RAZÓN DE RELATORÍA

La sentencia emitida en el Expediente 04132-2023-PA/TC es aquella que resuelve:

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

Dicha resolución está conformada por los votos de los magistrados Domínguez Haro y Ochoa Cardich, y el voto del magistrado Hernández Chávez, quien fue convocado para dirimir la discordia suscitada en autos.

Se deja constancia de que los magistrados concuerdan con el sentido del fallo y que la resolución alcanza los tres votos conformes, tal como lo prevé el artículo 11, primer párrafo, del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional en concordancia con el artículo 5, cuarto párrafo, de su Ley Orgánica. Asimismo, se acompaña el voto emitido por el magistrado Gutiérrez Ticse.

La secretaria de la Sala Segunda hace constar fehacientemente que la presente razón encabeza los votos antes referidos, y que los magistrados intervinientes firman digitalmente al pie de ella en señal de conformidad.

Lima, 5 de junio de 2026.

SS.

DOMÍNGUEZ HARO

GUTIÉRREZ TICSE

OCHOA CARDICH

HERNÁNDEZ CHÁVEZ

Miriam Handa Vargas

Secretaria de la Sala Segunda

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO DOMÍNGUEZ HARO

Con el debido respeto por la decisión de la ponencia, en el presente caso, estimo que la demanda debe declararse IMPROCEDENTE, por las siguientes razones:

1. El demandante pretende que se le otorgue pensión de invalidez por enfermedad profesional al amparo de la Ley 26790, con el pago de las pensiones devengadas, los intereses legales y los costos procesales. Alega la vulneración de su derecho constitucional a la pensión.

2. Sobre el particular, en la sentencia emitida en el Expediente 02513-2007-PA/TC, publicada el 5 de febrero de 2009, el Tribunal Constitucional ha precisado los criterios respecto a las situaciones relacionadas con la aplicación del Régimen de Protección de Riesgos Profesionales. En dicha sentencia ha quedado establecido que en los procesos de amparo referidos al otorgamiento de una pensión vitalicia conforme al Decreto Ley 18846 o de una pensión de invalidez conforme a la Ley 26790, la enfermedad profesional únicamente podrá ser acreditada con un examen o dictamen médico emitido por una Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades del Ministerio de Salud, de EsSalud o de una EPS, conforme lo señala el artículo 26 del Decreto Ley 19990.

3. De otro lado, cabe mencionar que la Regla Sustancial 2 establecida en el fundamento 35 de la sentencia emitida con carácter de precedente en el Expediente 05134-2022-PA/TC señala que el contenido de los informes médicos emitidos por comisiones médicas calificadoras de incapacidad del Ministerio de Salud y de EsSalud pierde valor probatorio, entre otros supuestos, si se demuestra en el caso concreto que, respecto a estos informes, la historia clínica no está debidamente sustentada en exámenes auxiliares.

4. Asimismo, la Regla Sustancial 3 del citado fundamento establece que, en caso de que se configure uno de los supuestos previstos en la Regla Sustancial 2, o ante la contradicción de los dictámenes médicos, el juez solicitará que el demandante se someta a una nueva evaluación médica ante el Instituto Nacional de Rehabilitación, a fin de corroborar la enfermedad diagnosticada y el grado de incapacidad. A su vez, en la Regla Sustancial 4 se estableció que “[e]n caso de que el asegurado prefiera no someterse a un nuevo examen, se declarará improcedente la demanda, dejando su derecho para accionar en la vía ordinaria”.

5. A efectos de acreditar las enfermedades profesionales que padece, el demandante adjuntó el Certificado Médico 220-2017, emitido por la Comisión Médica Evaluadora de la Incapacidad del Hospital Eleazar Guzmán Barrón Nuevo Chimbote, del Ministerio de Salud, de fecha 13 de setiembre de 2017¹, en el cual se le diagnostica hipoacusia neurosensorial bilateral profunda y neumoconiosis con 52 % de menoscabo.

