SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 11 días del mes de septiembre de 2026, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Ochoa Cardich, Gutiérrez Ticse y Pacheco Zerga, ha emitido la presente sentencia, con el fundamento de voto del magistrado Ochoa Cardich, el cual se agrega. Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con lo votado.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ronald Vásquez Velásquez contra la resolución de fecha con fecha 23 de junio de 2025¹, expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 25 de febrero de 2022², el recurrente interpone demanda de amparo contra los jueces integrantes del Juzgado Civil Transitorio de Tarapoto y de la Sala Civil Descentralizada de Tarapoto de la Corte Superior de Justicia de San Martín, a fin de que se declaren nulas las siguientes resoluciones judiciales: i) Resolución 25, de fecha 27 de abril de 2021³, que declaró fundada en parte la demanda sobre indemnización por daños y perjuicios interpuesta en su contra y de otros por la Zona Registral III - sede Moyobamba, en consecuencia, se le ordenó el pago, en forma solidaria con don Juan Carlos Pedraza Góngora y don Luis Rengifo Gonzáles, de una indemnización de S/.224,005.68, más los intereses legales que correspondan, por concepto de daño emergente y, el pago, en forma solidaria con don Luis Rengifo Gonzáles, de una indemnización por daños y perjuicios de S/.11,279.10, más los intereses legales que correspondan, por concepto de daño emergente; y, ii) Resolución 31, de fecha 18 de octubre de 2021⁴, que confirmó la apelada⁵. Según su decir, se habrían vulnerado sus derechos fundamentales a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso, en su manifestación del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales.

En líneas generales, alega que la cuestionada sentencia de primera instancia ha omitido hacer mención a los documentos que prueban la responsabilidad del entonces recurrente y, por el contrario, solo hace mención a las conclusiones del informe especial, con citas meramente enunciativas, dando la apariencia de emplear una presunción legal de verdad absoluta y no relativa; en tanto, en la cuestionada sentencia de vista se realiza una premisa sobre la determinación de la relación o nexo causal, la cual carece de motivación externa, pues no cumple con realizar análisis alguno. Asimismo, en ambas resoluciones se le está obligando a realizar el pago de un monto calculado en forma defectuosa, pues no se han considerado las amortizaciones realizadas. Advierte que agotó la vía previa al haberse declarado improcedente su recurso de casación.

El procurador público adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial contesta la demanda solicitando se la declare improcedente⁶. Refiere que en puridad lo que el demandante pretende es replantear una controversia resuelta por los órganos jurisdiccionales ordinarios, sin embargo, el amparo no puede constituir una suprainstancia de revisión en la que se pueda evaluar el criterio asumido por los demandados. Agrega que las cuestionadas resoluciones se encuentran debidamente motivadas.

La Zona Registral III - sede Moyobamba contesta la demanda solicitando se la declare improcedente o infundada⁷. Aduce que las cuestionadas resoluciones han respetado el derecho al debido proceso por haber sido debidamente motivadas. Agrega que, en todo caso, la demanda resulta extemporánea, porque la Resolución 14 (sic, debe decir 32), que declaró improcedente el recurso de casación fue notificada al recurrente el 17 de diciembre de 2021 y no el 14 de enero de 2022, fecha en que se le notificó la Resolución 33, que no se pronunció respecto del recurso del amparista, sino que solo se limitó a corregir la numeración de la citada resolución. Por otro lado, ante la denegatoria del recurso de casación, el demandante debió interponer recurso de queja, por lo que la decisión la ha dejado consentir.

La Sala Civil Descentralizada de Tarapoto de la Corte Superior de Justicia de San Martín, con fecha 17 de junio de 2022⁸, declaró improcedente la demanda estimando que las cuestionadas resoluciones han sido dictadas dentro de un proceso regular y lo que el demandante pretende es una reevaluación de los criterios utilizados por los órganos jurisdiccionales, lo cual resulta inviable.

A su turno, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, con fecha 23 de junio de 2025, confirmó la apelada por similares fundamentos.

FUNDAMENTOS

1. El artículo 9 del Código Procesal Constitucional vigente establece que el amparo procede respecto de resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva, que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso. Es improcedente cuando el agraviado dejó consentir la resolución que dice afectarlo.

2. El objeto del presente proceso es que se declaren nulas las siguientes resoluciones judiciales: i) Resolución 25, de fecha 27 de abril de 2021, que declaró fundada en parte la demanda sobre indemnización por daños y perjuicios interpuesta en su contra y de otros por la Zona Registral III - sede Moyobamba, en consecuencia, se le ordenó el pago, en forma solidaria con don Juan Carlos Pedraza Góngora y don Luis Rengifo Gonzáles, de una indemnización de S/.224,005.68, más los intereses legales que correspondan, por concepto de daño emergente y, el pago, en forma solidaria con don Luis Rengifo Gonzáles, de una indemnización por daños y perjuicios de S/.11,279.10, más los intereses legales que correspondan, por concepto de daño emergente; y, ii) Resolución 31, de fecha 18 de octubre de 2021, que confirmó la apelada.

3. Sin embargo, se advierte que la Sala Civil Descentralizada de Tarapoto de la Corte Superior de Justicia de San Martín, mediante la Resolución 14 (sic, debe decir 32⁹), de fecha 3 de diciembre de 2021¹⁰, notificada el 17 de diciembre de 2021¹¹, declaró improcedente el recurso de casación interpuesto por el demandante por considerar que el monto sumado (S/.22,005.68 (sic) + S/.11,279.00) no supera las 100 URP dispuestas en el artículo 55, inciso b, de la Ley 26636 – Ley Procesal del Trabajo. Asimismo, declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por don Juan Carlos Pedraza Góngora estimando que, al tratarse de un proceso ordinario laboral, las causales y los requisitos de forma debieron sostenerse en la norma especial, en este caso la Ley 26636, mas no en el Código Procesal Civil.

4. De ello, conforme a las reglas de la citada Ley Procesal de Trabajo, ante la denegatoria del recurso de casación, correspondía interponer recurso de queja, sin embargo, no se advierte que ello hubiese ocurrido de autos, ni de la revisión del Sistema de Consulta de Expedientes Judiciales del Poder Judicial.

5. Siendo ello así, queda establecido que el amparista dejó consentir las resoluciones judiciales que ahora cuestiona, por lo que su pretensión deviene en improcedente.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo.

Publíquese y notifíquese.

SS.

OCHOA CARDICH

GUTIÉRREZ TICSE

PACHECO ZERGA

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO OCHOA CARDICH

Con el debido respeto por la posición de mis distinguidos colegas magistrados, emito el presente fundamento de voto con la finalidad de expresar mi posición en relación con la procedencia de la demanda.

Estimo que el recurso de queja al que se refieren mis colegas resulta inconducente pues al margen de los reparos técnicos que podría formularse, no tenía la posibilidad de revertir directamente el fondo de la decisión que se considera lesiva, por lo cual considero que no puede requerirse el agotamiento de dicho medio impugnatorio a efectos de verificar el requisito de firmeza de la resolución judicial impugnada, establecido por el artículo 9 del Nuevo Código Procesal Constitucional. Ahora bien, en lo que concierne al fondo del caso, estimo que la real pretensión es un reexamen, lo cual no corresponde ser dilucidado vía amparo. En ese sentido, mi voto es en el sentido de declarar IMPROCEDENTE la presente demanda en aplicación del artículo 7 inciso 1 del Nuevo Código Procesal Constitucional.

S.

OCHOA CARDICH