CONVERSATORIO-PRESENTACIÓN DEL LIBRO “EL DES(VALOR) PÚBLICO EN LA POLÍTICA PENAL. FUNDAMENTOS TEÓRICOS” ORGANIZÓ EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Helder Domínguez Haro, presentó la obra “El des(valor) público en la política penal. Fundamentos teóricos”, escrita por el juez supremo Aldo Figueroa Navarro, y que contó con los comentarios del expresidente del Poder Judicial, César San Martín Castro, y del director ejecutivo del Centro de Estudios Constitucionales (CEC) del TC, Sthepen Haas Del Carpio

La actividad académica fue organizada por el CEC del TC y contó con la presencia de los magistrados supremos Martín Hurtado Reyes, Emilia Bustamante Oyague, Silvia Rueda Fernández y César Augusto Proaño Cueva.

Durante su intervención, el magistrado Domínguez Haro dijo que el libro del magistrado Figueroa dedica una parte a analizar la Constitución y la dignidad de la persona, y centra su eje axiológico en la política penal. Detalló que la persona es el eje y centro de la política penal.

Aseveró que el libro explica la democracia representativa hasta llegar a una democracia deliberativa.

Sobre el activismo judicial, indicó que tiene sus límites, conforme al modelo adoptado por la Constitución.

Al respecto, San Martín Castro resaltó que no se pueden desconocer los límites internacionales, así como los principios de legalidad y proporcionalidad penal.

Mencionó que el capítulo tercero explica la política penal, abordando el punitivismo penal o política penal expansiva.

Advirtió que, cuando se trata de aplicar el derecho penal, no se pueden desconocer los límites de la Constitución, sino tampoco el derecho internacional, tanto el penal como el de los derechos humanos.

Con respecto al capítulo sobre los tratados internacionales, dijo que se debe recurrir al método teleológico (el fin de la ley) para incorporar el derecho público internacional.

En tanto, Figueroa Navarro afirmó que, en un Estado constitucional y de derecho, la supremacía de los valores y principios constitucionales, como los de proporcionalidad, igualdad, legalidad o debido proceso, debe ejercer una fuerza vinculante tanto en la programación (legislativa) como en la implementación (judicial) de la política penal.

Aseguró que la estructura de una Constitución posmoderna debe incluir una Constitución Política, una Constitución Económica y una Constitución Social, donde el centro del sistema es la persona, la dignidad de la persona.

Dijo que el principio de separación de poderes es una balanza y que ningún poder puede prevalecer sobre otro. Acotó que esa separación significa cooperación.

Sobre el rango de los tratados, sostuvo que los tratados celebrados por el Estado forman parte del derecho nacional.

Las palabras de bienvenida, en nombre del presidente del TC, magistrado Pedro Hernández Chávez y del director general del CEC, magistrado Francisco Morales Saravia, estuvieron a cargo del director ejecutivo del CEC, Sthepen Haas, quien sostuvo que este libro nos invita a mirar la política penal como lo que es: una política pública que recorre un ciclo que va desde la fijación de la agenda y la deliberación hasta la programación legislativa.

Asimismo, explica la implementación y la evaluación. En cada una de estas etapas puede generarse valor público o, como advierte entre paréntesis el título, (des)valor, al mostrar los tipos penales mal redactados.

Además, aborda las sanciones desproporcionadas o las leyes que, por apresuradas, terminan contradiciendo al propio sistema.

Finalmente, la obra recorre la materia penal en nuestra historia constitucional y sitúa la dignidad de la persona como eje axiológico de toda política penal.

La actividad académica se desarrolló en la Sala de Audiencias del TC, ubicada en la avenida Arequipa n.° 2720, en San Isidro, y fue transmitida a través de las plataformas Zoom y Facebook Live, con más de 300 personas conectadas.

Puede ver la actividad académica en: https://www.youtube.com/watch?v=YwXrabVCEt8

Lima, 2 de octubre de 2026

Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del Tribunal Constitucional