Al comprobarse la falta de razonabilidad y legalidad al momento de calcular los intereses de una deuda laboral, así como la violación al debido proceso y a la tutela jurisdiccional, en su vertiente de derecho a la motivación de las resoluciones judiciales fundadas en derecho, el Tribunal Constitucional (TC) resolvió declarar fundada la demanda de amparo planteada por la empresa Telefónica del Perú S.A.A., en el extremo relativo a la amenaza de violación del derecho de propiedad.
La sentencia recaída en el Expediente N° 665-2007-AA/TC resolvió, en consecuencia, declarar nula, la resolución expedida por la Sala Mixta Descentralizada de la Corte Superior de Justicia de Huánuco y Pasco, la cual fijó la suma de S/.2´309, 545.89 nuevos soles por concepto de intereses en una deuda de beneficios sociales ascendente a S/.317,283.36 a favor de don Berto Ferrer Tello, ordenándose a la Sala practicar una nueva liquidación de intereses legales conforme a ley y previa información del Banco Central de Reserva.
El TC advierte que en el presente caso, en un primer momento, el juez del Segundo Juzgado Mixto de Pasco liquidó los intereses en la suma de S/.4’309,545.89 nuevos soles y que la Sala Mixta apelando a un «cierto equilibrio» la redujo a S/2’309,545.89 de nuevos soles, lo que evidencia una falta de motivación. El Colegiado del TC comprobó que la resolución cuestionada no respetó el principio de legalidad para imponer límites al ejercicio del derecho de propiedad, esto es, no respetó los criterios establecidos en la ley para fijar los intereses legales laborales, advirtiéndose una manifiesta arbitrariedad, desproporción e irrazonabilidad.
Al quedar constatada la flagrante amenaza de violación del derecho a la propiedad de la empresa demandante, que se ha generado como consecuencia del actuar arbitrario de los órganos jurisdiccionales que han tenido bajo su dirección el proceso y en atención a las denuncias públicas difundidas a través de la prensa sobre el accionar y las malas prácticas de los participantes en el proceso, el TC solicita al Ministerio Público, a la Oficina de Control de la Magistratura, al Consejo Nacional de la Magistratura y a los Colegios Profesionales respectivos, inicien las investigaciones correspondientes contra el Juez del Segundo Juzgado Mixto de Pasco y los Vocales de la Sala Mixta Descentralizada de la Corte Superior de Justicia de Huánuco y Pasco, así como contra los peritos intervinientes, que originaron la resolución cuestionada, a fin de establecer las responsabilidades del caso.
Lima, 04 de junio del 2007