SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 24 días del mes de agosto de 2026, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Ochoa Cardich, Gutiérrez Ticse y Pacheco Zerga, ha emitido la presente sentencia. Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con lo votado.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don John Pandolfi Estrada Vargas, abogado de don Gerónimo Tomás Guzmán Borda, contra la resolución¹ de fecha 26 de junio de 2025, expedida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Ica, que declaró improcedente la demanda de habeas corpus de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 23 de octubre de 2024, don José Peña Guzmán interpone demanda de habeas corpus² a favor de don Gerónimo Tomás Guzmán Borda, y la dirige contra los jueces Leguía Loayza, Rojas Domínguez y Peralta Vega, integrantes de la Segunda Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Ica, y el procurador público del Poder Judicial. Denuncia la vulneración del derecho a la libertad personal.

Solicita que se declare fundada, se ordene la inmediata libertad del favorecido por prescripción de la acción penal y, en tanto se resuelva la presente demanda, se disponga que continúe detenido en la carceleta de la Corte Superior de Justicia de Ica sin que se realice su trasladado al establecimiento penitenciario [de la localidad], en el proceso seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación sexual [de menor de edad]³.

Al respecto, afirma que a su abuelo se le imputa [hechos] sobre violación sexual [que datan] del mes de marzo al mes de noviembre de 1996 y que el referido delito se encuentra tipificado en el artículo 173, inciso 3, del Código Penal, modificado por la Ley 26293, que prevé una pena no mayor a quince años de privación de la libertad.

Alega que el plazo extraordinario para el caso es de veintidós años y seis meses, [contabilidad que obtiene] al sumarse a la pena máxima ordinaria la mitad de la misma, conforme lo establecido en el último párrafo del artículo 83 del mismo del Código Penal. Asevera que el plazo extraordinario de prescripción de la acción penal ha sido superado con creces, ya que a la fecha han transcurrido más de veintiocho años y dicho plazo venció el 30 de noviembre de 2018.

Señala que consta en los actuados que el favorecido estuvo en condición de reo ausente hasta el 20 de octubre de 2024 que fue detenido, por lo que la acción penal se ha extinguido y en aplicación del último párrafo del artículo 5 del Código de Procedimientos Penales corresponde que se dé por concluido el proceso penal. Añade que la sala penal no ha resuelto las solicitudes de libertad que se presentaron a favor del beneficiario

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, mediante la Resolución 1⁴, de fecha 23 de octubre de 2024, admite a trámite la demanda.

Realizada la investigación sumaria del habeas corpus, el procurador público adjunto del Poder Judicial solicita que la demanda sea declarada improcedente⁵. Afirma que en la demanda no se ha proporcionado datos objetivos que evidencien la prescripción de la acción penal, razón por la cual no corresponde que se tutelen los presuntos agravios traídos al debate.

Señala que, en el proceso ordinario, el Juzgado Penal Liquidador de Ica, mediante Resolución 1, de fecha 28 de octubre de 2024, declaró improcedente la solicitud de libertad del beneficiario sin que se haya interpuesto medio impugnatorio alguno, por lo que tampoco se acredita su firmeza (Expediente 00509-2010-15-1401-JR-PE-01). Añade que, en algunas ocasiones, no compete a la judicatura constitucional determinar la fecha en que se consumó el delito o la determinación de si se está ante un delito continuado, dado que la dilucidación de tales cuestiones está reservada a la judicatura ordinaria.

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, mediante sentencia de fecha 14 de mayo de 2025⁶ declara improcedente la demanda. Estima que en el punto 1.3 de la sentencia penal se señala que los hechos imputados datan del 29 de octubre de 1996 y que el delito de violación sexual imputado tiene una pena no menor de veinte años, por lo que al amparo de los artículos 80, 83 y 84 del Código Penal se tiene que la prescripción operaría a los treinta y un años de realizados los hechos.

Afirma que considerando la fecha de los hechos evidentemente no ha vencido el plazo de la prescripción, puesto que a la fecha ha transcurrido veintinueve años, seis meses y quince días sin que se evidencie la vulneración del derecho a la libertad personal del procesado.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Ica confirma la resolución apelada. Considera que tomando en cuenta la postura de que el hecho trate del artículo 173, inciso 3, [del Código Penal, modificado por] la Ley 26293, la pena a imponerse es no menor de diez ni mayor de quince años, pero los jueces demandados aplicaron el último párrafo [de dicho artículo], por lo que la pena es no menor de quince ni mayor de veinte años.

