Arequipa, 19 de agosto de 2026 (Especial). – La magistrada del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco Zerga, participó como expositora principal en la Agenda Constitucional “El derecho a la salud en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, organizada por la Universidad de San Martín de Porres (USMP) – Filial Sur y el Centro de Estudios Constitucionales (CEC) del TC, en el auditorio de la casa de estudios de esta ciudad.
En su intervención, la magistrada subrayó que la Constitución Política del Perú consagra el derecho a la protección de la salud individual y comunitaria, enfatizando la correlación indisoluble entre el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes ciudadanos. Asimismo, reafirmó la posición doctrinal e institucional de que la dignidad humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, precisando que los atributos de la condición humana no se pierden por circunstancias físicas o sociales adversas.
Respecto a la defensa de la vida desde la etapa prenatal, Pacheco Zerga recordó que la jurisprudencia constitucional sustenta que la vida humana comienza con la fecundación, constituyendo al concebido como sujeto de derechos en todo cuanto le favorece. En esa línea, expresó su preocupación por los dilemas éticos y legales que plantean el almacenamiento de embriones congelados y las prácticas de gestación subrogada, e instó a reflexionar sobre la preservación de la identidad biológica del niño y la prohibición del comercio con la maternidad.
Asimismo, al abordar el debate sobre la denominada “muerte digna” y la eutanasia, la magistrada manifestó que la dignidad personal no depende de las condiciones externas ni de la enfermedad que padece un individuo. Señaló que el deber del Estado y de la sociedad es brindar alivio al sufrimiento mediante cuidados paliativos y garantizar el derecho a la vida, advirtiendo que el ordenamiento jurídico nacional promueve la solidaridad humana frente a figuras que atenten contra este principio fundamental.
Por otro lado, la doctora Pacheco se refirió a las graves deficiencias de los servicios públicos de salud física y mental, haciendo especial énfasis en la realidad del sistema penitenciario del país. Explicó que el hacinamiento y las penas elevadas agravan la salud de la población penal, citando jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional para casos de internos que padecían enfermedades irreversibles y terminales, donde se ordenó la tutela de sus derechos fundamentales atendiendo a razones estrictamente humanitarias.
Al finalizar la conferencia, la magistrada respondió las preguntas de los estudiantes de la Facultad de Derecho de la universidad y luego, el director universitario de la USMP, Jaime Mujica Calderón, le entregó un certificado de reconocimiento, en mérito a su trayectoria profesional y académica, así como por su compromiso en la defensa de la justicia y la supremacía constitucional. En la mesa de honor estuvo también el coordinador de la facultad de Derecho, Fernando Bustamante Zegarra. En el auditorio asistieron autoridades, docentes y alumnos de la casa de estudios.
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