SENTENCIA DEL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 3 días del mes de julio de 2026, el Tribunal
Constitucional, en sesión de Pleno Jurisdiccional, integrada por los
señores magistrados Domínguez Haro, presidente; Morales Saravia,
Gutiérrez Ticse, Pacheco Zerga, Monteagudo Valdez, Ochoa Cardich y
Hernández Chávez, pronuncia la siguiente sentencia, con los fundamentos
de voto de los magistrados Domínguez Haro y Ochoa Cardich, y el voto
singular del magistrado Gutiérrez Ticse, que se agregan.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan
Carlos Ruiz Molleda, abogado de don Roger Yampis Agkuash, contra la
Resolución 14, de fecha 10 de abril de 2024,
emitida por la Sala Civil Permanente de Utcubamba de la Corte Superior
de Justicia de Amazonas, que declaró infundada la demanda de amparo de
autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 3 de agosto de 2023, don Roger Yampis
Agkuash, interpone demanda de amparo contra don Pedro Oswaldo Chira
Fernández, presidente del Directorio de Petroperú S.A., con
emplazamiento a doña Carmen Beltrán Vargas, jefa de la Gerencia del
Departamento Legal, por la vulneración del derecho a disfrutar de un
medio ambiente equilibrado y adecuado a la vida, la amenaza cierta e
inminente de vulneración del derecho a los recursos naturales que
garantizan la subsistencia de los pueblos indígenas, de los principios
de promover sectores excluidos y de prevención y precaución en materia
ambiental, así como de los deberes de promover la conservación de la
diversidad biológica y de remover obstáculos legales y de otro tipo que
impidan la vigencia de los derechos fundamentales.
En tal sentido, solicita que se disponga lo siguiente:
Mantenimiento del Oleoducto Norperuano (ONP) por parte de
Petroperú S.A.
Se ordene realizar, en el marco de lo establecido en su Programa
de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), y respecto de los Tramos I y II
y del Ramal Norte del Oleoducto Norperuano, lo siguiente:
a) El mantenimiento efectivo, inmediato e integral respecto de
aquellas secciones del ducto que no han sufrido un deterioro severo o
significativo;
b) El reemplazo del ducto respecto de aquellas secciones que han
sufrido un deterioro severo o significativo.
Se remita al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
(OEFA), en el menor plazo posible, un cronograma donde se detalle las
acciones que realizará para dar cumplimiento a esta medida, el cual será
evaluado y aprobado por este organismo.
Actualización del instrumento de gestión ambiental del
ONP por parte de Petroperú S.A.
Se ordene que, en el menor plazo posible, cumpla con elaborar y
presentar un proyecto de actualización de su Instrumento de Gestión
Ambiental (IGA) ante el Ministerio de Energía y Minas, a efectos de que
en dicho instrumento se incluya la evaluación integral de los impactos
identificados en la actividad de transporte de hidrocarburos a través
del ONP, así como los compromisos ambientales que resulten aplicables
para garantizar el adecuado manejo y mitigación de dichos
impactos.
La aprobación del IGA deberá ser consultado adecuadamente con las
comunidades nativas por donde atraviesa el ONP.
Sostiene que los sistemáticos derrames de petróleo del ONP en
territorios de las comunidades nativas ubicadas en las riberas del río
Marañón fueron ocasionados, en parte, por la falta de mantenimiento a
cargo de la demandada y por la falta de actualización del IGA; que,
según la información proporcionada por el Organismo Supervisor de la
Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), de fecha 28 de agosto de
2019, existe un total de 63 derrames, razón por la cual se sancionó a
Petroperú S.A. con 12 millones de soles; y que el OEFA también ha
reconocido responsabilidad de la emplazada en el derrame de Chiriaco y
Morona, en el año 2016, que afectó a las comunidades nativas Awajun y
Wampis, e impactó negativamente en su salud, flora y fauna, debido a que
no se brindó mantenimiento al citado oleoducto, conforme lo describe la
Resolución Directoral 1060-2019-OEFA/DFAI, de fecha 17 de julio de 2019,
y por lo cual la emplazada fue sancionada con una multa de 20,780.53
UIT, equivalente a 83 millones de soles. Del mismo modo, manifiesta que
el OEFA acreditó los impactos de los derrames en los componentes de
agua, suelo, ecosistema y la salud de las comunidades asentadas en la
zona de influencia. Finalmente, asevera que, en el año 2021, requirió
información a OSINERGMIN sobre los distintos mantenimientos que habría
realizado Petroperú S.A., pero recibió como respuesta que no se ha hecho
mantenimiento integral y completo del ONP, a pesar de los distintos
mandatos aplicables a sus tres tramos.
El Primer Juzgado Civil de Bagua, mediante Resolución 1, de fecha 24
de agosto de 2023, admite a trámite la demanda.
Con fecha 28 de septiembre de 2023, subsanado con fecha 17
de octubre de 2023, la apoderada legal de Petroperú
S.A., doña Ana María Teresa Vera Loret de Mola contesta la demanda
solicitando que sea declarada improcedente e infundada. Sostiene que,
actualmente, no existen segmentos o secciones del ONP ni del Oleoducto
Ramal Norte (ORN) con deterioro severo o significativo, debido a que en
dichos segmentos de tubería se han ejecutado los trabajos de
mantenimiento respectivo de acuerdo con la normativa vigente y
debidamente comunicados y supervisados por el OSINERGMIN; que, según los
resultados obtenidos en la última inspección interna con tecnología de
detección de pérdida de espesor (MFL-HR), el estado del revestimiento de
la tubería evidencia que el 99.93 % del área total del Tramo I, el 99.99
% del área total del Tramo II y el 99.99 % del área total del ORN no han
perdido su espesor, lo que evidencia que la infraestructura se encuentra
en adecuadas condiciones para su funcionamiento; y que el proyecto de
actualización del IGA ya fue ordenado por el OEFA mediante la Resolución
Directoral 012-2016-GEFA/DS, luego del derrame ocurrido en Chinaco y en
Morona, motivo por el que, mediante Informe de Supervisión
00119-2021-OEFA/DSEM-CHID, el mismo OEFA determinó que su representada
está cumpliendo con la medida ordenada. En suma, resalta que lo
pretendido ya ha sido ordenado por la autoridad administrativa
competente, lo que viene siendo cumplido.
