“EL ACTIVISMO JUDICIAL DEL SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE BRASIL” SE DESARROLLÓ EN LA AGENDA CONSTITUCIONAL DEL CEC

Tras indicar que hay una conexión entre el derecho brasileño y peruano orientado a la mejora del sistema jurídico de América Latina, el magistrado y director general del Centro de Estudios Constitucionales (CEC) del Tribunal Constitucional (TC), Helder Domínguez Haro, inauguró la Agenda Constitucional «El activismo judicial del Supremo Tribunal Federal de Brasil», cuya expositora fue la ministra del Tribunal Superior Militar de Brasil, María Elizabeth Teixeira Rocha.

El evento tuvo como panelistas al magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse, presidente de la Sala Segunda del TC, así como a la asesora jurisdiccional del TC, Vanessa Tassara Zevallos.

Para María Teixeira, doctora en derecho constitucional por la Universidad Federal de Minas Gerais, y además la primera mujer en presidir el Tribunal Superior Militar de Brasil, en sus 213 años de existencia, dijo que el activismo judicial es una actitud, una elección, una manera específica y proactiva de interpretar la Constitución ampliando su sentido. “Puede y debe ejercerse con madurez, en decisiones fundadas”, acotó.

Detalló que la idea de activismo judicial se asocia a una participación más amplia e intensa del Poder Judicial en la realización de los valores y fines constitucionales. Agregó, que no es un fenómeno exclusivo de Brasil, sino que sus raíces se encuentran tras la Segunda Guerra Mundial, al igual que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU y la promulgación de las nuevas constituciones democráticas tanto de Europa y América Latina.

Por su parte, el magistrado Gustavo Gutiérrez sostuvo que el activismo ha permitido que la justicia tutele muchos derechos, sobre todo derechos implícitos que no han sido materializados en los documentos normativos como la Constitución.

Mientras que Vanessa Tassara planteó la pregunta sobre ¿Cómo tendría que ser la deliberación que se desarrolla en las Altas Cortes o las Cortes Constitucionales?, por lo que aseveró que la respuesta debe estar inmersa en el principio de neutralidad y la ética pública y privada en la que se desenvuelve cada funcionario frente a derechos fundamentales.

Lima, 20 de setiembre de 2022

Oficina de Imagen Institucional