EXP. N.° 01032-2010-PHC/TC

LIMA

NICOLÁS DE BARI

HERMOZA RÍOS

  

           

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

En Lima, a los 23 días del mes de septiembre de 2010, el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos, Vergara Gotelli, Eto Cruz y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia

 

ASUNTO

 

            Recurso de agravio constitucional interpuesto por don César Augusto Nakazaki Servigón, a favor de don Nicolás de Bari Hermoza Ríos, contra la sentencia de la Sexta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 742, su fecha 14 de setiembre de 2009, que declaró infundada la demanda de autos.

 

ANTECEDENTES

 

            Con fecha 21 de enero de 2009 don Nicolás de Bari Hermoza Ríos interpone demanda de hábeas corpus contra las vocales integrantes de la Primera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima, señoras Villa Bonilla, Tello de Ñecco y Piedra Rojas, y los vocales de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, señores Villa Stein, Rodríguez Tineo, Rojas Maraví, Calderón Castillo y Zecenarro Mateus, denunciando la vulneración de su derecho a un tribunal imparcial en el Proceso Penal N.° 28-2001 puesto que la actuación de las vocales superiores emplazadas genera peligro a su derecho a la libertad personal. Solicita que las referidas vocales superiores se inhiban del conocimiento del citado proceso penal o se disponga que se admita a trámite la recusación planteada, resultando que para esto último el Juez constitucional debe realizar un pronunciamiento de fondo en el que se determine que las vocales superiores han perdido imparcialidad.

Al respecto afirma que las vocales superiores emplazadas actúan con arbitrariedad al realizar un juicio oral habiendo perdido imparcialidad y al haber rechazado liminarmente la recusación planteada en su contra, pues los hechos objeto de las sentencias anticipadas y de aprobación de los convenios de colaboración eficaz a sus coprocesados son los mismos hechos que forman objeto del juicio oral y de la sentencia a dictar en su contra, tan es así que las vocales emplazadas se han formado un prejuicio de la existencia de la asociación ilícita “Grupo Colina”, de la participación de sus integrantes en los asesinatos, tentativas de asesinato y lesiones graves del “caso Barrios Altos”, en los secuestros del “caso los desaparecidos del Santa”, en el secuestro y asesinato del periodista “Pedro Yauri” y la realización de operaciones especiales de aniquilamiento de presuntos terroristas. Refiere que en dos sentencias de fondo dictadas en el caso “La Cantuta” estableció que fue autor mediato de los asesinatos y desapariciones forzadas, resultando que en el proceso actual la autoría en asociación ilícita y los asesinatos que se le atribuye son sobre la misma base fáctica. Agrega que el sustento de la resolución que rechazó la recusación fue errada ya que el prejuicio no sólo se puede producir por la valoración de la prueba sino también por otras causas como lo es que el Juez se forme un juicio sobre los hechos objeto de proceso penal al cual está sometido. Por lo tanto se verifica el peligro a su derecho a la libertad personal ya que la Sala Superior emplazada inexorablemente lo va ha condenar como asesino en los casos “Barrios Altos”, “desaparecidos del Santa” y del periodista “Pedro Yauri”.

 

Realizada la investigación sumaria, el demandante ratifica los términos de la demanda y señala que la Sala Superior emplazada ha emitido sentencias anticipadas, de colaboración eficaz y de fondo en las que se le presentan como responsable de los hechos que son motivo de juzgamiento, lo que vulnera su derecho a un tribunal imparcial. Por otra parte, las vocales superiores Villa Bonilla y Tello Ñecco señalan que la resolución que rechazó la recusación se emitió dentro del proceso ordinario en el que se respetó el derecho de defensa del demandante, debiéndose advertir que los fundamentos de dicha resolución de rechazo y del escrito de hábeas corpus son similares. De otro lado, los vocales supremos emplazados, indistintamente, señalan que la recusación planteada no se encuentra sustentada en ninguna de las causales expresamente señaladas en la norma, por lo que los argumentos de la recusación propuesto por la defensa se sustentan en conjeturas y apreciaciones subjetivas, entonces la resolución suprema cuestionada ha sido debidamente motivada no habiéndose afectado los derechos constitucionales del actor.

 

El Décimo Segundo Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, con fecha 29 de mayo de 2009, declaró infundada la demanda por considerar que no se ha vulnerado los derechos del demandante por cuanto el auto de la recusación ha sido debidamente fundamentado, así como lo está la Resolución Suprema, pues “la contaminación de criterio” que sustenta el pedido de la recusación no ha sido demostrada, ya que el hecho que las emplazadas hayan emitido una serie de sentencias en el mismo proceso con la finalidad de resolver la situación jurídica de otras personas implicadas, no quiere decir que se haya hecho un adelanto de criterio o un prejuzgamiento para el  [caso del] actor.

 

 

            La Sala Superior revisora confirmó la resolución apelada por considerar que las resoluciones de la recusación cumplen con ser motivadas al existir congruencia entre sus considerandos y el fallo, por lo que no se ha afectado el derecho al juez imparcial.

 

FUNDAMENTOS

 

Delimitación del petitorio

 

1.    El objeto de la demanda es que en sede constitucional se disponga que las vocales superiores emplazadas se inhiban del conocimiento del Proceso Penal N.° 28-2001 (casos Barrios Altos, Desaparecidos del Santa y Pedro Yauri) en lo que respecta al actor o, en su defecto, se disponga que se admita a trámite la recusación planteada en contra de las demandadas toda vez que su actuación genera peligro a su derecho a la libertad personal.

