SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 25 días del mes de septiembre de 2026, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Ochoa Cardich, Gutiérrez Ticse y Pacheco Zerga, ha emitido la presente sentencia. Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con lo votado.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Rosa Silvana Cabrera Zapata contra la resolución de fojas 386, de fecha 30 de septiembre de 2025, expedida por la Sala Civil – Sede Central de la Corte Superior de Justicia de Ica, que declaró infundada la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 29 de enero de 2025¹, la recurrente interpuso demanda de amparo contra el Ministerio de Educación —respecto a la Dirección General de Desarrollo Docente (DIGEDD), la Dirección de Servicios Educativos Técnico-Productiva y Superior Tecnológica y Artística (DISERTPA), la Dirección de Formación Inicial de Docente (DIFOID) y la Dirección Técnico Normativa de Docentes (DITEN)—, la Dirección de Educación de Ica y la Escuela Superior de Formación Artística Pública “Sérvulo Gutiérrez Alarcón” de Ica, solicitando, como primer pretensión principal, que se declare nulo y/o sin efecto el Oficio 00873-2025-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, de fecha 24 de enero de 2025, mediante el cual se declara “no viable” su reclamo presentado respecto a los resultados preliminares de la etapa institucional del proceso de nombramiento extraordinario de docentes contratados en las escuelas y los institutos de educación superior, en el marco de la Ley 32086; y que, en consecuencia, se la declare “apta” para la etapa institucional y, como resultado final, se la adjudique la plaza 116221E91102 a la cual postuló. Como segunda pretensión principal, solicitó que se corrija el listado de plazas para el referido nombramiento extraordinario de docentes, remitido mediante el Oficio 01447-2024-MINEDU/VMGP-DIGESUTPA-DISERTPA, de fecha 27 de diciembre de 2024, el cual consigna como perfil para la plaza 116221E91102 el de “artista profesional” y se establezca el perfil de “licenciado / bachiller en artes plásticas y visuales o licenciado en Lengua y Literatura con conocimiento en arte”, pues ha venido ocupando dicha plaza con ese perfil hasta el 31 de diciembre de 2024, por más de 22 años.

Sostuvo que de manera arbitraria y en venganza se cambió el perfil de la referida plaza con posterioridad a la emisión de la Ley 32086, por lo que existe el peligro de afectación a sus derechos al trabajo y a la no discriminación e igualdad ante la ley, tornándose en irreparable, ya que la plaza saldría como vacante o desierta en la etapa nacional, siendo que cualquier otro docente que cumpla también con los requisitos podría obtenerla y dejarla de forma definitiva sin trabajo.

El Segundo Juzgado Civil de Ica, mediante Resolución 1, de fecha 25 de febrero de 2025, admitió a trámite la demanda².

El director de la “Escuela Superior de Formación Artística Pública “Sérvulo Gutiérrez Alarcón” de Ica contestó la demanda³. Afirmó que la actora no acreditó con medio de prueba fehaciente la supuesta venganza que existiría en su contra. Añadió que, el Ministerio de Educación, mediante el Oficio 00873-2025-MINEDU, declaró no viable su reclamo, señalando que las fechas para la validación y determinación de plazas y perfiles concluyeron el 13 de diciembre de 2024, conforme a las fechas aprobadas en el cronograma respectivo.

Por su parte, la directora regional de Educación de Ica contestó la demanda⁴, afirmando que en el proceso de nombramiento extraordinario de docentes contratados en las escuelas y los institutos de educación superior, realizado en el marco de la Ley 32086, se actuó de acuerdo a las necesidades de implementación del plan de estudios conforme a la información recibida del Director de la Escuela Superior de Formación Artística, quien remitió un cuadro de posiciones vacantes requeridas para el año 2025, adjuntando información sobre el perfil y plazas vacantes; y que, además, dicho procedimiento de nombramiento extraordinario a la fecha ha finalizado, de acuerdo a su cronograma.

La procuradora pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Educación formuló las excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa y de incompetencia por razón de la materia, y contestó la demanda⁵, argumentando que la demanda no está dirigida a proteger el contenido de los derechos que la actora alega como afectados, sino a cuestionar las razones de porqué el perfil de la plaza a la que postula tiene ciertos requisitos, y que ello conllevaría a considerar como injustos los resultados del proceso extraordinario de nombramiento, lo que no puede ser dilucidado a través de la vía constitucional. Asimismo, precisó que a la accionante no se le negó el acceso a un puesto de trabajo y menos que se la haya retirado o puesto fin a su vínculo contractual, pues lo que se encuentra en debate es si la calificación de “apto” o “no apto” tiene contenido constitucionalmente relevante, para poder establecer la verosimilitud del derecho, motivo por el cual la pretensión de la demandante debe ser analizada en la vía contenciosa administrativa, por lo que resulta aplicable el artículo 7.2 del Nuevo Código Procesal Constitucional, en observancia de los precedentes emitidos por el Tribunal Constitucional en los Expedientes 00206-2005-PA/TC y 02383-2013-PA/TC.

