SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 25 días del mes de septiembre de 2026, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Ochoa Cardich, Gutiérrez Ticse y Pacheco Zerga, ha emitido la presente sentencia. Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con lo votado.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Botica Icafarma contra la sentencia de vista de fecha 16 de junio de 2025¹, expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de amparo.

ANTECEDENTES

Con fecha 3 de marzo de 2023², Botica Icafarma, representada por su apoderado don Ernesto Vicente Choque Achamizo, promovió el presente amparo contra los jueces integrantes del Primer Juzgado Civil y de la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ica. Pretende la nulidad de las siguientes resoluciones judiciales: (i) Resolución 6, de fecha 18 de octubre de 2022³, mediante la cual se declaró infundada la demanda contencioso administrativa promovida por la recurrente contra la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Ica⁴; y, (ii) Resolución 10, de fecha 25 de enero de 2023⁵, que confirmó la Resolución 6. Denuncia la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela jurisdiccional efectiva y a la debida motivación de las resoluciones judiciales.

En términos generales, sostiene que en el proceso contencioso administrativo tramitado ante el Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Ica, cuestionó el procedimiento administrativo sancionador iniciado por la Dirección Regional de Salud de Ica contra la Botica Icafarma, el cual culminó con la imposición de una multa equivalente a dos UIT, posteriormente confirmada en segunda instancia administrativa. Refiere que las observaciones detectadas en el acta de inspección fueron subsanadas antes del inicio del procedimiento sancionador y que, pese a ello, se le impuso una sanción desproporcionada y deficientemente motivada, sin observar los criterios de razonabilidad y proporcionalidad previstos en la normativa aplicable. Asimismo, sostiene que la disposición de “pronto pago” contenida en la resolución sancionadora constituye una medida arbitraria que restringe el ejercicio del derecho de defensa y desincentiva la impugnación de la sanción. En tal sentido, afirma que las resoluciones judiciales cuestionadas omitieron pronunciarse sobre dichos agravios relevantes, vulnerando así sus derechos fundamentales.

Con Resolución 2, de fecha 17 de marzo de 2023⁶, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica admitió a trámite la demanda.

El procurador público del Poder Judicial, con fecha 27 de marzo de 2023⁷, contestó la demanda solicitando que sea declarada infundada y/o improcedente, al sostener que las resoluciones judiciales cuestionadas fueron emitidas con observancia del debido proceso y con adecuada motivación. Señala que el demandante pretende reabrir el debate ya resuelto en la vía ordinaria respecto de la legalidad de la sanción administrativa impuesta a la Botica Icafarma, lo cual excede el ámbito de tutela del proceso de amparo, pues este no constituye una instancia revisora de lo decidido por la jurisdicción ordinaria. Asimismo, refiere que tanto el juzgado como la sala superior justificaron razonablemente sus decisiones, concluyendo que el procedimiento administrativo sancionador se desarrolló conforme a ley y que el administrado no desvirtuó las infracciones imputadas. Finalmente, sostiene que la demanda incumple el requisito de firmeza previsto en el artículo 9 del Nuevo Código Procesal Constitucional, debido a que el recurrente no interpuso recurso de casación contra la sentencia de vista cuestionada.

Con Resolución 10, de fecha 12 de mayo de 2023⁸, el juzgado de primera instancia declaró improcedente la demanda, por considerar que la parte demandante pretendía reexaminar las decisiones emitidas en el proceso contencioso-administrativo seguido ante el Primer Juzgado Especializado Civil y la Sala Civil Permanente de Ica, respecto de la sanción administrativa impuesta a la Botica Icafarma. Asimismo, advirtió que la sentencia de vista cuestionada, notificada el 27 de enero de 2023, no fue impugnada mediante recurso de casación, pese a que el proceso se tramitó en la vía ordinaria, verificándose posteriormente el cumplimiento de lo ejecutoriado y el archivo definitivo del proceso. En consecuencia, concluyó que las resoluciones judiciales cuestionadas no tenían la condición de firmes, conforme a lo dispuesto en el artículo 9 del Nuevo Código Procesal Constitucional.

La Sala Superior revisora, con sentencia de vista de fecha 16 de junio de 2025⁹, confirmó la apelada y declaró improcedente la demanda, al verificar que la resolución judicial cuestionada no tenía la condición de firme, toda vez que en el proceso contencioso-administrativo subyacente procedía la interposición del recurso de casación por tratarse de una decisión emitida por una autoridad regional, recurso que no fue agotado por la parte demandante antes de acudir al proceso de amparo. Asimismo, precisó que la resolución cuestionada contenía fundamentos fácticos y jurídicos suficientes que sustentaban razonablemente la decisión adoptada, sin advertirse vulneración alguna al debido proceso ni a la tutela procesal efectiva. En consecuencia, concluyó que no se cumplía el requisito de procedibilidad exigido, conforme a lo dispuesto en el artículo 9 del Nuevo Código Procesal Constitucional.

FUNDAMENTOS

1. Conforme al artículo 9 del Nuevo Código Procesal Constitucional, constituye un requisito de procedibilidad del amparo contra resoluciones judiciales la firmeza de la resolución cuestionada. Dicha disposición exige, además, que el recurrente no haya dejado consentir la resolución que dice afectarlo. Ello implica que, antes de interponerse la demanda constitucional, deben agotarse los recursos legalmente previstos contra la resolución cuestionada al interior del proceso subyacente, esto con la finalidad de que sea la propia jurisdicción ordinaria la que, en primer lugar, adopte las medidas necesarias para salvaguardar el ejercicio de los derechos fundamentales invocados al interior del proceso sometido a su conocimiento.

2. Ahora bien, corresponde señalar que, en el presente caso, la resolución judicial cuestionada — esto es, la sentencia de vista contenida en la Resolución 10, de fecha 25 de enero de 2023, emitida por la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ica— era susceptible de ser impugnada a través del recurso de casación, de conformidad con el numeral 3 del artículo 32 del Texto Único Ordenado de la Ley 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso-Administrativo, vigente al momento de expedirse la referida resolución; sin embargo, tal como lo advirtieron las instancias judiciales del presente amparo y el demandante lo confirmó en su recurso de agravio constitucional, él no ha cumplido con interponer el aludido recurso, omisión que se encuentra corroborada por la búsqueda del expediente respectivo en el Sistema de Consulta de Expedientes del Poder Judicial (CEJ).

3. En tal sentido, se verifica que el amparista dejó consentir la resolución judicial que ahora cuestiona, por lo que en aplicación del artículo 9 del Nuevo Código Procesal Constitucional, su pretensión deviene en improcedente.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

OCHOA CARDICH

GUTIÉRREZ TICSE

PACHECO ZERGA

PONENTE PACHECO ZERGA