Mediante Resolución 8, de fecha 20 de noviembre de 2023, el
juzgado declara infundada la demanda, por considerar que no se advierte
la necesidad de tutela urgente derivada de la relevancia de los derechos
o la gravedad de las consecuencias, puesto que el OSINERGMIN dio cuenta
de las exigencias que se han venido efectuando a la entidad demandada,
en forma progresiva, mediante información que data de los años 2019 y
2021. Además, aduce que no se ha demostrado cuál es el avance del
cumplimiento de las obligaciones de la emplazada al momento de
interponer la demanda; y que se produciría la desnaturalización del
proceso de amparo si se impone una nueva exigencia, similar o con la
misma finalidad que las establecidas por el OEFA y el OSINERGMIN, más
aún si se encuentran en proceso de implementación.
La sala superior revisora, con Resolución 14, de fecha 10 de abril de
2024, confirma la apelada. Arguye que lo
que se busca en este proceso son medidas adicionales de ejecución que ya
fueron evaluadas y ratificadas por los organismos competentes, por lo
que, si se advirtiese conductas renuentes, deberán ser tratadas en el
marco del proceso administrativo sancionador. Con relación a la
actualización del IGA del ONP, considera que se ha cumplido, según quedó
plasmado en el Informe 00119-2021-OEFA/DSEM-CHID, del 30 de abril del
2021. Concluye que la decisión recurrida está debidamente motivada y que
no se lesionaron los derechos invocados por la parte accionante.
FUNDAMENTOS
Delimitación del petitorio
La presente demanda tiene como objeto que se disponga lo
siguiente:
Mantenimiento del ONP por parte de Petroperú
S.A.
Se ordene realizar, en el marco de lo establecido en su PAMA, y
respecto de los Tramos I y II y del Ramal Norte del ONP, lo
siguiente:
a) El mantenimiento efectivo, inmediato e integral respecto de
aquellas secciones del ducto que no han sufrido un deterioro severo o
significativo;
b) El reemplazo del ducto respecto de aquellas secciones que han
sufrido un deterioro severo o significativo.
Se remita al OEFA, en el menor plazo posible, un cronograma donde
la emplazada detalle las acciones que realizará para dar cumplimiento a
esta medida, el cual será evaluado y aprobado por este
organismo.
Actualización del IGA del ONP por parte de Petroperú
S.A.
Se ordene que, en el menor plazo posible, la emplazada cumpla con
elaborar y presentar un proyecto de actualización de su IGA ante el
Ministerio de Energía y Minas, a efectos de que en dicho instrumento se
incluya la evaluación integral de los impactos identificados en la
actividad de transporte de hidrocarburos a través del ONP, así como los
compromisos ambientales que resulten aplicables para garantizar el
adecuado manejo y mitigación de dichos impactos.
La aprobación del IGA deberá ser consultada adecuadamente con las
comunidades nativas por donde atraviesa el ONP.
El demandante alega la vulneración del derecho a disfrutar de un
medio ambiente equilibrado y adecuado a la vida;, la amenaza cierta e
inminente de vulneración del derecho a los recursos naturales que
garantizan la subsistencia de los pueblos indígenas, de los principios
de promover sectores excluidos y de prevención y precaución en materia
ambiental, así como de los deberes de promover la conservación de la
diversidad biológica y de remover obstáculos legales y de otro tipo que
impidan la vigencia de los derechos fundamentales.
Análisis de la controversia
Mediante sentencia recaída en el Expediente 00580-2021-PA/TC, de
fecha 16 de abril de 2024, el Pleno del Tribunal Constitucional declaró
fundada en parte la demanda de amparo interpuesta por don Galo Vásquez
Silva y otros, en representación de la Federación de Pueblos Cocama
Unidas del Marañón (FEDEPCUM), contra Petroperú S.A., y, en
consecuencia, ordenó a Petroperú S.A. que, a la brevedad posible, cumpla
con implementar, en la totalidad del ONP y el ORN, las medidas de
mantenimiento preventivo establecidas en su PAMA, así como las que
resulten necesarias para mitigar los daños generados por los derrames de
petróleo crudo.
Las medidas de mantenimiento preventivo consignadas en dicho
fallo fueron las siguientes:
1.- Inspecciones topográficas y batimétricas en el cruce de los ríos
del Oleoducto Norperuano (ONP) y el Oleoducto Ramal Norte (ORN).
2.- Inspecciones internas de la tubería con raspatubos electrónicos
del ONP y ORN, las que consisten en:
1.- Realización de estudios batimétricos anuales en los cruces de los
ríos Pastaza Km 176 ONP y Utcubamba.
2.- Proyectarse a las comunidades vecinas al ONP y ORN, con la
finalidad de integrarse a ellas, participando y fomentando su desarrollo
económico social y educativo – cultural.
3.- Realización del mantenimiento de válvulas de líneas y cruces
aéreos.
