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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 27 días del mes de octubre de 2020, el Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los magistrados Ledesma Narváez, Ferrero Costa, Miranda Canales, Blume Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia, y con el fundamento de voto del magistrado Blume Fortini, que se agrega.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Fani Sulca Martínez, a favor de don Edwin Jhonatan Sunción Villacorta, contra la resolución de fojas 249, de fecha 13 de junio de 2017, expedida por la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, que declaró infundada la demanda de habeas corpus de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 24 de junio de 2017, don Edwin Jhonatan Sunción Villacorta interpone demanda de habeas corpus contra el director del Establecimiento Penitenciario de Trujillo “El Milagro” y el jefe de seguridad de dicho establecimiento penitenciario. Solicita que sea retornado a su celda en el pabellón 2 y que se impida su traslado a otro establecimiento penitenciario.

Alega que el jefe de seguridad de apellido Zambrano ha ordenado el cambio de pabellón del recurrente sin que haya una razón lógica para ello. Precisa que cumplía su reclusión en un pabellón de mediana seguridad desde que ingresó al establecimiento penitenciario; no obstante, fue trasladado a un pabellón de máxima seguridad aduciéndose cuestiones de reubicación.

Señala que el jefe de seguridad del penal lo amenazó con “lancharlo” (trasladarlo a otro establecimiento penitenciario), para lo cual intenta ligarlo con cualquier hecho irregular que pueda suceder en el penal. Todo ello pese a que su familia reside en la ciudad de Trujillo. Agrega que una enfermera fue intervenida con botellas que, al parecer contenían licor, pero en ningún momento sindicó al actor como el responsable de recibirlas.

Realizada la investigación sumaria del habeas corpus, el director del Establecimiento Penitenciario de Trujillo, don Milton César Guevara Mendoza, señala que la oficina de seguridad del penal identificó a los internos que se dedicaban a comercializar fermentado de chicha y destilado al interior del recinto penitenciario, así como los canales que utilizaban para ingresar otros tipos de licor. En esta actividad, se determinó que el demandante Sunción Villacorta invertía con una enfermera del área de salud del INPE para ingresar líquido prohibido y comercializarlo al interior del establecimiento penitenciario.

El director Guevara Mendoza precisa que el Consejo Técnico Penitenciario del establecimiento penitenciario, y no motus propio el jefe de seguridad, como afirma el actor, mediante el Acta 02-2017-INPE-17.131-CTP, procedió a reubicar a los internos implicados en el pabellón de máxima seguridad, lo cual no significa un cambio de régimen o etapa del demandante, quien se encuentra en el régimen en el que fue clasificado. Agrega que el Establecimiento Penitenciario de Trujillo es de régimen cerrado ordinario, por lo que no se va a transgredir el régimen en el que se encuentra.

El Tercer Juzgado Unipersonal de Trujillo, con fecha 6 de abril de 2017, declaró fundada la demanda y ordenó que los demandados no soliciten ni recomienden el traslado de penal del demandante, salvo que su conducta arriesgue la seguridad penitenciaria del penal. Sostiene que el motivo que originó la reubicación del interno es la imputación que se dedica a la elaboración y comercialización de licor fermentado y que solo consta en una nota de un agente de seguridad no identificado. Además, dicha nota no ha sido recaudada con actas que acrediten la incautación y sería falsa, ya que las botellas incautadas a la servidora de salud tendrían como destino a otro interno. Agrega que estaría acreditado que existe una amenaza cierta e inminente de trasladar al interno a otro establecimiento penitenciario sin que se adviertan cargos que afecten la seguridad penitenciaria.

La Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad revocó la resolución apelada y declaró infundada la demanda. Considera que el presente caso trata de un acto de administración interna del INPE en el ejercicio de sus facultades legales previstas en el Código de Ejecución Penal, su reglamento y la directiva sobre la conducción y traslados de internos que no agravan las formas y condiciones en las que el demandante cumple la condena que le fue impuesta.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. El objeto de la demanda es que se disponga el retorno del demandante a la celda (16) que ocupaba en el pabellón B-2 del Establecimiento Penitenciario de Trujillo, toda vez que su reubicación en el pabellón MAX.B-D/11 afecta su derecho a no ser víctima de un tratamiento carente de razonabilidad y proporcionalidad respecto de las formas y condiciones en las que cumple la pena que le fue impuesta por el delito de homicidio. Asimismo, es objeto de la demanda que se disponga el impedimento de un eventual traslado del actor a otro establecimiento penitenciario.

