SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 11 días del mes de septiembre de 2026, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Ochoa Cardich, Gutiérrez Ticse y Pacheco Zerga, ha emitido la presente sentencia. Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con lo votado.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Manuel Arana Mendizábal abogado de doña Eva María Abad Bustamante, contra la Resolución 2, de fecha 1 de agosto de 2025¹, expedida por la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de habeas corpus de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 2 abril de 2024, doña Eva María Abad Bustamante interpone demanda de habeas corpus², la cual fue subsanada mediante escrito de fecha 5 de abril de 2024³, y la dirige contra la Fiscalía de la Nación, representada por el fiscal don Juan Carlos Villena Campana, y la Procuraduría Pública del Ministerio Público. Se denuncia la vulneración de los derechos a la libertad personal, a la tutela procesal efectiva y a la debida motivación de resoluciones judiciales y el principio de presunción de inocencia.

La recurrente solicita que se declare nula la sentencia de terminación anticipada, Resolución 3, de fecha 22 de noviembre de 2022⁴, que aprobó el acuerdo de terminación anticipada, en el extremo que la condenó a tres años y seis meses de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución, por el término de dos años y seis meses bajo el cumplimiento de reglas de conducta por el delito de estafa agravada⁵.

Sostiene que, a partir de las pruebas de cargo actuadas, no era posible desvirtuar el principio de presunción de inocencia. Alega que no se le notificó la cuestionada sentencia de terminación anticipada mediante cédula conforme a lo previsto en el artículo 155-E de la Ley Orgánica del Poder Judicial, puesto que hasta la fecha no ha recibido el contenido de la citada resolución.

Agrega que actuó de buena fe durante el juicio oral, conforme al Informe 028-22-DIRINCRI-PNP-DIVIEOD-D2 descrito en la cuestionada sentencia. Precisa que prestó declaraciones y que efectuó sus descargos correspondientes, pero de forma sorpresiva e injusta le imputaron los hechos.

Asevera que, en el cuestionado proceso penal, fueron imputados los directos responsables don Jorge Luis Chávez Palacios y doña María Kathia Guerra Buitron.

Señala que, habiendo hecho de pleno conocimiento de todos los actuados a la DIRINCRI-PNP y al Ministerio Público, conforme a lo establecido en la Ley 27379 “Ley de Procedimiento para Adoptar Medidas Excepcionales de Limitación de Derechos en Investigaciones Preliminares” para que procedan con la detención de las referidas personas, como producto de las investigaciones se encontraron evidencias en su contra respecto al delito imputado. Sin embargo, a la fecha no se ha realizado algún procedimiento de investigación conforme a ley.

Afirma la actora que, pese a haber sido inculpada de manera injusta se presentó al juicio oral a pedido del Ministerio Público, sin haber generado dilación alguna.

Aduce que, sin la declaración de los otros dos acusados (las referidas personas) y debido a la buena fe con que actuó, se debió poner especial consideración a su presunción de inocencia, lo cual implicaba realizar un análisis de los medios probatorios de cargo antes de imponerle la pena; es decir, que fue condenada pese a apersonarse de manera libre al juicio y haber cumplido los mandatos emanados del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente para los Delitos en Flagrancia. OAF y CEE de Lima.

Arguye que, mediante Disposición Fiscal 1-2021, de fecha 17 de marzo de 2021, se dispuso abrir investigación en su contra y contra otras personas que resulten responsables, sin embargo, no se recibieron las declaraciones de sus coprocesados ni se pudo establecer quienes eran los imputados.

Asevera que, no obstante, se advierte del Informe 028-22-DIRINCRI-PNP-DIVIEOD-D2, que se encontraron evidencias respecto a la responsabilidad penal de don Jorge Luis Chávez Palacios y doña María Kathia Guerra Buitron respecto al delito imputado. No obstante, no se prosiguió la investigación en su contra. Tampoco se encontró conversación o algún elemento que relacione a la actora con sus coimputados, quienes a la fecha son inubicables por cuanto nunca se presentaron a juicio oral a diferencia de la recurrente.