Señala que a los veinte años de pena máxima corresponde que se le agregue diez años y que el plazo extraordinario de la prescripción de la acción penal del caso sería de treinta años. Por tanto, al haberse establecido una fecha determinada de la comisión del hecho y haberse dispuesto en tal resolución el plazo transcurrido, la acción penal no se encontraría prescrita.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. El objeto de la demanda es que se ordene la inmediata libertad de don Gerónimo Tomás Guzmán Borda por prescripción de la acción penal, en el marco del proceso seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación sexual de menor de edad⁷.

2. Los hechos de la demanda se encuentran relacionados con la presunta vulneración del derecho al plazo razonable del proceso en conexidad con el derecho a la libertad personal.

Análisis del caso

3. El artículo 139, inciso 3, de la Constitución establece los principios y derechos de la función jurisdiccional y la observancia del debido proceso y de la tutela jurisdiccional; en consecuencia, cuando el órgano jurisdiccional imparte justicia, está obligado a observar los principios, derechos y garantías que la norma fundamental establece como límites al ejercicio de las funciones asignadas.

4. La prescripción de la acción penal tiene relevancia constitucional, pues se encuentra vinculada con el contenido del derecho al plazo razonable del proceso, el cual forma parte del derecho fundamental al debido proceso. De acuerdo con lo establecido en la ley penal material, la prescripción es un medio para librarse de las consecuencias penales y civiles derivadas de una infracción penal o una condena penal por efecto del tiempo en las condiciones exigidas por la ley.

5. El Tribunal Constitucional ha señalado en su jurisprudencia que la prescripción, desde el punto de vista penal, es una causa de extinción de la responsabilidad criminal fundada en la acción del tiempo sobre los acontecimientos humanos o la renuncia del Estado al ius punendi, en razón de que el tiempo transcurrido borra los efectos de la infracción, existiendo apenas memoria social de ella.

6. La prescripción limita la potestad punitiva del Estado, dado que se extingue la posibilidad de investigar un hecho criminal y, con ella, la responsabilidad penal del supuesto autor o autores del mismo⁸. Es decir, el Estado autolimita su potestad punitiva y contempla la necesidad de que, pasado cierto tiempo, se elimine toda incertidumbre jurídica y la dificultad de sancionar a un procesado, consagrando de esta manera el principio de seguridad jurídica⁹. Por consiguiente, la prescripción igualmente constituye un supuesto de extinción de la acción penal tal como lo prevé el artículo 78, inciso 1, del Código Penal.

7. El artículo 80 del Código Penal, modificado por el artículo 2 de la Ley 26360, aplicable al caso, señalaba que la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, si es privativa de libertad; precisa que la prescripción no será mayor a veinte años; y, que tratándose de delitos sancionados con pena de cadena perpetua se extingue la acción penal a los treinta años.

8. El artículo 83 del Código Penal señala que la prescripción de la acción se interrumpe por las actuaciones del Ministerio Público o de las autoridades judiciales, quedando sin efecto el tiempo transcurrido; precisa que después de la interrupción comienza a correr un nuevo plazo de prescripción (a partir del día siguiente de la última diligencia); y que, en todo caso, la acción penal prescribe cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad al plazo ordinario de prescripción (plazo extraordinario).

9. En el presente caso, en la demanda se arguye que al favorecido se le imputa hechos sobre violación sexual que datan del mes de marzo al mes de noviembre de 1996: que el delito en cuestión se encuentra tipificado en el artículo 173, inciso 3, del Código Penal, modificado por la Ley 26293, que prevé una pena no mayor a quince años de privación de la libertad; y, que en su caso el plazo extraordinario de prescripción de la acción penal ha sido superado con creces, puesto que es de veintidós años y seis meses y aquel venció el 30 de noviembre de 2018.

10. De autos obra la sentencia¹⁰, Resolución 81, de fecha 13 de diciembre de 2024, mediante la cual la Segunda Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Ica, bajo la figura procesal de la conclusión anticipada, condenó al beneficiario a diez años de pena privativa de la libertad como autor del delito de violación sexual de menor de edad (13 años). Precisa que el 29 de octubre de 1996 aquel fue denunciado por haber mantenido relaciones sexuales con la menor agraviada desde que ella tenía nueve años, que aprovechó su condición de padrastro y que producto del ilícito en tal fecha la menor se encontraba gestando.

