SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 7 días del mes de julio de 2026, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Ochoa Cardich, Gutiérrez Ticse y Pacheco Zerga, ha emitido la presente sentencia, con el fundamento de voto del magistrado Ochoa Cardich. Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con lo votado.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Eleodoro Carranza Benavides contra la resolución de fojas 82, de fecha 10 de octubre de 2025, expedida por la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 13 de febrero de 2025, el recurrente interpone demanda de amparo contra el director de Recursos Humanos de la Policía Nacional del Perú solicitando que se declare la nulidad de la Resolución Directoral 007371-2017-DIRREHUM-PNP, de fecha 28 de junio de 2017, por la que se resuelve pasarlo al retiro por la causal de límite de edad en el grado, en su condición de suboficial superior de armas de la Policía Nacional del Perú; y que, en consecuencia, se emita una nueva resolución considerando su retiro por la causal de discapacidad adquirida a consecuencia del servicio, conforme a lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la ley de Pensión Militar, debido a que resultó herido durante un accidente de tránsito sufrido en “acto de servicio” el 14 de marzo de 1998. Asimismo, solicita que se le paguen los intereses legales que correspondan, se le otorgue el seguro de vida conforme a lo previsto en la Ley 29420 y el subsidio por invalidez de acuerdo a lo estipulado en el artículo 15 del Decreto Legislativo 1132. Acciona solicitando el amparo de sus derechos a la seguridad social y al libre acceso a las prestaciones de salud y pensiones1.
El Noveno Juzgado Constitucional de Lima, mediante Resolución 1 de fecha 13 de marzo de 2025, admitió a trámite la demanda2.
La procuradora pública a cargo del sector Interior deduce la excepción de incompetencia por razón de la materia y contesta la demanda. Sostiene que el actor no ha cumplido con adjuntar documentación que sustente el nexo causal entre la enfermedad de la cual adolece y el servicio o acción que desempeñaba en el marco de sus funciones como efectivo militar, por lo que no se puede determinar si cumplió los requisitos establecidos para el acceso a la pensión de invalidez, y que “el fallecimiento del causante no puede ser considerado como sucedido en acto de servicio; por consiguiente, la demandante no reúne los requisitos para acceder a la pensión de viudez en los términos peticionados en su demanda” [sic]3.
El a quo, mediante Resolución 3, de fecha 9 de mayo de 2025, declaró infundada la excepción deducida por la entidad emplazada y fundada la demanda, por considerar que de lo actuado ha quedado acreditado que existe relación causal entre las labores realizadas por el demandante en el servicio policial y su estado de discapacidad originado en un accidente a consecuencia del servicio, por lo que la Policía Nacional del Perú debe cumplir con emitir una nueva resolución administrativa con el cambio de la situación de retiro por límite de edad en el grado por la de causal de retiro por la causal de discapacidad a consecuencia del servicio. Igualmente ordenó a la emplazada que cumpla con otorgar al demandante el seguro de vida conforme a la Ley 29420, así como el subsidio por invalidez, conforme al artículo 15 del Decreto Legislativo 1132, de acuerdo al valor actualizado previsto por el artículo 1236 del Código Civil, más el pago de devengados e intereses legales 4.
La Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima revocó la apelada y declaró improcedente la demanda, al estimar que el accionante no acredita los requisitos para gozar de los beneficios que solicita, por lo que es necesaria la actuación de medios probatorios para determinar si corresponde o no el cambio de motivo de su retiro, más el reconocimiento y otorgamiento de los derechos y beneficios señalados en su petitorio5.
FUNDAMENTOS
Delimitación del petitorio de la demanda
El actor solicita que se declare la nulidad de la Resolución Directoral 007371-2017-DIRREHUM-PNP, de fecha 28 de junio de 2017, por la que se resuelve pasarlo al retiro por la causal de límite de edad en el grado, en su condición de suboficial superior de armas de la Policía Nacional del Perú; y que, en consecuencia, se emita una nueva resolución considerando su retiro por la causal de discapacidad adquirida a consecuencia del servicio. Asimismo, solicita que se le paguen los intereses legales que correspondan, se le otorgue el seguro de vida conforme a lo previsto en la Ley 29420 y el subsidio por invalidez previsto en el artículo 15 del Decreto Legislativo 1132. Considera que se afectan sus derechos a la seguridad social y al libre acceso a las prestaciones de salud y pensiones.