6. En atención a las reglas sustanciales mencionadas supra, mediante decreto del Tribunal Constitucional, de fecha 10 de mayo de 2024², se resolvió oficiar al INR, a efectos de que se practique una nueva evaluación médica al demandante, a fin de determinar si padece de las enfermedades de neumoconiosis e hipoacusia, así como el grado de menoscabo que le generan, cuyo costo asumirá la emplazada.

7. Al respecto, mediante Oficio 1274-2024-DG-INR, presentado con fecha 10 de junio de 2024³, la directora general del INR, remite la Nota Informativa 753-2024-CCGI-DG-INR mediante la cual comunica que está a la espera de que la aseguradora remita el expediente SCTR del demandante y que asuma los costos correspondientes. Asimismo, también adjunta el Dictamen de Grado de Invalidez Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 1698, de fecha 2 de julio de 2012, en el que el Comité Calificador de Grado de Invalidez Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo Seguro Obligatorio por Accidentes de Tránsito, determinó que el actor no padece de neumoconiosis (sin neumoconiosis: 0 % menoscabo global) ni de hipoacusia (menoscabo auditivo sin hipoacusia: 0 % menoscabo global).

8. Mediante Escrito de Registro 005684-24-ES, del 5 de julio de 2024, la aseguradora demandada, informó que cumplió con realizar la gestión pertinente ante el INR para que se programe la evaluación dispuesta. Asimismo, adjunta el cargo de entrega del correo al INR.

9. A través del Escrito de Registro 06916-24-ES, del 16 de agosto de 2024, el demandante manifiesta que han transcurrido más de 30 días hábiles y el INR no ha cumplido con programar la evaluación; por lo que considera aplicable a su caso la regla sustancial número 8 contenido en la sentencia vinculante emitida en el Expediente 01301-2023-PA/TC.

10. Se observa que, mediante Escrito de Registro 009372-2025-ES, del 2 de diciembre de 2025, la aseguradora demandada informa que cumplió oportunamente con remitir el expediente administrativo al INR y la correspondiente carta de garantía con el compromiso de asumir los costos de la evaluación. Asimismo, comunica que, según la información proporcionada por el INR, mediante Nota Informativa 847-2025-EQ. SEGUROS-DG-INR, la evaluación médica fue programada para el 4 de setiembre de 2024, y que el demandante no cumplió con presentarse de forma injustificada pese a estar debidamente notificado. Añade que se está tramitando la devolución del expediente a la aseguradora.

11. Por su parte, la directora general del INR remite la Nota Informativa 847-2025-EQ. SEGUROS-DG-INR, y comunica que el demandante no se presentó a la evaluación médica programada y que su expediente del SCTR fue devuelto a la aseguradora Mapfre.

12. Por tanto, en atención a que el recurrente no ha cumplido con lo ordenado por este Tribunal, respecto a someterse a una nueva evaluación médica, corresponde declarar improcedente la demanda, en aplicación de la Regla Sustancial 4 establecida en el Expediente 05134-2022-PA/TC, que constituye precedente de observancia obligatoria, dejando a salvo su derecho para que haga valer su pretensión en la vía ordinaria.

Por estos fundamentos, mi voto es por declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo.

S.

DOMÍNGUEZ HARO

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO OCHOA CARDICH

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas magistrados, emito el presente voto singular, pues considero que la demanda debe ser declarada improcedente. Mis razones son las siguientes:

1. El recurrente interpuso demanda de amparo contra la aseguradora Mapfre Perú Vida Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. a fin de que se le otorgue pensión de invalidez por enfermedad profesional bajo los alcances de la Ley 26790 y su Reglamento, con el pago de las pensiones devengadas, los intereses legales y los costos procesales. A efectos de acreditar las enfermedades profesionales que afirma padecer, el demandante adjuntó el Certificado Médico 220-2017, emitido por la Comisión Médica Evaluadora de la Incapacidad del Hospital Eleazar Guzmán Barrón Nuevo Chimbote del Ministerio de Salud, de fecha 13 de setiembre de 2017⁴, en el cual se le diagnosticó hipoacusia neurosensorial bilateral profunda y neumoconiosis con 52 % de menoscabo global.

