Jurisprudencia Constitucional

Tema:
Derecho a la integridad/
SubTema:
Integridad psíquica
Resolución:
N.° 03426-2008-HC/TC
Fechade publicacion:
02/09/2010
Caso:
Pedro Gonzalo Marroquín Soto
Sumilla:

«La situación descrita en los fundamentos que preceden permite constatar a este
Tribunal Constitucional la violación masiva y/o generalizada de uno o varios
derechos fundamentales (derecho a la salud, integridad personal, etc.) que afectan a
un número significativo de personas que adolecen de enfermedad mental. Pero
además, esta situación de hecho contraria a la Constitución, permite reconocer a
este Colegiado la existencia de un estado de cosas inconstitucional respecto de las
personas que adolecen de enfermedad mental, dentro de las que se encuentran las
personas sujetas a medidas de internación. En efecto, se aprecia que existen escasos
planes, programas y servicios de salud mental dirigidos a personas que se encuentran sujetas a medidas de seguridad de internación. Los existentes no están debidamente articulados entre los sectores e instituciones del Estado, lo cual se aleja por entero del Plan Estratégico del Instituto Nacional Penitenciario CINPE) para el período 2007-2011, que recoge las propuestas de la Comisión Multisectorial, creada por la Resolución Ministerial N° 336- 2006-PCM de fecha 18 de setiembre de 2006, e integrada por la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía y Finanzas, entre otros, y que en el rubro V Lineamientos Estratégicos: Salud Penitenciaria, señala que es prioridad para el INPE: «Desarrollar y/o fortalecer los vínculos con el Ministerio de Salud en los respectivos niveles regional y local, así como la asistencia y traslado de internos psiquiátricos a Hospitales de Salud Mental». 

Sobre esta base este Tribunal Constitucional en cuanto garante último de los
derechos fundamentales, considera que para la superación del problema, que es de
naturaleza estructural, se hace necesaria la intervención activa y oportuna no sólo de
las autoridades emplazadas, sino fundamentalmente, coordinada y/o mancomunada,
de los demás sectores o Poderes del Estado (Ministerio de Justicia, Ministerio de
Salud, Ministerio de Economía y Finanzas, Congreso de la República, Poder
Judicial, etc.). Por tanto, este Tribunal exige el replanteamiento de la actuación de
los poderes públicos, a fin de que adopten un conjunto de medidas de carácter
administrativo, legislativo, judicial y de otra índole que tengan por objeto superar de
manera inmediata y eficaz las situaciones de hecho que dan lugar al
quebrantamiento de la Constitución». (FJ 30-31)