4.- Realización del monitoreo mensual del agua de los tanques en las
cuatro estaciones 1.5, andoas y bayovar y de las trampas de recepción de
raspatubos ubicados en las estaciones 5.7.9 y bayovar para el control de
corrosión interna por el comportamiento del biocida a través del conteo
bacterial.
5.- Transmisión a través del Oleoducto de raspatubos con escobilla
metálica y de magnetos cada dos meses y de escobillas de poliuretano de
disco o copas continuamente.
6.- Inspecciones y monitoreo periódico de la integridad externa del
Oleoducto.
Realización de inspecciones visuales sobre el derecho de vía,
monitoreo de los potenciales de protección catódica y de la resistencia
eléctrica del terreno y análisis permanente de presencia de bacteria
sulfato – reductora en el petróleo.
Continuar con el sistema de control SCADA, el cual es soportado
por un sistema de comunicación vía satélite que puede mostrar en tiempo
real las características del petróleo crudo y las presiones de salida y
llegada en las estaciones.
Mediante escrito de fecha 18 de diciembre de 2024,
ingresado por la parte demandante al Tribunal Constitucional, esta adujo
que a través de la precitada sentencia se resolvió la pretensión
consignada en la presente causa, pero, en la medida que cesó la agresión
de forma posterior a la presentación de la demanda, correspondía
declarar fundada la misma y ordenar que la emplazada no reitere su
conducta lesiva:
La expresión “implementar, en la totalidad del Oleoducto
Norperuano (ONP) y el Oleoducto Ramal Norte (ORN)” incluye la zona
comprendida por la presente demanda. En ese sentido, la pretensión fue
resuelta en el momento en que el que se expidió [sic] la citada
sentencia, por lo que habría sustracción de la materia.
[…]
En el presente caso, la sentencia que cesó la agresión fue posterior
a la presentación de la demanda. Por lo tanto, solicitamos que se
realice un amparo innovativo, declarando fundada la demanda y se
disponga al emplazado a no volver a incurrir en las omisiones que
motivaron la imposición de la demanda. [Énfasis agregado].
Al respecto, este Tribunal, en anteriores pronunciamientos, ha
señalado que la facultad de emitir pronunciamiento en casos donde se ha
producido la sustracción de la materia controvertida, sea por el cese
del acto lesivo o por la irreparabilidad del derecho invocado, supone un
margen de apreciación atribuido legislativamente al juez constitucional
en atención a las circunstancias y el contexto del agravio que se
desprende del caso en concreto.
También ha precisado que:
Se entiende por cese del acto lesivo aquella situación por medio de
la cual la acción u omisión que origina una amenaza o violación de un
derecho fundamental deja de producirse por parte de quien la estaba
llevando a cabo. De otro lado, se entiende por irreparabilidad aquella
situación por medio de la cual no se pueden reponer las cosas al estado
anterior a la amenaza o violación de un derecho fundamental [cfr. STC
05287-2008-PA/TC, fundamento 11]; es decir, se trata de aquella
“imposibilidad jurídica o material” de retrotraer los efectos del acto
reclamado como vulneratorio de un derecho fundamental [cfr. STC
00091-2005-PA], de forma tal que la judicatura se encuentre ante la
imposibilidad de tomar una medida para poder reestablecer el ejercicio
del derecho en una situación determinada.
En ese sentido, dado que el agravio invocado por el accionante ha
cesado, pues este Alto Tribunal, en el Expediente 00580-2021-PA/TC, se
ha pronunciado sobre el fondo de la controversia y ha determinado las
medidas de mantenimiento para el ONP y el ORN, corresponde declarar en
el presente caso la improcedencia del extremo i) de la pretensión
demandada, en aplicación, a contrario sensu, del segundo
párrafo del artículo 1 del Nuevo Código Procesal Constitucional. Sin
perjuicio de que, en el referido proceso, la parte agraviada solicite al
juez de ejecución el cumplimiento integral de la sentencia, en caso
considere que no se habría implementado adecuadamente lo dispuesto.
Ahora bien, respecto al punto ii) de la pretensión, referida a la
actualización del IGA del ONP, conviene anotar que, de acuerdo con el
Informe de Supervisión 00119-2021-OEFA/DSEM-CHID, de fecha 30 de abril
de 2021, emitido por el OEFA, se concluyó
lo siguiente:
C. Conclusión
36. En tal sentido, del resultado del análisis de los medios
probatorios citados en el presente informe, se concluye que Petroperú
cumplió con ejecutar la medida preventiva establecida en el Artículo 4°
de Resolución Directoral 012-2016-OEFA/DS, confirmada por la Resolución
026-2016-OEFA/TFA-SEE, pues remitió a la DS el cargo de presentación de
la Carta SEHS-337-2016 iniciando de esta manera el trámite de
actualización del IGA correspondiente […]
Petroperú cumplió con presentar un proyecto de actualización de su
Instrumento de Gestión Ambiental ante el Ministerio de Energía y Minas,
a efectos que en dicho instrumento se incluya la evaluación integral de
los impactos identificados en la actividad de transporte de
hidrocarburos a través del Oleoducto Norperuano, así como los
compromisos ambientales que resulten aplicables para garantizar el
adecuado manejo y mitigación de dichos impactos, conforme a lo dispuesto
por el artículo 4 de la Resolución Directoral N° 012-2016-OEFA/DS.
(…) . [Énfasis agregado].
En ese sentido, tal y como queda acreditado en el fundamento
anterior, el OEFA dio por cumplida la obligación de Petroperú S.A. para
elaborar y presentar un proyecto de actualización de su IGA, por lo que,
así las cosas, debe desestimarse este extremo de la demanda.