2. Estando a que el referido certificado médico no generaba convicción en este Colegiado respecto a las dolencias del actor en razón de que la historia clínica N.º 0422816 (fs. 378 a 397) que lo respaldaba contenía irregularidades, atendiendo a las reglas sustanciales establecidas en el fundamento 35 de la sentencia emitida con el carácter de precedente en el Expediente 05134-2022-PA/TC, mediante decreto de fecha 10 de mayo de 2024⁵, esta Sala del Tribunal resolvió oficiar al Instituto Nacional de Rehabilitación Adriana Rebaza Flores Amistad Perú-Japón, a efectos de que se practique una nueva evaluación médica al demandante, a fin de determinar si padecía de las enfermedades de neumoconiosis e hipoacusia, así como el grado de menoscabo que le generan, cuyo costo asumiría la emplazada.

3. Mediante Oficio 1274-2024-DG-INR, presentado a este Tribunal con fecha 10 de junio de 2024⁶, la directora general del INR, remitió la Nota Informativa 753-2024-CCGI-DG-INR, mediante la cual comunicó que estaba a la espera de que la aseguradora remitiera el expediente SCTR del demandante y que asumiera los costos correspondientes. Además, adjuntó el Dictamen de Grado de Invalidez Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo N.º 1698, de fecha 2 de julio de 2012, de una evaluación anterior practicada al actor, en el que el Comité Calificador de Grado de Invalidez Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo Seguro Obligatorio por Accidentes de Tránsito, determinó que en ese entonces no padecía de neumoconiosis (sin neumoconiosis: 0 % menoscabo global) ni de hipoacusia (menoscabo auditivo sin hipoacusia: 0 % menoscabo global). En relación con esto último, mediante escrito de fecha 16 de agosto de 2024 el actor señaló que dicha evaluación tuvo vigencia hasta el año 2013 y que fue practicado cuando tenía 37 años de edad y 13 años de trabajo y que ahora tenía 24 años de labor y 50 años de edad.

4. Por escrito signado con Registro 009372-2025-ES, del 2 de diciembre de 2025, la aseguradora demandada informó que cumplió con remitir oportunamente al INR el expediente administrativo y la carta de garantía con el compromiso de asumir los costos de la evaluación. Además, comunicó que, según la información proporcionada por el INR mediante Nota Informativa N°847-2025-EQ. SEGUROS-DG-INR, la evaluación médica fue programada para el 4 de setiembre de 2024, y que el demandante no cumplió con presentarse de forma injustificada, pese a estar debidamente notificado.

5. En respuesta al correo electrónico remitido por esta Sala del Tribunal Constitucional, la Directora General del INR remitió la Nota Informativa 847-2025-EQ. SEGUROS-DG-INR, comunicando que el demandante no se presentó a la evaluación médica programada y que su expediente del SCTR fue devuelto a la aseguradora Mapfre.

6. Cabe hacer notar que en el certificado médico que el actor adjuntó a la demanda, conforme al cual se encontraría afectado de neumoconiosis e hipoacusia neurosensorial bilateral profunda con un menoscabo global del 52%, se consignó como fecha de inicio de la incapacidad el mes de setiembre de 2011; empero, esta última aseveración no se condice con lo establecido en el Dictamen de Grado de Invalidez Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo N.º 1698, de fecha 2 de julio de 2012, referido en el fundamento 3 de este voto, según el cual a esa fecha el actor no padecía de neumoconiosis (sin neumoconiosis: 0 % menoscabo global) ni de hipoacusia (menoscabo auditivo sin hipoacusia: 0 % menoscabo global). Esto refuerza la necesidad de que el actor se sometiera a la evaluación ordenada por este Colegiado.

7. Siendo ello así y estando a que el recurrente no cumplió con someterse a una nueva evaluación médica, conforme lo ordenado por este Tribunal, corresponde declarar improcedente la demanda, en aplicación de la Regla Sustancial 4 establecida en el Expediente 05134-2022-PA/TC, que constituye precedente de observancia obligatoria, dejando a salvo su derecho para que haga valer su pretensión en la vía ordinaria.

