En Lima, a los 11 días del mes de septiembre de 2026, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Ochoa Cardich, Gutiérrez Ticse y Pacheco Zerga, ha emitido la presente sentencia. Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con lo votado.
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Ariza Mendoza contra la sentencia de vista de fecha 4 de julio de 20231, expedida por la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirmó la declaratoria de improcedencia de la demanda de amparo.
Mediante escrito de fecha 6 de julio de 20122, subsanado por el escrito de fecha 17 de octubre de 20123, el recurrente interpuso demanda de amparo contra don Fernando Rivera Baca, en su condición de ex juez del Juzgado Militar Policial N.º 12 de la Fuerza Aérea del Perú, y contra don Luis Carlos Martínez de Pinillos León, don Gene Alberto Cuba Pérez y don Tervy Silva Valdiviezo, en su condición de integrantes del Tribunal Superior Militar Policial del Centro. Solicita que se dejen sin efecto las resoluciones emitidas por dichas autoridades jurisdiccionales, en particular la resolución de vista de fecha 27 de abril de 2012, que confirmó la decisión que declaró improcedente su solicitud de levantamiento del embargo trabado sobre el beneficio correspondiente al Fondo de Seguro de Retiro, y que, en consecuencia, se reponga el estado de las cosas al momento anterior a la vulneración de sus derechos constitucionales de la legítima defensa, el debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva y el derecho a la seguridad social.
En líneas generales, el recurrente sostiene que, en el proceso penal seguido en su contra por el delito de traición a la patria en tiempos de paz, el Juzgado Militar Policial N.º 12 de la Fuerza Aérea del Perú expidió la Resolución de fecha 21 de mayo de 20104, mediante la cual se dispuso trabar embargo preventivo en forma de depósito sobre el 100 % del beneficio del Fondo de Seguro de Retiro, como medida cautelar destinada a garantizar el pago de la reparación civil a favor del Estado. Refiere que solicitó el levantamiento de dicha medida al considerar que dicho beneficio sería inembargable conforme al artículo 23 del Decreto Supremo 040-DE/CCFFAA; sin embargo, su pedido fue declarado improcedente en ambas instancias.
Mediante la Resolución 2, de fecha 25 de marzo de 20135, el Segundo Juzgado Constitucional de Lima admitió a trámite la demanda.
El ex juez del Juzgado Militar Policial N.º 12 de la Fuerza Aérea del Perú, don Fernando Rivera Baca, contestó la demanda y dedujo excepción de falta de legitimidad para obrar6. Señaló que las resoluciones cuestionadas fueron emitidas dentro de un proceso regular y debidamente motivadas, y que el proceso de amparo no constituye una vía idónea para cuestionar decisiones jurisdiccionales adoptadas en el marco de un proceso penal militar. Asimismo, indicó que el demandante no llegó a acceder al beneficio del fondo de Seguro de Retiro, el cual se otorga únicamente a quienes cumplen 30 años de servicio.
El Procurador Público del Fuero Militar Policial se apersonó al proceso, dedujo excepción de falta de legitimidad para obrar y contestó la demanda7. Argumentó que el embargo fue dispuesto en el marco de un proceso penal militar y que el recurrente tuvo conocimiento oportuno de la resolución que ordenó la medida cautelar, sin haberla impugnado en su oportunidad. Asimismo, añadió que el actor pretendía la reposición de un beneficio que no llegó a alcanzar por solo haber aportado 25 años.
Mediante la Resolución 20, de fecha 17 de marzo de 20228, el Segundo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró improcedente la demanda, por considerar que el actor pretendía reabrir el debate respecto de la procedencia del embargo dispuesto mediante la resolución de fecha 21 de mayo de 2010, la cual había quedado consentida al no haber sido impugnada oportunamente.
La Sala Superior mediante la Resolución 2, de fecha 4 de julio de 2023, confirmó la apelada por similares fundamentos.
Petitorio y determinación del asunto controvertido
El objeto del presente proceso de amparo es que se deje sin efecto la Resolución de fecha 21 de diciembre de 2011, emitida por el Juzgado Militar Policial N.º 12 de la Fuerza Aérea del Perú, que declaró improcedente su solicitud de levantamiento del embargo trabado sobre el beneficio correspondiente del Fondo de Seguro de Retiro del recurrente, decisión que fue confirmada mediante la Resolución de vista de fecha 27 de abril de 2012, expedida por el Tribunal Superior Militar Policial del Centro.
Alega la vulneración de sus derechos constitucionales de la legítima defensa, el debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva y el derecho a la seguridad social.
Procedencia del amparo contra actuaciones y resoluciones judiciales
Nuestro ordenamiento constitucional admite la procedencia del amparo contra resoluciones judiciales. Si bien la Constitución prescribe que el amparo “[n]o procede contra (…) resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular” (artículo 200, inciso 2), se ha entendido tempranamente que, a contrario sensu, sí cabe el amparo contra resoluciones judiciales cuando provengan de “procesos irregulares”.
El artículo 9 del nuevo Código Procesal Constitucional indica, de manera más específica, que el amparo contra resoluciones judiciales firmes procede cuando hayan sido dictadas con “manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva”. De manera complementaria, este Tribunal ha indicado que a través de los procesos de amparo contra resoluciones judiciales pueden cuestionarse decisiones judiciales que vulneren, no únicamente los derechos procesales constitucionales mencionados en el artículo 9 del nuevo Código Procesal Constitucional, sino cualquier derecho fundamental. De este modo, la “irregularidad” de una resolución judicial, o el “manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva” que habilita a presentar una demanda de amparo contra resolución o proceso judicial conforme a la Constitución, se produciría “cada vez que ésta se expida con violación de cualquier derecho fundamental y no sólo en relación con los supuestos contemplados en el artículo 4 del CP Const.” (cfr. STC Exp. 3179-2004-AA/TC, fundamento 14).
