojas 83.↩︎

  11. Casación 11764-2020 Lima, fojas 83.↩︎