Finalmente, ante la problemática ambiental que se viene generando
por la falta de cumplimiento de los compromisos suscritos por la
emplazada en su PAMA y al margen de las sanciones que podría generar su
conducta, este Colegiado estima necesario poner en conocimiento del
OEFA, el Ministerio del Ambiente, el OSINERGMIN y del Ministerio de
Energía y Minas la presente sentencia, a fin de que, en el marco de sus
competencias, fiscalicen continuamente el adecuado cumplimiento de los
compromisos asumidos por Petroperú S.A. en su PAMA y de la normativa
ambiental.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad
que le confiere la Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
Declarar INFUNDADA la demanda de amparo en el
extremo que solicita la actualización del instrumento de gestión
ambiental del Oleoducto Norperuano.
Declarar IMPROCEDENTE la demanda en lo demás que
contiene.
Notificar la presente sentencia al Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (OEFA), al Ministerio del Ambiente, al Organismo
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) y al
Ministerio de Energía y Minas, para que procedan en el marco de sus
competencias, conforme a lo expresado en el fundamento 11,
supra.
Publíquese y notifíquese.
SS.
DOMÍNGUEZ HARO
MORALES SARAVIA
PACHECO ZERGA
MONTEAGUDO VALDEZ
OCHOA CARDICH
HERNÁNDEZ CHÁVEZ
FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO DOMÍNGUEZ HARO
Con el debido respeto por la posición de mis colegas, emito el
presente fundamento de voto, pues estimo necesario hacer las siguientes
especificaciones:
Resulta necesario que Petroperú SA adopte medidas en pro
de conservar el medio ambiente frente a los derrames de petróleo que,
lastimosamente, han sucedido en más de una ocasión, por lo que no solo
debe hacerse responsable de enmendar los daños que produzcan los
derrames; también debe enfocarse en evitarlos, ya que tiene el
ineludible deber de dar mantenimiento periódico al oleoducto y tomar
todas las precauciones que, dentro de los márgenes de lo razonable,
coadyuven a que no se repitan este tipo de incidentes y, si es que
ocurren, se reparen tan pronto como sea posible.
El derecho fundamental al medio ambiente equilibrado para el
desarrollo de la vida no puede limitarse a ser una mera proclamación
carente de efectividad; muy por el contrario, exige, por un lado, que el
Estado Constitucional de Derecho implemente medidas destinadas a reducir
el riesgo de que vuelva ocurrir otro derrame, y, por otro lado, que
constantemente supervise la efectividad de tales medidas, pues la
explotación de ese recurso natural debe efectuarse de una manera
racional que, en todo momento, respete el medio ambiente.
Dicho esto, suscribo la ponencia.
S.
DOMÍNGUEZ HARO
FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
OCHOA CARDICH
Con el debido respeto por la posición asumida por mis colegas
magistrados, emito el presente fundamento de voto, pues, si bien
coincido con el sentido de lo resuelto en la ponencia, en la medida que
se declara infundada la demanda respecto de la actualización del
instrumento de gestión ambiental del Oleoducto Norperuano e improcedente
en lo demás que contiene, considero necesario hacer algunas precisiones
en torno a la tutela que finalmente ha sido otorgada, además de plantear
algunas consideraciones respecto a alegaciones como las formuladas en el
presente caso.
En el presente proceso la parte demandante solicitó, en lo esencial,
que: (1) Petroperú S.A. realice el mantenimiento efectivo, inmediato e
integral del Oleoducto Norperuano y reemplace las secciones con
deterioro severo o significativo y (2) se elabore y presente un proyecto
de actualización de su instrumento de gestión ambiental ante el
Ministerio de Energía y Minas, incluyendo la evaluación integral de los
impactos ambientales producidos por la actividad de transporte de
hidrocarburos y los compromisos necesarios para su manejo y
mitigación.
Estas pretensiones fueron planteadas en un contexto en el que
producen derrames de petróleo en zonas habitadas por comunidades
indígenas, según alegan los demandantes, relacionados con la falta de
mantenimiento integral del oleoducto y la ausencia de un instrumento de
gestión ambiental actualizado. Al respecto, se encontrarían
comprometidos derechos tales como a gozar de un ambiente equilibrado y
adecuado para el desarrollo de la vida, a la salud, a la subsistencia,
al territorio y los recursos naturales de los pueblos indígenas,
etc.
En este orden de ideas, inicialmente el análisis iusfundamental
planteado no debería limitarse a una constatación meramente formal de la
existencia de procedimientos administrativos, documentos presentados o
decisiones previamente expedidas, sino que se requería evaluar,
asimismo, si las medidas adoptadas resultan efectivamente idóneas para
prevenir, evitar o reducir el riesgo de daños graves o
irreversibles.
Señalado lo anterior, prima facie coincido con la ponencia, pues es
verdad que la pretensión referida al mantenimiento del Oleoducto
Norperuano ha sido sustancialmente abordada por este Tribunal en la
sentencia recaída en el Expediente 00580-2021-PA/TC, ocasión en la que
se ordenó a Petroperú S.A. implementar, en la totalidad del Oleoducto
Norperuano y el Oleoducto Ramal Norte, las medidas de mantenimiento
preventivo previstas en su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental,
así como aquellas que resulten necesarias para mitigar los daños
ocasionados por los derrames de petróleo crudo. Siendo así, ya que dicha
orden comprende la totalidad del Oleoducto Norperuano y esto coincide
sustancialmente con la primera pretensión formulada en el presente caso,
no corresponde que este Tribunal emita una segunda orden con el mismo
objeto.