El Cuarto Juzgado Constitucional de Lima, mediante Resolución 1, de fecha 2 de abril de 2024⁶, declaró inadmisible la demanda, pues se demanda al Fiscal de la Nación, pero no se precisa cuáles son los hechos que se le atribuye. Además, se solicita la nulidad de una sentencia de terminación anticipada.

La demandante, mediante escrito de fecha 5 de abril de 2024⁷, subsana la demanda y, en esencia, reproduce las alegaciones contenidas en la demanda, pero agrega que mediante Resolución 11, de fecha 12 de marzo de 2024, se ha programado la audiencia de revocatoria de la suspensión de la pena para el 26 de abril de 2024. Al respecto, señala que el mencionado juzgado deberá abstenerse de conceder la revocatoria de la sentencia efectiva a fin de que se cumpla con investigar a don Jorge Luis Chávez Palacios, a doña María Kathia Guerra Buitron y a otros implicados en el presente caso.

El Cuarto Juzgado Constitucional de Lima, mediante Resolución 2, de fecha 25 de abril de 2024⁸, admitió a trámite la demanda contra el fiscal del Tercer Despacho Provincial Penal de la Cuarta Fiscalía Provincial Corporativa Penal del Cercado de Lima y contra el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente para Delitos de Flagrancia, Omisión de Asistencia Familiar y Conducción en Estado de Ebriedad o Drogadicción de Lima.

El procurador público adjunto a cargo de los Asuntos Judiciales del Poder Judicial contesta la demanda⁹ y solicita que sea declarada improcedente. Al respecto, alega que, la sentencia de terminación anticipada no fue impugnada, por lo que tiene la calidad de firme. De otro lado, respecto al cuestionamiento de la revocatoria de la pena suspendida por efectiva, se advierte del seguimiento al Expediente 05829-2022-0-1826-JR-PE-06, que mediante Resolución 12, de fecha 26 de abril de 2024, se declaró fundada la revocatoria de la pena suspendida por pena efectiva contra la accionante, por lo que se ordenó su ubicación y captura, contra la cual su defensa técnica interpuso recurso de apelación, por lo que tampoco goza del requisito de firmeza.

Doña Juana Gladys Meza Peña fiscal provincial del Tercer Despacho de la Cuarta Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima, Breña, Rímac y Jesús María presenta el Informe 01-2024-JGMP, de fecha 14 de octubre de 2024¹⁰, en el cual informa que la investigación preliminar recaída en la Carpeta 506010155-2021-11-0 ingresó al despacho fiscal en el mes de marzo de 2021, por lo que luego de evaluarse los antecedentes se emitió la Disposición 1, de fecha 17 de marzo de 2021, por la cual se dispuso dar inicio a las diligencias preliminares. Posteriormente, se adecuó la investigación conforme a lo previsto en el NCPP, por lo que mediante la Disposición 8, de fecha 8 de septiembre de 2021, se señalaron las diligencias que debían practicarse. Precisa que, culminada la investigación preliminar para que se resuelva lo pertinente, las diligencias preliminares estuvieron a cargo de la División de Investigación Criminal de Estafas y Otras Defraudaciones; y, que como resultado se obtuvo el Informe 110-2022-DIRIC-PNP/DIRINCRRI-DIVIEOD-D2, que concluyó el Informe 028-22-DIRINCRI-PNP-DIVIEOD-D2.

