SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 13 días del mes de agosto de 2026, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Ochoa Cardich, Gutiérrez Ticse y Pacheco Zerga, ha emitido la presente sentencia. Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con lo votado.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Lorenzo Jesús Mayaute Rejas en representación de don Jhonatan Esmith Aroni Valenzuela, contra la Resolución 8, de fecha 10 de septiembre de 2025¹, expedida por la Primera Sala Penal de Apelaciones y Flagrancia de Ica de la Corte Superior de Justicia de Ica, que declaró improcedente la demanda de habeas corpus.

ANTECEDENTES

Con fecha 15 de mayo de 2025, don Lorenzo Jesús Mayaute Rejas en representación de don Jhonatan Esmith Aroni Valenzuela, interpone demanda de habeas corpus², y la dirige contra don Eduardo Enrique Galán Pisfil, fiscal de la Provincia Penal de Huaytará. Denuncia la vulneración de los derechos a la presunción de inocencia, al debido proceso, a la libertad personal y a la debida motivación de las resoluciones judiciales.

Solicita que (i) se ordene separar al fiscal Eduardo Enrique Galán Pisfil de la investigación seguida en contra del beneficiario; (ii) se practique la prueba de ADN entre el imputado, la víctima y su hijo; (iii) se ordene al CONADIS reevaluar a la víctima, y que se permita la participación del médico de parte y/o psicólogo forense de parte; (iv) que la víctima brinde su declaración mediante Cámara Gesell, y que, en dicha instancia, se autorice la participación del psicólogo forense de parte; (v) se declare la nulidad de la declaración de Soledad Esperanza Pisconte Aroni, de fecha 21 de noviembre de 2023; la declaración de Hugo Américo Llerena Atunga, de fecha 21 de noviembre de 2023; y, la declaración de la víctima, de fecha 21 de noviembre de 2023; (vi) se declare la nulidad del Requerimiento de Acusación, de fecha 4 de diciembre de 2024³; y, (vii) se ordene la investigación de los elementos que demuestren la inocencia o culpabilidad del favorecido⁴.

Señala que el representante del Ministerio Público formuló acusación en contra del beneficiario por la presunta comisión del delito de violación sexual contra persona en incapacidad de dar su libre consentimiento; sin embargo, cuestiona que dicha imputación presentó incoherencias narrativas en las declaraciones de la presunta víctima, pues ella habría cambiado la versión de los hechos hasta en cuatro oportunidades.

Arguye que al revisar el calendario correspondiente al año 2023, se verificó que las fechas lunes 13 y miércoles 15 coinciden con los meses de febrero y marzo. En ese sentido, al contrastar dicha información con la ecografía practicada a la víctima el 20 de noviembre de 2023 —la cual indicó un tiempo de gestación de 26 semanas y 4 días (equivalente a 6 meses y 6 días)—, se concluyó que, de haber ocurrido los hechos en febrero o marzo, el periodo de gestación debió haber sido de aproximadamente ocho a nueve meses, lo que resulta incongruente con el referido examen médico. Además, denuncia que mediante la Disposición Fiscal 4 del 26 de noviembre de 2024, se dio por concluida la investigación seguida en contra del beneficiario; no obstante, dicho requerimiento de acusación fue presentado el día 16 de enero de 2025, por lo cual superó los diez días hábiles contados que indica el artículo 343.3 del Nuevo Código Procesal Penal.

Indica que que el representante del Ministerio Público ofreció dieciséis medios probatorios para su actuación en audiencia; sin embargo, cuestiona la legitimidad de los medios de prueba. Así, respecto de las declaraciones de los padres de la presunta víctima, sostiene que dichas diligencias preliminares se llevaron a cabo sin la presencia del abogado defensor del imputado y sin que se haya designado un abogado de oficio. De otro lado, alega que los progenitores no aportaron elementos probatorios que respalden sus afirmaciones, pues son ambos son testigos indirectos de los hechos.