Sin embargo, a la vez cabe precisar que la sola existencia de aquella
sentencia no equivale a la constatación de que las medidas ordenadas
hayan sido efectivamente ejecutadas. En efecto, debe tomarse en cuenta
que, aunque la pretensión ha sido objeto de un pronunciamiento
jurisdiccional previo favorable, una cosa distinta es que el mandato
contenido en dicho pronunciamiento haya sido materialmente cumplido. En
tal sentido, si bien se verifica la sustracción de la materia por la
existencia de una decisión constitucional previa que contiene una orden
coincidente o sustancialmente equivalente con la aquí solicitado, ello
no constituye una declaración acerca del cumplimiento integral de las
obligaciones de mantenimiento impuestas a Petroperú S.A.
Aunado a lo anterior, en la ponencia se sostiene que la reclamación
frente a un eventual incumplimiento de la mencionada sentencia recaída
en el Expediente 00580-2021-PA/TC deberá ser planteada ante el juez de
ejecución correspondiente. Si bien ello en términos generales es
correcto, cabe advertir que los demandantes del presente proceso no
fueron parte en el proceso constitucional previo, promovido por otras
personas en representación de una organización indígena distinta, lo que
genera dificultades prácticas para que los actuales recurrentes
intervengan en la etapa de ejecución y soliciten directamente la
adopción de medidas destinadas a asegurar el cumplimiento de aquella
sentencia.
Desde luego, aunque el carácter objetivo y colectivo de la protección
del ambiente permite reconocer que los efectos de una sentencia
ambiental pueden beneficiar a personas y comunidades distintas de
quienes promovieron el proceso, ello no implica la habilitación procesal
inmediata de todos los interesados, sin mayor precisión, para intervenir
en la ejecución de una causa en la que no participaron.
En este orden de ideas, la referencia a la ejecución de la sentencia
recaída en el Expediente 00580-2021-PA/TC no puede ser entendida de tal
modo que coloque a los recurrentes o a las comunidades afectadas en una
situación de indefensión. Por el contrario, el juez de ejecución debe
interpretar las reglas procesales de conformidad con el carácter
colectivo del derecho al ambiente y permitir, cuando resulte necesario,
la participación de las personas, comunidades u organizaciones que
acrediten un interés legítimo en el cumplimiento de las medidas
ordenadas.
Aunado a lo anterior, considero que la parte resolutiva de la
sentencia pudo incorporar una exhortación expresa a Petroperú S.A. y a
las autoridades administrativas competentes para que cumplan y
fiscalicen, respectivamente, las medidas ordenadas en el Expediente
00580-2021-PA/TC.
En cuanto a la segunda pretensión, la ponencia considera que la
demanda debe ser declarada infundada porque el Informe de Supervisión
00119-2021-OEFA/DSEM-CHID concluyó que Petroperú S.A. cumplió con
presentar ante el Ministerio de Energía y Minas un proyecto de
actualización de su instrumento de gestión ambiental.
Si bien es cierto que dicho informe constituye un elemento objetivo
que impide afirmar, en los términos planteados en la demanda, que
Petroperú S.A. haya omitido absolutamente elaborar y presentar el
referido proyecto, a la vez, corresponde distinguir entre la
presentación de un proyecto de actualización del instrumento de gestión
ambiental y la efectiva existencia de un instrumento actualizado,
aprobado y vigente. Al respecto, la obligación que el OEFA tuvo por
cumplida en su informe se refirió a la elaboración y presentación de un
proyecto de actualización; sin embargo, dicho informe no permite
concluir que ese procedimiento haya culminado, que la actualización haya
sido finalmente aprobada o implementada, ni que su contenido responda
actualmente a todos los impactos y riesgos ambientales generados por la
operación del del Oleoducto Norperuano.
Asimismo, debe tomarse en consideración que el Informe de Supervisión
00119-2021-OEFA/DSEM-CHID fue emitido el 30 de abril de 2021, mientras
que la demanda fue interpuesta el 3 de agosto de 2023 y el actual
proceso constitucional ha sido resuelto por este órgano colegiado varios
años después. Y si bien el mero transcurso del tiempo no priva de valor
probatorio al mencionado informe, cuando menos cabría analizar si, con
posterioridad a su emisión, el procedimiento de actualización avanzó,
culminó o experimentó alguna paralización, entre otras posibilidades, a
efectos de evaluar si, al margen del cumplimiento formal señalado en la
ponencia, de todos modos subsistía alguna amenaza actual para los
derechos fundamentales que fueron invocados.
Ahora bien, a pesar de estas observaciones, también es cierto que las
insuficiencias señaladas no justifican modificar el sentido del fallo en
este extremo, pues es cierto que en el expediente existe un
pronunciamiento técnico del OEFA que tuvo por cumplida la obligación
concreta de elaborar y presentar el proyecto de actualización del
instrumento de gestión ambiental, respecto del cual la parte demandante
no ha aportado elementos suficientes que demuestren, por ejemplo, que
dicho informe haya sido dejado sin efecto, que la documentación no haya
sido efectivamente presentada o que Petroperú S.A. se encuentre
actualmente incumpliendo una orden específica referida a dicha
presentación.
Por consiguiente, con los elementos existentes en autos, no se
encuentra suficientemente acreditada la vulneración alegada en los
términos necesarios para estimar este extremo de la demanda, por lo que,
reitero, me encuentro de acuerdo con el sentido del fallo, en los
términos ya explicados.
S.
