Sala Primera. Sentencia 1049/2026
EXP. N.º 04738-2024-PA/TC
LIMA
SOCIEDAD MINERA CERRO
VERDE SAA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 25 días del mes de junio de 2026, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Hernández Chávez, Morales Saravia y Monteagudo Valdez, emite la presente sentencia. Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con lo votado.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por la Sociedad Minera Cerro Verde SAA contra la resolución, de fecha 23 de septiembre de 20241, expedida por la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirmó la apelada y declaró improcedente la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Mediante escrito de fecha 8 de junio de 20212, subsanada por escrito 19 de abril de 20233, la sociedad recurrente interpuso demanda de amparo contra los jueces supremos integrantes de la Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. Pretendió la nulidad de la sentencia de fecha 20 de abril de 20214, que declaró infundado su recurso de casación interpuesto contra la sentencia de vista de fecha 11 de octubre de 20185, que revocó, reformó la sentencia de primer grado6 y declaró fundada la demanda expedida en el proceso sobre impugnación de sanción disciplinaria promovido en su contra por don Raúl Enrique Zeballos Pinto. Denunció la vulneración de sus derechos fundamentales a la debida motivación de las resoluciones judiciales y a obtener una resolución fundada en derecho, así como la contravención al principio de legalidad.

Sostuvo que en la sentencia materia de cuestionamiento se consideró indebidamente que el hecho de haber paralizado las labores se subsumía a una huelga ilegal, cuando en realidad calificaba como una paralización intempestiva, más si la sanción disciplinaria no tenía relación con la ilegalidad o no de la huelga, sino con su carácter de irregular. Advierte que los trabajadores nunca tuvieron derecho a declarar, comunicar o pedir aprobación de huelga, lo cual era un requisito esencial conforme al literal d) del artículo 73 del TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo – Decreto Supremo 010-2003-TR. Añadió que la interpretación constitucional debe consistir en que el aviso solo se considerará cuando se ejerce de forma regular el derecho a la huelga, razón por la que la comunicación de la paralización fue declarada improcedente. Consideró que mediante la sentencia emitida en el Expediente 03692-2017-PA/TC, se reconoció que efectivamente la paralización fue intempestiva, y que en la Casación Laboral 25646-2017 Arequipa, se estableció un criterio válido respecto a que se podían imponer sanciones menores ante paralizaciones irregulares.

La demanda fue admitida a trámite mediante auto el 6 de julio de 20237.

Mediante escrito de fecha 25 de agosto de 20238, la procuraduría pública del Poder Judicial contestó la demanda y solicitó que sea declarada improcedente. Sostuvo que el demandante pretende cuestionar el criterio adoptado por los jueces supremos demandados, justificando su pretensión en la presunta vulneración de sus derechos invocados, evidenciándose que implícitamente se pretende extender el debate de lo ya resuelto en el proceso ordinario.

Mediante Resolución 11, de fecha 13 de junio de 20249, el Primer Juzgado Constitucional Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró improcedente la demanda, al considerar que la resolución suprema cuestionada expuso de manera suficiente las razones que sustentaron la decisión de declarar infundado el recurso de casación. Asimismo, precisó que el ahora amparista incurrió en una omisión, al no haber sustentado debidamente la infracción normativa denunciada al momento de interponer su recurso de casación.

A su turno, la Tercera Sala de Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 23 de septiembre de 202310, confirmó la resolución apelada, al señalar que el órgano jurisdiccional demandado cumplió con exponer razones suficientes sobre el objeto del proceso, así como con justificar por qué, en el caso concreto, no se trató de una paralización intempestiva, sino del ejercicio democrático del derecho de huelga y de la libertad sindical.

FUNDAMENTOS

Petitorio y determinación del asunto controvertido

  1. El objeto de la demanda es la nulidad de la sentencia de fecha 20 de abril de 2021, que declaró infundado su recurso de casación interpuesto contra la sentencia de vista de fecha 11 de octubre de 2018, que revocó, reformó la sentencia de primer grado y declaró fundada la demanda expedida en el proceso sobre impugnación de sanción disciplinaria promovido en su contra por don Raúl Enrique Zeballos Pinto. Denunció la vulneración de sus derechos fundamentales a la debida motivación de las resoluciones judiciales y a obtener una resolución fundada en derecho, así como la contravención al principio de legalidad.

Análisis del caso concreto

  1. Cabe mencionar que, en reiterada jurisprudencia, este Tribunal ha señalado que el proceso constitucional no puede ser asumido como una instancia más del proceso ordinario con el fin de trasladar la discusión y resolución de una cuestión ya resuelta en el mismo proceso, pues ello no es competencia del control constitucional, el cual se realiza con un precepto constitucional valorativo propio11.

  2. Se aprecia que los fundamentos expuestos en la demanda se encuentran circunscritos a demostrar que los hechos materia de análisis en el proceso ordinario impugnado son subsumibles a una paralización intempestiva y no a una huelga ilegal, para ello se cuestionan elementos tales como la apreciación jurídica realizada por la judicatura ordinaria que, a entender de la entidad demandante, aplicó e interpretó de manera «incorrecta» el derecho infraconstitucional para emitir un pronunciamiento en su contra. Lo cual evidencia que en puridad se pretende un reexamen de lo ya resuelto en el proceso, que no resulta compatible con la naturaleza del amparo.

  3. Más aún si ello ya fue materia de pronunciamiento en la Resolución 13, de fecha 11 de octubre de 2018 —sentencia de vista— así como en la ejecutoria suprema cuestionada, a mérito de su recurso de casación, en tanto se declaró fundada la demanda de impugnación de sanción disciplinaria porque se demostró que se inició un procedimiento de huelga conforme a la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, cursando comunicación a la recurrente en su calidad de empleadora y a la autoridad administrativa, es decir, se ejerció válidamente el derecho a la huelga. En consecuencia, dado que el determinar si los hechos eran subsumibles a la huelga o a la paralización intempestiva ha sido discutido tanto en el proceso ordinario como en instancia casatoria, no corresponde emitir un nuevo pronunciamiento al respecto.

  4. Por consiguiente, lo alegado por la parte recurrente no constituye un agravio al contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, por lo cual resulta de aplicación la causal de improcedencia contemplada en el artículo 7, numeral 1 del Nuevo Código Procesal Constitucional.

  5. Finalmente, no se evidencia la alegada vulneración de los derechos a obtener una resolución fundada en derecho, así como la contravención al principio de legalidad, pues la Sala Suprema actuó dentro del ámbito de su competencia, y valoró razonablemente los elementos disponibles, de conformidad con lo expuesto supra.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo.

Publíquese y notifíquese.

SS.

HERNÁNDEZ CHÁVEZ

MORALES SARAVIA

MONTEAGUDO VALDEZ

  1. Foja 393↩︎

  2. Foja 115↩︎

  3. Foja 345↩︎

  4. Foja 16↩︎

  5. Foja 27↩︎

  6. Foja 34 vuelta↩︎

  7. Foja 347 vuelta↩︎

  8. Foja 354↩︎

  9. Foja 366↩︎

  10. Foja 393↩︎

  11. Sentencia emitida en el Expediente 03506-2008-PA/TC, fundamento 3.↩︎