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El Estado debe dar prioridad al derecho a la educación

Número de expediente: 2018-2015-PA/TC
“… el Estado se encuentra obligado a adoptar todas aquellas medidas necesarias para que el ejercicio adecuado y efectivo del derecho a la educación, orientado al fin constitucionalmente establecido. Incluso más, el carácter progresivo del derecho a la educación (cfr. Undécimo disposición final y Transitoria de la Constitución), como derecho fundamental de carácter social que es, debe ser necesariamente entendido en el marco del mandato constitucional que dispone explícitamente que "Se da prioridad a la educación en la asignación de recursos ordinarios del Presupuesto de la República".

El Tribunal Constitucional precisa el contenido del derecho a la motivación de las resoluciones administrativas y judiciales

Número de expediente: 3077-2014-PA/TC
“… la motivación debida de las decisiones de las entidades públicas -sean o no de carácter jurisdiccional- comporta que el órgano decisor, y en su caso, los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión; implica también que exista congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, que por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aún cuando esta sea breve o concisa. Esas razones, por lo demás, deben provenir no solo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino y sobre todo de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso del que se deriva la resolución cuestionada. Así pues, toda decisión que carezca de una motivación adecuada, suficiente y congruente, constituirá una decisión arbitraria y, en consecuencia, inconstitucional”.

Los trabajadores mineros que sufran de silicosis o su equivalente gozan del derecho a la pensión

Número de expediente: 2599-2016-PA/TC
“… este Tribunal ha interpretado el artículo 6 de la Ley 25009 en el sentido de que la pensión completa de jubilación establecida para los trabajadores mineros que adolezcan de silicosis (neumoconiosis) o su equivalente en la tabla de enfermedades profesionales importa el goce del derecho a la pensión, aun cuando no se hubieran reunido los requisitos legalmente previstos. Ello significa que a los trabajadores mineros que adquieran dicha enfermedad profesional, por excepción, deberá otorgárseles la pensión de jubilación como si hubieran acreditado los requisitos previstos legalmente. Asimismo, el artículo 20 del Decreto Supremo 029-89-TR, reglamento de la Ley 25009, declara que a los trabajadores de la actividad minera que padezcan del primer grado de silicosis les asiste el derecho a la pensión completa de jubilación”.

El Tribunal Constitucional emitió un nuevo precedente orientado a garantizar los derechos de los pensionistas en caso de que la ONP incurra en un error de cálculo

Número de expediente: 2677-2016-PA/TC
"En la sentencia emitida en el Expediente 00799-2014-PA/TC, este Tribunal ha establecido un Estado de Cosas Inconstitucional en relación a la ausencia de una efectiva vigencia del derecho a la pensión por parte de las entidades públicas encargadas de la prestación correspondiente; por consiguiente, el Tribunal Constitucional, en ejercicio de sus funciones de ordenación y de pacificación, y haciendo uso de la facultad conferida por el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, estima pertinente establecer precedente de observancia obligatoria respecto las reglas que deben observar los jueces que conocen procesos de amparo".

Nuevo precedente garantiza la vigencia irrestricta de los derechos fundamentales a la salud y a la seguridad social de todos los ciudadanos

Número de expediente: 00799-2014-PA/TC
“... con el propósito de resolver la incertidumbre respecto al verdadero estado de salud de los demandantes, que se presenta actualmente en los procesos de amparo dirigidos a obtener renta vitalicia por enfermedad profesional con arreglo al Decreto Ley 18846 y pensiones de invalidez de conformidad con la Ley 26790, el Tribunal Constitucional está en la obligación de adoptar criterios que garanticen la vigencia irrestricta de los derechos fundamentales a la salud y a la seguridad social de los demandantes"

El Tribunal Constitucional ordena el cumplimiento del pago a fonavistas

Número de expediente: 0008-2017-PI/TC
“… el Estado peruano reconoce la obligación de devolver los aportes realizados al Fonavi que efectuaron los trabajadores dependientes e independientes, durante el periodo en el cual estuvo vigente, es decir desde el 1 de julio de 1979, hasta el 31 de agosto de 1998”.

Debe garantizarse el derecho a la salud de los internos de los Centro Penitenciarios

Número de expediente: 0921-2015-PHC/TC
“…el Estado debe establecer una política pública que no solo esté orientada a velar por la salud de las personas recluidas, sino también por que las condiciones en las que se cumple la detención provisoria o incluso la condena se condigan con la dignidad de la persona y no terminen afectando otros derechos fundamentales (Sentencia 00921-2015-PHC/TC, fundamento 5)”

En materia de reparación, se presume el nexo de causalidad en ciertos trabajos de riesgo

Número de expediente: 3971-2015-PA/TC
“…el nexo o relación de causalidad en el caso de los trabajadores mineros que laboran en minas subterráneas o de tajo abierto, se presume siempre y cuando el demandante haya desempeñado las actividades de trabajo de riesgo (Sentencia 2513-2007-PA, fundamento 26)”

La falta de disponibilidad presupuestal no justifica el incumplimiento de una obligación luego de cinco años

Número de expediente: 3165-2015-PC/TC
“…desde la expedición de la resolución administrativa hasta la fecha han transcurrido más de cinco años, vale decir, cinco ejercicios presupuestarios sin que se le abone el derecho reconocido, por lo que pretender justificar cualquier incumplimiento, únicamente en la disponibilidad presupuestaria, tal como se ha pretendido mediante el Oficio 2517-2014-UGEL ILO-ADM (folio 5), no resulta un argumento válido… (Sentencia 3165-2015-PC, fundamento 10)”

El Tribunal es competente para analizar la validez de una ley que reforma la Constitución

Número de expediente: 0008-2018-PI/TC
“Desde la Sentencia 0014-2002-AI/TC, este Tribunal tiene resuelto que si bien las leyes de reforma constitucional no están previstas en el artículo 200, inciso 4, de la Constitución, el Tribunal es competente para evaluar su constitucionalidad ya que tales reformas son introducidas al ordenamiento constitucional mediante leyes emitidas por un órgano de constituido… (Sentencia 0008-2018-PI/TC, fundamento 15).”