11. Asimismo, la sentencia penal señala que el hecho de violación sexual se encuentra previsto en el inciso 3 y párrafo final del artículo 173 del Código Penal. Indica que el imputado cuenta con setenta y tres años de edad, educación primaria y no tiene antecedentes. Refiere que desde el primer momento de su intervención en sede judicial aceptó los hechos, mostró confesión sincera, signos de arrepentimiento, escenario en el que aceptó la invitación de acogerse a la figura de la conclusión anticipada y fue condenado a diez años de pena privativa de la libertad.

12. El inciso 3 y parte pertinente del párrafo final del artículo 173 del Código Penal, modificado por el artículo 1 de la Ley 26293, aplicable al caso penal subyacente, señala que, si la víctima tiene de diez años a menos de catorce, la pena será no menor de diez ni mayor de quince años y si el agente tuviere cualquier posición, cargo o vínculo familiar que le dé particular autoridad sobre la víctima o le impulse a depositar en él su confianza, la pena a imponerse será no menor de quince ni mayor de veinte años.

13. Estando a lo descrito en los fundamentos precedentes se tiene que el máximo de la pena fijada para el delito imputado al favorecido es de veinte años y que por mandato del artículo 80 del Código Penal el plazo de prescripción no puede superar los veinte años¹¹. Ahora, conforme a lo vertido en la sentencia penal y lo expuesto en la demanda, el hecho materia de condena se habría realizado entre el mes de marzo y el 29 octubre de 1996 que fue formulada la denuncia penal, contexto en el que a la fecha de su detención realizada el 20 de octubre de 2024 y la emisión de la sentencia penal de fecha 13 de diciembre de 2024, el delito materia de condena había prescrito.

14. En consecuencia, este Tribunal Constitucional declara que en el caso de autos se ha acreditado la vulneración del derecho al plazo razonable del proceso, en conexidad con el derecho a la libertad personal de don Gerónimo Tomás Guzmán Borda con su detención cuestionada y la emisión de la consecuente sentencia penal condenatoria. Por ende, corresponde declarar fundada la presente demanda.

15. Sin perjuicio de lo señalado, este Alto Tribunal solo ha analizado el extremo de la prescripción de la acción penal sin pronunciarse sobre el tema de fondo subyacente, ya que la responsabilidad penal es materia de la justicia ordinaria. En ese sentido, cabre precisar que no se desconoce la especial gravedad del delito de violación sexual de menor de edad, el cual tiene un carácter pluriofensivo que afecta distintos derechos fundamentales (dignidad, libertad, integridad, salud, etc) y que, por tanto, merece un reproche penal oportuno por parte del Estado.

Efectos de la sentencia

16. En el caso de autos, corresponde que se declare la nulidad de la sentencia¹², Resolución 81, de fecha 13 de diciembre de 2024 (Expediente 00509-2010-15-1401-JR-PE-01), por la cual se condenó a don Gerónimo Tomás Guzmán Borda a diez años de pena privativa de la libertad como autor del delito de violación sexual de menor de edad.

17. Por consiguiente, la Segunda Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Ica, o la que haga sus veces, en el plazo de tres días hábiles, contados a partir de notificada la presente sentencia, teniendo en cuenta lo expuesto, deberá emitir un nuevo pronunciamiento jurisdiccional debidamente motivado respecto de la acusación fiscal y la conclusión anticipada del proceso seguido contra don Gerónimo Tomás Guzmán Borda.

18. Asimismo, el órgano jurisdiccional penal, en el día de notificada la presente sentencia, deberá disponer la inmediata libertad del favorecido con la previsión de las medidas procesales que considere pertinentes, en tanto se resuelva su situación jurídica descrita en el fundamento precedente.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA la demanda al haberse acreditado la vulneración del derecho al plazo razonable del proceso, en conexidad con el derecho a la libertad personal de don Gerónimo Tomás Guzmán Borda.

2. Declarar NULA la sentencia Resolución 81, de fecha 13 de diciembre de 2024¹³; y, en consecuencia, el órgano jurisdiccional penal deberá emitir un nuevo pronunciamiento conforme a lo expuesto en el fundamento 17 supra.

3. DISPONE que, en el día de notificada la presente sentencia, el órgano jurisdiccional penal disponga la inmediata libertad de don Gerónimo Tomás Guzmán Borda, en tanto se emita el nuevo pronunciamiento penal al que se hace referencia en el fundamento 18 supra.

Publíquese y notifíquese.

SS.

OCHOA CARDICH

GUTIÉRREZ TICSE

PACHECO ZERGA