SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 25 días del mes de setiembre de 2026, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Ochoa Cardich, Gutiérrez Ticse y Pacheco Zerga, ha emitido la presente sentencia, con el fundamento de voto de la magistrada Pacheco Zerga. Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con lo votado.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Héctor Oswaldo Cabrera León abogado de don Percy Jesús Ortíz Díaz, contra la Resolución 12 de fecha 14 de agosto de 2025¹, expedida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, que declaró improcedente la demanda de habeas corpus de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 23 de mayo de 2025, don Héctor Oswaldo Cabrera León abogado de don Percy Jesús Ortíz Díaz interpone demanda de habeas corpus², y la dirige contra Pedro Pablo Arévalo Rivas, juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Zarumilla de la Corte Superior de Justicia de Tumbes y contra Mirtha Elena Pacheco Villavicencio, Alex Fernández Chuquilín y Susana Mejía Novoa, integrantes de la Sala Mixta de Emergencia de la citada corte. Alega la vulneración de los derechos a la tutela procesal efectiva, al debido proceso y a la debida motivación de las resoluciones judiciales, en conexidad con la libertad personal.

Se solicita que se declare la nulidad de: (i) la Resolución 2 de fecha 12 de setiembre de 2024³, en el extremo que declaró fundado el requerimiento de revocatoria de comparecencia con restricciones contra don Percy Jesús Ortíz Díaz y le impuso la medida de detención provisional con fines de extradición con una duración de 90 días computados desde la fecha de su aprehensión; y, (ii) la Resolución 3 de fecha 10 de febrero de 2025⁴, que confirmó la precitada resolución⁵. En consecuencia, solicita que se deje sin efecto su orden de captura con fines de extradición.

Alega que el favorecido se encontraba con comparecencia con restricciones hasta que esta medida fue revocada por las resoluciones cuestionadas, sobre la base de que actualmente existe una decisión definitiva del Estado peruano para que sea entregado a las autoridades italianas (Resolución Suprema 041-2021-JUS). Agrega que los demandados no han considerado lo contenido en la Resolución 8 de fecha 6 de mayo de 2024, que declaró infundado el requerimiento de revocatoria de comparecencia con restricciones, y cuyo argumento principal fue que, pese a que existía un pedido formal de extradición que fue aceptado por la instancia suprema, no obstante, se percataron que la vigencia de la orden de captura por el plazo de cinco años estaba vencida, ya que fue inscrita hasta el 16 de abril de 2024. De ese modo, al no haber variación de los hechos se debió aplicar el mismo criterio.

Manifiesta que, al no existir orden de captura internacional vigente, corresponde su comparecencia. Además, alega que no es suficiente justificar la restricción de su libertad por incumplimiento de las reglas de conducta, tanto más si dicho incumplimiento se debió a que nos encontrábamos en plena pandemia del Covid-19 y que su abogado quien era el que recibía las notificaciones falleció por tal pandemia, por lo que no tenía comunicación con este y tan solo pudo hacer su control en una única fecha, el 6 de agosto de 2019.

El Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio – sede Zarumilla de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, mediante Resolución 4 de fecha 28 de mayo de 2025⁶, admite a trámite la demanda.

El procurador público adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial se apersona al proceso y contesta la demanda⁷. Señala que la revocación de las reglas de conducta ordenadas y confirmada en las resoluciones materia de litis se encuentran de conformidad a los parámetros constitucionales, por lo que, tanto las interpretaciones y decisiones dictadas se han efectuado dentro del marco de la debida motivación consagrada en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución.

El Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio – sede Zarumilla de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, mediante sentencia, Resolución 7 de fecha 10 de junio de 2025⁸, declaró improcedente la demanda, por estimar que la parte demandante se limita a cuestionar la fundamentación de los demandados en torno a si se cumplieron o no con las reglas de conducta, además, porque se advierte que las resoluciones cuestionadas se encuentran debidamente motivadas. Además, luego de revisar el expediente en el Sistema Integrado Judicial, se advierte que obra el informe de la INTERPOL sobre individuos que se encuentra inserto en el expediente, y claramente se evidencia que la persona de Percy Jesús Ortiz Díaz, según número de expediente 2019/45742, se encuentra en situación de “buscado”, cuya finalidad es “detención”, la misma que se encuentra inscrita hasta el 16/04/2029.

