SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 25 días del mes de junio de 2026, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Hernández Chávez con su fundamento de voto, Morales Saravia y Monteagudo Valdez, emite la presente sentencia. Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con lo votado.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Gino Darling Velarde Enríquez contra la Resolución 2, de fecha 23 de mayo de 2025¹, expedida por la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de habeas corpus de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 20 de setiembre de 2024, don Gino Darling Velarde Enríquez interpuso demanda de habeas corpus² por derecho propio y la dirigió contra los señores Lajo Lazo, Iscarra Pongo y Álvarez Neyra, integrantes del Cuarta Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa; y contra los magistrados San Martín Castro, Altabás Kajatt, Sequeiros Vargas, Carbajal Chávez, Luján Túpez y Peña Farfán, integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Alegó la vulneración de los derechos al debido proceso y a la debida motivación de las resoluciones judiciales, en conexidad con el derecho a la libertad personal.

Solicitó que se declare la nulidad de lo siguiente: (i) la Sentencia de Vista 143-2023, Resolución 12-2023, de fecha 5 de octubre de 2023³, que declaró fundado en parte el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público; revocó la Sentencia 69-2023, de fecha 2 de junio de 2023, en el extremo que dispuso absolver a Gino Darling Velarde Enríquez del delito de trata de personas; y reformándola condenó al beneficiario como autor del delito de trata de personas a doce años de pena privativa de libertad efectiva⁴; y (i) la sentencia de fecha 12 de julio de 2024⁵, que confirmó la precitada condena⁶.

El recurrente alegó la vulneración del derecho al debido proceso, por cuanto refirió que la condena impuesta en su contra resulta arbitraria. En ese sentido, adujo que los jueces emplazados, al momento de resolver, no valoraron adecuadamente los medios probatorios recabados durante el trámite del proceso; siendo que –a su juicio– no se comprendieron correctamente las declaraciones del agraviado en cámara Gesell y no se acreditaron los elementos del tipo penal de trata de personas. Aseveró que el menor agraviado fue manipulado por el policía “Coila” para interponer la denuncia. Además, indicó que no se le otorgó valor probatorio a las declaraciones de los testigos, al testimonio del menor agraviado y a las conclusiones del examen médico legal que se le practicó a este último; a pesar de que dichas instrumentales contravienen de manera manifiesta la versión de los hechos de la parte agraviada y acreditan su falta de responsabilidad penal en los hechos materia de la condena impuesta en su contra.

El Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, mediante Resolución 1, de fecha 20 de setiembre de 2024⁷, admitió a trámite la demanda.

El procurador público adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial se apersonó al proceso y contestó la demanda⁸. Solicitó que esta sea declarada improcedente por cuanto los hechos denunciados no redundan en una afectación directa y concreta contra el derecho a la libertad personal. Advirtió que el recurrente pretende el reexamen de las pruebas ya valoradas en el proceso subyacente, aspecto que excede las competencias del juez constitucional.

El Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, mediante Resolución 6, de fecha 25 de abril de 2025⁹, declaró improcedente la demanda, al considerar que los cuestionamientos formulados se encuentran relacionados al reexamen de la tipicidad del delito y a la revaloración probatoria, pues lo alegado no se encuentra constitucionalmente protegido por el proceso de habeas corpus.

La Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la apelada, por similares fundamentos.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. El objeto de la demanda es que se declare la nulidad de lo siguiente: (i) la Sentencia de Vista 143-2023, Resolución 12-2023, de fecha 5 de octubre del 2023, que declaró fundado en parte el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público; revocó la Sentencia 69-2023, de fecha 2 de junio de 2023, en el extremo que dispuso absolver a Gino Darling Velarde Enríquez del delito de trata de personas y reformándola declaró al beneficiario autor del delito de trata de personas y le impuso doce años de pena privativa de libertad efectiva¹⁰; y (i) la sentencia de fecha 12 de julio de 2024, que confirmó la precitada sentencia¹¹.

2. Se alega la vulneración de los derechos al debido proceso y a la debida motivación de las resoluciones judiciales, en conexidad con el derecho a la libertad personal.

Análisis del caso en concreto

3. La Constitución establece en el artículo 200, inciso 1, que a través del habeas corpus se protege tanto la libertad personal como los derechos conexos a ella. No obstante, debe tenerse presente que no cualquier reclamo que alegue a priori la afectación del derecho a la libertad personal o derechos conexos puede reputarse efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si los actos denunciados afectan el contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados.

4. Asimismo, este Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha establecido que no es función del juez constitucional proceder a la subsunción de la conducta en un determinado tipo penal; a la calificación específica del tipo penal imputado; a la resolución de los medios técnicos de defensa; a la realización de diligencias o actos de investigación; a efectuar el reexamen o revaloración de los medios probatorios, así como al establecimiento de la inocencia o responsabilidad penal del procesado, pues, como es evidente, ello es tarea exclusiva del juez ordinario, que escapa a la competencia del juez constitucional.

5. En el caso de autos, si bien el recurrente alega la vulneración de los derechos al debido proceso y a la debida motivación de las resoluciones judiciales, entre otros derechos constitucionales, se advierte que, en puridad, lo que pretende es que en sede constitucional se realice un reexamen de lo resuelto por los jueces emplazados a partir de lo actuado en el proceso penal.

