EXP. N.° 02163-2014-PHC/TC
LIMA NORTE
CARLOS ALFREDO
ALEJOS VEGA
AUTO
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 4 de noviembre de 2014
VISTO
El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Hugo Zuñiga Gonzales Del Río, a favor de don Carlos Alfredo Alejos Vega, contra la resolución expedida por la Primera
Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte
Superior de Justicia de Lima Norte, de fojas 58, su fecha 3 de diciembre de
2013 que declaró improcedente de plano la demanda de autos; y,
ATENDIENDO A
1. Que, con fecha 17 de setiembre de 2013 don Leoncio Alejos
Carrillo interpone demanda de hábeas corpus a favor de don Carlos Alfredo Alejos Vega contra el Octavo Juzgado Especializado en
lo Penal de Lima Norte, solicitando se disponga la inmediata excarcelación del
beneficiario por exceso de detención preventiva que viene sufriendo en el
proceso penal que se sigue en su contra por el delito de tráfico
ilícito de drogas (Exp. Nº
1002-2012).
Al respecto afirma que el beneficiario se encuentra recluido desde el
18 de febrero de 2012 y a la fecha han transcurrido 18 meses y días sin que se
le haya dictado sentencia en el indiciado proceso penal. Agrega que su
solicitud sobre variación del mandato de detención no ha sido resuelta y que el
beneficiario es inocente de la sindicación que se le imputa, tanto así que no
existen elementos probatorios que acrediten la comisión del delito de materia
de investigación.
A fojas 74 obra el recurso de agravio constitucional, de fecha 6 de
febrero de 2014, a través del cual, entre otros, se afirma que la solicitud de
variación del mandato de detención ha sido declarada improcedente por el
juzgador.
2. Que en cuanto al extremo de la demanda en la que se cuestiona que la
solicitud de variación del mandato de detención del favorecido no ha sido
resuelta, este Tribunal Constitucional considera que se ha producido la
sustracción de la materia justiciable (artículo 1º del Código Procesal
Constitucional), toda vez que a través del recurso de agravio constitucional se
ha manifestado que dicha solicitud ha sido resuelta por el juzgador ordinario.
3. Que, de otro lado, este Tribunal ha sostenido en reiterada
jurisprudencia que la detención judicial comporta una medida provisional que,
como última ratio, limita la libertad física, pero no por ello es, per
se, inconstitucional, en tanto no comporta una medida punitiva ni afecta la
presunción de inocencia que asiste a todo procesado, pues el mandato de
detención provisional es una medida por la que puede optar un juez para
asegurar la presencia del inculpado en el proceso y el éxito del proceso penal,
y su dictado se encuentra justificado cuando existen motivos razonables para ello.
En este escenario, tenemos que el artículo 137º del Código Procesal
Penal (D. L. Nº 638 aplicable al
caso sub materia) establece que la duración de la detención
provisional para los procesos ordinarios es de 18 meses y que “[t]ratándose de procedimientos por delitos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, espionaje y otros de naturaleza compleja
seguidos contra más de diez imputados, en agravio de igual número de personas,
o del Estado, el plazo límite de detención se duplicará (...)” Al respecto en
la sentencia recaída en el caso James Ben Okoli y
otro (Exp. N°
0330-2002-HC/TC
) el Tribunal
Constitucional señaló que vencido el plazo límite de detención, sin haberse
dictado sentencia en primer grado, procede duplicarse el plazo de manera
automática.
4.
Que la
Constitución establece expresamente en su artículo
200º inciso 1 que
el hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad
individual o los derechos constitucionales conexos a ella. No obstante, no
cualquier reclamo que alegue la presunta afectación del derecho a la libertad
individual o sus derechos conexos puede dar lugar al análisis del fondo de la
materia cuestionada mediante el hábeas corpus. En efecto, el análisis del fondo
de una demanda de hábeas corpus, además del cumplimiento de los requisitos de
su procedibilidad, requiere que los hechos
denunciados en ella mínimamente manifiesten el agravio al derecho a la libertad
individual, a los efectos que el juzgador constitucional examine y determine su
constitucionalidad.
5.
Que, en la misma
línea descrita, se tiene que el análisis de fondo de una demanda de hábeas
corpus promovida contra el exceso de una detención judicial, debe revelar que la
detención o prisión preventiva que viene
cumpliendo el procesado ha desbordado el límite legalmente establecido,
situación que compete a la justicia constitucional verificar su
constitucionalidad.
6.
Que, en el
presente caso, se aprecia que mediante demanda de hábeas corpus de fecha 17 de
setiembre de 2013 se denuncia que el favorecido cuenta con exceso de detención
preventiva encontrándose recluido desde el 18 de febrero de 2012 y que –a la
fecha– ha transcurrido más de 18 meses sin que se haya dictado sentencia en el
marco del proceso penal que se le sigue en la vía ordinaria por el delito de tráfico ilícito de drogas. En este escenario,
se aprecia que la demanda de autos ha sido presentada prematuramente, esto es,
cuando el plazo máximo de detención no había excedido, toda vez que en el
proceso penal ordinario por el delito de tráfico
ilícito
de drogas, una vez vencido el plazo límite de detención sin haberse dictado
sentencia en primer grado, procede duplicar el plazo de detención de manera automática,
lo cual resulta acorde con lo señalado por este Tribunal a través de su
jurisprudencia. Por consiguiente, corresponde el rechazo de la demanda de
hábeas corpus en la medida que no se manifiesta un agravio a la libertad
individual.
7.
Que, de otro
lado, en cuanto al extremo de la demanda según el cual el favorecido es
inocente y que no existen elementos probatorios de la comisión del delito que
se le imputa, este Tribunal considera que los juicios de reproche penal de
culpabilidad o inculpabilidad, así como la valoración de las pruebas penales y
su suficiencia no están referidos en forma directa al contenido
constitucionalmente protegido del derecho a la libertad individual, toda vez
que son aspectos propios de la jurisdicción ordinaria que no compete determinar
a la justicia constitucional (Cfr. RTC Nº
02245-2008-PHC/TC, RTC Nº
05157-2007-PHC/TC, RTC Nº
00572-2008-PHC/TC, entre otras).
8.
Que, en
consecuencia, la demanda debe ser rechazada en aplicación
del artículo
5° inciso 1 del
Código Procesal Constitucional, en tanto los hechos y el petitorio que la
sustentan no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente
protegido del derecho a la libertad individual.
Por estas consideraciones, el
Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución
Política del Perú
RESUELVE
Declarar IMPROCEDENTE
la demanda de hábeas corpus.
Publíquese y notifíquese.
SS.
URVIOLA HANI
MIRANDA CANALES
BLUME FORTINI
RAMOS NÚÑEZ
SARDÓN DE TABOADA
LEDESMA NARVÁEZ
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA