TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ORDENA A ESSALUD REPONER A LOCADORA DE SERVICIOS DESPEDIDA POR ESTAR EMBARAZADA

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ordenó a EsSalud la reposición de Evelyn Grays Moreno López en la Unidad de Adquisiciones, Ingeniería Hospitalaria y Servicios de la Oficina de Administración de la Red Asistencial Tarapoto (San Martín) o en otro de similar nivel o categoría que tenía a la fecha del cese laboral, hasta que se convoque a un concurso público para la plaza que desempeñaba, cuyo resultado determinará la extinción de su contrato o su acceso al empleo a plazo indefinido.

Así lo resolvió en la sentencia recaída en el expediente n.º 03645-2025-PA/TC, que declaró fundada la demanda de amparo, por haberse acreditado la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y no discriminación y al trabajo de la demandante.

Detalla que, si bien la demandante se encontraba laborando bajo la modalidad de locación de servicios, este hecho no impide que goce de la protección constitucional que su condición de madre trabajadora exige, con base en el principio de primacía de la realidad, porque prestó servicios personales y remunerados en forma subordinada. Además, el no otorgar la protección en estos casos de desnaturalización de contratos impediría el desarrollo profesional de una mujer, al negarle la posibilidad de continuar en el empleo, al que había accedido por sus méritos; vulneraría tanto el principio de no discriminación como el de igualdad de oportunidades.

Igualmente, ordena el pago de las remuneraciones devengadas desde el día siguiente al que la recurrente dejó de laborar, por la no renovación de su contrato, hasta la fecha de su reposición efectiva, con deducción de los períodos de inactividad procesal, no imputable a las partes, así como el abono de los costos del proceso.

Sobre la necesidad de comunicar al empleador el embarazo para que opere la protección reforzada que otorga la Constitución, el TC indica que ya no es exigible, desde que el Perú ratificó el Convenio 183 de la OIT sobre la protección de la maternidad, el cual es aplicable como norma de derecho nacional. Además, el artículo octavo prohíbe “al empleador que despida a una mujer que esté embarazada”; es decir, que esa prohibición no está condicionada a comunicación alguna: es suficiente que la trabajadora demuestre que se encuentra en estado de gestación para que opere una suerte de “fuero maternal”, que impide al empleador poner fin al contrato de trabajo unilateralmente.

La sentencia lleva las firmas de los magistrados Luz Pacheco Zerga (presidenta), Helder Domínguez Haro (vicepresidente), Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse (voto singular), Manuel Monteagudo Valdez, César Ochoa Cardich (ponente) y Pedro Hernández Chávez (voto singular).

Lima, 1 de abril de 2026

Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del Tribunal Constitucional