SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 25 días del mes de marzo de 2026, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Domínguez Haro, Gutiérrez Ticse y Ochoa Cardich, ha emitido la presente sentencia. Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con lo votado.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luciano López Flores, abogado de don Élder Yván Vargas Mendoza, contra la Resolución 21, de fecha 21 de octubre de 2024¹, expedida por la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, que declaró improcedente la demanda en tres extremos e infundada en lo demás.

ANTECEDENTES

Con fecha 29 de agosto de 2023², don Élder Yván Vargas Mendoza interpone demanda de amparo contra la Fiscalía de la Nación y la Procuraduría Pública del Ministerio Público. Solicita que se declare que la Resolución de la Fiscalía de la Nación 1618-2023-MP-FN vulnera la garantía de inamovilidad de la función fiscal por razón de especialidad, sus derechos al ejercicio pleno de la función pública y al trabajo, así como los principios de seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad y proporcionalidad; y que, por ende, se ordene su inaplicación total al caso concreto y se restaure la validez y vigencia de las funciones y competencias territoriales y materiales ejercidas antes de la entrada en vigor de la referida resolución, con el pago de costos procesales.

Sostiene que mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación 1618-2023-MP-FN se ampliaron las competencias de diversas fiscalías de familia a nivel nacional, a efectos de que conozcan casos sobre delitos contra mujeres e integrantes del grupo familiar, entre ellas, de la Fiscalía de Familia de Cajamarca donde se desempeña. Considera que, al ampliarse sus competencias, se restringe ilegítimamente el ejercicio de su función fiscal, la cual debe desempeñar de manera acorde a su especialidad. Admite que, si bien la resolución cuestionada busca implementar el Sistema Nacional Especializado de Justicia en casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, no deja de constituir una medida que interviene de manera desproporcionada en sus derechos.

El Primer Juzgado Civil de Cajamarca, mediante Resolución 1, de fecha 4 de setiembre de 2023³, admitió a trámite la demanda.

Con fecha 22 de setiembre de 2023⁴, el procurador público del Ministerio Público dedujo la excepción de incompetencia por razón de la materia y contestó la demanda solicitando que sea declarada improcedente e infundada. Alega que la Resolución de la Fiscalía de la Nación 1618-2023-MP-FN no ha infringido la Constitución ni incurrido en causal de nulidad, por lo que la Fiscalía de la Nación ha actuado dentro de sus atribuciones de organización, supervisión y dirección. Indica que la ampliación de la competencia de las fiscalías provinciales de familia busca fortalecer la operatividad del sistema fiscal, así como mejorar la eficacia e inmediatez en el accionar del Ministerio Público para la protección de las víctimas de los delitos contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Hace notar que, si bien la Ley 30483, Ley de la Carrera Fiscal, establece que la especialidad de los fiscales se mantiene durante el ejercicio del cargo, también es posible realizar cambios por razones de necesidad de servicio. En el presente caso, esta necesidad está ampliamente sustentada en la carga procesal existente en las fiscalías que conocen investigaciones por violencia.

El juzgado de primera instancia, mediante Resolución 11, de fecha 8 de marzo de 2024⁵, declaró infundada la excepción deducida. Asimismo, mediante Resolución 13, de fecha 15 de enero de 2024⁶, declaró improcedente la demanda en los extremos referidos a los derechos de inamovilidad de la función fiscal por razón de especialidad, al trabajo y al principio de proporcionalidad, e infundada en los demás extremos. Consideró que, si bien los fiscales tienen derecho a mantener su especialidad, este puede ser flexibilizado por razones de necesidad en el servicio.

La sala superior revisora, mediante Resolución 21, de fecha 21 de octubre de 2024⁷, confirmó la apelada Resolución 13 por similar consideración.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. De lo expuesto en la demanda se advierte que el accionante cuestiona la Resolución de la Fiscalía de la Nación 1618-2023-MP-FN, por lo que pretende su inaplicación y la consecuente restauración de las funciones y las competencias ejercidas antes de su emisión. Alegó que dicha resolución vulneró los derechos a la inamovilidad fiscal por razón de especialidad, al ejercicio pleno de la función pública y al trabajo, contraviniendo también los principios de seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad y proporcionalidad.