La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Tumbes confirmó la resolución apelada, por similares fundamentos. Precisa que el procedimiento al cual se contrae la extradición pasiva, se encuentra en ejecución.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. El objeto de la demanda es que se declare la nulidad de (i) la Resolución 2 de fecha 12 de setiembre de 2024, en el extremo que declaró fundado el requerimiento de revocatoria de comparecencia con restricciones contra don Percy Jesús Ortíz Díaz y le impone la medida de detención provisional con fines de extradición con una duración de 90 días computados desde la fecha de su aprehensión; y, (ii) la Resolución 6 de fecha 10 de febrero de 2025, que confirmó la precitada resolución⁹. En consecuencia, solicita que se deje sin efecto su orden de captura con fines de extradición.

2. Se alega la vulneración de los derechos a la tutela procesal efectiva, al debido proceso y a la debida motivación de las resoluciones judiciales, en conexidad con la libertad personal.

Análisis del caso en concreto

3. La Constitución establece en el artículo 200, inciso 1, que a través del habeas corpus se protege tanto la libertad personal como los derechos conexos a ella. No obstante, debe tenerse presente que no cualquier reclamo que alegue a priori la afectación del derecho a la libertad personal o derechos conexos puede reputarse efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si los actos denunciados afectan el contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados.

4. Asimismo, este Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha establecido que no es función del juez constitucional proceder a la subsunción de la conducta en un determinado tipo penal; a la calificación específica del tipo penal imputado; a la resolución de los medios técnicos de defensa; a la realización de diligencias o actos de investigación; a efectuar el reexamen o revaloración de los medios probatorios; la aplicación de un acuerdo plenario al caso concreto, así como al establecimiento de la inocencia o responsabilidad penal del procesado, pues, como es evidente, ello es tarea preferente del juez ordinario, que escapa a la competencia del juez constitucional a menos que se aprecie un proceder irrazonable o una violación manifiesta de algún derecho fundamental.

5. En el caso de autos, si bien el demandante denuncia la afectación de los derechos a la tutela procesal efectiva, al debido proceso y a la debida motivación de las resoluciones judiciales, lo que, en puridad, pretende es que, mediante el presente proceso constitucional, se reexamine lo resuelto en sede ordinaria.

6. En efecto, el recurrente alega, centralmente, que los jueces emplazados, al momento de revocar la medida de comparecencia restringida y ordenar su captura no valoraron adecuadamente sus justificaciones ante el incumplimiento de las reglas de conducta.

7. A mayor abundamiento, conforme advierte el juez a quo, aún se encuentra vigente la orden de detención hasta el 16 de abril de 2029, hecho no negado por el accionante.

8. En consecuencia, se cuestiona la apreciación de los hechos, así como el criterio que aplicaron los órganos jurisdiccionales para determinar la orden de aprehensión en el caso concreto. No obstante, dichos cuestionamientos resultan manifiestamente incompatibles con la naturaleza del proceso constitucional de habeas corpus, pues recaen sobre asuntos que corresponde dilucidar a la justicia ordinaria.

9. Por consiguiente, la reclamación del recurrente no está referida al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el habeas corpus, por lo que resulta de aplicación el artículo 7, inciso 1, del Nuevo Código Procesal Constitucional.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de habeas corpus.

Publíquese y notifíquese.

SS.

OCHOA CARDICH

GUTIÉRREZ TICSE

PACHECO ZERGA

PONENTE GUTIÉRREZ TICSE

FUNDAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA

PACHECO ZERGA

Con el debido respeto de los señores magistrados que suscriben la presente sentencia, considero conveniente precisar que:

1. Si bien estoy de acuerdo con lo resuelto en el presente caso, por los argumentos allí expuestos, considero conveniente reiterar que me aparto de lo expresado en el fundamento cuarto, por las siguientes razones.

2. Este Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha establecido que no es función del juez constitucional proceder a la subsunción de la conducta en un determinado tipo penal, a la calificación específica del tipo penal imputado, a la resolución de los medios técnicos de defensa, a la realización de diligencias o actos de investigación, a efectuar el reexamen o revaloración de los medios probatorios, así como al establecimiento de la inocencia o responsabilidad penal del procesado, pues, como es evidente, ello es tarea exclusiva del juez ordinario, que escapa a la competencia de la judicatura constitucional.

S.

PACHECO ZERGA