SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 7 días del mes de julio de 2026, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Ochoa Cardich y Pacheco Zerga, con la participación del magistrado Monteagudo Valdez, convocado para dirimir la discordia suscitada en autos, ha emitido la presente sentencia. El magistrado Gutiérrez Ticse emitió voto singular, el cual se agrega. Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con lo votado.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Lucia Guadalupe Pomachagua contra la sentencia de fecha 18 de septiembre de 2025, expedida por la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima¹, que declaró improcedente la demanda de amparo de autos.

ANTECEDENTES

La recurrente, con fecha 24 de abril de 2024², interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), con la finalidad de que se le otorgue pensión minera conforme a la Ley 25009 a su fallecido esposo, por cuanto realizó labores mineras como flotador para la Minera Cerro de Pasco S.A. del 10 de enero de 1977 hasta el 7 de octubre de 1986, así como en otras empresas; con el pago de las pensiones devengadas, los intereses legales y los costos procesales.

La emplazada solicita que se desestime la demanda³. Sostiene que el propósito de la parte demandante es el reconocimiento de mayores años de aportación a favor del causante, a efectos de que se le otorgue pensión de jubilación minera bajo la modalidad de trabajador de centro de producción minera. Advierte que con anterioridad al presente proceso el causante de la demandante inició un proceso de nulidad de resolución administrativa en el Expediente 28890-2012-0-1801-JR-LA-34. En este proceso solicitó el reconocimiento de aportes y el otorgamiento de pensión de jubilación minera conforme a la Ley 25009; esto es, lo mismo que se solicita en la presente demanda. Precisa que este proceso culminó con sentencia infundada, por lo que se ha incurrido en el supuesto establecido en el artículo 7, inciso 3 del Nuevo Código Procesal Constitucional.

El Segundo Juzgado Constitucional de Lima mediante Resolución 5⁴, de fecha 4 de febrero de 2025, declara improcedente la demanda, por considerar que de autos se desprende que el cónyuge fallecido de la ahora actora interpuso demanda contra la ONP ante el Segundo Juzgado Transitorio de Trabajo Sub Especialidad Previsional de la Corte Superior de Justicia de Lima, con la finalidad de que se le otorgue pensión de jubilación minera, pretensión que también es materia de la presente demanda de amparo.

Precisa que el órgano jurisdiccional determinó que el recurrente no cumplió con acreditar 20 años de aportaciones, de los cuales 15 correspondían a trabajos en centro de producción minera. Si bien en ambos procesos la parte demandante no es la misma persona, debido a que falleció don Máximo Valdivieso Palomino, y que la presente demanda ha sido interpuesta por su cónyuge, de la revisión del petitorio se advierte que lo pretendido es el otorgamiento de la pensión de jubilación en favor del fallecido don Máximo Valdivieso Palomino. Por lo que debe declararse la improcedencia de la demanda, de conformidad con el artículo 7.3 del Nuevo Código Procesal Constitucional.

La Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima⁵, con Resolución 9, fecha 18 de septiembre de 2025, confirma la apelada y declara improcedente la demanda, con igual argumento.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. La demandante, en su calidad de cónyuge supérstite, pretende que se le otorgue pensión de jubilación minera conforme a la Ley 25009 a su fallecido esposo, por cuanto realizó labores mineras como flotador para la Minera Cerro de Pasco S.A., del 10 de enero de 1977 hasta el 7 de octubre de 1986, así como en otras empresas, con el pago de las pensiones devengadas, los intereses legales y los costos procesales. A su vez, se advierte que con la demanda se adjunta la Resolución Administrativa 00034488-2020-ONP/DPR.GD/DL19990, de fecha 3 de noviembre de 2020, que le otorga a la actora pensión de viudez por la suma de S/.385.00, a partir del 14 de abril de 2020

Análisis de la controversia

2. El artículo 7, inciso 3, del Nuevo Código Procesal Constitucional, establece que no proceden los procesos constitucionales cuando el agraviado haya recurrido previamente a otro proceso judicial para pedir la tutela de su derecho constitucional.