Análisis del caso concreto

2. En principio, es importante dejar claro que el actual diseño de residualidad de los procesos constitucionales exige verificar si las pretensiones que se plantean en sede constitucional cuentan con una vía procedimental igualmente satisfactoria, conforme al artículo 7, inciso 2, del Nuevo Código Procesal Constitucional y el desarrollo de dicha causal en la sentencia recaída en el Expediente 02383-2013-PA/TC. Se debe precisar que el primer nivel de protección de los derechos fundamentales les corresponde a los jueces del Poder Judicial a través de los procesos ordinarios, por mandato del artículo 138 de la Constitución, ya que ellos también garantizan una adecuada tutela de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución Política. Sostener lo contrario implicaría afirmar que el amparo es el único medio para salvaguardar los derechos fundamentales, a pesar de que a través de otros procesos judiciales también es posible obtener la misma tutela.

3. Como se advierte de la demanda y su petitorio, el accionante considera como acto lesivo a sus derechos la Resolución de la Fiscalía de la Nación 1618-2023-MP-FN, de fecha 30 de junio de 2023⁸, publicada el 2 de julio de 2023 en el diario oficial “El Peruano”; sin embargo, con posterioridad a la interposición de su demanda, dicha resolución fue dejada sin efecto con la Resolución de la Fiscalía de la Nación 1322-2025-MP/FN, de fecha 5 de mayo de 2025, publicada el 6 de mayo de 2025 en el diario oficial “El Peruano”. Cabe precisar que sobre este hecho también ha informado el abogado defensor del accionante con su escrito del 11 de diciembre de 2025⁹, donde también precisa que subsisten efectos lesivos derivados de la aplicación de la resolución cuestionada¹⁰.

4. Ahora bien, conforme al artículo tercero de esta última resolución, los casos ingresados hasta el día de su publicación deberán continuar su trámite y conocimiento por parte de las fiscalías superiores y provinciales de familia, una de las cuales es la fiscalía donde se desempeña el accionante. En ese sentido, el demandante aún mantendría la carga procesal que le fue asignada en adición a aquella que ya poseía. Sin embargo, tal asignación de carga laboral, al margen de que, prima facie, supondría un incremento en sus labores, no evidencia que su pretensión requiera de una tutela de urgencia, particularmente, porque durante el trámite del presente caso, no ha acreditado que tal carga esté generando algún menoscabo en el cumplimiento de sus funciones originales¹¹.

5. En el escenario descrito, dado que el recurrente pretende cuestionar la asignación de labores adicionales, puede obtener la tutela adecuada mediante el proceso contencioso-administrativo laboral a cargo de los juzgados especializados de trabajo, conforme al numeral 4 del artículo 2 de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. En otras palabras, el proceso contencioso-administrativo laboral se constituye en una vía célere y eficaz respecto del amparo, donde puede resolverse el caso de derecho fundamental propuesto por la parte demandante

6. Por otro lado, en el caso de autos tampoco se ha acreditado un riesgo de irreparabilidad del derecho en caso de que se transite por la vía ordinaria. De igual manera, tampoco se verifica que en autos se haya acreditado de manera fehaciente la necesidad de tutela urgente derivada de la relevancia de los derechos invocados o de la gravedad del daño que podría ocurrir, más aún cuando se dejó sin efecto la resolución cuestionada, como ha sido señalado supra.

7. Por lo expuesto, comoquiera que, en el caso concreto, existe una vía igualmente satisfactoria, que es el proceso contencioso-administrativo laboral, la demanda resulta improcedente en aplicación del artículo 7, inciso 2, del Nuevo Código Procesal Constitucional.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo.

Publíquese y notifíquese.

SS.

DOMÍNGUEZ HARO

GUTIÉRREZ TICSE

OCHOA CARDICH

PONENTE GUTIÉRREZ TICSE