SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 24 días del mes de febrero de 2026, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Hernández Chávez, Morales Saravia y Monteagudo Valdez, emite la presente sentencia. Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con lo votado.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional¹ interpuesto por don Guillermo Machuca Abanto contra la sentencia de vista recaída en la Resolución 14, del 8 de agosto de 2024², expedida por la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 10 de marzo de 2022³, don Guillermo Machuca Abanto interpuso demanda de amparo contra el superintendente, el procurador público y el jefe de la Unidad de Registros de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), por la vulneración de sus derechos de defensa, a la dignidad, a la igualdad sin discriminación, a la educación y al honor y buena reputación.

Como pretensión principal, solicitó la inaplicación de publicar en la plataforma de acceso público de Sunedu la información inexacta y arbitraria referida a optar el título de abogado bajo la modalidad “a distancia” y, como pretensión accesoria, solicitó que se repongan las cosas al estado anterior de la vulneración de sus derechos y dictar medida cautelar de inmediato, mientras dure el trámite del proceso, y ordenar que Sunedu se abstenga de continuar publicando en su plataforma de acceso público la modalidad “a distancia” en el segmento para optar el título de abogado.

Sostuvo que el 24 de febrero de 2021 solicitó a la demandada que modifique la modalidad “a distancia” en la obtención de su título de abogado, ya que había cursado sus estudios de manera física y presencial. Además, precisó que la Sunedu hizo los requerimientos pertinentes ante la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV) para que informe y detalle el método pedagógico utilizado en la modalidad del curso de Actualización Profesional, pero hasta la fecha no ha cumplido con brindar respuesta, vulnerando sus derechos constitucionales y causándole un daño moral. Asimismo, refirió que la universidad no ha demostrado haber realizado clases a distancia, la asistencia virtual de los estudiantes, los exámenes virtuales y mucho menos contar un horario virtual; por el contrario, añadió que las clases fueron dictadas de manera física, en un aula real, con interacción inmediata con los docentes, exámenes escritos y orales, es decir, bajo un sistema eminentemente presencial.

Mediante Resolución 1, del 31 de mayo de 2022⁴, el Décimo Primer Juzgado Constitucional Sub Especializado en Asuntos Tributarios, Aduaneros e Indecopi de Lima admitió a trámite la demanda.

Con fecha 27 de junio de 2022⁵, la procuraduría pública de la Sunedu formuló excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado, contestó la demanda y solicitó que se declare improcedente o infundada. Manifestó que, mediante cartas 3987-2022-SUNEDU-02-15-02, del 24 de setiembre de 2021, y 4160-2021-SUNEDU-02-15-02, del 20 de octubre de 2021, dio respuesta a los pedidos del recurrente, informándole que la corrección de la modalidad de estudios de su título de abogado debe ser requerido por el secretario general o quien haga sus veces de la UIGV, de conformidad con los artículos 11, 15 y 16 del Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos. En ese sentido, formuló denuncia civil para que se emplace a dicha casa superior de estudios, por ser la entidad que emitió el título profesional y ostenta competencia para determinar si corresponde o no modificar la modalidad en la que fue otorgada.

A través de la Resolución 2, del 17 de noviembre de 2022⁶, el juzgado de primera instancia declaró fundada la denuncia civil y ordenó que se emplace a la UIGV con una copia de la demanda y sus anexos. No obstante, con Resolución 4, del 13 de setiembre de 2023⁷, la UIGV fue declarada rebelde por no haber contestado la demanda dentro del plazo fijado por ley. Asimismo, mediante la Resolución 8, del 30 de noviembre de 2023⁸, declaró improcedente la demanda. Sostuvo que, de acuerdo con la página web de la Sunedu, se puede apreciar que la modalidad de estudios del demandante ya fue corregida a presencial, por lo que ha operado la sustracción de la materia.

La Sala Superior revisora emitió la sentencia de vista contenida en la Resolución 14, del 8 de agosto de 2024, confirmando la apelada, bajo fundamentos similares.

FUNDAMENTOS

Delimitación de la controversia

1. El demandante solicitó:

1. Como pretensión principal, la inaplicación de publicar en la plataforma de acceso público de Sunedu la información inexacta y arbitraria referida a optar el título de abogado bajo la modalidad “a distancia”, y

2. Como pretensión accesoria, que se repongan las cosas al estado anterior de la vulneración de sus derechos y dictar medida cautelar de inmediato, mientras dure el trámite del proceso, ordenando que Sunedu se abstenga de continuar publicando en su plataforma de acceso público la modalidad “a distancia” en el segmento para optar el título de abogado.

Análisis de la controversia

2. Según el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales de la Sunedu, que obra en el portal web institucional de dicha institución⁹ y que es de acceso público para las personas, el diploma que contiene el título de abogado del accionante se encuentra registrado con fecha 30 de marzo de 2016, bajo la “modalidad de estudios: PRESENCIAL”, por la UIGV. Por tanto, este colegiado aprecia que el agravio invocado ha cesado.

3. Sin embargo, a través del recurso de agravio constitucional el accionante solicita que se declare fundada la demanda, en la medida en que todavía persistiría la lesión a sus derechos:

[…]

no ha desaparecido la amenaza y violación; siendo inminente que se produzca más adelante en el futuro, y volver a vulnerar mis derechos fundamentales, esgrimidos en mi demanda de Amparo, que actualmente están desprotegidos¹⁰.

4. Este Tribunal, en anteriores pronunciamientos, ha señalado que la facultad de emitir o no pronunciamiento en casos donde se ha producido la sustracción de la materia controvertida sea por el cese o la irreparabilidad del derecho invocado, supone un margen de apreciación atribuido legislativamente al juez constitucional en atención a las circunstancias y el contexto del agravio que se desprende del caso en concreto¹¹.

5. También se ha precisado lo siguiente:

Se entiende por cese del acto lesivo aquella situación por medio de la cual la acción u omisión que origina una amenaza o violación de un derecho fundamental deja de producirse por parte de quien la estaba llevando a cabo. De otro lado, se entiende por irreparabilidad aquella situación por medio de la cual no se pueden reponer las cosas al estado anterior a la amenaza o violación de un derecho fundamental [cfr. STC 05287-2008-PA/TC, fundamento 11]; es decir, se trata de aquella “imposibilidad jurídica o material” de retrotraer los efectos del acto reclamado como vulneratorio de un derecho fundamental [cfr. STC 00091-2005-PA], de forma tal que la judicatura se encuentre ante la imposibilidad de tomar una medida para poder reestablecer el ejercicio del derecho en una situación determinada.¹²

6. En el presente caso, no se advierte prueba alguna de que los derechos invocados aún se encuentren comprometidos con el accionar de las codemandadas o que exista la presencia de una amenaza cierta e inminente de que ello pueda volver a suceder, pues no bastan las meras suposiciones o el planteamiento de juicios hipotéticos para acreditar lo afirmado por el demandante. En tal sentido, corresponde declarar la improcedencia de la demanda en aplicación, a contrario sensu, del segundo párrafo del artículo 1 del Nuevo Código Procesal Constitucional.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

HERNÁNDEZ CHÁVEZ

MORALES SARAVIA

MONTEAGUDO VALDEZ