En relación a la declaración de la víctima, el fiscal no asignó un abogado de oficio para asegurar la legalidad de dicha actuación. En dicho contexto, el fiscal también realizó el reconocimiento físico del imputado; sin embargo, el procedimiento que llevó a cabo transgredió lo establecido por el artículo 189 del Nuevo Código Procesal Penal, toda vez que, por un lado, el imputado y su abogado no se encontraron en el lugar de la entrevista. Por otro lado, no se mostró la fotografía del imputado junto a otras personas de aspecto semejante a fin de que la víctima reconozca al agresor.

Denuncia que la víctima declaró que el imputado fue el padre de su hijo, lo cual es una prueba insuficiente para acreditar la paternidad del beneficiario, así como para verificar su participación en el presunto delito. En esa línea, manifiesta que, al revisar las copias solicitadas al consultorio médico “Vida”, se evidenció como paciente atendida a doña Soledad Pisconte Aroni, la madre de la víctima; por ello, cuestiona si el examen ecográfico se realizó a la víctima o su madre. Por otro lado, advierte que el certificado de discapacidad de la víctima fue incorporado al proceso, el cual, a la fecha de los hechos se encontraba sin validez, dado que no fue reevaluado por el CONADIS, por lo que desconocía de tal discapacidad.

El Juzgado de Investigación Preparatoria – Sede Santiago de Chocorvos de la Corte Superior de Justicia de Ica, mediante Resolución 1, de fecha 8 de agosto de 2025⁵, admite a trámite la demanda.

El Juzgado de Paz Letrado y de Investigación Preparatoria de Santiago de Chocorvos de la Corte Superior de Justicia de Ica, mediante sentencia, Resolución 3, de fecha 11 de agosto de 2025⁶, declaró infundada la demanda, al considerar que el accionante no estableció de qué manera se vulneró su derecho a la libertad personal del favorecido. Asimismo, en la demanda se cuestionó la actividad procesal en la instancia fiscal y el requerimiento acusatorio en el proceso penal, lo cual pudo ser cuestionado por el acusado dentro del proceso ordinario seguido en su contra.

Mediante escrito⁷, don Lorenzo Jesús Mayaute Rejas, en representación de don Jhonatan Esmith Aroni Valenzuela, indicó que entre la denunciante y el imputado hay una relación de rivalidad, resentimiento y odio, ya que la madre del favorecido y el abuelo de la víctima sostuvieron una relación sentimental y extramatrimonial. En consecuencia, no habría la ausencia de incredibilidad subjetiva, establecida en el Acuerdo Plenario 02-2005/CT-116.

La Primera Sala Penal de Apelaciones y Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Ica revocó la sentencia de primera instancia, la reformó y declaró improcedente la demanda. Estima que el requerimiento de acusación fiscal cuestionado no afectó el derecho a la debida motivación de las decisiones fiscales; tampoco se evidenció la vulneración de otros derechos fundamentales del favorecido. Además, indica que, aun cuando pudieran alegarse defectos formales y sustanciales, debieron activarse los mecanismos procesales establecidos en el proceso penal ordinario seguido en contra del beneficiario.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. El objeto de la demanda es que (i) se ordene separar al fiscal Eduardo Enrique Galán Pisfil de la investigación seguida en contra del beneficiario; (ii) se practique la prueba de ADN entre el imputado, la víctima y el hijo de esta; (iii) se ordene al CONADIS reevaluar a la víctima, y que se permita la participación del médico de parte y/o psicólogo forense de parte; (iv) que la víctima brinde su declaración mediante Cámara Gesell, y que, en dicha instancia, se autorice la participación del psicólogo forense de parte; (v) se declare la nulidad de la declaración de Soledad Esperanza Pisconte Aroni, de fecha 21 de noviembre de 2023; la declaración de Hugo Américo Llerena Atunga, de fecha 21 de noviembre de 2023; y, la declaración de la víctima, de fecha 21 de noviembre de 2023; (vi) se declare la nulidad del Requerimiento de Acusación, de fecha 4 de diciembre de 2024; y, (vii) se ordene la investigación de los elementos que demuestren la inocencia o culpabilidad de don Jhonatan Esmith Aroni Valenzuela ⁸.