OCHOA CARDICH
VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO
GUTIÉRREZ TICSE
Con el debido respeto por la opinión de mis colegas, emito el
presente voto singular por los siguientes argumentos que paso a
exponer:
§1. Hechos del caso
Roger Yampis Agkuash, en representación de la Comunidad Nativa
Nazareth, interpone demanda de amparo contra Pedro Oswaldo Chira
Fernández, presidente del Directorio de Petroperú S.A. La demanda tiene
como objeto que se disponga lo siguiente:
Mantenimiento del Oleoducto Norperuano por parte de
Petroperú S.A.
Se ordene realizar, en el marco de lo establecido en su PAMA, y
respecto de los Tramos I y II y del Ramal Norte del Oleoducto
Norperuano, lo siguiente:
a) El mantenimiento efectivo, inmediato e integral respecto de
aquellas secciones del ducto que no han sufrido un deterioro severo o
significativo;
b) El reemplazo del ducto respecto de aquellas secciones que han
sufrido un deterioro severo o significativo.
Se remita al OEFA, en el menor plazo posible, un cronograma donde
detalle las acciones que realizará para dar cumplimiento a esta medida,
el cual será evaluado y aprobado por este organismo.
Actualización del Instrumento de Gestión Ambiental (IGA)
del Oleoducto Norperuano por parte de Petroperú S.A.
Se ordene que, en el menor plazo posible, cumpla con elaborar y
presentar un proyecto de actualización de su IGA ante el Ministerio de
Energía y Minas, a efectos que en dicho instrumento se incluya la
evaluación integral de los impactos identificados en la actividad de
transporte de hidrocarburos a través del ONP, así como los compromisos
ambientales que resulten aplicables para garantizar el adecuado manejo y
mitigación de dichos impactos.
La aprobación del IGA deberá ser consultado adecuadamente con las
comunidades nativas por donde atraviesa el ONP.
La parte demandante señala como hechos lesivos los sistemáticos
derrames de petróleo del Oleoducto Norperuano en territorios de las
comunidades nativas ubicados en las riberas del río Marañón, ocasionados
en buena medida, por la falta de mantenimiento del mismo por parte de la
empresa operadora Petroperú y la falta de actualización del Instrumento
de Gestión Ambiental (IGA).
§2. Derecho al medio ambiente
El inciso 22 del artículo 2 de la Constitución reconoce, en
calidad de derecho fundamental, el atributo subjetivo de “gozar de un
ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo” de la vida de la persona.
Aunado a ello, está el capítulo II del Título III de la Constitución,
intitulado “Del ambiente y los recursos naturales”, que contiene a los
artículos del 66 al 69.
Al respecto, la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional ha
denominado a este conjunto de disposiciones de la Constitución, que
fijan las relaciones entre el individuo, la sociedad y el medio
ambiente, como “Constitución ecológica” (Sentencia 03610-2008-PA/TC,
fundamento 33, y Sentencia 00012-2019-PI/TC, fundamento 7).
En la sentencia recaída en el Expediente 01275-2015-PA/TC, el
Tribunal Constitucional, respecto al derecho fundamental a un ambiente
equilibrado, ha establecido lo siguiente:
Ahora bien, en un Estado constitucional no solo se garantiza la
existencia de la persona o cualquiera de los demás derechos que en su
condición de ser humano y su dignidad le son reconocidos (artículo 1
de la Constitución), sino también se le otorga protección frente a
los ataques al medio ambiente y a su salud ocurridos en el contexto en
que su existencia se desenvuelve, a fin de permitir que su vida se
desarrolle en condiciones ambientales aceptables, pues, como se afirma
en el artículo 13 de la Declaración Americana sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas, el “derecho a un medio ambiente seguro, sano, [es]
condición necesaria para el goce del derecho a la vida y el bienestar
colectivo”.
El derecho al ambiente equilibrado y adecuado, como ya ha tenido
ocasión de señalar el Tribunal Constitucional, comporta un deber
negativo y positivo frente al Estado. Su dimensión negativa se traduce
en la obligación estatal de abstenerse de realizar cualquier tipo de
actos que afecten al medio ambiente equilibrado y adecuado para el
desarrollo de la vida y la salud humana. En su dimensión positiva, le
impone al Estado deberes y obligaciones destinados a conservar el
ambiente equilibrado, los cuales se traducen, a su vez, en un haz de
posibilidades. Claro está que ello no solo supone tareas de
conservación, sino también de prevención (cfr. STC Nº 4223-
2006-AA).
El Tribunal considera que, por la propia naturaleza del derecho,
dentro de las tareas de prestación que el Estado está llamado a
desarrollar, tiene especial relevancia la tarea de prevención y, desde
luego, la realización de acciones destinadas a ese fin. Y es que, si
el Estado no puede garantizar a los seres humanos que su existencia se
desarrolle en un medio ambiente sano, estos sí pueden exigir del Estado
que adopte todas las medidas necesarias de prevención que lo hagan
posible. En ese sentido, el Tribunal Constitucional estima que la
protección del medio ambiente sano y adecuado no solo es una cuestión de
reparación frente a daños ocasionados, sino, y de manera especialmente
relevante, de prevención de que ellos sucedan.