Agrega que, luego se emitió la Disposición de fecha 28 de enero de 2022, por la cual se declaró compleja la investigación; y se requirió al Juzgado de Turno el levantamiento del secreto de las comunicaciones que fue declarado fundado, por lo que se ordenó que se practiquen las correspondientes diligencias, Por ello la referida división policial remitió el Informe 766-2022-DIRNIC-PNP/DIRINCRI-DIVIEOD-D2; y que luego con fecha 24 de agosto de 2022, se dispuso que no procede formalizar ni continuar con la investigación preparatoria contra la recurrente ni contra las otras personas por los delitos de banda criminal y suplantación de identidad, pero se dispuso incoar proceso inmediato contra la recurrente y otra por el delito de estafa agravada, la cual recayó en el juzgado demandado, el cual, con fecha 22 de noviembre de 2022, realizó la audiencia de incoación de proceso inmediato donde participó la actora y su defensor técnico, y dentro del cual expresó su voluntad para acogerse a la terminación anticipada del proceso, que fue aprobado por el juzgado, con la conformidad de la ahora demandante, por lo cual se emitió la sentencia de terminación anticipada que fue declarada consentida.

Añade que, al advertir la fiscalía que la actora incumplía las reglas de conducta impuestas en la referida sentencia, solicitó mediante los dictámenes correspondientes que se le revoque la condicionalidad de la pena, por lo que en la audiencia de fecha 26 de abril de 2024, se declaró fundado dicho requerimiento. Precisa que, respecto a la alegada falta de notificación, no se pronuncia la fiscalía, puesto que el referido cuestionamiento requiere de un pronunciamiento por parte del juzgado demandado. Además, puntualiza que el Ministerio Público no ha vulnerado los derechos invocados, puesto que ha actuado conforme a los parámetros previstos en la Constitución y en la ley, ya que realizó una investigación con respeto a los derechos de las personas imputadas.

El Juzgado de Investigación Preparatoria Lima, mediante el Oficio 05829-2022-0-1826-JR-PE-06, de fecha 25 de septiembre de 2024¹¹, remitió al Cuarto Juzgado Constitucional de Lima las copias certificadas solicitadas correspondientes al Expediente 05829-2022-0-1826-JR-PE-06.

El Cuarto Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima mediante sentencia, Resolución 5, de fecha 20 de junio de 2025¹², declara improcedente la demanda, al considerar que, la Resolución 12, de fecha 26 de abril de 2024, que revocó la pena suspendida por efectiva a la fecha no goza de la calidad de firme, al encontrarse pendiente de resolverse el recurso de apelación interpuesto. Se considera también que las cuestionadas resoluciones fueron emitidas como resultado de un juicio racional y objetivo por parte de los jueces demandados, quienes pusieron de manifiesto su independencia e imparcialidad para la solución del caso, puesto que apreciaron de forma debida los hechos, y concluyeron a partir de las pruebas actuadas en juicio que se desvirtuó la presunción de inocencia de la accionante. También consideró que se pretende reexaminar las citadas resoluciones, lo cual excede el objeto del proceso de habeas corpus.

La Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la apelada por similares fundamentos. Considero también que la accionante dejó consentir la cuestionada sentencia de terminación anticipada.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. El objeto de la demanda es que se declare nula la sentencia de terminación anticipada, Resolución 3, de fecha 22 de noviembre de 2022, que aprobó el acuerdo de terminación anticipada, en el extremo que condenó a doña Eva María Abad Bustamante a tres años y seis meses de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución por el término de dos años y seis meses bajo el cumplimiento de reglas de conducta por el delito de estafa agravada¹³.

2. Se denuncia la vulneración de los derechos a la libertad personal, a la tutela procesal efectiva y a la debida motivación de resoluciones judiciales y del principio de presunción de inocencia.

Análisis de la controversia

3. La Constitución establece en el artículo 200, inciso 1, que a través del habeas corpus se protege tanto la libertad personal como los derechos conexos a ella. No obstante, debe tenerse presente que no cualquier reclamo que alegue a priori la afectación del derecho a la libertad personal o derechos conexos puede reputarse efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si los actos denunciados afectan el contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados.

