TC BUSCA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS DE EXTREMA POBREZA EN ZONAS RURALES

En defensa del derecho a la educación de niños, adolescentes y adultos en las zonas rurales del país, el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) realizó su segunda audiencia remota de supervisión del cumplimiento de la sentencia del caso de las hermanas Elita y Marleni Cieza Fernández.

En este caso, el Colegiado declaró fundada la demanda de amparo (Exp. N° 00853-2015-PA/TC) y reconoció el derecho a estudiar el primer año de secundaria de las demandantes, debido a que la UGEL de Utcubamba, rechazó sus matrículas en la IE 16957 Jesús Divino Maestro, al tener ellas, 18 y 19 años de edad.

En esta sentencia, el Tribunal Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional la accesibilidad a la educación de personas de extrema pobreza del ámbito rural y ordenó al Ministerio de Educación diseñar y ejecutar un plan de acción, en un plazo de cuatro años que vence el 28 de julio de 2021, para asegurar la disponibilidad y accesibilidad a la educación de niños, adolescentes y mayores de edad, de extrema pobreza, empezando por los departamentos de Cajamarca, Amazonas, Ayacucho y Huancavelica. Asimismo, que le informe cada seis meses el avance de lo dispuesto en la sentencia.

Participaron en la audiencia la presidenta del TC, Marianella Ledesma Narváez, Augusto Ferrero Costa, Manuel Miranda Canales, Ernesto Blume Fortini, Carlos Ramos Núñez, José Luis Sardón de Taboada y Eloy Espinosa-Saldaña Barrera.

La titular del TC destacó la realización de la audiencia porque reafirma el objetivo del Colegiado de garantizar el derecho a una educación de calidad en las zonas más empobrecidas del país.

Asimismo, expresó su preocupación a las autoridades del Ministerio de Educación, porque el porcentaje de analfabetismo en las zonas rurales se mantiene elevado. Dijo que en el 2012 la tasa registraba el 15.9 % mientras que en el 2019 registra 14.5 %, por lo que se requiere trabajar más en el Programa de Alfabetización y Continuidad Educativa.

Por su parte, los magistrados Augusto Ferrero, Manuel Miranda y Ernesto Blume coincidieron en preguntar sobre el avance del plan de acción para superar esta deficiencia en la educación en las zonas rurales, la adecuación del proceso de formalización, diseño y creación de redes educativas rurales durante la pandemia de la COVID-19 y el trabajo que se realiza para disminuir la brecha digital, pues todavía hay zonas donde no hay computadoras y menos internet.

Los magistrados Carlos Ramos y José Luis Sardón resaltaron el hecho de que las hermanas Cieza Fernández hayan culminado sus estudios, aún en medio de las dificultades que pasaron.

A su turno, el magistrado Eloy Espinosa-Saldaña, coordinador de la Comisión de seguimiento y cumplimiento de sentencias, dijo que en este tema se ha hecho un arduo trabajo conjunto y reconoció el esfuerzo del Ministerio de Educación por recortar la brecha que existe en este sector de población rural. Sin embargo, dijo que para conocer estos avances, no debería descuidar la entrega de los informes cada seis meses al TC.

En la audiencia intervino también una de las demandantes, Elita Cieza Fernández, quien contó que fue difícil la situación que vivió con su hermana Marleni, pero con el apoyo de su padre Tomás Cieza, lograron hacer respetar su derecho a estudiar en la IE 16957 Jesús Divino Maestro.

Participaron para brindar el informe sobre lo dispuesto en la sentencia, la viceministra de Gestión Pedagógica, Diana Marchena Palacios; la directora general de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural, Nora Delgado Díaz; el director Regional de Educación Amazonas, Roger Guevara Goñas y el director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Utcubamba, Isaías Chávez Cardozo.

Lima, 5 de agosto de 2020