Jurisprudencia Constitucional

Tema:
Derecho a la integridad/
SubTema:
Integridad Física
Resolución:
N° 00002-2008-AI/TC
Fechade publicacion:
14/09/2009
Caso:
Regulación de la intervención de las Fuerzas Armadas
Sumilla:

«…la mera posibilidad de que se autorice el uso de la
fuerza implica la facultad de restringir los derechos a la vida, a la integridad y la
dignidad de la persona, reconocidos en el artículo 2° de la Constitución y demás
tratados de derechos humanos. Al respecto, este Tribunal considera que la
restricción de estos derechos debe ser formulado por el Congreso a través de una
ley.
Sin embargo, considerando que las Fuerzas Armadas deben tener un marco claro
en su actuación y uso de la fuerza, el Congreso deberá adoptar una ley previa en la
cual se regule el uso de la fuerza en las siguientes situaciones: (i) la conducción de
hostilidades en el marco del Derecho Internacional Humanitario aplicable a los
conflictos armados; y (ii) el uso de la fuerza en las situaciones contempladas en el
estado de emergencia, o situaciones de tensiones internas, en la cual es aplicable
el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Para el desarrollo de esta ley, el Congreso deberá tener como base los Principios
de las Naciones Unidas para el uso de la fuerza letal:
a) El uso de la fuerza letal por parte del personal militar se sujetará a lo
dispuesto en la Constitución y los tratados de Derechos Humanos y Derecho
internacional Humanitario, según sea el caso.

b) El uso de la fuerza y de la fuerza letal solamente se utilizará en circunstancias excepcionales y como medida de último recurso con el fin de disminuir el riesgo de daños innecesarios.

c) El uso de la fuerza letal será empleado cuando sea estrictamente inevitable y razonable para proteger el derecho a la vida u otro bien jurídico fundamental.

d) El personal militar deberá advertir, siempre que proceda, cuando se vaya a hacer uso de la fuerza y de la fuerza letal.

e) El uso de la fuerza no contemplará el empleo de armas de fuego y municiones que puedan provocar lesiones no deseadas o signifiquen un riesgo injustificado a terceros.

f) La autoridad competente podrá abrir una investigación de oficio cuando existan indicios razonables de que las medidas de fuerza empleadas no cumplieron con las normas preestablecidas». (FJ 62-64)