4. Este Tribunal ha señalado, de manera constante y reiterada, que la apreciación de los hechos, así como la valoración de las pruebas y su suficiencia en el proceso penal, así como los alegatos de inocencia son asuntos que se encuentran extramuros del contenido constitucionalmente protegido de la libertad personal, al tratarse de potestades que en principio corresponden a la judicatura ordinaria.

5. En el presente caso, este Tribunal advierte que la recurrente alega, esencialmente, que es inocente de los cargos que se le atribuyen y que no existe prueba suficiente que sustente la condena impuesta en su contra. Al respecto, el Tribunal considera que dichos cuestionamientos, relacionados a la apreciación de hechos y a la suficiencia y valoración de los medios probatorios y los alegatos de inocencia, deben ser analizados por la judicatura ordinaria, conforme lo ha indicado la reiterada jurisprudencia de este Tribunal Constitucional.

6. Como este Tribunal Constitucional ha recordado, de manera constante y reiterada, la determinación de la pena impuesta conforme a los límites mínimos y máximos establecidos en el Código Penal sea esta de carácter efectivo o suspendido, es materia que compete analizar a la judicatura ordinaria, porque, para llegar a tal decisión, se requiere el análisis de las pruebas que sustentan la responsabilidad del sentenciado¹⁴.

7. De otro lado, este Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha destacado que, si bien es cierto que la actividad del Ministerio Público, al formalizar la denuncia o al emitir la acusación fiscal, se encuentra vinculada al principio de interdicción de la arbitrariedad y al debido proceso, también lo es que dicho órgano autónomo no tiene facultades coercitivas para restringir o limitar la libertad personal, toda vez que las actuaciones del Ministerio Público, en principio, son postulatorias, y no decisorias sobre lo que la judicatura resuelva; lo que es aplicable al caso de autos respecto de la demanda contra la fiscalía.

8. En tal sentido, sobre este extremo de la demanda, resulta de aplicación el artículo 7, inciso 1, del Nuevo Código Procesal Constitucional.

9. En relación a la alegada falta de notificación de la sentencia de terminación anticipada mediante cédula, este Tribunal aprecia que si bien no consta de autos que la accionante haya sido notificada con la sentencia de terminación anticipada; sin embargo, constata que esta tomó conocimiento de su contenido, puesto que no sólo asistió a las audiencias de revocatoria de la suspensión de la ejecución de la pena [conforme se advierte del Índice de Registro de Audiencia de Revocatoria de la Suspensión de la Ejecución de la Pena, de fecha 23 de octubre de 2023¹⁵, del Índice de Registro de Audiencia de Revocatoria de la Suspensión de la Ejecución de la Pena, de fecha 28 de noviembre de 2023¹⁶, del Índice de Registro de Audiencia de Verificación de Cumplimiento de Reglas de Conducta, de fecha 4 de marzo de 2024¹⁷, del Índice de Registro de Audiencia de Revocatoria de la Suspensión de la Pena, de fecha 26 de abril de 2024¹⁸], en la cual se emitió la Resolución 12, de fecha 26 de abril de 2024¹⁹, mediante la cual se declaró fundada la revocatoria de la pena suspendida por pena efectiva contra la accionante, imponiéndosele tres años y cuatro meses de pena privativa de la libertad con carácter de efectiva, y se ordenó se oficie para su ubicación y captura y conducción del local del juzgado a la división policial que corresponda; y, que una vez que sea capturada se realizará el cómputo correspondiente. Igualmente, este Tribunal observa que la recurrente estuvo presente en dichas audiencias y se encontraba asistida por su abogado defensor, e interpuso recurso de apelación contra dicha Resolución 12, la cual no consta de autos que haya sido resuelta.

10. Por tanto, al no existir una resolución judicial firme, este extremo de la pretensión también deberá desestimarse en aplicación del artículo 9 del Código Procesal Constitucional.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

OCHOA CARDICH

GUTIÉRREZ TICSE

PACHECO ZERGA

PONENTE OCHOA CARDICH