Paralelamente y siguiendo a la Corte Constitucional de Colombia
(Sentencia T760/07), que incorpora el concepto de ambiente con un
enfoque transversal y relacionado con el desarrollo sostenible, este
Tribunal ha explicitado que dicho ámbito de la Constitución tiene una
triple dimensión:
i. La de un principio que irradia todo el orden jurídico puesto que
es obligación del Estado proteger las riquezas naturales de la
Nación;
ii. Como un derecho de todas las personas a gozar de un ambiente
sano, derecho constitucional que es exigible por diversas vías
judiciales;
iii. Como conjunto de obligaciones impuestas a las autoridades y a
los particulares "en su calidad de contribuyentes sociales" (fundamento
3.1, tercer párrafo)
§3. La afectación a los derechos de los Pueblos
Indígenas
Los derrames de petróleo en el Oleoducto Norperuano no
constituyen meros incidentes aislados, sino una afectación sistemática
que socava derechos fundamentales de los pueblos indígenas Awajun y
Wampis, así como de otras comunidades de la Amazonía peruana. Esta
situación se enmarca en un contexto más amplio de 474 derrames ocurridos
en la Amazonía entre los años 2000 y 2019, de los cuales 111
corresponden al Oleoducto Norperuano.
Cabe resaltar que ha quedado acreditado tanto a nivel
administrativo, por OEFA y OSINERGMIN, como a nivel constitucional, en
las sentencias de los expedientes 00580-2021-AA/TC (FJ 12) y
03799-2018-PC/TC (FJ 9), la responsabilidad de Petroperú en los
múltiples derrames de petróleo en la amazonia peruana. La magnitud de
estos eventos evidencia que los impactos ambientales no son eventuales
sino crónicos, configurando una situación de vulnerabilidad permanente
para las comunidades indígenas que habitan en las riberas de los ríos
por donde se transporta el crudo.
Los derrames de petróleo tienen un impacto más agravado en las
comunidades, dado que el ducto se encuentra superpuesto a muchas
comunidades. Como detallan, León, Zúñiga y Díaz:
Cabe recordar que, en la selva, los lotes y otras infraestructuras
hidrocarburíferas se encuentran sobre territorios indígenas, siendo esta
población la más afectada por estos eventos, habiendo ocurrido 831
derrames en estos territorios (57% de los eventos)
En el caso de autos, los derrames de petróleo del Oleoducto
Norperuano son devastadores para los pueblos indígenas que viven en las
cercanías, ya que implica tomar agua contaminada, pues no hay agua
potable. Además, supone comer peces contaminados, teniendo en cuenta que
una de las principales fuentes de proteínas en la zona son los peces.
Conlleva también, bañarse en agua contaminada, y sobre todo, perder por
un tiempo o, cuanto menos, afectar gravemente la pesca como actividad
económica. En tal sentido, amenazan un conjunto de derechos de las
comunidades nativas cercanas, como los derechos a la vida, a la salud, a
la integridad física, al territorio, a disfrutar un medio ambiente
equilibrado y adecuado a la vida, etc.
§4. La importancia de realizar un control constitucional con
enfoque intercultural
Un país tan diverso como el Perú no solo requiere políticas
públicas capaces de reconocer y atender sus distintos modelos
culturales, sino también que el sistema de justicia adopte este enfoque
como criterio interpretativo fundamental. Se trata de una exigencia que
deriva directamente del mandato constitucional, al declarar al Estado
peruano como pluricultural.
Ciertamente, el daño ambiental ocasionado en territorios con
presencia de población nativa desencadena múltiples efectos negativos.
No repararlo constituye no solo una omisión funcional, sino también una
vulneración de derechos humanos. No obstante, una justicia
constitucional que, como en el caso de la valoración de los bonos
agrarios (RTC 00022-1996-PI/TC y STC 01350-2024-AA/TC), extiende la
tutela de derechos legales como si fueran constitucionales, termina
generando, paradójicamente, un ámbito de desprotección frente a hechos
que lesionan con igual o mayor gravedad que los que afectan a las
poblaciones indígenas en el Perú.
Es por ello imperativo que la justicia constitucional no pierda
de vista en ninguna circunstancia el enfoque intercultural, porque solo
así se protegen los derechos de estos pueblos y se evita la
discriminación estructural que mantiene en zozobra al país, por los
conflictos sociales que ello provoca.
§5. Análisis del caso concreto
Mediante sentencia recaída en el Expediente 00580-2021-PA/TC, de
fecha 16 de abril de 2024, el Pleno del Tribunal Constitucional declaró
fundada en parte la demanda de amparo interpuesta por don Galo Vásquez
Silva y otros, en representación de la Federación de Pueblos Cocama
Unidas del Marañón (FEDEPCUM), contra Petroperú S.A., y, en consecuencia
le ordenó que, a la brevedad posible, cumpla con implementar, en la
totalidad del ONP y el ORN, las medidas de mantenimiento preventivo
establecidas en su PAMA, así como las que resulten necesarias para
mitigar los daños generados por los derrames de petróleo crudo.
Respecto al punto i) del petitorio, mediante escrito de fecha 18
de diciembre de 2024, ingresado por la parte demandante al Tribunal
Constitucional, se indicó que a través de la precitada sentencia se
resolvió la pretensión consignada en la presente causa, pero, en la
medida que cesó la agresión de forma posterior a la presentación de la
demanda, correspondía declarar fundada la misma y ordenar que la
emplazada no reitere su conducta lesiva:
“La expresión “implementar, en la totalidad del Oleoducto Norperuano
(ONP) y el Oleoducto Ramal Norte (ORN)” incluye la zona comprendida por
la presente demanda. En ese sentido, la pretensión fue resuelta en el
momento en que el que se expidió [sic] la citada sentencia, por lo que
habría sustracción de la materia.
[…]
En el presente caso, la sentencia que cesó la agresión fue
posterior a la presentación de la demanda. Por lo tanto, solicitamos que
se realice un amparo innovativo, declarando fundada la demanda y se
disponga al emplazado a no volver a incurrir en las omisiones que
motivaron la imposición de la demanda”. [Énfasis agregado].
