SUPERINTENDENCIA DE MIGRACIONES VULNERÓ DERECHO AL DEBIDO PROCEDIMIENTO DE MIGRANTE PALESTINO

El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la demanda interpuesta por el ciudadano palestino Mahmoud Ali Hassein Ali Shehabaldeen, por haberse acreditado la vulneración del derecho al debido procedimiento y el derecho de protección a la familia por parte de la Superintendencia Nacional de Migraciones a la solicitud de cambio de calidad migratoria de turista a familiar de residente por estar casado con la peruana Nora Luzmila Huamán Enciso.

Así lo estableció el Pleno del TC en la sentencia 526/2021, que examinó el Exp. N.° 01504-2019-PHC/TC, que declaró nulas la Resolución de Gerencia 5750-2018-MIGRACIONES-SMCCM y la Resolución de Gerencia 8742-2018-MIGRACIONES-SM-CCM, por lo que esa institución deberá emitir un nuevo acto administrativo.

Para el Colegiado, las resoluciones de Migraciones carecen de suficiente motivación porque no justifican de una manera lógica y razonable, cómo es que en ellas el Gerente de Servicios Migratorios llega a la conclusión de que no se evidencia el vínculo conyugal a partir de la información consignada en el acta de verificación domiciliaria y por las declaraciones de un vigilante y una vecina.

Mahmoud Ali Hassein detalló que ni él ni su esposa fueron informados sobre el día y la hora en que se realizaría la verificación domiciliaria por parte de Migraciones, institución que había solicitado el sustento fotográfico de la relación conyugal, desde antes del matrimonio (época de amistad, noviazgo), así como una copia de sus tres últimos recibos por honorarios o boletas de pago, datos del empleador o si es independiente, al igual que la copia de un documento privado sobre compra de bienes muebles e inmuebles, entre otros.

Para el TC, el derecho a la debida motivación de las resoluciones es importante porque con ella la administración expresa las razones o justificaciones objetivas que la lleva a tomar una determinada decisión. Esas razones pueden y deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso.

Lima, 9 de agosto de 2021