6. En efecto, el accionante alega, centralmente, que la condena impuesta en su contra resulta arbitraria. En ese sentido, refiere que los jueces emplazados, al momento de resolver, no valoraron adecuadamente los medios probatorios recabados durante el trámite del proceso; siendo que –a su juicio– no se comprendieron correctamente las declaraciones del agraviado en cámara Gessel y no se acreditaron los elementos del tipo penal de trata de personas. Asevera que el menor agraviado fue manipulado por el policía “Coila” para interponer la denuncia. Además, indica que no se le otorgó valor probatorio a las declaraciónes de los testigos, al testimonio del menor agraviado y a las conclusiones del examen médico legal que se le practicó a este último; a pesar de que dichas instrumentales contravienen de manera manifiesta la versión de los hechos de la parte agraviada y acreditan su falta de responsabilidad penal en los hechos materia de la condena impuesta en su contra.

7. En consecuencia, se cuestiona la correcta tipificación penal, la valoración y suficiencia de los medios probatorios, y el criterio que aplicaron los órganos jurisdiccionales para resolver el caso penal en concreto. No obstante, dichos cuestionamientos resultan manifiestamente incompatibles con la naturaleza del proceso constitucional de habeas corpus, pues recaen sobre asuntos que corresponde dilucidar a la justicia ordinaria.

8. Por consiguiente, la reclamación del recurrente no está relacionada con el contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el habeas corpus, por lo que resulta de aplicación el artículo 7, inciso 1 del Nuevo Código Procesal Constitucional.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de habeas corpus.

Publíquese y notifíquese.

SS.

HERNÁNDEZ CHÁVEZ

MORALES SARAVIA

MONTEAGUDO VALDEZ

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO HERNÁNDEZ CHÁVEZ

Si bien coincido con lo resuelto en la ponencia, no obstante, me aparto de lo sostenido en el fundamento 4 cuando se señala que no corresponde resolver en la vía constitucional “la subsunción de la conducta en un determinado tipo penal”. Al respecto, estimo necesario expresar lo siguiente:

1. En el presente caso, se solicita que se declaren nulas: (i) la Sentencia de Vista 143-2023, Resolución 12-2023, de fecha 5 de octubre del 2023, que declaró fundado en parte el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público; revocó la Sentencia 69-2023, de fecha 2 de junio de 2023, en el extremo que dispuso absolver a Gino Darling Velarde Enríquez del delito de trata de personas y reformándola declaró al beneficiario autor del delito de trata de personas y le impuso doce años de pena privativa de libertad efectiva ; y (i) la sentencia de fecha 12 de julio de 2024, que confirmó la precitada sentencia.

2. Se alegó la vulneración de los derechos al debido proceso y a la debida motivación de las resoluciones judiciales, en conexidad con el derecho a la libertad personal.

3. Aun cuando en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se ha puesto de relieve que el análisis de la tipicidad penal, la interpretación y aplicación de las leyes penales, son asuntos que conciernen –en principio– al ámbito de la judicatura penal ordinaria, lo cierto es que este Colegiado también ha dejado sentado que cabe efectuar excepcionalmente un control constitucional sobre una resolución judicial por afectación del principio de legalidad penal y, en concreto, en aquellos casos en los que, al aplicar un tipo penal o imponer una sanción, el juez penal se aparte del tenor literal del precepto o cuando la aplicación de un determinado precepto obedezca a pautas interpretativas manifiestamente extravagantes o irrazonables, incompatibles con el ordenamiento constitucional y su sistema material de valores (Cfr. STC 02758-2004-PHC/TC, fundamento 8, STC 08646-2005-PHC/TC, fundamento 7)(énfasis agregado).

4. Asimismo, este Tribunal ha precisado que ante una manifiesta trasgresión a los derechos fundamentales derivada de una errónea calificación jurídica de los hechos o de una imputación que no encuentra respaldo jurídico alguno en el ordenamiento vigente, la justicia constitucional excepcionalmente podrá realizar el análisis correspondiente (STC 01570-2024-PHC/TC, fundamento 8).

5. Y es que, un control constitucional respecto de una manifiesta e indebida subsunción del tipo penal se funda, precisamente, en la protección de los derechos fundamentales que constituye uno de los fines subyacentes en los procesos constitucionales como el presente. Ello de ninguna manera significa desvirtuar la independencia judicial de los jueces penales, sino que, por el contrario, dicho control resulta menester a los efectos de reafirmar la relevancia del respeto irrestricto del principio de legalidad penal en el marco de un Estado Constitucional.

6. A mayor abundamiento, y en la línea de lo sostenido por este Alto Tribunal, en el principio de legalidad existe un decidido componente garantista que recae en favor de toda persona asegurándole que sus comportamientos solo puedan ser perseguidos y/o reprimidos cuando el ordenamiento jurídico no deja duda alguna respecto de aquello que ha buscado realmente prohibir. Fuera de ello, cualquier intento de imputación no pasará de una evidente especulación, cuando no de ser catalogada como una manifiesta arbitrariedad. Y ello debe ser advertido a la par que observado no solo por quienes como jueces administran justicia, sino por quienes, en representación de la sociedad como el Ministerio Público, coadyuvan con la misma. (STC 02109-2024-PHC/TC, fundamento 40).

7. Conviene mencionar que la revisión en sede constitucional de la subsunción penal ha sido efectuada por parte del Tribunal Constitucional en diversos casos ‒en los que emitió un pronunciamiento de fondo‒ como los que se detallan a continuación:

8. En el presente caso, de los actuados se advierte que el principal cuestionamiento del demandante estriba en que no se ha valorado adecuadamente el material probatorio actuado en el proceso penal, pues considera que las declaraciones del agraviado en cámara Gessel, los testimonios actuados y las conclusiones del examen médico legal no acreditan su responsabilidad penal por el delito de trata de personas. Dicho cuestionamiento constituye un asunto que atañe a la competencia de la judicatura penal ordinaria, razón por la cual corresponde desestimar la demanda de autos.

En tal sentido, mi voto es por: Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

S.

HERNÁNDEZ CHÁVEZ