2. Se denuncia la vulneración de los derechos a la presunción de inocencia, al debido proceso, a la libertad personal y a la debida motivación de las resoluciones judiciales.

Análisis de la controversia

3. La Constitución establece expresamente en su artículo 200, inciso 1, que el habeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o sus derechos constitucionales conexos. Ello implica que para que proceda el habeas corpus el hecho denunciado de inconstitucional necesariamente debe redundar en una afectación negativa, real, directa y concreta en el derecho a la libertad personal. Es por ello que el artículo 7, inciso 1, del Nuevo Código Procesal Constitucional establece que no proceden los procesos constitucionales cuando los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado.

4. El Tribunal Constitucional a través de su reiterada y constante jurisprudencia ha precisado que, si bien es cierto que la actividad del Ministerio Público, en la investigación preliminar del delito, al formalizar la denuncia, al emitir la acusación fiscal o al requerir la restricción del derecho a la libertad personal del imputado, se encuentra vinculada al principio de interdicción de la arbitrariedad y al debido proceso, también lo es que dicho órgano autónomo, en general, no tiene facultades coercitivas para restringir o limitar la libertad personal, porque las actuaciones de la fiscalía penal son postulatorias, requirentes y en ningún caso decisorias sobre lo que la judicatura penal resuelva en cuanto a la restricción del derecho a la libertad personal.

5. Si bien el derecho al debido proceso, a la tutela procesal efectiva, al plazo razonable del proceso, de defensa, a la motivación de las resoluciones judiciales, entre otros derechos constitucionales conexos, pueden ser susceptibles de tutela vía el hábeas corpus, para que ello ocurra el agravio del derecho conexo debe ser manifiesto y necesariamente derivar en un agravio concreto del derecho a la libertad personal, lo cual no acontece en el caso de autos.

6. Cabe señalar que en la sentencia recaída en el Expediente 00302-2014-PHC/TC, este Tribunal señaló lo siguiente:

(…) dado que la imposición de las medidas que restringen o limitan la libertad individual es típica de los jueces, y que por lo general, las actos del Ministerio Público no suponen una incidencia negativa directa y concreta en la libertad personal, no corresponde realizar el control constitucional de las actuaciones de los fiscales a través del proceso de hábeas corpus en los casos en que únicamente se alegue la amenaza o violación de los derechos conexos como el debido proceso, plazo razonable, defensa, ne bis in ídem, etc. Ello es así, porque la procedencia del hábeas corpus está condicionada a que la amenaza o violación del derecho conexo constituya una afectación directa y concreta en el derecho a la libertad individual. Lo expuesto, sin embargo, no puede ser entendido en términos absolutos, toda vez que según la nueva legislación procesal penal es posible que el representante del Ministerio Público pueda, en determinados casos, restringir o limitar la libertad personal, sin que por ello se convierta en una facultad típica del Fiscal. En supuestos tales sí procede realizar el control de constitucionalidad del acto a través del proceso de hábeas corpus.

7. En el presente caso, este Tribunal Constitucional aprecia que el accionante cuestiona las actuaciones del representante del Ministerio Público demandado; en particular, el requerimiento de acusación, de fecha 4 de diciembre de 2024⁹. No obstante, las actuaciones del Ministerio Público indicadas en la demanda no determinan, restringen o guardan conexión directa con el derecho a la libertad personal.

8. Por consiguiente, la demanda debe ser declarada improcedente en aplicación de la causal de improcedencia contenida en el artículo 7, inciso 1, del Nuevo Código Procesal Constitucional.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de habeas corpus.

Publíquese y notifíquese.

SS.

OCHOA CARDICH

GUTIÉRREZ TICSE

PACHECO ZERGA

PONENTE OCHOA CARDICH