3. En el presente caso, de autos se advierte que el causante, ahora fallecido, anteriormente interpuso, en la vía del proceso ordinario, una demanda de nulidad de resolución administrativa⁶, y solicitó que se le otorgue pensión de jubilación minera conforme a la Ley 25009, por haber trabajado como flotador para la Minera Cerro de Pasco S.A., del 10 de enero de 1977 hasta el 7 de octubre de 1986.

4. Sobre el particular, conforme a la sentencia emitida por el Segundo Juzgado Transitorio de Trabajo Sub Especialidad Previsional, de fecha 29 de enero de 2015, se resolvió declarar infundada la demanda sobre otorgamiento de pensión minera bajo los alcances de la Ley 25009 planteada por el cónyuge causante de la demandante, decisión que fue confirmada por la Quinta Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima⁷, por no acreditar 20 años de aportes al SNP.

5. Por lo expuesto, la presente demanda de amparo debe ser declarada improcedente, conforme a lo señalado por el artículo 7.3 del Nuevo Código Procesal Constitucional.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo.

Publíquese y notifíquese.

SS.

OCHOA CARDICH

PACHECO ZERGA

MONTEAGUDO VALDEZ

VOTO DEL MAGISTRADO MONTEAGUDO VALDEZ

He sido convocado para resolver la presente discordia. En ese sentido, y por las razones expuestas en la ponencia, considero que corresponde declarar como IMPROCEDENTE la demanda conforme a lo señalado por el artículo 7.3 del Nuevo Código Procesal Constitucional.

S.

MONTEAGUDO VALDEZ

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO GUTIÉRREZ TICSE

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas, emito el presente voto singular por los siguientes argumentos que paso a exponer:

El presente caso

1. La recurrente, interpone demanda de amparo en su calidad de cónyuge supérstite de don Máximo Valdivieso Palomino, quien falleció a la avanzada edad de 91 años, solicitando que se le otorgue a su causante la pensión de jubilación minera conforme a la Ley 25009, con el reajuste de su pensión de viudez y el pago de los devengados, los intereses legales y los costos procesales.

2. A fin de acreditar el derecho que pretende, se señala que el causante laboró como flotador para la minera Cerro de Pasco S.A. desde el 10 de enero de 1977 hasta el 7 de octubre de 1986, así como en otras empresas. Asimismo, obra la Resolución Administrativa 00034488-2020-ONP/DPR.GD/DL19990, de fecha 3 de noviembre de 2020, mediante la cual la ONP otorgó a la accionante una pensión de viudez por el monto de S/ 385.00 a partir del 14 de abril de 2020.

La relevancia constitucional: deber especial de protección al adulto mayor en situación de pobreza

3. El caso reviste de relevancia constitucional, en tanto se requiere analizar si corresponde el reconocimiento del derecho de pensión de jubilación minera a favor del causante y su ulterior impacto en la pensión de viudez de la accionante. Al respecto, se debe considerar que el causante falleció a la avanzada edad de 91 años y que la viuda percibe una pensión de cuantía muy baja (S/ 385.00), la cual resulta insuficiente para cubrir sus necesidades básicas, configurando una situación de manifiesta vulnerabilidad que exige una tutela preferente.

4. En tal sentido, con la finalidad de optimizar el derecho fundamental a la pensión y teniendo en cuenta la especial protección y trato preferente que se debe brindar a los adultos mayores y a sus sobrevivientes, estimo que la falta de audiencia pública implicaría una omisión lesiva al derecho fundamental a la pensión y al trato preferente a favor de los adultos mayores, esto conforme a la doctrina jurisprudencial recaída en la STC Exp. N.º 02214-2014-PA/TC y los estándares de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

5. Lo expuesto es compatible con la interpretación efectuada por este Tribunal Constitucional en la STC N° 30-2021-PI/TC, en la cual se señala que la convocatoria de la causa en audiencia pública y el ejercicio de la defensa pueden hacerse de forma oral cuando corresponda expedir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto y en aquellos casos en los que se considere indispensable.

Decisión:

Por estas consideraciones, mi voto es porque EL CASO TENGA AUDIENCIA PÚBLICA ANTE ESTA SALA SEGUNDA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

S.

GUTIÉRREZ TICSE