Por estas razones, mi voto es por declarar IMPROCEDENTE la demanda.

S.

OCHOA CARDICH

VOTO DEL MAGISTRADO HERNÁNDEZ CHÁVEZ

Habiendo sido llamado a dirimir la presente discordia, me adhiero al sentido del voto singular del magistrado Domínguez Haro, que resuelve: Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo.

S.

HERNÁNDEZ CHÁVEZ

VOTO DEL MAGISTRADO GUTIERREZ TICSE

VISTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jacinto Vera Valles contra la resolución de fecha 7 de setiembre de 2023⁷ expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, que declaró improcedente la demanda de autos.

ANTECEDENTES

El recurrente, con fecha 15 de abril de 2019⁸, interpone demanda de amparo contra la aseguradora Mapfre Perú Vida Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., con la finalidad de que se le otorgue pensión de invalidez por enfermedad profesional bajo los alcances de la Ley 26790, su Reglamento y el Decreto Supremo 003-98-SA, con el pago de las pensiones devengadas, los intereses legales y los costos procesales.

La emplazada deduce la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa y contesta la demanda⁹ sosteniendo que la pretensión del actor se encuentra sustentada en un certificado médico que carece de valor probatorio, porque la historia clínica no contiene los exámenes auxiliares e informes de resultados emitidos por especialistas, de acuerdo al precedente del Tribunal Constitucional. Alega que el diagnóstico de neumoconiosis ha sido realizado por médicos no especialistas, ya que no cuentan con certificación OIT. Aduce que el diagnóstico de la hipoacusia no ha respetado el protocolo médico de realizar como mínimo dos audiometrías con una separación entre ellas una semana, y las pruebas complementarias. Sostiene que el accionante no ha probado haber estado expuesto a los riesgos que le pudieron causar el menoscabo auditivo, esto es haber realizado trabajos que exponen a ruidos continuos de nivel sonoro equivalente o superior a 80 decibeles, durante 8 horas diarias, o 40 horas semanales.

El Tercer Juzgado Civil de Trujillo, con fecha 13 de julio de 2023¹⁰ declara improcedente la demanda, por considerar que si bien es cierto el certificado médico se encuentra acompañado de su respectiva historia clínica (HC 0422816); también es cierto que los exámenes auxiliares respectivos y los resultados de los exámenes de espirometría y radiología son incongruentes, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Asimismo, estos no generan convicción sobre el diagnóstico del recurrente; por lo que le corresponde acudir a un proceso que cuente con etapa probatoria para determinar con certeza la enfermedad que padece.

La Sala superior revisora confirma la apelada y declara improcedente la demanda por considerar que es necesario determinar de manera fehaciente el estado de salud del actor y su grado de incapacidad, debido a que el certificado médico y los exámenes auxiliares de la historia clínica del actor presentan incongruencias. Asimismo, la Sala estima que resulta aplicable al caso el artículo 7, inciso 2 del Código Procesal Constitucional; pues existe una vía procedimental específica, igualmente satisfactoria para la protección del derecho constitucional.

FUNDAMENTOS

 Delimitación del petitorio 

1. El demandante pretende que se le otorgue pensión de invalidez por enfermedad profesional al amparo de la Ley 26790, con el pago de las pensiones devengadas, los intereses legales y los costos procesales. Alega la vulneración de su derecho constitucional a la pensión.

2. Conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, son susceptibles de protección a través del amparo los supuestos en que se deniegue una pensión de invalidez por enfermedad profesional, a pesar de cumplirse los requisitos legales. 

3. En consecuencia, corresponde analizar si el demandante cumple los presupuestos legales que permitirán determinar si tiene derecho a percibir la pensión que reclama, porque si ello es así se estaría verificando que existió arbitrariedad en el proceder de la entidad demandada.