Conforme a la legislación vigente y la consolidada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, desde una perspectiva procesal, se requiere de la concurrencia conjunta de los siguientes presupuestos:
Que la violación del derecho fundamental haya sido alegada oportunamente al interior del proceso subyacente, cuando hubiera sido posible.
Que la resolución judicial violatoria del derecho fundamental cumpla con el principio de definitividad, es decir, que el demandante, parte del proceso, haya agotado todos los mecanismos previstos en la ley para cuestionarla al interior del proceso subyacente (asimismo, que la decisión no haya sido consentida).
Que lo pretendido por la parte demandante no implique invadir las competencias de la judicatura ordinaria, para que la judicatura constitucional opere como una especie de “cuarta instancia”; en tal sentido, de ser el caso, le corresponde a la judicatura constitucional delimitar el objeto de la discusión a la violación de algún derecho fundamental o bien constitucionalmente protegido (v. gr. principios, valores e institutos, etc.), conforme a los criterios contenidos expresados supra.
En adición a lo ya indicado, entonces, la judicatura constitucional no puede avocarse a conocer cualesquiera problemas o cuestionamientos relacionados con la justificación de decisiones judiciales, en la medida en que “la competencia de la justicia constitucional está referida a asuntos de relevancia constitucional” (cfr. Sentencia 00445-2018-PHC/TC); siendo esta la razón por la que, en sede constitucional, no cabe revisar asuntos propios de la judicatura ordinaria, salvo que al impartir justicia se hubiera violado el contenido constitucionalmente protegido de algún derecho fundamental o bien de rango constitucional.
Análisis del caso en concreto
En el presente caso, el recurrente cuestiona las resoluciones que declararon improcedente su solicitud de levantamiento del embargo trabado sobre el beneficio correspondiente al Fondo de Seguro de Retiro.
Sin embargo, este Tribunal advierte que dicha solicitud de levantamiento de embargo, de fecha 11 de diciembre de 2011, tuvo como finalidad cuestionar indirectamente la medida cautelar de embargo dispuesta mediante la Resolución de fecha 2 de mayo de 2010, expedida en el proceso penal militar seguido contra el actor.
De los actuados se aprecia que el recurrente tenía conocimiento de la citada resolución, pues en su escrito de fecha 12 de julio de 20119 hizo expresa referencia a ella al interponer recurso de apelación contra la resolución administrativa que dispuso la ejecución del embargo ordenado. No obstante, pese a ello, no cuestionó oportunamente la resolución que dispuso la medida cautelar de embargo dentro del proceso correspondiente.
En consecuencia, la resolución que ordenó dicha medida cautelar adquirió firmeza. Por ello, la solicitud de levantamiento del embargo presentada posteriormente por el actor no puede ser utilizada como un mecanismo indirecto para reabrir el debate respecto de una decisión jurisdiccional que ya había quedado consentida por aquel.
En este contexto, resulta aplicable el principio de convalidación procesal, conforme al cual los eventuales vicios formales que pudieran afectar un acto procesal quedan subsanados cuando la parte que pudo cuestionarlos oportunamente no lo hace y, por el contrario, realiza actuaciones que suponen su aceptación o reconocimiento (cfr. STC Exp. 00294-2002-AA/TC).
Por consiguiente, este Tribunal advierte que la controversia planteada se circunscribe al ámbito de la legalidad ordinaria y se encuentra referida a la valoración efectuada por la judicatura militar respecto de la procedencia de una medida cautelar de embargo que fue dispuesta por el órgano jurisdiccional militar en el proceso seguido contra el actor.
En ese contexto, admitir el cuestionamiento formulado por el recurrente supondría permitir que el proceso de amparo sea utilizado para revisar una decisión jurisdiccional que adquirió firmeza, desnaturalizando así la finalidad de este proceso constitucional.
A este efecto, esta Sala considera necesario precisar que la sola disconformidad con lo resuelto no constituye, por sí misma, un supuesto de vulneración de derechos fundamentales susceptible de tutela mediante el proceso de amparo contra resoluciones judiciales. En tal sentido, este proceso constitucional no tiene como finalidad habilitar una instancia adicional para cuestionar o criticar las resoluciones, en ejercicio del derecho reconocido en el artículo 139, inciso 20, de la Constitución, sino únicamente tutelares derechos fundamentales cuando estos hayan sido efectivamente lesionados.
En consecuencia, el cuestionamiento formulado por el recurrente se circunscribe a expresar su disconformidad con la decisión adoptada por la judicatura militar policial respecto de la improcedencia del levantamiento del embargo. En consecuencia, resulta de aplicación la causal de improcedencia prevista en el artículo 7, inciso 1, del Nuevo Código Procesal Constitucional, toda vez que los hechos y el petitorio de la demanda no se encuentran referidos de manera directa al contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
Declarar IMPROCEDENTE la demanda.
Publíquese y notifíquese.
SS.
OCHOA CARDICH
GUTIÉRREZ TICSE
PACHECO ZERGA
PONENTE OCHOA CARDICH