CONFERENCIA PANEL SOBRE REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA REALIZÓ EL CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES DEL TC

Las palabras de bienvenida y moderación estuvieron a cargo del magistrado del Tribunal Constitucional (TC), César Ochoa Cardich, director general del Centro de Estudios Constitucionales (CEC) del TC, quien planteó el debate preguntando sobre quién debe impulsar la reforma del sistema de justicia, o si sólo el Poder Legislativo o los propios entes del sistema de justicia deben ser los grandes promotores de esta reforma, y si se van a traducir estas propuestas en leyes y si se necesitará de la cooperación internacional para la reforma.

Asimismo, sobre ¿cuáles son los riesgos en un proceso de reforma?, como el riesgo de la interferencia política, que es parte de la vida y la historia. Además, se está proponiendo retomar el modelo de la Constitución de 1979, donde el Senado tenía una participación decisiva en los nombramientos judiciales.

También preguntó sobre si estaremos pasando a una politización de la justicia después de un proceso de judicialización de la política y si la reforma del sistema de justicia puede afectar la separación de poderes, que es un principio básico del ordenamiento constitucional.

Igualmente planteó la interrogante sobre ¿cuál es el mejor sistema para la selección de jueces?, ¿el del Consejo de la Judicatura con participación de la sociedad civil?, ¿O el diseño de la actual Junta Nacional de Justicia? ¿O hay una tercera vía?

En esa línea, ¿cómo deben ser los concursos públicos para atraer a los mejores candidatos a jueces y fiscales? ¿Y el actual desborde de la criminalidad obliga a una reforma del sistema profesional penal? ¿A la labor o el rol del Ministerio Público en la lucha contra la criminalidad? ¿O estamos en el riesgo de convertirnos en un Estado fallido con este desborde de la criminalidad?

La primera conferencista fue la congresista de la República, Gladys Echaíz Ramos, quien afirmó que la reforma de la Administración de Justicia nos permitiría tener seguridad jurídica. Propuso la creación de la Escuela Nacional de la Magistratura para una formación especializada. Además, sugirió eliminar la ratificación, realizar evaluaciones constantes del desempeño funcional, fortalecer los órganos de control disciplinario y asegurar la capacitación continua.

En tanto, el profesor emérito de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Javier de Belaunde López de Romaña, indicó que el Poder Judicial requiere independencia y una reforma judicial no puede caer en un diseño político partidario. Detalló que la independencia lleva a la estabilidad y la inamovilidad, pero debe resolver el problema de la provisionalidad, que es un problema presupuestal que debe ser resuelto por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Sostuvo que tiene miedo a la politización, ya que el producto puede ser otras reformas como la de los años 90.

Otro de los conferencistas fue el excongresista Natale Amprimo Plá, quien coincidió con el problema de la provisionalidad, así como en la falta de autonomía, independencia e infraestructura, que no lo hace atractivo a la excelencia y que permite que los mejores se vinculen al Poder Judicial y a la fiscalía. Aseguró que el tema de la justicia es de largo aliento, que no está sobre la base de concursos de acreditación o universidades que entreguen doctorados y maestrías en seis meses. Se mostró partidario de la creación de una Academia porque la labor de un juez requiere una especialización. Acotó que es un tema de personas, el capital humano, y no de leyes ni de números.

En tanto, el expresidente del Consejo de Ministros y exministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Jiménez Mayor, manifestó que la reforma de justicia debe partir de las propias instituciones de justicia. Resaltó el trabajo que en el año 2003 realizó la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (CERIAJUS), que aprobó la Política de Reforma del Sistema de Justicia,  debería ser la hoja de ruta ante la inestabilidad política que ha impuesto una situación crítica para todos los peruanos. Acotó que se debe considerar el expediente electrónico o digital, al igual que la IA generativa y la interoperabilidad de las instituciones de justicia.

Otra expositora fue la profesora de posgrado de la Universidad de San Martín de Porres y exministra de Justicia y Derechos Humanos, Delia Muñoz Muñoz, quien sostuvo que ante la crisis no solo se habla de una reforma judicial, sino de un cambio social profundo. Indicó que la reforma tiene que establecer cuáles son los límites del poder político para no afectar al Poder Judicial. Agregó que en este tipo de procesos hacen falta los operadores y también actores ajenos al sistema judicial: nacionales o externos, que darán el apoyo teórico o los modelos que se van a utilizar. Acotó que el proceso de elección de jueces debe ser meritocrático y que las reformas deben ser aprobadas por el Congreso de la República.

Finalmente, intervino el exjuez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Lima, Pablo Talavera Elguera, quien señaló que el problema es estructural y que el plan de CERIAJUS no tuvo voluntad política, por lo que afirmó que la reforma debe ser realizada por el Poder Judicial, el Ministerio Público, así como todos los poderes, Ejecutivo (por los recursos económicos) y Legislativo. Indicó que un problema es la ratificación de los jueces, que puede afectar la independencia. Dijo que otro tema es la transitoriedad de los jueces y no la provisionalidad. Acotó que en estos procesos se debe tomar en cuenta también la IA generativa.

Para ver toda Conferencia panel sobre reforma del sistema de justicia ingrese al siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=gXfw09PPG2Y

Lima, 29 de mayo de 2025

Oficina de Imagen Institucional del Tribunal Constitucional