El derecho a la pensión de invalidez por enfermedad profesional

4. El Tribunal Constitucional siguiendo lo prescrito por el artículo 10 de la Constitución, ha señalado que el derecho a la pensión impone la obligación de proporcionar las prestaciones adecuadas a las personas en función de criterios y requisitos determinados legislativamente, para subvenir sus necesidades vitales y satisfacer los estándares de la “procura existencial”¹¹.

5. En ese orden de ideas, los trabajadores no solamente tienen derecho a una pensión sino además a recibir prestaciones económicas que sean necesarias como consecuencia de haber sufrido graves afectaciones a la salud derivadas de la actividad laboral.

6. Sensu contrario, el trabajador no podría disponer de su pensión sino para el pago de sus tratamientos de salud. Como lo ha advertido la Organización Internacional del Trabajo (OIT) las enfermedades profesionales imponen costos enormes, empobrecen a los trabajadores y sus familias, reducen la capacidad de trabajar e incrementan los gastos en salud¹².

7. En la misma línea, el Tribunal Constitucional ha expresado que el objeto de la pensión de invalidez por enfermedad profesional es que quienes desarrollen su actividad laboral en condiciones de riesgo, no queden en desamparo en caso de que un accidente de trabajo o enfermedad profesional afecte su salud y disminuya su capacidad laboral¹³.

8. En ese sentido, la pensión de invalidez por enfermedad profesional o renta vitalicia es parte integrante de la pensión del trabajador minero, destinada a constituirse en fuente de ingresos para subvenir las necesidades vitales y satisfacer los estándares de la “procura existencial” de la persona que se enfermó o accidentó a consecuencia de su trabajo, y que, como resultado de ello, se empobrece junto a su familia, se reduce su capacidad de trabajar, se afecta su salud y se incrementan los gastos para tratarla.

Consideraciones de este Tribunal

9. El Régimen de Protección de Riesgos Profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales) fue inicialmente regulado por el Decreto Ley 18846 y luego sustituido por la Ley 26790, del 17 de mayo de 1997.

10. Posteriormente, mediante el Decreto Supremo 003-98-SA se aprobaron las Normas Técnicas del SCTR que establecieron las prestaciones asistenciales y pecuniarias que se otorgan al titular o a los beneficiarios a consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Según el artículo 3 de la referida norma, enfermedad profesional es todo estado patológico permanente o temporal que sobreviene al trabajador como consecuencia directa de la clase de trabajo que desempeña o del medio en que se ha visto obligado a trabajar. 

11. En los artículos 18.2.1. y 18.2.2. del Decreto Supremo 003-98-SA, que aprueba el reglamento de la Ley 26790, se señala que se pagará como mínimo una pensión vitalicia mensual equivalente al 50 % de la remuneración mensual al asegurado que, como consecuencia de su accidente de trabajo o enfermedad profesional, quedara disminuido en su capacidad de trabajo en forma permanente en una proporción igual o superior al 50%, pero inferior a los dos tercios (66.66 %); y una pensión vitalicia mensual equivalente al 70% de su remuneración mensual al asegurado que quedara disminuido en su capacidad para el trabajo en forma permanente en una proporción igual o superior a los dos tercios (66.66 %).

12. En la sentencia emitida en el Expediente 02513-2007-PA/TC, publicada el 5 de febrero de 2009, el Tribunal Constitucional ha precisado los criterios respecto a las situaciones relacionadas con la aplicación del Régimen de Protección de Riesgos Profesionales. En dicha sentencia ha quedado establecido que en los procesos de amparo referidos al otorgamiento de una pensión vitalicia conforme al Decreto Ley 18846 o de una pensión de invalidez conforme a la Ley 26790, la enfermedad profesional únicamente podrá ser acreditada con un examen o dictamen médico emitido por una Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades del Ministerio de Salud, de EsSalud o de una EPS, conforme lo señala el artículo 26 del Decreto Ley 19990.