El procurador público del Gobierno Regional de Ica contestó la demanda⁶. Señaló que toda la información requerida por el MINEDU ha sido elaborada por las instituciones respectivas y, en el caso de autos, fue el director de la “Escuela Superior de Formación Artística Pública “Sérvulo Gutiérrez Alarcón” quien proporcionó las características y perfiles de cada plaza, de acuerdo con las necesidades de su institución, por lo que su representada actuó dentro de los términos legales establecidos en las normas técnicas.

El Segundo Juzgado Civil de Ica, mediante Resolución 10, de fecha 17 de junio de 2025⁷, declaró infundada la demanda, por considerar que la modificación efectuada respecto del perfil profesional de la plaza 116221E91102 no vulneró ninguno de los derechos constitucionales alegados por la accionante, en la medida que, conforme aparece en la página web del Ministerio de Educación, participó válidamente en el proceso de nombramiento extraordinario regulado por la Ley 30286 en su etapa nacional, obteniendo un calificativo total de 28 puntos; en todo caso, la vulneración de los derechos invocados por la actora se habría configurado en caso se le ha impedido —ilegítimamente— su participación en el proceso extraordinario de nombramiento, situación que no ocurrió. Añadió que, no cabe analizar si la modificación del perfil profesional de dicha plaza resulta ser legítima, o no, pues la afirmación que sustentó la demanda, en el sentido de que como consecuencia de esa modificación se vulneraron los derechos de la demandante, no ha sido acreditada suficientemente.

La Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ica a través de la Resolución 15, de fecha 30 de setiembre de 2025, confirmó la apelada, por similares argumentos⁸.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio de la demanda

1. La recurrente interpuso demanda de amparo solicitando que se declare nulo y/o sin efecto el Oficio 00873-2025-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, de fecha 24 de enero de 2025, que declara “no viable” su reclamo presentado respecto a los resultados preliminares de la etapa institucional del proceso de nombramiento extraordinario de docentes contratados en las escuelas y los institutos de educación superior, en el marco de la Ley 32086; y que, en consecuencia, se la declare “apta” para la etapa institucional y que, como resultado final, se le adjudique la plaza 116221E91102 a la cual postuló. También peticiona que se corrija el listado de plazas para el referido nombramiento extraordinario de docentes, en lo referido al perfil para la plaza 116221E91102, y que en lugar de “artista profesional” se establezca el perfil de “licenciado / bachiller en artes plásticas y visuales o licenciado en Lengua y Literatura con conocimiento en arte”, pues ha venido ocupando dicha plaza con ese perfil por más de 22 años.

Análisis de la controversia

2. De lo actuado en esta sede constitucional se advierte que mediante escrito presentado el 5 de mayo de 2026⁹, la recurrente comunicó a esta Sala del Tribunal Constitucional que la Dirección Regional de Educación de Ica emitió la Resolución Directoral Regional 0137-2026, de fecha 26 de enero de 2026¹⁰, que resolvió nombrarla en la carrera pública docente, a partir de esa fecha, como docente estable en la Institución Educativa Sérvulo Gutiérrez Alarcón de la UGEL Ica, nivel educativo superior artística, con código de plaza 116221E91102. Así, de lo expuesto, tenemos que la entidad demandada ha cesado en la vulneración de los derechos constitucionales alegados por la actora, pues en la actualidad se encuentra laborando.

3. El artículo 1 del Nuevo Código Procesal Constitucional establece que los procesos constitucionales tienen por objeto la protección de los derechos fundamentales, mediante la reposición de las cosas al estado anterior a su violación o amenaza de violación; sin embargo, en el presente caso, se encuentra acreditado que el acto lesivo invocado en la demanda ha cesado, por lo que ha operado la sustracción de la materia.

4. En consecuencia, corresponde declarar improcedente la demanda en aplicación, a contrario sensu, del segundo párrafo del artículo 1 del Nuevo Código Procesal Constitucional.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

OCHOA CARDICH

GUTIÉRREZ TICSE

PACHECO ZERGA