Jurisprudencia Constitucional

Tema:
Congreso de la República/
SubTema:
Imparcialidad y comisiones investigadoras
Resolución:
N.° 04968-2014-PHC/TC
Fechade publicacion:
04/11/2015
Caso:
ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE Y OTRA
Sumilla:

«Pues bien, el Tribunal Constitucional ya ha referido que los derechos fundamentales a la independencia e imparcialidad de juzgador son extrapolables al ámbito de la sede parlamentaria cuando ella actúa mutatis mutandis ejerciendo competencias decisorias sobre la esfera subjetiva de las personas. Por antonomasia, cuando deba adoptar la decisión correspondiente sobre la suerte de un funcionario público enumerado en el artículo 99° de la Constitución, previo procedimiento de acusación constitucional (STC 00156-20 12-PHC, FF. J1. 54 – 55). Sin embargo, (…) lo que ahora corresponde dilucidar es si el derecho fundamental a la imparcialidad es exigible a los miembros de una Comisión de Investigación del Congreso de la República. A juicio del Tribunal Constitucional, la respuesta es claramente afirmativa, puesto que, en estricto, el atributo de la imparcialidad, por ser condición sine qua non para la interdicción de la arbitrariedad, debe ser predicable del accionar de todo poder público. 80.

Empero, siendo un ámbito orientado a la investigación de hechos y no a la toma de decisiones que de modo inequívoco, por su sola adopción, inciden sobre la esfera subjetiva de las personas, el contenido de la imparcialidad aquí exigible, con los matices que quepa establecer, está mucho más cercano al que cabe oponer al Ministerio Público que al que impregna la labor de la jurisdicción.

Por ello, resulta que no solo no es reprochable, sino que es inherente a una comisión de investigación que sus miembros, a medida que suman elementos de valoración, desarrollen una hipótesis del caso vinculada a los hechos que conocen, la cual, ciertamente, puede inclinarse progresivamente a la atribución de responsabilidades a determinadas personas hasta que ella sea verosímil o definitivamente quede configurada una vez adoptadas sus conclusiones. Es por ello que el artículo 88° del Reglamento del Congreso establece que dichas comisiones pueden emitir recomendaciones orientadas a sancionar la conducta de quienes consideren responsables. Carece de sentido, pues, acusar a una comisión de investigación de pre-juzgamiento, cuando menos, como se decía, si por ello se entiende la construcción paulatina de una hipótesis previa al acto formal de juzgar. Es esa justamente su tarea». (Fundamento 79, 80 y 81)