EN CONFERENCIA INTERNACIONAL ANALIZARON LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO PÚBLICO EN RELACIÓN CON EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En una conferencia internacional, que reunió a magistrados del Tribunal Constitucional (TC) así como expertos de España, Uruguay, Argentina y Perú, el Centro de Estudios Constitucionales (CEC) del Tribunal Constitucional (TC) abordó los principios del Derecho Público en relación con el uso de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial (IA).

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del magistrado del TC, Francisco Morales Saravia, director general del CEC, quien indicó que el tema hasta hace algunos años era parte de la ciencia ficción por el uso de la IA. Ahora está relacionado con el derecho, el derecho constitucional, el derecho público y los principios que rigen la convivencia humana.

Aseveró que el TC está en tránsito en la implementación de un programa de IA tras una visita al Supremo Tribunal Federal, el Superior Tribunal de Justicia y el Tribunal Superior del Trabajo que usan la IA para el desarrollo de resoluciones, de resúmenes, de antecedentes y resolver casos de mero trámite.

A su turno, el magistrado del TC, César Ochoa Cardich, señaló que el artículo tres del título preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General establece el régimen jurídico aplicable para que la actuación de la administración pública sirva a la protección del interés general, garantizando los derechos e intereses de los administrados, con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico.

Detalló que el artículo cuarto desarrolla el principio de legalidad y, de manera implícita, los principios del procedimiento administrativo, el debido procedimiento, la confianza legítima, la razonabilidad, entre otros.

Destacó que dentro de los nuevos derechos fundamentales está el acceso a la internet. Pero está en debate la regulación de las nuevas tecnologías y la IA frente a escenarios apocalípticos que no solo nos afectan, sino también a las futuras generaciones.

Por su parte, el catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de La Coruña, Jaime Rodríguez Arana, presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, España, afirmó que las nuevas tecnologías y la IA permiten que controlemos al poder y no que el poder nos controle.

Acotó que la democracia vive y respira en un ambiente de pesos y contrapesos, y de límites. Y la IA tiene límites, como tiene límites el ejercicio del poder.

Mientras que la presidenta de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo (AADA), Analía Antik, afirmó que estamos viviendo un momento de mucha incertidumbre y el derecho no da respuestas a las complejidades de este momento.

Agregó que las últimas instrucciones a la IA agéntica no son seguidas por los agentes, hecho que no ocurría hasta la aparición de la IA generativa. Acotó que estamos en un momento en que el derecho tiene que estudiar, transdisciplinar con quienes pueden explicar esas áreas en que trabajan los ingenieros, especialmente la IA agéntica.

En tanto, el profesor emérito de la Universidad de la República, Uruguay, Carlos Delpiazzo, sostuvo que en el Perú, el artículo primero de la Ley 31814, Ley que promueve el uso de la IA a favor del desarrollo económico y social del país, establece el desarrollo ético de la IA y privilegia a la persona y el respeto a los derechos humanos.

Aseveró que el artículo cuarto de la ley pone a la persona en el centro y que la IA se trata de una herramienta, es decir, un instrumento que debe estar al servicio de la persona humana de forma segura, responsable y ética.

Finalmente, el director de la Sociedad Peruana de Derecho Administrativo y Regulación (DAR), Pierino Stucchi, se declaró a favor del uso de la IA y de las nuevas tecnologías en la función pública para contribuir con la justicia administrativa, pero nunca para sustituir la función sancionadora administrativa.

La actividad académica se desarrolló de manera virtual (Zoom y Facebook Live) y presencial, en la Sala de Audiencias del TC, en la avenida Arequipa 2720, en el distrito de San Isidro, en Lima.

Lima, 17 de setiembre de 2026

Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del Tribunal Constitucional