Análisis del caso en concreto

2. El artículo 25, inciso 17, del Código Procesal Constitucional prevé el denominado habeas corpus correctivo que procede para tutelar el derecho del detenido o recluso a no ser objeto de un tratamiento carente de razonabilidad y proporcionalidad respecto de la forma y las condiciones en que cumple el mandato de detención o la pena. Aún cuando la libertad personal se encuentre coartada por un mandato judicial (prisión preventiva o la imposición de una pena), cabe el control constitucional en relación con los actos u omisiones que comporten agravio a los derechos constitucionales componentes del derecho a la libertad personal, como a la integridad física y, de manera muy significativa, a no ser objeto de penas o tratos inhumanos o degradantes (Expedientes 590-2001-HC/TC, 2663-2003-HC/TC y 1429-2002-HC/TC).

3. Al respecto, este Tribunal ha señalado que, tratándose de personas privadas legalmente de su libertad locomotora, una obligación de la que no pueden rehuir las autoridades penitenciarias es la de prestar las debidas garantías para que no se afecte o lesione la integridad física y los demás derechos constitucionales que no hayan sido judicialmente restringidos. Ello supone que, dentro de márgenes sujetos al principio de razonabilidad, las autoridades penitenciarias deben adoptar las medidas estrictamente necesarias para preservar los derechos constitucionales de los internos frente a la existencia de elementos razonables que denoten un peligro para aquellos (Expediente 0726-2002-HC/TC).

4. En este contexto, cabe el control constitucional respecto de las formas y condiciones en las que se desarrolla la restricción judicial del ejercicio de la libertad personal, incluso, cuando aquel es debido a una detención policial o en sujeción a un internamiento en establecimientos de tratamiento públicos o privados, siendo requisito sine qua non, en cada caso concreto, que sea manifiesto el agravamiento respecto de las formas o condiciones en que se cumple la privación de la libertad personal.

5. En cuanto al extremo de la demanda que solicita que se disponga el impedimento de traslado de establecimiento penitenciario del actor, porque habría sido amenazado de ser trasladado y se intentaría relacionarlo con cualquier hecho irregular, cabe señalar que el Tribunal Constitucional ha señalado de su jurisprudencia que el traslado de los internos de un establecimiento penal a otro, en sí mismo, no es un acto inconstitucional. Asimismo, ha reconocido que el artículo 2 del Código de Ejecución Penal prescribe que el interno “es ubicado en el Establecimiento que determina la Administración Penitenciaria” (Expedientes 0726-2002-HC/TC,4179-2005-PHC/TC, 04104-2010-PHC/TC, 05027-2011-PHC/TC, 01948-2012-PHC/TC y 02246-2013-PHC/TC, entre otros).

6. Ahora bien, el pronunciamiento de la administración que dispone u ordena el traslado de establecimiento penitenciario de un recluso debe contar con una suficiente motivación, conforme exige la Constitución, así como acorde a lo establecido en el artículo 163 del Reglamento del Código de Ejecución Penal, el artículo 159 del Código de Ejecución Penal y demás normas pertinentes de la administración penitenciaria.

7. Sobre el particular, cabe advertir que, para que proceda una demanda de habeas corpus que cuestione el traslado de establecimiento penitenciario del recluso, antes debe mediar el pronunciamiento administrativo que así lo dispone o que el traslado se haya ejecutado de facto o exista amenaza cierta e inminente que dicho traslado de facto esté por ejecutarse; pues, de no ser así, se llegaría al despropósito de que, al concebirse la reclusión de un interno como intangible en determinado establecimiento penitenciario de la República, se pretenda que el juzgador constitucional llegue a examinar todo acto investigatorio, de acopio de evidencia o de confección de instrumentales administrativas destinadas a la emisión de una resolución directoral del INPE que válida y justificadamente pueda disponer el traslado de determinado interno.