Análisis de la controversia
Este colegiado considera que en el presente caso debe evaluarse si lo pretendido en la demanda será dilucidado en una vía diferente de la constitucional, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7.2 del Nuevo Código Procesal Constitucional.
En la Sentencia 02383-2013-PA/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el 22 de julio de 2015, este Tribunal estableció en el fundamento 15, con carácter de precedente, que una vía ordinaria será «igualmente satisfactoria» como la vía del proceso constitucional de amparo si en un caso concreto se demuestra, de manera copulativa, el cumplimiento de los siguientes elementos: i) que la estructura del proceso es idónea para la tutela del derecho; ii) que la resolución que se fuera a emitir pueda brindar tutela adecuada; iii) que no existe riesgo de que se produzca irreparabilidad; y iv) que no existe necesidad de una tutela urgente derivada de la relevancia del derecho o de la gravedad de las consecuencias.
En el caso de autos, el demandante solicita que se deje sin efecto el acto administrativo mediante el cual se lo pasó a la situación de retiro por la causal de límite de edad en el grado; y que, en consecuencia, se emita una nueva resolución considerando su retiro por la causal de discapacidad adquirida a consecuencia del servicio, entre otras pretensiones; es decir, que se trata de una pretensión de naturaleza laboral de un servidor público sujeto a una carrera pública especial, pues el actor tenía el grado de suboficial superior de armas de la Policía Nacional del Perú, conforme consta de la Resolución Directoral 007371-2017-DIRREHUM-PNP, de fecha 28 de junio de 20176. En ese sentido, desde una perspectiva objetiva, el proceso contencioso-administrativo a cargo de los juzgados especializados de trabajo, conforme al numeral 4 del artículo 2 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley 29497, cuenta con una estructura idónea para acoger las pretensiones de la parte demandante y darle tutela adecuada. En otras palabras, el proceso contencioso-administrativo laboral se constituye en una vía célere y eficaz respecto del amparo, donde puede resolverse el caso de derecho fundamental propuesto por el demandante, de conformidad con el precedente establecido en la Sentencia 02383-2013-PA/TC.
Por otro lado, atendiendo a una perspectiva subjetiva, en el caso de autos no se ha acreditado un riesgo de irreparabilidad del derecho en caso de que se transite por la vía del proceso contencioso-administrativo laboral. De igual manera, tampoco se verifica que en autos se haya acreditado de manera fehaciente la necesidad de tutela urgente derivada de la relevancia del derecho en cuestión o de la gravedad del daño que podría ocurrir.
Por lo expuesto, en el caso concreto existe una vía igualmente satisfactoria, que es el proceso contencioso-administrativo laboral, por lo que corresponde declarar la improcedencia de la demanda.
De otro lado, si bien la sentencia emitida en el Expediente 02383-2013-PA/TC establece reglas procesales en sus fundamentos 18-20, dichas reglas son aplicables solo a los casos que se encontraban en trámite cuando la precitada sentencia fue publicada en el diario oficial El Peruano (22 de julio de 2015). Sin embargo, no se presenta dicho supuesto en el caso de autos, dado que la demanda se interpuso el 13 de febrero de 2025.
En consecuencia, corresponde declarar la improcedencia de la demanda en aplicación del inciso 2 del artículo 7 del Nuevo Código Procesal Constitucional.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
Declarar IMPROCEDENTE la demanda.
Publíquese y notifíquese.
SS.
OCHOA CARDICH
GUTIÉRREZ TICSE
PACHECO ZERGA
PONENTE GUTIÉRREZ TICSE
FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
OCHOA CARDICH
Con el debido respeto por la opinión de mis colegas magistrados, en el presente caso coincido en que debe declararse la improcedencia la demanda por las razones expuestas en la ponencia. Empero, considero necesario añadir que, si bien el demandante tiene una afección crónica que incluso motivó que en el Acta de Junta Médica de 9 de marzo de 2017 se consignara como conclusión que se le otorgaría el certificado de discapacidad para su inscripción en CONADIS; sin embargo, ello no enerva lo resuelto en la ponencia, habida cuenta que los documentos obrantes en autos no resultan suficientes para verificar si el actor cumple con los requisitos exigidos en la ley para considerar que las dolencias que ahora lo aquejan derivan del accidente que sufrió el año 1998 y que, por tanto, le correspondería ser pasado a la situación de retiro por incapacidad a consecuencia de un acto de servicio y percibir los beneficios correspondientes, siendo evidente la necesidad de que la pretensión sea tramitada en un proceso que permita una mayor actividad probatoria.
S.
OCHOA CARDICH