Cabe resaltar que, la posibilidad de emitir un pronunciamiento de
fondo una vez cesada la agresión, es admisible en virtud del artículo 1,
segundo párrafo del Nuevo Código Procesal Constitucional:
(...)
Si luego de presentada la demanda, cesa la agresión o amenaza por
decisión voluntaria del agresor, o si ella deviene en irreparable, el
juez, atendiendo al agravio producido, declarará fundada la demanda
precisando los alcances de su decisión, disponiendo que el emplazado no
vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que motivaron la
interposición de la demanda, y que si procediere de modo contrario se le
aplicarán las medidas coercitivas previstas en el artículo 27 del
presente código, sin perjuicio de las responsabilidades que
correspondan.
Así, el rechazo de la pretensión bajo el argumento del cese de la
agresión, no es suficiente ya que estamos ante la ya comprobada
afectación de un derecho fundamental de carácter colectivo como es el
derecho a disfrutar de un medio ambiente equilibrado y adecuado a la
vida, que merece especial protección.
En efecto, el derecho a un medio ambiente equilibrado y adecuado,
así como el derecho de los pueblos indígenas a sus recursos naturales,
tienen una naturaleza de especial trascendencia que justifica un
pronunciamiento de fondo, aun cuando la agresión haya cesado
formalmente.
El derecho al medio ambiente es un derecho de ejecución
progresiva, su protección requiere monitoreo y supervisión permanentes.
Especialmente si tenemos en cuenta que el daño causado por los 63
derrames no es puramente reparable; sus efectos perduran en el tiempo.
Una sentencia que estime la demanda y ordene no volver a incurrir en la
conducta omisiva es una herramienta procesal necesaria para garantizar
la vigencia futura del derecho.
Sin perjuicio de lo anterior
cabe mencionar que en la ponencia no se ha tenido en consideración el
Informe de Fiscalización N.° 361-2022-OSGSE/DHSL de OSINERGMIN que obra en autos. Este documento,
adjuntado por la propia entidad demandada en su escrito del 10 de marzo
de 2026, consigna un cuadro de resumen sobre el avance del programa de
mantenimiento:
Es decir, el mantenimiento ordenado por el Tribunal
Constitucional en el Expediente 00580-2021-PA no ha sido cumplido de
manera integral y total. Por lo tanto, considero que este extremo de la
demanda debe ser estimado.
Sobre el punto ii) del petitorio, la ponencia señala que de
acuerdo con el Informe de Supervisión 00119-2021-OEFA/DSEM-CHID, de
fecha 30 de abril de 2021, emitido por el OEFA, se concluyó que
“Petroperú cumplió con presentar un proyecto de actualización de su
Instrumento de Gestión Ambiental ante el Ministerio de Energía y Minas,
a efectos que en dicho instrumento se incluya la evaluación integral de
los impactos identificados en la actividad de transporte de
hidrocarburos a través del Oleoducto Norperuano”.
Al respecto, OEFA solo verifica que Petroperú remitió una carta
iniciando el trámite (Carta SEHS-337-2016), pero no se ha acreditado que
el IGA haya sido efectivamente aprobado por el Ministerio de Energía y
Minas. La actualización del IGA requiere un proceso complejo que incluye
la evaluación integral de impactos, la identificación de compromisos
ambientales aplicables y la aprobación formal por la autoridad
competente. La simple presentación de un proyecto no satisface la
obligación legal.
Además, el informe citado es de fecha 30 de abril de 2021. Han
transcurrido más de tres años y la parte emplazada no ha acreditado que
el IGA actualizado haya sido aprobado formalmente por el MINEM. Esto es
de especial trascendencia si se tiene en cuenta la constatación de
derrames posteriores, como el ocurrido en el Km 358+835 del Tramo II en
mayo de 2023 en la comunidad de Tunduza,
lo que evidencia que los instrumentos de gestión ambiental vigentes son
insuficientes para prevenir y mitigar los impactos ambientales.
La existencia de 63 derrames registrados por OSINERGMIN y las
sanciones impuestas por el OEFA (83 millones de soles) demuestran que
las medidas preventivas adoptadas hasta la fecha han sido insuficientes.
Los derrames recurrentes en el Oleoducto afectan directamente los
recursos naturales (agua, suelo, flora, fauna) de los que dependen las
comunidades Awajun y Wampis para su subsistencia. Esto constituye una
amenaza cierta e inminente al derecho a un medioambiente sano y
equilibrado, especialmente en la medida que afecta la subsistencia de
los pueblos indígenas.
En síntesis, en el presente caso se ha acreditado que Petroperú
S.A. ha incumplido sistemáticamente con sus obligaciones de
mantenimiento del Oleoducto Norperuano, lo que ha derivado en múltiples
derrames que afectan gravemente el medio ambiente y la salud de las
comunidades nativas Awajun y Wampis.
Por estas consideraciones, mi voto es por:
Declarar FUNDADA la demanda de amparo, y
ORDENAR a Petroperú que cumpla con las medidas de
mantenimiento preventivo establecidas en su Programa de Adecuación y
Manejo Ambiental (PAMA) respecto de los Tramos I y II y del Ramal Norte
del Oleoducto Norperuano, así como con el proceso de actualización del
IGA.
Remitir copias al Ministerio Público a fin de determinar si
existen responsabilidades penales por daño ambiental.
EXHORTAR al Poder Judicial que adopte las
decisiones que correspondan para que los jueces impartan justicia con
enfoque intercultural y tutela a los pueblos indígenas.
S.
GUTIÉRREZ TICSE