8. En el presente caso, se tiene que de autos no se manifiesta acto concreto alguno mediante el cual de la administración penitenciaria haya dispuesto o ejecutado el traslado de establecimiento penitenciario del actor y menos que aquello haya sido materia de cuestionamiento de los hechos de la demanda, a efectos de que este Tribunal verifique si dicho accionar del INPE agravia la forma y condición en las que el interno Sunción Villacorta cumple su reclusión y, de ser así, se pueda analizar si aquella decisión se encuentra suficientemente motivada.

9. Por consiguiente, este extremo de la demanda debe ser declarado improcedente, en aplicación de la causal de improcedencia contenida en el artículo 5, inciso 1, del Código Procesal Constitucional que establece que “[n]o proceden los procesos constitucionales cuando: […]los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado”.

10. Por otro lado, en cuanto al extremo de la demanda que cuestiona la reubicación del demandante al pabellón MAX.B-D/11 del Establecimiento Penitenciario de Trujillo, corresponde que se efectúe un pronunciamiento de fondo, en la medida en que, del Informe 024-2017-INPE-17.131/SUB.DS, de fecha 11 de enero de 2107 (folio 47), se desprende que la reubicación del demandante denota agravamiento respecto de las condiciones en las que el actor cumple su reclusión. Así, se trata de un pabellón de máxima seguridad con distinto control de acciones sobre los internos que el de otros pabellones.

11. En este sentido, corresponde a este Tribunal verificar si el aludido agravamiento se encuentra comprendido en un pronunciamiento de la administración penitenciaria y si aquel cumple la exigencia constitucional de motivar su decisión, no siendo tarea del juzgador constitucional realizar juicios de valor sobre la veracidad de los hechos que sustentan las pruebas que son materia de pronunciamiento de la administración penitenciaria, sino verificar si ha exteriorizado una motivación razonable y suficiente a efectos de sustentar su decisión.

12. En fojas 22 de autos, obra la copia del Acta 02-2017-INPE-17.131-CTP, de fecha 12 de enero de 2017, a través de la cual el Consejo Técnico Penitenciario del Establecimiento Penitenciario de Trujillo (integrado por cinco funcionarios del INPE, entre ellos, el director del establecimiento penitenciario y el subdirector de Seguridad Penitenciaria don Roberto E. Zambrano Zamora) sustentó una suficiente argumentación para validar la reubicación del demandante en el pabellón
MAX.B-D/11. Así, se tomó la medida por motivos de seguridad penitenciaria y la convivencia pacífica de los internos, en la medida en que Sunción Villacorta se encuentra involucrado en contactar al personal penitenciario para el pase de sustancias prohibidas y artículos ilícitos como celulares, además de la intervención de una servidora del INPE a quien se le incautó licor cuyo destino era el actor, así como en la fabricación y comercialización de líquido fermentado (chicha), lo cual se respalda en las Notas de Agente 033-2016-INPE/WXW y 0102-2016-EP-TRUJ/AP. Por consiguiente, este extremo de la demanda debe ser desestimado.

13. Por lo expuesto, este Tribunal declara que en el presente caso no se ha acreditado la vulneración del derecho de don Edwin Jhonatan Sunción Villacorta a no ser objeto de un tratamiento carente de razonabilidad y proporcionalidad respecto de la forma y las condiciones en las que cumple la pena que le fue impuesta, mediante la emisión del Acta 02-2017-INPE-17.131-CTP, de fecha 12 de enero de 2017, a través de la cual el Consejo Técnico Penitenciario del Establecimiento Penitenciario de Trujillo resolvió por unanimidad reubicarlo en el pabellón MAX.B-D/11.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda conforme a lo expuesto en los fundamentos 5 y 9 supra.

2. Declarar INFUNDADA la demanda de habeas corpus al no haberse acreditado la vulneración del derecho a no ser objeto de un tratamiento carente de razonabilidad y proporcionalidad respecto de la forma y las condiciones en las que se cumple
la reclusión.

Publíquese y notifíquese.

SS.

LEDESMA NARVÁEZ

FERRERO COSTA

MIRANDA CANALES

BLUME FORTINI

RAMOS NÚÑEZ

SARDÓN DE TABOADA

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

PONENTE RAMOS NÚÑEZ