Análisis del caso concreto

13. A efectos de acreditar las enfermedades profesionales que padece, el demandante adjuntó a la demanda el Certificado Médico 220-2017, emitido por la Comisión Médica Evaluadora de la Incapacidad del Hospital Eleazar Guzmán Barrón Nuevo Chimbote del Ministerio de Salud, de fecha 13 de setiembre de 2017¹⁴, en el cual se le diagnosticó hipoacusia neurosensorial bilateral profunda y neumoconiosis con 52 % de menoscabo. Dicho certificado médico se encuentra sustentado en la historia clínica presentada mediante la Historia Clínica N.º 0422816, de fecha 11 de enero del 2016.

14. Si bien mediante decreto de fecha 10 de mayo de 2024¹⁵, esta Sala del Tribunal resolvió oficiar al Instituto Nacional de Rehabilitación Adriana Rebaza Flores Amistad Perú-Japón, a efectos de que se practique una nueva evaluación médica al demandante, en la historia clínica¹⁶, se encuentran los correspondientes informes médicos de especialistas. Así, obra en autos la Espirometría suscrita por médico neumólogo, el Informe de Radiológico suscrito por médico radiólogo¹⁷, la Audiometría suscrita por médico otorrinolaringólogo¹⁸, que acreditan lo alegado por el recurrente.

15. Ahora bien, corresponde determinar si las enfermedades que padece el demandante son producto de la actividad laboral que realizó; es decir, es necesario verificar la existencia de una relación causa-efecto entre las funciones que desempeñaba, las condiciones inherentes al trabajo y las enfermedades.

16. Este Tribunal ha puntualizado que, a efectos de determinar si una enfermedad es producto de la actividad laboral, se requiere de la existencia de una relación causa-efecto entre las condiciones de trabajo y la enfermedad. Respecto a la enfermedad profesional de neumoconiosis, cabe señalar que, por sus características, el Tribunal Constitucional ha considerado, invariablemente, que su origen es ocupacional cuando el asegurado ha estado expuesto a la inhalación, retención y reacción pulmonar al polvo de diversas sustancias minerales, especialmente de sílice cristalina, por periodos prolongados. 

17. En el fundamento 26 de la sentencia dictada en el Expediente 02513-2007-PA/TC se ha  considerado que el nexo de causalidad entre las condiciones de trabajo y dicha enfermedad es implícito para quienes han realizado actividades mineras en minas subterráneas o de tajo abierto, siempre y cuando el demandante haya desempeñado las actividades de trabajo de riesgo señaladas en el anexo 5 del Decreto Supremo 009-97-SA, ya que la neumoconiosis es una enfermedad irreversible y degenerativa causada por la exposición a polvos minerales esclerógenos. De lo anotado se infiere que la presunción relativa al nexo de causalidad contenida en la regla precitada opera únicamente cuando los trabajadores mineros trabajan en minas subterráneas o de tajo abierto, desempeñando las actividades de riesgo (extracción de minerales y otros materiales).

18. En el presente caso, para acreditar las labores realizadas, el recurrente ha presentado la siguiente documentación: Perfil Ocupacional de fecha 20 de octubre del 2017 ¹⁹ en el que se indica que el actor laboró para la empresa Minera Tauro, desde el 19 de noviembre del 2001 hasta el 30 de abril del 2002, donde ocupó el cargo de AYUDANTE PERFORISTA expuesto a desprendimiento de rocas, inhalación de polvos y gases, exposición a polvos, aplastamiento, exposición al ruido y atropellamiento. También se indica que desde el 01 de mayo del 2002 hasta la fecha ocupa el cargo de MAESTRO 1 DE OPERACIONES MINA-PERFORISTA (más de 15 años), expuesto a expuesto a desprendimiento de rocas, inhalación de polvos y gases, exposición a polvos, aplastamiento, exposición al ruido y atropellamiento.

19. Es así como, en el caso bajo análisis, se verifica que la enfermedad de neumoconiosis que padece el actor es de origen ocupacional por haber realizado labores mineras en el área subterránea durante más de 15 años. Cabe mencionar que, en relación con la enfermedad profesional de neumoconiosis, este Tribunal ha indicado que el nexo causal existente entre las condiciones de trabajo y dicha enfermedad es implícito para quienes realizan actividades mineras, como ocurre en el presente caso. Por tanto, queda acreditado dicho nexo de causalidad.

20. Con relación a la enfermedad de hipoacusia, este Tribunal ha explicado, en la sentencia emitida en el Expediente 02513-2007-PA/TC (fundamento 11), que es una enfermedad que puede ser de origen común o profesional, y que, para establecer si se ha producido como enfermedad profesional, es necesario acreditar la relación de causalidad entre las condiciones de trabajo y la enfermedad. Para ello se deberá tener en cuenta las funciones que desempeñaba el demandante en su puesto de trabajo, el tiempo transcurrido entre la fecha de su cese laboral y la fecha de determinación de la enfermedad, además de las condiciones inherentes al propio lugar de trabajo. Ello quiere decir que la relación de causalidad con esta enfermedad no se presume, sino que se tiene que probar, dado que la hipoacusia se produce por la exposición repetida y prolongada al ruido.

21. Así, en el presente caso, conforme a lo precisado supra, se advierte que el demandante realizó labores o actividades que suponen exposición al ruido en forma repetida y prolongada en el tiempo que generan lesión auditiva (Cfr. Expedientes 1375-208-PA/TC, 2723-2009-PA/TC, 2870-2009-PA/TC, 2877-2009-PA/TC, 3767-2009-PA/TC). En efecto, queda acreditado que el actor, al haberse desempeñado como ayudante perforista y maestro perforista por más de 15 años, estuvo expuesto a ruidos e impacto acústico riesgoso, de manera que se verifica la existencia de una relación de causalidad entre las condiciones de trabajo y la enfermedad de hipoacusia.

22. En consecuencia, al haber quedado acreditado el nexo causal entre las labores realizadas por el actor y las enfermedades de neumoconiosis e hipoacusia, corresponde a la emplazada otorgarle la pensión de invalidez permanente parcial regulada en el artículo 18.2.1 del Decreto Supremo 003-98-SA, que define la invalidez permanente parcial como la disminución de la capacidad para el trabajo en una proporción igual o superior al 50 %, pero inferior a los 2/3 (66.66 %), la cual deberá ser calculada en relación con el 50 % de su remuneración mensual, entendida esta como el promedio de las remuneraciones asegurables de los doce meses anteriores a la fecha del siniestro. Asimismo, en cuanto a la fecha en que se genera el derecho, este Tribunal estima que la contingencia debe establecerse desde la fecha del pronunciamiento médico que acredita la existencia de la enfermedad profesional, esto es, desde el 13 de septiembre del 2017.

23. Por tanto, corresponde otorgar al recurrente la pensión de invalidez solicitada, conforme a la Ley 26790, desde el 13 de septiembre del 2017, con las pensiones devengadas correspondientes.

24. En relación con los intereses legales, el Tribunal mediante auto emitido en el Expediente 02214-2014-PA/TC ha precisado en calidad de doctrina jurisprudencial aplicable incluso a los procesos judiciales en trámite o en etapa de ejecución de sentencia que el interés legal aplicable en materia pensionaria no es capitalizable conforme al artículo 1249 del Código Civil.

25. Respecto a los costos procesales, corresponde abonarlos conforme al artículo 28 del Nuevo Código Procesal Constitucional.

Por estos fundamentos, mi voto es por:

1. Declarar FUNDADA la demanda al haberse acreditado la vulneración del derecho a la pensión del recurrente. 

2. Reponiendo las cosas al estado anterior a la vulneración, ORDENA a Mapfre Perú Vida Compañía de Seguros y Reaseguros SA otorgar al demandante la pensión de invalidez que le corresponde por concepto de enfermedad profesional con arreglo a la Ley 26790 y a sus normas complementarias y conexas, desde el 13 de septiembre del 2017, conforme a los fundamentos de la presente sentencia, con el abono de las pensiones devengadas, los intereses legales y los costos procesales. 

S.

GUTIÉRREZ TICSE

PONENTE GUTIÉRREZ TICSE