Hábeas corpus preventivo

 

2.    Partiendo de la premisa de que el hábeas corpus es un proceso constitucional al que tiene derecho cualquier persona para solicitar la salvaguarda de su libertad personal de otros derechos conexos a ésta, tal como lo regula el inciso 1) del artículo 200º de la Constitución, resulta conveniente, atendiendo la naturaleza del caso, señalar que el hábeas corpus  preventivo es el proceso que “(...) podrá ser utilizado en los casos en que, no habiéndose concretado la privación de la libertad, existe empero la amenaza cierta e inminente de que ello ocurra, con vulneración de la Constitución o la ley de la materia. Al respecto, es requisito sine qua non de esta modalidad que los actos destinados a la privación de la libertad [personal o a su agravio] se encuentren en proceso de ejecución; por ende, la amenaza no debe ser conjetural ni presunta” [Cfr. Expediente N.º 2663-2003-HC/TC, caso Eleobina Mabel Aponte Chuquihuanca].

 

3.    En el caso de autos el recurrente ha postulado la demanda de hábeas corpus denunciando la amenaza a su derecho a la libertad personal que se concretaría con el avocamiento de las vocales superiores demandadas en la tramitación del Proceso Penal N.° 28-2001, pues considera que inexorablemente lo va ha condenar como asesino en los casos “Barrios Altos”, “desaparecidos del Santa” y del periodista “Pedro Yauri”. Al respecto alega que las emplazadas se han formado un prejuicio sobre los hechos objeto de proceso penal al haber emitido sentencias de fondo en el caso “La Cantuta”, así como sentencias anticipadas y de aprobación de los convenios de colaboración eficaz a sus coprocesados en el proceso sub materia ya que los ilícitos atribuidos en dichos casos son sobre la misma base fáctica que los que ahora se le imputa.

 

De la naturaleza de la amenaza de violación de un derecho constitucional

4.    El artículo 2º del Código Procesal Constitucional señala que los procesos constitucionales de hábeas corpus, amparo y hábeas data proceden cuando se amenace o viole los derechos constitucionales por acción u omisión  de actos de cumplimiento obligatorio, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona; agrega que cuando se invoque la amenaza de violación ésta debe ser cierta y de inminente realización.

 

5.    En cuanto a que la amenaza debe ser inminente y real se debe advertir que los procesos constitucionales no sólo buscan remediar las violaciones de los derechos ya producidas, sino que también buscan prevenir la comisión de tales actos. Para determinar si la amenaza de un derecho es inminente hay que establecer, en primer lugar, la diferencia entre actos futuros remotos y actos futuros inminentes. Los primeros son aquellos actos inciertos que pueden o no suceder, mientras que los segundos son los que están próximos a realizarse, es decir, su comisión es casi segura y en un tiempo breve [Cfr. STC N.° 2484-2006-PHC/TC].

Por consiguiente, la amenaza de afectación del derecho a la libertad personal debe reunir determinadas condiciones: a) que la amenaza a la libertad sea cierta, es decir, que exista un conocimiento seguro y claro de la amenaza a la libertad, dejando de lado conjeturas o presunciones; y, b) la inminencia de que se produzca el acto vulnerador, esto es, que se trate de un atentado a la libertad personal que esté por suceder prontamente o en proceso de ejecución, no reputándose como tal a los simples actos preparatorios; condiciones de configuración de la amenaza del derecho de la libertad personal que este Tribunal vine subrayando de su reiterada jurisprudencia [Véase entre otras las sentencias recaídas en los expedientes N.os 2435-2002-HC/TC, 2468-2004-HC/TC y 5032-2005-PHC/TC].

 

Análisis del caso materia de controversia constitucional

 

6.    En el presente caso este Tribunal advierte que no se configura la amenaza de vulneración al derecho a la libertad individual del actor con el avocamiento por parte de las vocales superiores emplazadas en el Proceso Penal N.° 28-2001 que se sigue en su contra. En efecto, la emisión de sentencias anticipadas o de aprobación de los convenios de colaboración eficaz a los coprocesados del demandante no implican la certeza ni la inminencia de que la sentencia a dictarse en su contra vaya a ser condenatoria, lo mismo ocurre con la emisión de las sentencias recaídas en el caso “La Cantuta”, esto es así en la medida que conforme a los supuestos hechos acusados en su contra y los respectivos medios probatorios aportados en el Proceso Penal N.° 28-2001 es que la justicia ordinaria determinará su responsabilidad o su inocencia.

 

7.    En consecuencia la demanda debe ser desestimada toda vez que no se aprecia la concurrencia de la amenaza cierta e inminente de afectación al derecho a la libertad individual del demandante; máxime si de los autos no se aprecia la manifestación de elementos que generen verosimilitud respecto a la alegada imparcialidad de las juezas superiores emplazadas que presuntamente generaría –en el Proceso Penal N.° 28-2001– una inexorable sentencia condenatoria en contra del actor, como se alude en los hechos de la demanda.

 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

 

HA RESUELTO

 

Declarar INFUNDADA la demanda al no haberse acreditado la amenaza cierta y de inminente afectación al derecho a la libertad personal del actor.

 

Publíquese y notifíquese.

 

 

SS.

 

MESÍA RAMÍREZ

BEAUMONT CALLIRGOS

VERGARA GOTELLI

ETO CRUZ

ÁLVAREZ MIRANDA

                                                          

                       JVP